Autor: Pedro López Provencio
Comí hace poco con unos amigos y mantuvimos una larga sobremesa. Casi todos ellos estaban convencidos de que la independencia es lo mejor que nos puede suceder a los catalanes. Es decir a los españoles que tenemos fijada nuestra vecindad administrativa en Cataluña. Y manifestaban que la secesión se produciría algún día posterior al 1 de octubre. Día del referéndum anunciado por el Gobierno de la Generalitat. Que aún no ha sido convocado formalmente.
Hablamos largo y tendido sobre los pros
y los contras. Con argumentos que se acompasaban más a las virtudes teologales,
de la fe y de la esperanza, que a realidades objetivables. Sobre la de la
caridad no me parece que se remase en la misma dirección. Casi todo fueron
buenos deseos y mejores propósitos. A alguno, eso, le parecían certezas
inmutables. Preguntados por si aún pudiese haber margen de negociación me
dijeron que solo la considerarían aceptable si incluía el derecho de
autodeterminación.
Como quiera que yo mostrase un claro
escepticismo y una casi seguridad en que ese referéndum no se celebraría, casi
me conminaron a que concretase y argumentase de qué forma se podría impedir.
Aunque esa exigencia me pareció extravagante, pues la carga de la prueba recae
habitualmente sobre quien afirma que algo sucederá y no sobre quien duda de que
suceda, les di mis opiniones al respecto. Que les invito a compartirlas de
forma resumida.
Teóricamente se podrían contemplar tres
escenarios. Dependiendo de quién ostente el poder de impedirlo. En este caso la
Administración General del Estado, con el Gobierno en su cúspide.
El primero es imposible en la España
actual. Sucedería si mandase alguien parecido a quien ordenó reprimir la
insurrección obrera ocurrida en Asturias en el mes de octubre de 1934. Se
sofocaría la “sublevación” con la intervención del ejército y la participación
de legionarios y regulares. La figura correspondiente al imaginario sería
ver a los tanques entrando por la Diagonal.
El segundo es también altamente
improbable. Ocurriría si hubiese instalado en el país un régimen parecido al
policial. O con un PP ultramontano con mayoría absoluta. Posiblemente
intentarían impedir el acto material de la votación mediante la intervención de
las fuerzas de orden público. Se podría imaginar a un policía intentando
arrancar las urnas de las manos de unos heroicos ciudadanos que tratarían de
impedirlo.
El tercer escenario es el que
seguramente está sucediendo. Al parecer ostentan la dirección los Abogados del
Estado. Mientras no se produzcan actos definitivos no hacen nada. Mientras haya
anuncios y propaganda hacen caso omiso. Pero emiten “avisos a navegantes”. En
caso de que se adopte alguna decisión legislativa o administrativa, que se
estime contraria a la Constitución, la recurrirán ante la Jurisdicción
competente. Cuando se gasten, paguen o usen recursos públicos en algo que no se
acomode a la legalidad declarada vigente por los Tribunales, se les exigirá la
reparación patrimonial pertinente a los responsables concretos. Las acciones u
omisiones contrarias a la Constitución y las leyes pueden ser objeto de las
querellas que estime pertinentes el Ministerio Fiscal. En su momento y en su
caso se emitirían las Sentencias correspondientes. La imaginación nos puede
llevar a ver a los agentes de la autoridad entregando, a los posibles
presidentes y miembros de las mesas electorales, una notificación en la que se
les advierta de las responsabilidades en que pudieren incurrir si firman las
actas de constitución, las de escrutinio y los otros documentos
correspondientes a un acto que se estima ilegal.
La mayor parte de los comensales
consideraron bastante verosímiles mis conjeturas. Y bastante improbable la
celebración de un referéndum que merezca tal denominación.
14
de julio de 2017
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