MUGRE A GRANEL EN CATALUÑA

Por Marc Ustrell Hernández*

La empresa auditora Deloitte ha ganado contratos de la Generalitat de Catalunya por valor de 41 millones de euros desde que contrató David Madí, ex-asesor de Artur Mas.

El retorno de CIU a la Generalitat después de las elecciones de 2010 supuso el inicio de una etapa fructífera para las auditorías y consultorías de empresas externas. La explicación de la Consejería de Economía es la necesidad de conocer el estado real de las finanzas y que, si los informes los hubieran hecho los mismos departamentos del gobierno “no todo el mundo se los hubiera creído”. En los últimos dos años, las adjudicaciones de auditorías han beneficiado las cuatro grandes auditoras del mundo, conocidas como las Big Four: Deloitte, Pricewaterhouse Coopers (PwC), KPG y Ernst & Young. Tanto Deloitte como PwC han fichado David Madí y Joaquim Triadú, dos ex-altos cargos de CIU. Deloitte, desde la llegada de David Madí a finales de 2010, antes asesor de Artur Mas, ha ganado contratos por valor de 41 millones de euros y ha triplicado los ingresos respecto a los tres últimos años del gobierno de izquierdas.

David Madí es militante de Convergència Democràtica de Catalunya desde 1993. Fue secretario de Comunicación de la Generalitat cuando Artur Mas fue nombrado conseller en cap – una especie de vicepresidente – en el último gobierno de CIU de Jordi Pujol. Antes había ocupado tres altos cargos públicos: jefe del Gabinete de Estudios del Departamento de Interior, jefe del Gabinete de Economía i director de la Oficina del Portavoz. También fue secretario ejecutivo de Comunicación y Estrategia de CIU y dirigió tres campañas electorales de la federación (2003, 2006 y 2010). En 2007, cuando se le consideraba una de las figuras clave de Convergència, publicó el libro Democracia a sangre fría en el que relataba como Artur Mas ganó las elecciones del año 2003 contra todo pronóstico, como se ideó una de las campañas electorales más polémicas de los últimos años, la del famoso vídeo Confidencial.cat, y como fueron los primeros años en la oposición. En 2010, cuando las especulaciones lo situaban dentro del nuevo gobierno de CIU, Madí anunció que abandonaba la vida política para trabajar en el sector privado y Artur Mas, entonces presidente electo, se despidió de su “amigo” de una manera emotiva, diciendo que era “una pérdida muy dolorosa”. En este sentido, el actual presidente de la Generalitat aseguró que Madí era “el colaborador más cercano, más valiente y más querido”, porque había sabido “mantenerse en los momentos complicados y haber recibido muchos golpes”.

Medio año después de dejar la política, Deloitte anunció la incorporación de Madí como director del área de consultoría estratégica de sus oficinas en Barcelona. La llegada del ex-secretario ejecutivo de Comunicación y Estrategia de CIU a las oficinas de la auditora en Barcelona ha coincidido con uno de los períodos más fructíferos de la dilatada relación entre Deloitte y la Generalitat. Sin ir más lejos, semanas después al anuncio del nombramiento de Madí, el nuevo gobierno hacía público que a Deloitte se le había adjudicado un contrato próximo a los 800.000 euros para auditar la situación económico financiera de la Generalitat. Sin embargo, oficialmente, las gestiones para esta adjudicación se habían iniciado mucho antes del fichaje de Madí.

Durante los años 2011 y 2012 el gobierno catalán ha adjudicado once contratos a Deloitte con un valor global de 41 millones de euros, exactamente 41.686.268 millones de euros. Estos datos aparecen en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). A lo anterior, cabe sumar dos contratos más adjudicados a Deloitte como parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE), con las empresas IN2 Ingeniería de la Información y AXPE Consulting, y que suman un millón de euros. Durante los últimos tres años del gobierno de izquierdas también se adjudicaron una decena de contratos a Deloitte, pero la cifra total que ingresó quedó alrededor de unos 3,8 millones de euros. Durante el gobierno de izquierdas, la UTE, de la cual formaba parte Deloitte, sumó doce contratos más, valorados en unos 10 millones de euros. Por tanto, con CIU al poder, Deloitte ha multiplicado por tres sus ingresos.

David Madí compagina su actividad profesional en Deloitte con proyectos profesionales que desarrolla mediante sus dos sociedades: Nabul Consulting y Icat Desenvolupament. Desde setiembre de 2011, Madí es presidente del consejo asesor de Endesa en Catalunya y en junio de 2012 es nombrado vicepresidente de la multinacional catalana de certificación Applus, concesionaria de gran parte del negocio de las ITV en Catalunya. En un comunicado del grupo, se explica que la incorporación de David Madí sirve para “reforzar el equipo directivo” en medio “de un fuerte proceso de expansión internacional”. Por tanto, en poco más de un año después de abandonar la vida política, Madí ya acumulaba tres altos cargos en empresas que mantienen un estrecho lazo con la Generalitat de Catalunya.

Deloitte y el sector TIC: contratos bajo sospecha

Durante la época del gobierno de izquierdas, los organismos que adjudicaban los contratos a Deloitte o a la UTE, de la cual formaba parte, iban desde el Departamento de Interior al de Relaciones Internacionales, pasando por Presidencia o Bienestar Social. En ninguno de los contratos adjudicados entre el 2008 y el 2010, la cifra superó los dos millones de euros. Solamente hay un caso en el que la Unión Temporal de Empresas consigue ser adjudicataria de dos contratos destinados al mantenimiento y soporte de servicios genéricos de la Generalitat, y van ligados al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y tienen un valor de 2,3 millones de euros.

También están relacionados con el CTTI la mitad de los contratos adjudicados a Deloitte durante el primer gobierno de Artur Mas. El organismo, con más de 350 trabajadores, se encarga de los sistemas de información y de telecomunicaciones y de la contratación, gestión y suministro de soluciones TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de la Generalitat y del sector público catalán. En verano del año 2012, el centro dirigido por Jordi Escalé, adjudicó a Deloitte la gestión del proceso de transformación de los servicios tecnológicos de la Generalitat mediante una oficina “de transición” por el gobierno y la planificación, coordinación e implantación de los procesos de transformación del nuevo modelo de servicios TIC. El contrato que consiguió Deloitte, ya con Madí como directivo de la empresa, se acerca a los 5 millones de euros y tiene una validez de dos años más dos prorrogables, así lo recoge el DOGC y el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, una empresa privada se encarga de controlar la transformación del sistema tecnológico público. Las consultoras Capgemini, Ernst & Young y Pricewaterhouse Coopers (PwC) también licitaron por este contrato.

Paralelamente a esta adjudicación, el CTTI convocó el macro concurso TIC para licitar uno de los contratos más importantes de la legislatura valorado en 55 millones de euros. Según la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, el objetivo es la prestación del nuevo modelo de gobernación para garantizar la correcta implantación del modelo TIC de la Generalitat. La obertura de las plicas para la adjudicación del contrato fue el 11 de diciembre de 2012, cuando aún había un gobierno en funciones. En el concurso se volvieron a presentar Deloitte y dos empresas más: Pricewaterhouse Coopers (PwC) y la francesa Capgemini. Sólo dos semanas después, la Generalitat anunció Deloitte y Capgemini como las adjudicatarias provisionales y posteriormente éstas presentaron los avales para conseguir el contrato.

Este macro contrato se divide en dos lotes: el primero incluye la Oficina de Gobernación de la Gestión de la Demanda y Proyectos y la Oficina de Soporte a la Gobernación Transversal, y el segundo incluye la Oficina de Gobernación de la Gestión Operativa de los Servicios y la Oficina de Calidad. Deloitte fue adjudicataria del primer lote que es la más importante que se ha llevado hasta ahora esta empresa. Según los datos extraídos del DOGC, en el total de los cuatro años más dos de prórroga, ingresará 33 millones de euros, cifra que triplica los 10 millones de euros que la Generalitat había destinado en los dos años anteriores a la auditora donde trabaja David Madí. El segundo lote del contrato fue adjudicado a la empresa Capgemini por un importe anual de 3,7 millones de euros y una duración también de cuatro años más dos años de prórroga.

Criticas del sector de las TIC.

Deloitte fue la adjudicataria de este gran contrato ligado al sector tecnológico pese a ser conocida como una empresa de servicios de auditoría y consultoría. Sin embargo, es cierto que Deloitte también ofrece la planificación económico financiera de infraestructuras y el diseño y estructuración de aplicaciones en las administraciones públicas. Además, este contrato no se adjudicó directamente a Deloitte, sino a una empresa satélite llamada Deloitte Advisory, S.L. Según consta en el Registro Mercantil de Madrid, fue constituida en junio de 2012 y se dedica a “realizar trabajos de consultoría, asesoramiento, estudios sectoriales o empresariales y consultoría en el ámbito nacional e internacional en entidades públicas y privadas sobre temas económicos, financieros y de gestión de la empresa”. Por tanto, la Generalitat, mediante el CTTI, ha asignado una de las transiciones tecnológicas más importantes de Catalunya a una empresa la actividad de la cual no se vincula expresamente al sector de las TIC. Fuentes del sector de las TIC, que han preferido no identificarse, explican que existen numerosas anomalías en las adjudicaciones en el ámbito tecnológico en Catalunya. Aseguran que la administración exige unas cláusulas que provocan una concentración en un nombre reducido de empresas en detrimento del amplio colectivo de auditores y firmas de auditoría.

El anuncio de estos contratos coincidió, durante diciembre de 2012, con las declaraciones del presidente de la patronal madrileña CEIM y ex-consejero de Bankia, Arturo Fernández, que acusó a Deloitte de ser la culpable del agujero de la entidad financiera.

Otro contrato polémico de Deloitte con la Generalitat durante el 2012 fue el firmado con el Departamento de Interior, sin concurso y a pocos días de las elecciones de noviembre. En total, 380.000 euros. El objetivo del contrato es dar “continuidad en la ejecución de la unidad de soporte, innovación y negocio del Departamento de Interior” que entonces dirigía Felip Puig. El contrato se adjudicó mediante el proceso de negociación sin publicidad (sin concurso abierto para que otras empresas presentasen sus propuestas) el día 7 de noviembre de 2012. El gobierno catalán estaba en funciones y las elecciones habían de ser el día 25 de ese mismo mes. El precio de adjudicación fue el mismo que se había presupuestado y, al no existir competencia, Deloitte no rebajó ni un céntimo su oferta. 

Joaquim Triadú, Pricewaterhouse Coopers (PwC) y las auditorías en los medios públicos.

Joaquim Triadú fue ex-consejero de Presidencia en uno de los últimos gobiernos de CIU de Jordi Pujol y ex-secretario general en diferentes consejerías. Dejó a principios de 2011 su condición de asociado en el bufete de abogados Garrigues para pasar a dirigir el departamento de derecho público y urbanístico de la empresa auditora Pricewaterhouse Coopers. Coincidiendo con este fichaje, Artur Mas le nombró secretario del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento. Durante los primeros meses de Triadú en PwC, la Generalitat adjudicó una decena de contratos a la empresa auditora por un valor que superaba el millón y medio de euros.

Entre las adjudicaciones a PwC, destaca una auditoría a fondo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) con un coste para las arcas públicas que inicialmente tenía que ser de 420.000 euros. Las cláusulas para participar en este concurso fueron calificadas de “abusivas” por el sector y la Generalitat realizó una nueva convocatoria de concurso valorada en 225.000 euros. Volvió a recaer en manos de PwC, pero con precio rebajado a la mitad. Fuentes del mundo de las auditorías consideraron que la empresa donde trabaja Triadú “compensó” a la Generalitat con una rebaja próxima al 50% en l’ auditoría de la radio y la televisión pública ya que meses antes ya había obtenido importantes contratos.

Además, un informe elaborado por el Colectivo Información y Transparencia (CIT) cuestiona el conocimiento y la experiencia de PwC en el sector de los medios de comunicación públicos y destaca que la multinacional auditora sólo incorpora conocimientos en televisión de pago y publicidad, obviando aspectos trascendentales como los contenidos periodísticos y la función social del medio. En este sentido, el CIT critica el encargo de auditorías externas con “la única finalidad de justificar las medidas que los directivos de las empresas o instituciones ya han decidido previamente”. De hecho, la denuncia hace referencia al caso de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) en que un informe de PwC avalaba la “necesidad” de un ERO que acabó afectando a 843 trabajadores. Fuentes del comité de empresa de la RTVV aseguraron que los responsables de PwC reconocieron que los directivos valencianos ya habían marcado la cifra de despidos antes de comenzar a redactar el informe. Por tanto, el Colectivo Información y Transparencia considera que el estudio de PwC sobre la RTVV es “una muestra clara de mala praxis profesional, posiblemente de malversación de fondos públicos y también una evidencia de un desconocimiento profundo de lo que se está analizando”.

El contrato más importante que el gobierno de CIU ha otorgado a PwC fue el de un lote valorado en 460.000 euros para “analizar, diseñar y dar soporte a la implantación del nuevo modelo de servicios TIC a la Generalitat” pero la empresa que fichó Triadú también consiguió contratos con empresas públicas vinculadas al Departamento de Cultura o al de Territorio y Sostenibilidad. Uno de los concursos ganados representó el cobro de 67.260 euros para elaborar un informe donde se analizaban las opciones para “mejorar la eficiencia de los recursos disponibles de la Generalitat en materia de infraestructuras”. Finalmente destaca la adjudicación en 2011 a PwC de la preparación de unos lotes de 28 edificios que la Generalitat quería vender por unos 450 millones de euros. Aquel trabajo no sirvió prácticamente para nada ya que, recientemente, el gobierno catalán se ha visto obligado a rebajar el precio de estos lotes de edificios después de intentar venderlos sin éxito.

Concursos con cláusulas abusivas.

Casos como los de Deloitte o PwC han provocado que los profesionales auditores hayan denunciado la presencia de cláusulas abusivas en la contratación pública a favor de las Big Four. En España, de acuerdo con la Ley de Contratación del Sector Público, bajo la cual se rige la normativa catalana, no se exige a los licitadores un elevado capital social o un volumen de negocio desorbitado. Esto sólo lo cumplirían un grupo reducido de auditorías entre las cuales están Deloitte y PwC. El presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), del Consejo General de Colegios de Economistas, Carlos Puig de Travy, asegura, en una entrevista al diario Cinco Días, que con estas cláusulas “no se consigue el objetivo que se desprende de la actual regulación sobre contratación del sector público que no es otro que velar por la transparencia, la igualdad de trato entre los candidatos y la libre competencia”. En este sentido, “el pliego de cláusulas y de prescripciones técnicas se tendrían que elaborar bajo estas premisas y hacer prevalecer el criterio de equidad en la contratación”. Puig de Travy considera que “no es admisible, en ningún caso, la discriminación en función del tamaño del auditor” y añade que “las administraciones públicas disponen de otros medios mucho más fiables para verificar la capacitación profesional del auditor, como son, entre otros, exigir en el pliego de condiciones unas determinadas capacitaciones técnicas y experiencias concretas”. El presidente del REA denuncia que “esta manera correcta de actuar no se ha dado en algunos casos de contratación de servicios de auditoría de entidades públicas de una gran dimensión” en las cuales, según él, “se han solicitado acreditar niveles elevados de facturación o de capital en vez de exigir capacitaciones técnicas y experiencias concretas”. Estas circunstancias, añade Puig de Travy, “favorecen el monopolio del sector y evita que firmas suficientemente capacitadas puedan acceder a estas contrataciones”.

* Es miembro del Grupo de Periodistas Ramon Barnils y del Observatorio Crítico de los Medios Mèdia.cat. Se ha especializado en periodismo digital y nuevas narrativas. Autor del blog marcustrell.cat sobre nuevos modelos de financiación de los medios de comunicación.

Publicado en el Anuari Mèdia.cat. Els silencis mediàtics de 2012.

Traducción Helios López Roig

LLAMAZARES, UNO DE LOS PADRES DE COMISIONES OBRERAS

Homenaje a Vicente Llamazares

Carles Vallejo nos ha traído a la memoria la personalidad de uno de los grandes dirigentes de Comisiones Obreras injustamente olvidado.  Me refiero a Vicente Llamazares. Me temo que somos muchos los que, por activa o pasiva, hemos contribuido a este olvido. Y, sin embargo, jugó un papel decisivo tras la famosa detención de los Diez de Carabanchel,  en junio de 1972, en la recomposición del grupo dirigente confederal junto a mi maestro Cipriano García, que tenía a Vicente en la más alta consideración.

Le recuerdo perfectamente en las reuniones de la Coordinadora General de España con una extraordinaria capacidad de síntesis en el momento de las conclusiones: una tarea que todos nosotros le encomendábamos por su sutileza y capacidad de recomposición unitaria. Y recuerdo, especialmente, las conversaciones –ya fuera del corsé orgánico— en aquellas noches de  Argentona (una ciudad cercana a Mataró) donde, por lo general, nos reuníamos la Coordinadora al amparo de la hospitalidad de Toni Cabrespina que nos dejaba su residencia para “nuestras cosas”.

Dejo al curioso lector dos referencias que he encontrado sobre Vicente Llamazares, en demanda de que nuestro compañero sea puesto en el santoral laico de los padres fundadores de Comisiones Obreras (1). En la foto que preside este ejercicio de redacción se encuentra nuestro hombre junto a Carlos Vallejo.  

1) publicación - Comisiones Obreras de Navarra - CCOO

El líder más anónimo de CCOO

SINDICATO "PATA NEGRA" Y LOS TÉCNICOS

Dice Antonio Baylos (y dice bien) que «el sindicalismo ha mantenido en este aspecto una visión instrumental de los saberes técnicos. Lo que quiere decir que el conocimiento “técnico” está al servicio de la acción sindical. Eso se traduce en una relación medios / fines que hace que la orientación y los objetivos de la “asistencia” técnica deban servir a la estrategia del sindicato y a la toma de decisiones del mismo». Yo diría que aquí está el problema. Por supuesto, esto lo venimos arrastrando desde los primeros andares de Comisiones Obreras.  Ahora bien, tras el «affaire Miguel Ángel García» ese estilo o forma de ser sindicato ha entrado en crisis.

Exactamente, ¿qué entiendo por ello? Lo siguiente: considerar que el técnico es la prótesis técnica de los órganos dirigentes; las muletas del sindicalismo en las cuestiones, dispensen la redundancia, consideradas técnicas. Así las cosas, el sindicalismo está dando por sentado que sus limitaciones científicas deben ser suplidas por el personal que tiene unos determinados conocimientos específicos en diversas disciplinas tanto técnicas como humanísticas: desde el economista hasta el iuslaboralista. En esa tesitura –este es un ejemplo personalizado--  desde Jorge Aragón hasta Enrique Lillo, esta «cofradía variopinta» sería el aparato ancilar pero no el sindicato-pata negra. Y, de esa forma, se ahondaría en un defecto que viene de muy atrás: los técnicos sólo deberían hacer los algoritmos que se desprenden de la decisión ya tomada, sin ellos, por los grupos dirigentes al más alto nivel. En esas condiciones, los técnicos se encontrarían en una especie, al decir de La Boétie,  de «servidumbre voluntaria» dentro del sindicalismo.

Cuando desde diversos comentarios se apunta a que nuestros técnicos deben enfocar sus investigaciones al servicio de la causa de los derechos de los trabajadores se está diciendo la misma redundante banalidad que si un servidor exigiera que los sindicalistas deben defender los derechos de los trabajadores. Exigirlo a los primeros y darlo por sentado a los segundos es, sin lugar a dudas, una desconfianza y una prevención hacia los técnicos. Incluso un germen de sospecha hacia el mundo de los saberes y conocimientos académicos. Y, en todo caso, la constatación de las “dos ciudades”: una el sindicalismo pata negra; los otros, siempre sometidos a vigilancia.    

Hay que acabar con esa separación. Y para ello, tal vez, sea necesaria una reflexión sindical –en la que participen los unos y los otros--  acerca de la relación entre el sujeto social y la ciencia y las humanidades. Entiendo que algo se va avanzando a través de la relación capilar que existe, entre esas “dos ciudades”, en ese foro permanente que es la Fundación Primero de Mayo, tal como señala el mismo Antonio Baylos. 

Referencias: LOS TÉCNICOS Y EXPERTOS DE Y EN COMISIONES OBRERAS. Y: DENTRO Y FUERA: EXPERTOS, TÉCNICOS Y CUADROS SINDICALES

GOLDMAN SACHS Y LOS IDIOTAS

“Creábamos pánico en los mercados para sacar beneficio de la caída de España". Así de claro lo ha reconocido Greg Smith, un ex trabajador del banco Goldman Sachs, autor del libro ‘Por qué dejé Goldman Sachs’, una obra en la que admite cómo engañaban a sus clientes, a los que llamaban "idiotas" o "marionetas", para ganar más dinero.

Que cada cual saque sus conclusiones. Y diré que nada hay nuevo bajo el Sol: antes lo fueron otros países. De paso recuerdo que no pocas de estas cuestiones han sido estudiadas a fondo por Luciano Gallino.  Por lo demás, avive el seso y despierte [el lector] y recuerde que uno de los peces gordos de Goldman Sachs era, en aquellos tiempos, Mario Draghi. Este caballero fue premiado posteriormente con la presidencia del Banco Central Europeo, gracias al conocido mecanismo de las «puertas giratorias»; y –como no podía ser de otra manera— siguió, por otros medios, llamando «idiotas» a medio mundo. Goldman Sachs es la genuina expresión del neoliberalismo, una específica doctrina económica y política que se ha convertido en una especie de teoría del mundo; en una ideología donde la cultura humanista es juzgada como si fuera algo superfluo o una pérdida de tiempo.

Recuerdo a los amigos, conocidos y saludados el libro que recomendé hace días,  «La hidra de la revolución». En esta importante investigación, sus autores (Linebaugh y Rediker) hablan de la apropiación de los terrenos comunales ingleses (unos amplios espacios dedicados al uso colectivo) por parte de los propietarios privados y la substitución del antiguo sistema abierto por campos cerrados como primera fase de la acumulación capitalista para que originó la primera revolución industrial.   Pues bien, salvando las distancias que se quieran es el neoliberalismo (de Goldman Sachs y otros) quien ha orquestado la mayor operación de privatizaciones de los bienes públicos (digamos los «terrenos comunales» del Estado de bienestar) de los dos últimos siglos con la idea generar una nueva acumulación de capitales en esta fase de reestructuración de la economía. Y encima a los usurpados les llaman «idiotas».    

LOS TÉCNICOS Y EXPERTOS DE Y EN COMISIONES OBRERAS

Homenaje a Paco Antequera, fundador de CC.OO. y padre noble de la izquierda.

Comisiones Obreras ha tenido recientemente una amarga experiencia en su relación con el responsable del Gabinete técnico por la (sabida) cuestión del planteamiento de éste en la llamada Comisión de Sabios que trata de la sedicente reforma de las pensiones. Antes de meterme en harina diré que me reafirmo en mi escrito  CC.OO, mi sindicato, con el culo al aire. Ha sido, efectivamente, una amarga experiencia que ha sido vivida, además, de manera muy angustiosa por un amplio sector de dirigentes sindicales, especialmente aquellos que tienen una mayor proximidad y vecindad con los trabajadores. Doy fe porque viví una experiencia muy directa de ello el viernes pasado cuando celebramos en Blanes el homenaje a nuestro querido compañero Paco Antequera, fundador de nuestro sindicato y padre noble de la izquierda. 

 

Precisamente porque las aguas todavía no se han serenado quiero introducir una serie de reflexiones en torno a la relación entre los «los técnicos» (que son sindicato), las estructuras sindicales, el conjunto de los afiliados y los trabajadores. Si me meto en este terreno un tanto complicado es porque temo que, tras esta experiencia tan negativa, puedan correr vientos que vayan en la dirección de coartar la libertad de investigación de nuestros científicos sociales: economistas y sociólogos, historiadores y de otras disciplinas. Sin libertad de investigación también nuestro sindicato quedaría reducido a la nada. Y lo que vale para «nuestros técnicos», tiene la misma consideración para todos aquellos que no están en nuestras filas. Más todavía, soy de los que reivindican una «tensión creadora» entre la estructura sindical y los científicos sociales ya sean internos del sindicato o externos al sindicato.   

 

Nuestros técnicos no pueden tener menos derechos que los afiliados y sus cuadros dirigentes a la hora de decir la suya. Por lo tanto, aprovechar lo recientemente sucedido para cerrar el grifo de la investigación sería asaz contraproducente. Tres cuartos de lo mismo diría sobre lo siguiente: sería un paso atrás –repito: tras esta infausta experiencia--  que reapareciera algún brote de obrerismo o de desconfianza hacia los científicos sociales que hay en el sindicato y, más todavía, hacia los que necesita el sindicalismo confederal.

 

Cuestión diferente es cuando tales científicos sociales (al igual que los grupos dirigentes, a cualquier nivel) representan –directa o indirectamente— a la organización. Unos y otros, en ese caso, la voz orgánica es la que se ha decidido en la discusión previa en la organización. Y, en este caso, vale la pena decir que cuando chirrían algunas voces tal vez la cuestión está en que el debate ha tenido poco perímetro o francamente no ha existido.

 

Voces amigas me han pedido que reflexione y proponga algo así como un Estatuto de comportamientos del científico social de Comisiones Obreras. De ninguna de las maneras me sumo a ese carro. Sería una especie de desconfianza apriorística y una discriminación con relación al resto de los afiliados y estructuras sindicales. El antídoto para todos es la discusión circular, abierta y, tras ella, la concatenación de síntesis sucesivas hasta conseguir eso que se llama el acuerdo o –si se quiere--  la posición que llamamos oficial.  

En todo caso, vale la pena recordar que la «posición oficial» del sindicato en torno a las pensiones ha sido nítidamente clara, y como dice un reciente documento, encabezado por Enrique Lillo, «las conclusiones del Informe  [de los expertos] quiebran los planteamientos colectivos y de consenso hasta ahora defendidos por nuestra Confederación». Lo que es, como puede verse, una desautorización en toda la regla de lo que M. A. García ha aprobado en la Comisión de Sabios. 

 

 

UN POCO MÁS SOBRE LOS EXPERTOS

El Ministro Guindos ha declarado que va a crear una comisión de expertos para que elabore un dictamen que conduzca a la reforma fiscal, a la que se ha comprometido Rajoy.

El problema de estas comisiones (pomposamente llamadas de «sabios») es que suplantan las responsabilidades de la política, apareciendo sus propuestas con el embozo del cientifismo de la técnica. Primero las ecuaciones y después veremos cómo encaja la decisión política. O, si se prefiere, es el contagio del famoso planteamiento del ingeniero Taylor: mi sistema de organización del trabajo es científico, por lo tanto no hay alternativa en su contra.  Es la consolidación de la presunta objetividad de las leyes económicas, de manera que sólo (y solamente) existe una única agenda posible: la definida por los algoritmos matemáticos que nos presentan los técnicos, convertidos hoy en noblesse d´ État. Lo que comporta, la despotenciación no sólo de la circunferencia sino especialmente del círculo de la democracia. Digamos, sin embargo, que no estamos planteando una confrontación entre la técnica y la democracia, sino entre la utilización partidaria y dogmática de la ciencia, directamente promovida por los poderes, para que aquella conduzca a unas «soluciones» previamente deseadas por dichos poderes.

En resumidas cuentas, de la razón democrática se ha pasado a la razón tecnocrática con todos los estragos habidos y por haber. Si Platón habló del rey filósofo, ahora lo que está en el orden del día es el «rey tecnócrata». Que, como aquel, es irresponsable de sus decisiones –esto es, cuenta con la impunidad. El rey tecnócrata que, como ha reconocido recientemente el Fondo Monetario Internacional con relación a Grecia no estuvieron acertados ni en el diagnóstico ni en las soluciones.           

DAR LA PALABRA A LOS TRABAJADORES

(Dos notas muy condensadas)

Tras una etapa de áspera confrontación entre los sindicatos italianos parece que las cosas se están redimensionando hacia una situación distinta: de entendimiento y de, tal vez, de vuelta a la unidad de acción. El acuerdo sobre la representación sindical, de un lado, y, de otro, la convocatoria de la manifestación nacional en Roma para el día 20 de junio («lavoro è democracia») podrían ser dos elementos de gran relevancia en esta –esperemos— vuelta a la cultura unitaria, que dio los mejores frutos al sindicalismo italiano. 

El acuerdo por la representación ha sido comentado en este mismo blog por el amigo Mimmo Carrieri  REPRESENTACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD SINDICAL EN ITALIA  y en términos parecidos  se ha expresado Landini, el secretario general de la FIOM. Seguramente no habrá pasado desapercibida la observación que hace Carrieri en torno a la CSIL que «parece tener la intención de dar una interpretación de movimiento a su tradicional visión asociativa y a moverse sin reticencias en la búsqueda de un consenso en todos los estratos del universo del trabajo y no sólo entre sus afiliados». Esta es una novedad en este sindicato.

El acuerdo permite una relación más democrática entre el sindicalismo confederal y el conjunto de los trabajadores que, ante cada convenio, deberán manifestar con su voto la decisión de firmarlo o no. Esperemos que esta práctica merezca una reflexión a los sindicatos europeos y se contagien de ella. En todo caso a un servidor le plantean una serie de importantes consideraciones.

Un sindicalismo que ponga el acento en dar la palabra al conjunto de los trabajadores, en la línea de las normas que han convenido las confederaciones italianas,  requiere una profunda transformación en la línea de la «refundación» que ha planteado Toxo. Por paradójico que pueda resultar, un sindicato que dé la palabra a los trabajadores necesita una mayor capacidad de liderazgo, de relación capilar entre los grupos dirigentes y las personas afectadas por los procesos de la convocatoria. Debe entenderse, en todo caso, que esa expresión, «dar la palabra», no es un estatuto concedido. Es un nuevo derecho que adquiere el conjunto afiliativo y los trabajadores en general. Lo que supone un sindicato que es más sindicato. Que transciende las reglas tradicionales del tradicional asociacionismo, concretando nuevas normas obligatorias y obligantes.

Por lo demás, dar la palabra a los trabajadores no exime de responsabilidad a los grupos dirigentes de cualquier nivel. En absoluto quiere decir estar a la espera.  Vale la pena, en relación a lo que estamos diciendo, traer a colación al maestro de sindicalistas Vittorio Foa, que acostumbraba a decir: «Para que los trabajadores confién en los sindicatos, éstos deben confiar en los trabajadores»: uno de los quiasmos más macizos que se hayan pronunciado en la historia del sindicalismo.    

CC.OO, MI SINDICATO CON EL CULO AL AIRE

El representante de CC.OO. y director del Gabinete de Estudios del sindicato, Miguel Ángel García, ha votado a favor del informe elaborado por el Comité de Expertos designado por el Gobierno para diseñar el «factor de sostenibilidad» de las pensiones que sólo ha contado con el voto en contra del representante de UGT, Santos M. Ruesga.

Hagamos, no obstante, una precisión: ni Miguel Ángel García ni Santos Ruesga iban en «representación formal» de ambos sindicatos. Pero esta es solamente un perifollo: el principal responsable de los asesores del sindicato no es una persona que pueda estar al margen de la organización, especialmente cuando se ventilan aspectos de gran trascendencia en la vida socioeconómica del país.  Por eso, su voto favorable en la Comisión de expertos sobre las pensiones salpica públicamente a mi sindicato.

No tengo más remedio que reprochar a García su, si estoy en lo cierto, total desvinculación a los planteamientos generales y concretos del tema de las pensiones; una desvinculación que se ha manifestado clamorosamente en su firma al documento. Pregunto: ¿había manifestado, antes y durante el proceso de elaboración del documento, con qué propuestas acudía a la Comisión? Si la respuesta es que sí, ¿por qué el grupo dirigente confederal no lo informó y, de paso, no le obligó a retirarse? En caso contrario, la dirección del sindicato debe aclarar con qué mandato iba su «representante informal» al mentado grupo de expertos. Lo que está fuera de toda duda es que García no acudió con el paquete de propuestas que, a lo largo del tiempo, ha ido acumulando el sindicato.

Y también está fuera de toda duda que el grupo dirigente confederal ha estado distraído en todo ese proceso. Por ello, debe una explicación al conjunto de los trabajadores –en primer lugar a jubilados y pensionistas--, a sus afiliados y a sus estructuras que, durante estos días, se van a ver lógicamente implicados al reproche de tantísima gente. Y a un servidor, el último mono de la cofradía, también le deben una explicación.

En resumen, ¿cómo se borra la mancha de tinta que ha caído en esta página?        

¿SON ESPONTÁNEAS CIERTAS LUCHAS DE MASAS?

Hasta donde yo recuerdo es un lugar común definir determinadas movilizaciones (especialmente cuando son de gran relevancia) como «espontáneas». Ahora, con motivo de la presión de masas en Turquía algunos politólgos de alto copete y ciertos periodistas de postín, igual que lo hicieron en la primavera árabe, insisten en la perezosa definición del espontaneismo para definir el carácter de esta lucha sociopolítica. Es perezosa porque de esa manera tranquiliza el no seguir escarbando en las características y en los orígenes de tal movimiento. Tres cuartos de lo mismo podemos decir con motivo del movimiento del 15 M.

Echemos mano a la memoria: todavía hay gentes de pluma que insisten en el carácter espontáneo de aquel movimiento que fue Comisiones Obreras a mediados de los años sesenta. Sin embargo, yendo a lo concreto, los metalúrgicos de Madrid sabían del compromiso de Marcelino Camacho y del joven Julián Ariza, entre otros; en las grandes empresas y talleres sevillanos se hablaba de Fernando Soto y Eduardo Saborido (a quien llamaban cariñosamente el Canijo); en Barcelona los trabajadores textiles y de la Construcción conocían a Agustí Prats y Luis Romero; y en Blanes –sin ir más lejos--  se hablaba de la familia Antequera y de su pater familias, Paco. Todos ellos herederos de otros grandes movimientos espontáneos de antaño como los Ciompi florentinos, con Michele de Lando a la cabeza y las luchas napolitanas de mediados del siglo XVII a cuyo frente estaba el gran Masaniello.

A mi juicio existe –conscientemente o no--  una confusión entre «espontaneismo» y «no jerarquización». Toda lucha social tiene detrás unos inspiradores, impulsores, animadores o como se les quiera llamar. Es un grupo que convoca qué día, a qué hora y en qué lugar debe producirse el  encuentro de la multitud a la que se llama. Cuestión diferente son las características “orgánicas”, convencionales o no, de ese grupo; y, por supuesto, es cosa diversa la orientación posterior que tomen tales grupos inicialmente inspiradores del conflicto espontáneo.

Los partidos políticos –también los de la izquierda lassalleana--  parecen reconfortarse con esa caracterización espontánea.  De ese modo, tales movimientos sociales, así calificados, dan la impresión que están en el extrarradio de la política. De gentes que van «por libre» y que, además, no admite la primacía de la política convencional. De ahí que la política instalada siempre haya mirado con el rabillo del ojo a los movimientos sociales de ese signo. Porque se niegan a ser cooptados. Y, sin embargo, son ellos quienes han puesto en crisis y han provocado el deshilachamiento de la política convencional tal como la hemos conocido y seguimos observando. En el fondo de todo ello está el necesario debate que propuso en su día Bruno Trentin en  CAPÍTULO 3 (1) ¿CAMBIAR EL TRABAJO Y LA VIDA O, ANTES, CONQUISTAR EL PODER? y CAPÍTULO 3 (2) ¿CAMBIAR EL TRABAJO O, ANTES, CONQUISTAR EL PODER?. 

 

 

(Homenaje a Paco Antequera)

SINDICATO Y JÓVENES BECARIOS

«El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por CC.OO. contra el Real Decreto que restringía la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a los jóvenes becarios universitarios o de formación profesional que reciben contraprestación económica durante sus prácticas. Dos millones y medio de estudiantes universitarios y de formación profesional son los potenciales beneficiarios».  Esta es una noticia de la mayor importancia, y –como era de esperar--  ha recorrido las sedes sindicales a la velocidad de una centella. Pero no sabemos si lo ha hecho de igual manera en las aulas. Es decir, ignoramos si han funcionado los vasos comunicantes.

Lo primero es valorar adecuadamente esta conquista. Porque no se reduce, con ser importante, a una decisión del Alto Tribunal. Tiene su origen en el pacto de pensiones, firmado con los sindicatos, que se concretó en la reforma aprobada en febrero de 2011. Dos semanas más tarde un Real decreto restringía la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a los jóvenes becarios contraviniendo tanto el pacto como la reforma legal. Valorar adecuadamente, en este caso, quiere decir que no estamos ante un «estatuto concedido», sino ante la conclusión de una acción sindical por la vía de la negociación.

Lo segundo que se impone es: ¿cómo se organiza esta conquista?  Esto es,  ¿qué mecanismos de información y valoración se ponen en marcha para que el estudiantado conozca su nuevo derecho y quién lo ha conseguido? Cierto, las redes sociales es una vía adecuada para llegar a muchos jóvenes. Ahora bien, ¿de qué manera, a través de ese medio, se consigue una adhesión de ellos hacia el sindicato? ¿Habrá que insistir en la necesidad de mayor fisicidad personal de y vecindad del sindicato hacia la juventud? En mi opinión, organizar esa conquista querría decir transformar esa acción del sindicato para los jóvenes en un sindicato de los jóvenes. 

Por lo demás, conviene una reflexión que sea capaz de generar nuevas prácticas conducentes a la superación de una limitación histórica del sindicalismo, un sujeto cuya capacidad de conquistas está probada (y, ahora, en estos tiempos tan ásperos también) pero que no acaba de organizar adecuadamente todo lo que consigue. Lo que sigue pendiente desde tiempos de muy atrás. Esta limitación de  los sindicalistas de mi quinta todavía no ha sido corregida. 

PREGUNTAS AL PSOE SOBRE LAS PENSIONES

Dicen autorizados mentideros madrileños que, tras las entrevistas reservadas entre Mariano Rajoy y Felipe González –sí, han leído bien: Felipe González, primero en La Moncloa y después en Bruselas-- se están temperando las relaciones entre sus respectivos partidos. Hasta tal punto –explican sin disimulo--  que podrían soplar «vientos de pacto». No nos informan, sin embargo, si se trataría de un pacto a dos o de otra naturaleza. Las especulaciones, en todo caso, se orientan preferentemente a que dicho acuerdo tendría como objetivo central la cuestión europea. Pero es claro que no es posible trazar una línea divisoria entre las cosas europeas y las de índole doméstica. De ahí que, sea como fuere, la operación tendría uno de estos dos sesgos: o bien cómo encajan las políticas europeas en España o qué cosas caseras se hacen en el cuadro europeo. Para no perdernos en una selva de problemas seguiremos, también en esta ocasión, la miniserie que nos traemos entre manos en torno a las pensiones (1). 

Al margen de la valoración que se tenga de dicha operación, no cabe duda de que en la lógica de Rubalcaba el tema de las pensiones estaría en el cartapacio. No tendría sentido un pacto de esas características que dejara de lado tan importantísima cuestión. De manera que parecen procedentes las siguientes preguntas a Don Alfredo.

¿Qué propuestas tiene el PSOE en esa dirección? ¿Dichas propuestas están en función del documento de la llamada Comisión de Sabios o son la expresión de la autonomía de proyecto del PSOE? ¿Qué papel se le asigna al Pacto de Toledo?

En todo caso, lo más relevante sería el contenido concreto de las propuestas propias, del PSOE. Lo lógico es que un partido que aspira a gobernar tenga un cuaderno propio donde estén reflejadas, con aproximada concreción, qué hay que hacer, la gradualización de las medidas y las compatibilidades de todo ello con un proyecto general socioeconómico. Así pues, supongamos que lo tiene enhebrado. ¿Cuáles son? Más todavía, ¿en qué instancias, sujetos políticos y sociales piensa apoyarse? No nos sirve la hipotética excusa de que no desea descubrir sus cartas.

En esta batalla de las pensiones se ventilan políticamente algunos elementos de tono mayor: de un lado, la recuperación del «consenso socialdemócrata» entre el PSOE y su  (todavía) importante franja de seguidores; y, de otro lado, el incremento de una representación (no coyuntural o fluctuante)  de la izquierda activa por su propio testimonio y no en función de las limitaciones de otros. Pero, lo más importante de lo que se ventila es la condición de vida de millones de personas.  Eso por encima de todo.

 

 

 

(1) EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL "FACTOR DE SOSTENIBILIDAD" Miquel A. Falguera i Baró

ALERTA: ATAQUE BRUTAL A LAS PENSIONES JLLB

EL ATAQUE A LAS PENSIONES Y LOS PODERES PARALELOS JLLB

 

Radio Parapanda informa a sus oyentes que el amigo Miguel Vicente Segarra tiene un blog de referencia para las cosas de la Seguridad social: htpp:// nuestraseguridadsocial.blogspot.com/