MÁS SINDICATO EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1.--  «Lejos de nosotros la funesta manía de pensar» fue escrita en una carta a cierto rey español, de borbónico trapío, por los claustrales de la Universidad de Cervera.   Es una frase lapidaria que encierra toda una filosofía de secano y que, en cierta medida, explica la historia de España y de los contradictorios avatares de su desarrollo científico y técnico. Hablando con propiedad no sabemos hasta qué punto don Miguel de Unamuno hizo suya esta grotesca idea cuando dejó dicho aquello de «que inventen ellos». Naturalmente ellos eran los europeos.  Ahora bien, seremos indulgentes con el rector de Salamanca por su metafísico y angustioso tormento interior, cosa que no consta (o al menos no lo sabemos) de los clausúrales de Cervera. En todo caso, los divulgadores de estas ideas no las tenían todas consigo. Véase, por ejemplo,  al iracundo padre Alvarado, llamado adecuadamente por sus coetáneos el Filósofo rancio: «Más queremos errar con san Basilio y san Agustín que acertar con Descartes y Newton». Lo que a algunos de ustedes les recordará el  no menos célebre escolasticismo de «es mejor acertar dentro del Partido que fuera de él».

Una de las consecuencias de tan calamitosas ideas ha sido su traslación a «lejos de nosotros la funesta manía de innovar». Que ha recorrido, de igual modo, la historia de nuestro país, según nos explica puntillosamente el libro del profesor Jordi Maluquer de Motes, La economía española en perspectiva histórica.

 

2.--  Este libro nos ha recordado cosas que, de manera dispersa, habíamos almacenado en nuestra ya frágil memoria. A saber, la tradicional marginalidad de la innovación tecnológica en España y su relación con la economía y el desarrollo. La munición que almacena el libro desde el siglo XVIII hasta nuestros días lo evidencia. Empezando por la agricultura, que desde hace trescientos años ha tenido una productividad 25 puntos por debajo de la europea hasta la industria.  De hecho, la disparatada frase de Unamuno es la expresión de una concepción ancestral en nuestros lares y explica nuestro retraso de todo tipo con relación a Europa. Hemos sido el campo de cultivo de lo que manifestó el Filósofo rancio: Vade retro, innovación.  

 

Es cierto que las cosas han cambiado un tanto.  Pero el diferencial con los países de nuestro entorno se mantiene; es más, no se puede decir que la innovación sea una de las preocupaciones de las políticas presupuestarias tanto del gobierno central como de las autonomías, hecha tal vez la excepción del gobierno vasco.  Más todavía, los sedicentes planteamientos estratégicos de los diversos gobiernos (ley de sostenibilidad, cambio de modelo productivo y reforma laboral) han supuesto unos auténticos bodrios sin conexión entre sí y ayunos de vinculación a un proyecto general de innovación. Seguimos, pues, sin un proyecto de innovación. El Filósofo rancio estaría satisfecho.

 

3.— Es cierto que un proyecto de innovación va más allá del hecho tecnológico.  Ahora bien, consciente de ello, y esperando otra ocasión para volver a la carga, nos situaremos sólo en este limitado (aunque importante) aspecto.

 

Entiendo que el principal mecanismo de freno del desarrollo de las empresas españolas es el déficit tecnológico. Decíamos en  Nuestro sistema productivo de hojalata  (2011) que ese tapón se manifiesta en varios datos: 1) la inversión media por habitante en el sector de la innovación media por habitante en España son 318 euros, mientras que en el patio de vecinos europeo son 473 euros; y 2) España ocupa la decimoséptima posición en el ranking europeo de gasto en I + D, por debajo de países como Estonia,  Chequía y Portugal. A pesar de esa cartografía española, el Ministerio de Ciencia ha dejado de de gastar un tercio del presupuesto para I + D, y sin dar explicación alguna de ello. Me quito el sombrero ante estos alumnos del Filósofo rancio. Es de cajón que necesitamos cambiar radicalmente este estado de cosas.  La pregunta es: ¿por dónde empezar? No encuentro otra respuesta que allá por donde la debilidad del hecho tecnológico es más visible y por donde –todo lo indica— es más necesario y, a la vez, urgente, a saber, desde el centro de trabajo y la empresa mediante el instrumento de la negociación colectiva. Ello implicaría una nueva relación de los sujetos negociadores con el hecho tecnológico.

 

En ese sentido, conviene un giro estratégico de la tradicional cultura del sindicalismo confederal. Porque la tradicional distancia que ha habido en España con relación a la innovación tecnológica –la que explica el profesor Maluquer en su libro-- también ha afectado lo suyo a los sindicatos. Hasta tal punto las cosas han sido de ese modo que tan sólo en los momentos crisis de las empresas, los planes de viabilidad de los sindicatos han planteado la innovación tecnológica: una posición justa, pero a la defensiva, y casi in articulo mortis.

 

Tiene razón Joaquim González, una persona que conoce el paño, cuando plantea «… que que debemos impulsar  la innovación en todas y cada una de las plataformas de diálogo: patronales, sindicales y administraciones; crear  instrumentos que impulsen y faciliten la alianza de las pequeñas y medianas empresas  a fin de  mejorar su  tamaño, y tener como objetivo la cooperación innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles» en  No hay política industrial sin innovación útil. Ciertamente, no considero que el adjetivo «útil» sea en este caso un perifollo.

 

En concreto de lo que se trata, a mi juicio, es articular una potente trama de negociaciones en empresas y sectores donde la innovación tecnológica sea el eje central. Quede claro que no nos estamos refiriendo solamente a los sectores industriales sino al conjunto del universo del trabajo, también –por lo tanto y por supuesto— a los servicios y a las administraciones públicas.  Este sería un proceso itinerante sin fecha de caducidad, porque el hecho tecnológico ya no se produce como lo hacía antaño, de higos a brevas. Ya no es un acontecimiento espaciado en el tiempo sino diario. A esa trama contractual, a esos contenidos y a ese itinerario de muy largo recorrido lo llamo Pacto social por la innovación tecnológica. «Útil», naturalmente. De ello he hablado, largo y tendido, en http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/09/la-parabola-del-sindicato.html

 

No abundaremos hoy en la necesidad de simultanear la innovación tecnológica con una profunda reforma de las relaciones laborales en sentido progresista. De ello se ha hablado insistentemente en este blog. Pero sí recalcaremos hasta la saciedad que un proceso de innovación tecnológica sin los correspondientes derechos individuales y colectivos sería una reedición del pensamiento del Filósofo rancio, algo que no encaja convenientemente. 

 

 

 

Radio Parapanda.--  Lo social y lo político por Javier Aristu. Y NO TANTA BANCA, POR FAVOR, de Paco Rodríguez de Lecea. 

LAS GRIETAS DEL PARTIDO POPULAR Y EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES

El movimiento de las mujeres está de enhorabuena y su alegría está más que justificada. Hablamos,  naturalmente, de la victoria que ha alcanzado tras la retirada del proyecto de ley del aborto que –aunque era una obra de gobierno— se ha llevado por delante al ministro Ruiz Gallardón que había hecho del mismo su preferido juguete teológico. En todo caso, hay que señalar que el Partido Popular no retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada bajo el Gobierno de Zapatero: una vela a Dios y otra al Diablo.

Ahora bien, entiendo que es necesario escarbar más en los orígenes de esta sonada victoria del movimiento de las mujeres. Creo que, sobre todo, es el resultado de unas exigencias, de unas movilizaciones que vienen  de muy atrás. De momento, es preciso referirnos a la presión sostenida de un movimiento de mujeres que supo incidir, en condiciones muy duras y adversas, en las capas tectónicas de la sociedad provocando una cultura laica, confrontándose con la ancestral moral religiosa, que había moldeado una ideología muy extendida.

Vale le pena referirse a que el movimiento de las mujeres siempre fue más por delante que los planteamientos de la izquierda, siempre muy pacata y temerosa de perder apoyos electorales ante el tema de la legalización del aborto. Me permito una evocación personal al respecto: recuerdo el primer mitin del Partido Comunista de España en Santa Fe, capital de la Vega de Granada, en puertas de las primeras elecciones generales, 1977. Un servidor compartía cartel con Rosa María Félix, brillante y combativa universitaria y la joven promesa local Rafael Rodríguez Alconchel. En su fogosa intervención Rosa habló, saliéndose del guión oficial, de la legalización del aborto. Se me pusieron los pelos de punta porque entendía que tal extremismo nos podía jugar una mala pasada. Y así se lo dije. En ese momento yo era también la expresión de (casi) todos los dirigentes comunistas que entendíamos que, en ese aspecto, teníamos que ir con pies de plomo. Pero, Rosa María Félix era la más cabal expresión de lo que iba cambiando vertiginosamente en la sociedad española de la época. No entendíamos, pues, que ese aparente radicalismo era siembra y regadío para obtener nuevos derechos de ciudadanía. Es decir, que se estaba incubando la derrota de una vieja –y ya ridícula--  doble moral y doble contabilidad que venía desde tiempos muy antiguos. Más todavía, aquel radicalismo estaba empezando a agrietar, los arcanos dogmas de las derechas (incluidos los de la iglesia instalada) y, simultáneamente, los cagadudas de la izquierda. Lo hacía desde la compleja e incómoda conllevancia de las mujeres con su propio partido, al menos en ese aspecto.

Desde luego, de aquel potente movimiento de mujeres vienen las grietas del Partido popular. En resumidas cuentas, aquel movimiento de mujeres expresaba de manera contundente el valor y la utilidad de su propia autonomía de proyecto y de trayecto. Ahora podemos decir lo que no vimos en aquella época: el carácter seminal de ese movimiento.

Por otra parte, las propias explicaciones de Rajoy en torno a la retirada de la ley, haciéndose obscenamente el mosquita muerta, no han ido por el camino de la moral sino porque no «hay consenso en la sociedad». Lo que indica implícitamente que, incluso en el territorio de la derecha, las cosas en ese sentido han cambiado. Nos imaginamos el parraque que habrán sufrido  Rouco y sus hermanos.

Sí, es necesario hablar, aunque someramente, de los altos funcionarios de la Iglesia, cuyo campeador más montaraz es el cura mitrado de Alcalá. Pues bien, soy del parecer que nada de lo que están diciendo estos caballeros ensotanados está en clave teológica sino en la del poder, en la pugna interna de la Iglesia católica, apostólica y, por supuesto, romana. Esto es, qué sector de esa creencia tiene la hegemonía de la moral, hecha poder, en los procesos en curso y de cara al futuro. Es decir, si alcanzará más influencia social el saludable reformismo del Papa Francisco o los representantes de las nieves de antaño. Y comoquiera que la gran mayoría de la sociedad ha enviado al ropavejero una gran parte del poder tradicional de la Iglesia, entendida esta como las franquicias de sus altos funcionarios, el exasperado obispo alcalaíno no tiene más remedio que gritar a lo Júpiter Tonante, contra las «estructuras de pecado» de quienes van en dirección opuesta. No es, pues, una cruzada religiosa ad majorem gloria dei sino una batalla por el poder, por la fisicidad del poder: entre el reformismo o el Palmar de Troya. Digamos que la batalla no está zanjada.   

Como tampoco está históricamente zanjada la intención de la religión católica –tampoco en el Islam— «de afirmarse como el único fundamento posible de la comunidad, como el depósito de los recursos morales. De una religión que acepta la democracia sólo como un producto secundario y subordinado».  Son palabras de Riccardo Terzi que, a continuación, aclara: «Hablo de la institución, no del sentimiento religioso». 

En resumidas cuentas, al movimiento de las mujeres le queda todavía mucho camino por recorrer. En todo caso, ahora tiene más aliados en una sociedad más laica. De la que la política está un poco más pendiente, incluidas las martingalas electoralistas; incluida también la parsimonia pusilánime de ciertos partidos que todavía son estúpidamente temerosos de las franquicias de la «cuestión vaticana».   

LA CONSTITUCIÓN QUE YO VOTÉ (Y POR QUÉ AHORA QUIERO VOLVER A VOTAR)

Miquel A. Falguera i Baró, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

1. Una especie de historia de desamor.

En 1978, cuando se celebró el referéndum de la Constitución yo tenía veinte años. Era un joven militante comunista, que no pudo votar en las elecciones de 1977 porque entonces la edad mínima para hacerlo era de 21 años (lo que se modificó poco antes del referéndum constitucional para incentivar la participación).

Por tanto, mi estreno como votante fue con ocasión de la aprobación de la vigente Constitución, la misma que intento aplicar, con mejor o peor resultado, en mis sentencias.

Debo confesar, sin embargo, que voté a favor sin un pleno convencimiento. Lo hice porque ésa era la consigna del partido. Pero me asaltaban las dudas de si no se podía ir más allá en el pacto constitucional. Reflexionando ahora me doy cuenta de que mi visión era periférica, en tanto que se correspondía con la correlación de fuerzas en Cataluña: aquí sin duda se podría haber ido mucho más allá. Pero ésa no era la realidad en todo el Estado. Ese resquemor fue creciendo con el tiempo en buena parte de la militancia comunista (el runrún de los límites de la transición y los Pactos de la Moncloa) y en gran medida explica la ruptura del PSUC en 1981.

Pero batallitas a parte, cada vez tengo más la sensación de que la Constitución que yo voté no es la misma que la que estoy ahora aplicando, aunque formalmente su redactado sea prácticamente el mismo.

La Constitución que yo voté permitía modelos económicos y sociales como el vigente; pero también otros de planificación económica (art. 131), o basados en políticas expansivas del gasto público. La reforma del 2011, aprobada con predeterminación y alevosía en pleno mes de agosto de 2011 sin refrendo ciudadano, imponiendo límites al gasto público puso fin a esa diversidad de sistemas económicos.

La Constitución que yo voté reconocía el derecho a la libre empresa, exigiendo a los poderes públicos la defensa de la competitividad “y, en su caso, de la planificación” (art. 38): esta última previsión jamás ha sido llevada a término.

La Constitución que yo voté establecía que la propiedad privada tenía una función social (art. 33.1) que debía desarrollarse por el legislador. Ese mandato tampoco nunca se ha llevado a cabo.

La Constitución que yo voté reconocía el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos (art. 47) previendo que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Repito: “impedir la especulación”. ¿Hacía dónde miraban los poderes públicos cuando este país se convirtió en la orgía internacional de la especulación inmobiliaria, lo que nos ha llevado a la situación actual? (en una tónica que vuelve poco a poco a emerger en los actuales momentos).

La Constitución que yo voté consagraba el derecho de participación en la empresa (art. 129.2), en un mandato que permitía ir mucho más allá de la mera audiencia o notificación de documentación vigentes. Y ello en un precepto que, por cierto, preveía que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

La Constitución que yo voté reconocía el derecho al trabajo, como algo más que una declaración genérica del “derecho a trabajar”, en tanto que de su contenido se difería la constitucionalización del núcleo esencial de las tradicionales tutelas iuslaboralistas (art. 35), especialmente en materia de despido. Y, aunque esas tutelas se situaban en un marco de paridad con el derecho a la libre empresa existía una descompensación a favor de las mismas, en tanto que el derecho al trabajo se cohonestaba en determinados supuestos con los derechos fundamentales a la libertad sindical y la huelga, en relación al de negociación colectiva. Ese modelo se ha dinamitado por la reciente STC 119/2014 –respecto a la reforma laboral del 2012- privilegiando los poderes del empleador sobre los derechos de los trabajadores, en aras a una situación de crisis relacionada con la “productividad” de las empresas y resituando a la baja el papel decisorio de la negociación colectiva.

La Constitución que yo voté establecía que “ninguna religión tendrá carácter estatal” (art. 16.3). Sin embargo en múltiples actos oficiales se ofician celebraciones canónicas (e, incluso, en el propio Tribunal Supremo figura una gran cruz) Ello por no hablar de la constante intervención de la Iglesia Católica en la política.

La Constitución que yo voté intentaba dar respuesta al “problema catalán”  (y también  al vasco), hablando en el artículo 2 de “nacionalidades y regiones” y estableciendo un modelo de comunidades autónomas muy similar al ideado en la Constitución republicana de 1931 –legalizando en la práctica el previo reconocimiento de la Generalitat de Cataluña efectuado por el Gobierno de Suárez un año antes-. Sin embargo, tras la LOAPA –cuando aún sonaban los ecos del golpe de Estado del 23-F- el sistema devino simplemente una forma de organización del Estado, sustituyendo las antiguas regiones, diluyéndose en la práctica las exigencias populares en determinadas zonas de reconocimiento de sus singularidades.

La Constitución que yo voté contemplaba en el artículo 122 un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en la práctica se constituía en garante de la independencia de los jueces. Pero progresivamente (especialmente, tras las últimas reformas) dicho órgano ha dejado de cumplir esa función para convertirse en algo así como la delegación del Gobierno en el poder judicial, previos acuerdos politizados en sede parlamentaria.

La Constitución que yo voté regulaba la independencia de jueces y tribunales (art. 117.1) Pero a lo largo de los últimos treinta y cinco años la justicia se ha convertido en la pariente pobre de la democracia, negándosele los medios necesarios para cumplir el mandato constitucional. A ello cabe sumar el sistema de nombramientos de presidencias de órganos colegiados y del Tribuna Supremo, mediatizados por un CGPJ politizado. Y está en el Parlamento un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que somete a todos los jueces y tribunales a los criterios del Tribunal Supremo –lo que impedirá visiones alternativas en la interpretación de normas- o que limita el acceso a las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o las prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A lo que cabe añadir la imposición de una especie de mordaza a las opiniones públicas de los jueces, lo que me lleva a un aviso al editor de este blog: si se aprueba dicho proyecto –cabrá ver cómo evoluciona en las Cortes, tras la dimisión de Gallardón- ya no podré colaborar en sus páginas.

No sigo en la lista de agravios. De hecho, podría ir comparando todos los artículos del texto constitucional con mi lectura juvenil de tres decenios y medio antes y constatar su realidad actual: seguro que en la inmensa mayoría de ellos hay desilusión. Mi relación con la Constitución es como la de aquella pareja que se casan sin mucho convencimiento y que, tras el decurso de los años, constatan cómo sus ilusiones de vida en común se han venido abajo.

2. Reforma o nuevo proceso constitucional

¿Podrían haber ido las cosas de otra forma? Ucronías aparte, es obvio que el actual texto constitucional hubiera permitido otra(s) lectura(s) No en vano nuestra Carta Magna ha sido calificada por los especialista como “abierta”.

De hecho, la citada STC 119/2014 legitima la reforma laboral del 2012 (especialmente por lo que hace a la degradación efectiva de la negociación colectiva respecto a la ley) recordando que en nuestro sistema rige el principio de alternancia política y que, por tanto, no existe una única lectura constitucional.

Ahora bien, ocurre que “otro modelo” tiene en la práctica una evidente dificultad: los Estados precisan de dineros para funcionar (y tienen, además, deuda acumulada) Y quién tiene los dineros –esos enigmáticos “mercados”- exige la puesta en marcha de políticas regresivas en materia social; por tanto, la reversión del pacto del que surgió el Estado del Bienestar –en nuestro sistema: el pacto constitucional- y, en consecuencia, que los ricos sean cada vez más ricos y que se desmantelen las tutelas hacia los menos afortunados.  Una lógica que en la práctica determina que los pactos sociales que se plasmaron en las Constituciones democráticas de los países en los que regía el Estado Social y Democrático de Derecho, deban ser desmanteladas. Un escándalo democrático –en el que juega un papel activo la propia Unión Europea- que se oculta a la ciudadanía o que si se expone en público se plantea como un chantaje ante el que no cabe otra salida (“tranquilizar a los mercados”, “exigencias de la troika”, “carta del Presidente del Banco Europeo”…) Por tanto, y en términos clásicos, algo similar a una oligarquía.

Y a ello cabe sumar la paradoja derivada de la evolución de determinadas culturas políticas. En efecto, aquel modelo “abierto” ha devenido en la práctica “cerrado”, como si le lectura del texto constitucional que se ha ido efectuando en los últimos treinta y cinco años fuera la única posible. Y en ese marco resulta que los que están invocando siempre la Constitución –por ejemplo, el Partido Popular- son los que no la votaron. Recuérdese en ese sentido que los diputados de Alianza Popular en las Cortes constituyentes o se abstuvieron –si no recuerdo mal, el señor Fraga- o votaron en contra (los denominados “cinco magníficos”, todos ellos ministros franquistas) Y si se busca en las hemerotecas aún podrán encontrarse incendiarios artículos de actuales prebostes populares vaticinando los males que nos iba a llevar la aprobación de la Constitución. Esos mismos, tras practicar el entrismo, son lo que hoy blanden nuestra Carta Magna como la razón última que impide cualquier cambio de modelo. Pues bien: ellos no la votaron, yo sí.

En estas últimas semanas el nuevo dirigente del PSOE viene reclamando un cambio de nuestra Constitución. Se trata, obviamente, de la constatación de que el actual texto ha devenido desfasado. Y es ésa una obviedad. Pero cabrá añadir: no sólo en el terreno territorial (“la cuestión catalana”) La Constitución hace aguas porque, en la lectura al fin que ha devenido hegemónica –la de la que no la votaron- ha impuesto un modelo “cerrado” de sus contenidos (con el consenso el algún caso del propio PSOE). Vuelvo a la paradoja: yo hoy no votaría la actual Constitución. Y –como ocurre en las parejas mal avenidas- no creo que sea yo el que haya cambiado…

Pero el problema es que en los actuales momentos no se trata de cambiar algunos contenidos. Se trata de articular otra democracia, más participativa y adaptada a la nueva realidad. O, si se prefiere, superar el actual modelo pseuoligárquico, avanzado en un terreno en que los ciudadanos sean lo que de verdad decidan.

Sigue en http://theparapanda.blogspot.com.es/2014/09/la-constitucion-que-yo-vote-y-por-que.html

LA BRONCA INTERNA DE CC.OO, EN COCA COLA, EXPLICADA POR ENRIQUE LILLO

Escribe,  Enrique Lillo, responsable del Gabinete Interfederal de CCOO

24 de septiembre de 2014.

Estimado compañero y más aún, camarada y amigo López Bulla:

En primer lugar, te agradezco tu amabilidad personal para permitirme publicar, en tu admirable blog, mis impresiones subjetivas y personales sobre el conflicto social y con una dimensión interna sindical de Coca Cola. A su vez, te describiré también el antecedente de éste que dio lugar al primer enfrentamiento que tuve con la dirección de FEAGRA y con su secretario general Jesús Villar con ocasión del conflicto de Panrico sobre la necesidad o no de interponer recurso de casación contra la sentencia, en mi opinión, confusa y jurídicamente incorrecta, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

En otro blog amigo, el de Eduardo Rojo Torrecilla, se hacen comentarios muy pertinentes sobre ambas sentencias, la de Panrico y Coca Cola, y a ellos me remito salvo alguna mención que haré específica en cuanto a Coca Cola por ser ésta la materia principal que abordo en este trabajo.

Además, hay que tener en cuenta que junto con aspectos comunes, en ambos casos, como son que los trabajadores principalmente damnificados víctimas del despido colectivo, pertenecen a plantas y fábricas que por su lucha histórica canalizada básicamente por CCOO, han logrado conseguir muy buenos convenios colectivos.

Junto con este aspecto semejante o común, hay otro aspecto sobre el cual creo que hay que reflexionar y profundizar y es el relativo a la compatibilidad o no entre los criterios que inspiran la denostada reforma laboral del 2012, en la que se prima el interés empresarial por la supuesta competitividad y viabilidad de la empresa y la necesaria protección jurídica, incluso constitucional del conflicto laboral y social protagonizado por los trabajadores como el de actividad sindical y negociación colectiva (art. 28.1), huelga (art. 28.2) y estabilidad en el empleo (art. 35) de la Constitución Española.

En ambos casos, el criterio empresarial de selección de los afectados en realidad esconde que resultan damnificados y despedidos los colectivos más sindicalizados que han conseguidos buenos convenios colectivos, trabajadores de Santa Perpetua en Cataluña de Panrico y trabajadores de Casbega en Fuenlabrada Madrid en Coca Cola.

En el caso de Panrico, un criterio de selección esgrimido por los abogados de la empresas y a su vez defendido por el informe de la Inspección de Trabajo, consistía en que el criterio en virtud del cual se seleccionaba a los trabajadores cuyo salario era superior y cuyo coste económico era superior al de otros centros, era un criterio objetivo porque estaba conforme con la defensa de la competitividad y viabilidad de la empresa que exigía inexorablemente la reducción salario y, por lo tanto, el despido de los trabajadores ordinarios que más sueldo tienen.

Esta circunstancia tan relevante, creo que merece un análisis específico e intenso que yo en este momento no tengo ni tiempo ni energía intelectual suficiente como para abordarlo, no obstante quizá más adelante haya que plantearlo en todo su dimensión.

Además de esta selección de trabajadores conflictivos como despedidos por su mayor salario y mejores condiciones convencionales, se acompaña con un hecho relevante y transcendente que hay que poner en el debate sindical y social. Este hecho consiste en la práctica frecuente de todas las auditorias sobre la documentación económica de las empresas en la cual se hace constar que en las memorias económicas de las empresas (que constituye un documento imprescindible junto con el balance, cuenta de resultados, evolución de patrimonio neto y estado de flujo de caja) no está incorporada información sobre las retribuciones de los miembros del consejo de administración y del personal de alta dirección.  

Esta ausencia informativa debe ser muy relevante y además permitiría analizar con mayor detenimiento si es objetivo y compatible con los valores constitucionales de igualdad, justicia y estabilidad en el empleo, que una empresa sacrifique despidiendo a los trabajadores ordinarios que tienen más salario en aras a la viabilidad de la misma y sin embargo en esa misma empresa permanezca la practica de retribuciones muy cuantiosas, muy superiores a los sueldos de los diputados y presidentes de gobierno, tan denostados ahora, a su personal directivo y a sus consejeros, esto constituye un escándalo social y jurídico que debe ser denunciado enérgicamente y que sin embargo no lo está siendo al menos con la intensidad que se debiera.

En ambos casos hay rasgos de semejanza entre un conflicto y otro, el de Panrico y el de Coca cola, como es el relativo a la afectación de trabajadores que sufren el despido y que pertenecen a colectivos que con su lucha histórica de años han conseguido buenos convenios, la diferencia entre un caso y otro es notable.

Esto constituye una explicación parcial del contenido distinto de ambas sentencias.

En efecto, la diferencia es que Panrico estaba en preconcurso mercantil en una situación financiera de pérdidas económicas continuadas según se desprendía de su documentación contable oficial y el conjunto de las embotelladores tenían muchos beneficios y eran muy rentables.

En el caso de Casbega, incluso el mismo día en que empezó el inicio del ERE o el día anterior, se firmó un nuevo convenio colectivo con un incremento salarial y nadie informó ni a la sección sindical de CCOO, muy potente en cuanto a afiliación histórica y  práctica sindical en el centro de Fuenlabrada ni tampoco se informó al comité de empresa ni sobre el ERE ni sobre la existencia de un supuesto grupo laboral de empresas conformado por Casbega y las restantes embotelladoras.

Este extremo de súbita aparición con ocasión del ERE ante los representantes legales de los trabajadores del conjunto de las embotelladores y de CCIP como grupo laboral de empresas, es importante retenerlo en cuanto a sus consecuencias  porque aquí está junto con otras circunstancias como las necesaria protección del derecho fundamental de huelga y de los huelguistas cuando la huelga es convocada por CCOO., lo más relevante del conflicto.

Este segundo aspecto de protección del derecho de huelga, es fundamental puesto que la sentencia de Coca cola considera que se  ha vulnerado este derecho fundamental de huelga y considera además que los protagonistas principales de esta huelga y también del factor coadyuvante en la declaración de la nulidad del despido colectivo, es la participación masiva de los trabajadores de Casbega SA en la huelga desde que fue convocada tras el comienzo del ERE y en la respuesta empresarial (extremo este que significativamente banaliza el recurso de casación interpuesto por el letrado Gayarre, del Bufete Sagardoy), que fue la de sustitución de huelguistas y la del esquirolaje organizativo empresarial, sustituyendo la producción y comercialización que había venido realizado Casbega Fuenlabrada por la producción en otras empresas distintas y creando nuevas líneas de comercialización..

Pues bien, este segundo aspecto se produce en un año en el que CCOO tiene ante si el reto de defensa social, sindical y  jurídica de muchas decenas de imputados por participación en piquetes de huelgas generales.

Ciertamente, en alguna intervención (y a preguntas en asambleas a las cuales he acudido puesto que desde  mis 37 años de intervención jurídica en CCOO muchos de ellos he intervenido junto con el comité de empresa de Casbega y aparte de compartir militancia sindical soy amigo personal de Paco Bermejo, Mercedes Pérez Merino, Juan Carlos Asenjo, portavoz del “Campamento de la Dignidad”, Pulido y  otros más jóvenes como Marcelo y otros muchos), he debido manifestar que nuestro ordenamiento tiene una “laguna”  jurídica en lo relativo a obligar a una empresa a reabrir un centro que decide definitivamente cerrar.

No obstante, esta manifestación parcial efectuada en una intervención amplia, la hice antes de que se celebrara el juicio y se dictara la sentencia del despido nulo con condena a la readmisión de los trabajadores en sus puestos de trabajo de sus respectivas empresas con abono de los salarios de tramitación. Lo que nunca dije, y esto ha sido manipulado, dicho sea con claridad por Jesús Villar y su equipo o parte de su equipo de dirección federal, es que la readmisión a consecuencia de la legalidad del cierre de Fuenlabrada Casbega, pudiera producirse con otras funciones distintas incluso en otras empresas o en otras embotelladoras a las cuales pudieran ser trasladados  trabajadores de Casbega que han sido despedidos y que tienen a su favor una declaración de nulidad del despido.

Este hecho, en mi opinión, es el origen de la bronca interna en CCOO que no se debe ni se puede esconder. El conjunto de las embotelladoras y su abogado así me lo comunico a mi, no reabriría el centro de Fuenlabrada bajo ningún concepto ante lo cual, yo, verbalmente siempre le he transmitido que las sentencias están para cumplirlas y que como dicen los trabajadores en el “Campamento”, que deben ser readmitidos en su centro y deben percibir los salarios de tramitación y, con posterioridad, una vez readmitidos, la empresa podrá negociar o adoptar decisiones.

Esta consideración también,  es fundamental porque ni la documentación aportada ni ningún estudio de plan industrial alguno establece con un mínimo de objetividad que la producción de Fuenlabrada que nutre de Coca Cola a toda la zona centro de España, que es una de las mayor consumo, deba ser cerrada. Como muy bien dice la sentencia esto es una apreciación subjetiva del informe realizado por el consulting “Estudio Económico” que es un consulting vinculado a Cristóbal Montoro en su nacimiento y en su propio desarrollo, según informaciones del diario elpublico.es.

Además, hay que tener en cuenta que en la planta de Fuenlabrada, la embotelladora Casbega ha realizado importante inversiones y renovaciones tecnológicas, en consecuencia no solo cabe dudar sobre la objetividad del cierre de Fuenlabrada sino que existe un conjunto de hechos como los descritos, que permiten deducir razonablemente que el motivo por el cual se cierra Casbega Fuenlabrada es el castigo a quienes se atrevieron a reivindicar y luchar por un buen convenio colectivo, el mejor de todas las embotelladoras, sin dudas.

Más aún, este criterio subjetivo empresarial de castigar a los más reivindicativos, es decir, a los  que tienen un poder sindical real en la empresa, se refuerza si tenemos en cuenta que las adhesiones voluntarias e individuales  a las propuestas de bajas indemnizadas, prejubilación o traslados, realizados unilateralmente por la  empresa conseguidas a través de presiones intimidatorias sutiles o directas de los respectivos departamentos de recurso humanos de las mismas, donde menos ha habido y han sido escasas, han sido precisamente en Casbega Fuenlabrada.

Más aun, el número de despidos de quienes no han firmado ningún documento individual con la empresa, se concentra básicamente en Casbega Fuenlabrada.

Esta manipulación realizada por el secretario general de FEAGRA, Jesús Villar, acerca de que el cierre es irreversible y que, por tanto, hay que pactar el traslado a otras empresas del grupo laboral, implica la admisión no del criterio jurídico de la sentencia sino del criterio jurídico de Iván Gayarre del Bufete Sagardoy, explicitado en su recurso de casación...

Sigue en (con el texto completo): http://theparapanda.blogspot.com.es/2014/09/ccoo-coca-cola-y-enrique-lillo.html

  

¿FRENTE DE IZQUIERDAS? NO, GRACIAS

Escribe, Javier Terriente

En la ideología.-

Es constatable que el hecho de que un partido se reclame socialista, de izquierdas, marxista o “de la clase obrera”, mediante un ejercicio puramente autoproclamativo, no lo caracteriza en sí mismo como tal. En cualquier caso, sería discutible semejante pretensión, y dadas las inacabables controversias doctrinales e históricas entre diferentes partidos para apropiarse de esos términos,  habría que subrayar la extrema dificultad de  validar a quienes se reclamen de la izquierda “auténtica”. Naturalmente que existen clases y lucha de clases, y por supuesto que el marxismo ha encontrado en la crisis una nueva y creciente credibilidad cada día que pasa, pero, otra cosa es pretender elevarlo en las condiciones de hoy, a la categoría de doctrina e ideología oficial de partido. La historia reciente muestra que esta es una tarea estéril y expuesta a mil y una vicisitudes, no siempre pacíficas. De un modo similar, los sindicatos se han visto afectados por la crisis/desaparición del impacto de la “gran fábrica” en las formas de producir, la influencia de las nuevas tecnologías en las relaciones del trabajo y su incidencia sobre la multiplicación de nuevas categorías de asalariados y profesionales… Eso los compromete a incorporar a su radio de acción a los jóvenes, a las clases medias empobrecidas, a las grandes masas de desempleados, al mundo de la ciencia y la cultura…y los  emplaza a revisar a fondo las formas de organizarse, las estrategias tradicionales de lucha y de negociación, los contenidos programáticos, las alianzas sociales y políticas, o las formas de establecer relaciones con los poderes públicos y las empresas. En consecuencia, parece algo inapelable que en la izquierda se ha producido una ruptura entre la ideología declarada y sus correlatos organizativos, lo que ha afectado de un modo muy particular a los partidos tradicionales, al no haber sabido extraer consecuencias prácticas que los resituaran ante las grandes mutaciones sociológicas y culturales contemporáneas. Una de ellas sería la exigencia de una completa transformación política y organizativa a la que se resistieron de forma suicida. De ahí su declive y hasta su desaparición en ciertos casos. Esta nueva situación, dicho de forma esquemática, ha  llevado a la irrelevancia a viejos partidos basados en el marxismo dogmático y en el credo de la defensa de la clase obrera como único sujeto social de referencia. Llegados a este punto, podría ser útil reflexionar sobre las varias maneras de entender el comportamiento de los partidos: una, cómo se ven a sí mismos, otra, cómo los perciben los ciudadanos, y otra, cómo son en realidad. Lamentablemente, suele prevalecer la primera interpretación, cuando la segunda y tercera son las decisivas, lo que acrecienta su incapacidad para discernir errores y disfunciones graves entre la acción política-organizativa real  y los postulados teóricos, y a soslayar las semejanzas, a veces sorprendentes y nunca reconocidas, con los “adversarios de clase” en el día a día de la política municipal.

En la política municipal.-

Si desde la perspectiva del discurso teórico abstracto no supone mayor dificultad situar a una organización en las coordenadas de la izquierda, no lo es en cambio valorar del mismo modo sus actuaciones en el marco municipal. Se sabe que el espacio local es una dimensión concentrada a pequeña escala de la política general, un excelente laboratorio de análisis y experimentación acerca del desenvolvimiento de las amistades peligrosas de alto riesgo. En este ámbito, los grupos de poder han fabricado sus propias reglas basadas en pautas comunes a la globalidad de la política: la opacidad, la impunidad, la indiferenciación política y la degradación de la democracia local. Por supuesto que no puede hablarse en general, pero tampoco es excepcional que hayan contaminado en mayor o menor grado a fuerzas y gobiernos de signo opuesto. Veamos: Problemas como la corrupción, el nepotismo y las redes clientelares, afectan, también, a la denominada izquierda “realmente existente”. Las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio, basadas en el negocio del ladrillo y el desprecio medioambiental, han sido el eje del crecimiento de la mayoría de los municipios, con efectos devastadores sobre el territorio y sus poblaciones. El color no importa. Las ventas de patrimonio público de suelo a precio de saldo a empresas del entorno de los gobiernos locales, las modificaciones a la carta de planes urbanísticos y las privatizaciones de servicios esenciales como el agua o los residuos, sujetas a pliegos de condiciones inadmisibles, no admiten distinciones políticas. La creación de empresas mercantiles con capital público municipal, con el fin de gestionar las obras y servicios al margen de los controles públicos, que fue la gran contribución del modelo Gil marbellí, se ha convertido en moneda corriente. La concepción mercantil de la cultura y la construcción de costosísimas edificaciones infrautilizadas, a mayor gloria de los alcaldes de turno, no admite diferencias; tampoco los sueldos y asignaciones de alcaldes y concejales y las contrataciones de asesores fútiles, así como el reparto de cuotas de representación en los consejos de administración de las empresas públicas y Cajas. No sería extraño encontrar, bajo el disfraz del pragmatismo y del social-populismo, tan habituales en el ámbito local, similitudes indeseables entre la derecha y sectores de la izquierda de dimensiones sorprendentes.

En la posibilidad: En el pasado, la propuesta de “unidad de la izquierda” significaba construir una gran alianza estratégica entre el socialismo y el comunismo, que zanjara definitivamente la división histórica entre ambas corrientes, de comienzos de los años 20. Esa propuesta incluía también tender a la constitución de una nueva formación de izquierdas común. Hoy,  dicha eventualidad queda descartada por razones obvias. Al margen del PSOE, lo que hay es un universo heterogéneo de partidos, con diferentes grados de implantación y orientaciones muchas veces enfrentadas. De ahí que sería arriesgado prever las posibilidades de un Frente/Confluencia de izquierdas, más aún si Podemos descarta participar en operaciones frentistas, según declaraciones de sus portavoces reconocibles. Por añadidura, es muy probable que algún partido pretenda capitalizar iniciativas surgidas al calor de Guanyem Barcelona, aunque no tengan nada que ver salvo el nombre, como marca blanca por motivos espurios. Las contundentes declaraciones de Ada Colau (16/9/ 2014) denunciando esa estrategia despejan cualquier duda. Si, además, lo que les uniera fuese una consecuencia directa de un horizonte electoral inmediato, podría ser que lo que nació como un proceso para sumar y multiplicar el protagonismo de los ciudadanos, facilite el retorno de los viejos parámetros de la política y acabe en un pandemonio. Al hilo de experiencias similares en el pasado, un veterano militante de izquierda se lamentaba: “Queríamos lo mejor y pasó lo de siempre”

En la conveniencia: Lo que se juega en las próximas elecciones municipales no es solo desalojar a la derecha de los centros de poder local sino avanzar en la socialización de las distintas realidades del poder, inaugurando una nueva época que ponga las bases de una democracia económica y social avanzada y participativa, de abajo arriba, desde los ayuntamientos al gobierno del Estado. Una dialéctica izquierda/ derecha limitaría extraordinariamente ese horizonte, pues deja fuera de juego a demasiada gente que, si bien no se siente identificada con ese esquema, es decir, que no se define de izquierdas, sí forma parte del victimario de la crisis y aspira a cambiar las cosas valiéndose de instrumentos diferentes. Por otro lado, un Frente/confluencia de izquierdas, cualquiera que sea la marca electoral que le dé soporte, transmitiría una propuesta municipal extremadamente equívoca y vulnerable: Estaría obligada a responder permanentemente a todo género de descalificaciones guerracivilistas y reforzaría la cohesión de las fuerzas bipartidistas, desplazando hacia ellas a sectores ciudadanos víctimas de la crisis y críticos con el bipartidismo, que hoy mantienen una inclinación electoral incierta.

Y en la estrategia

El futuro inmediato es clave. Lo que anda en juego no es la confrontación izquierda/derecha sino otra que se libra en un tablero diferente: poder autoritario y corrupto de las élites económicas y políticas locales (castas locales) o poder democrático y decente de los ciudadanos. La cuestión central, ahora, es recuperar la democracia municipal y el sentido de lo público, amenazados por grupos corporativos que se han adueñado de una buena parte de los ayuntamientos e imponen sus propias normas de juego. En numerosos casos, el poder no reside en los Plenos sino en los despachos de las empresas, lo que convertiría  la democracia local en un cascarón sin contenido. Por eso, cuando se dice democracia se quiere decir derechos, que en los municipios adquieren una vertiente muy visible y concreta: lucha contra los desahucios, viviendas sociales suficientes, batalla contra la corrupción y el clientelismo, control de la gestión y presupuestos participativos, políticas efectivas de igualdad defensa de los servicios públicos y recuperación de los privatizados, protección del patrimonio urbano y natural, combate contra las desigualdades sociales y territoriales, guarderías municipales, cuentas transparentes, dignificación de los cargos públicos mediante la renuncia a los abusos salariales y privilegios varios, bolsas de trabajo y políticas activas de empleo, creación de empresas, seguridad, defensa del comercio y de los productos locales, adecuación social del IBI, atención a los mayores y a los jóvenes, cultura para todos, deporte de base…. Existen, pues, incontables razones individuales y colectivas que muestran la exigencia de construir un amplísimo consenso social dirigido a reconstruir la ciudad democrática e inclusiva, que abarque por igual a territorios y afinidades ideológicas y políticas diferentes, y hasta contrapuestas. Hay una inmensa tarea por delante, comenzando por poner nombres a las personas anónimas, hacer hablar a los que callan y convertir la resignación en voluntad de combate. Se trataría de sumar a gentes y fuerzas ciertamente comprometidas con los problemas de  las ciudades y pueblos y reflejarlo en una opción electoral que se someta al escrutinio y a la voluntad de procesos democráticos: Nuevos modelos de confección de listas y de elaboración de programas basados en la transparencia y en la participación directa, individual y concreta de los ciudadanos, sistemas de control y seguimiento permanentes… Una apuesta de alto riesgo, que casaría poco con dinámicas que permitan revitalizar, por activa o por pasiva,  antiguos contextos de acuerdos cupulares, que acabarían por expulsar a las mayorías sociales de las grandes decisiones.

Probablemente, si se confirmara la ausencia de candidaturas de Podemos en las municipales, se abrirían hipótesis enfrentadas; una, reforzar el polo innovador de plataformas ciudadanas ya en marcha en las formas y contenidos de la política, pero otra, no descartable, someterse a la paradoja, en el caso de que formara parte de marcas blancas mediatizadas por la izquierda tradicional, de contribuir a su pesar a un frente de izquierdas bajo los parámetros de la vieja política. Esta es otra historia. Radio 

Parapanda.  RÉQUIEM POR GALLARDÓN

EL POSE Y EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Leo que Pedro Sánchez propone un nuevo Estatuto de los Trabajadores. No es algo irrelevante, por supuesto. Así que esta noticia merece algunos comentarios. Pero, antes de meterme en harina, quisiera decir que Sánchez debería haber indiciado qué elementos esenciales –o, si se prefiere, qué paredes maestras--  debería tener este nuevo estatuto, de un lado; y, de otro, qué relación guarda esta propuesta con otra de no menor calado, ya prometida también, cual es la derogación de las sucesivas reformas: tanto la de Zapatero como la de Rajoy. No es cuestión de pejiguería sino de clarificación. En todo caso, ello no quita importancia a la nueva propuesta del flamante secretario general del PSOE.

 

Entiendo, por descontado, que ese planteamiento debe ser apoyado sin ninguna reserva mental. Que alguien diga que la propuesta sea electoralista no deja de ser una vulgaridad. Ahora bien, que deba ser apoyado no implica que el sindicalismo siga sin delimitar de qué manera se trasciende o se desborde el conjunto de la reforma laboral. Sin ese planteamiento soy del parecer que el sindicalismo irá dando tumbos y su parábola declinará todavía más. Es más, sin ese planteamiento, además, no habrá una negociación colectiva fértil, de regadío. Hay, sin embargo, otro elemento de no menor consideración: sin ese planteamiento es muy difícil que el sindicalismo tenga una estrategia autónoma.

 

Pedro Sánchez debería aclararnos cómo y de qué manera se va a elaborar el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es exigible que se elabore buscando la confluencia de todos los sectores y actores interesados en tan importante y necesaria operación. Y es no menos exigible que se haga teniendo en cuenta que el paradigma en el que nos encontramos nada tiene que ver con el de 1978. No hace falta decir que el fordismo es ya pura herrumbre. Quiero decir lo siguiente: sería completamente inútil que las cosas se orientaran a reponer lo que se ha perdido o ha sido laminado por las reformas de Zapatero y Rajoy.  

 

Finalmente, entiendo que los actores sociales y los operadores jurídicos del iuslaboralismo deberían ser convocados por Pedro Sánchez para trabajar desde ahora mismo en un primer borrador del Estatuto que se reclama.  La formalización de estos trabajos daría más consistencia a la propuesta de Sánchez. Y sobre todo parecería más sincera.

 

  

PODEMOS: ¿POR QUÉ LE TACHAN DE POPULISMO?

«En la fractura social se corre el peligro de que se insinúe el populismo, es decir, la patología social de la democracia-régimen que explota la deconstrucción de la democracia-sociedad», escribe Pierre Rosanvallon (1). Es obvio que, así las cosas, no es riguroso tachar a Podemos con el sambenito de populista.

Y, sin embargo, tan grave acusación no sólo no parará sino que se incrementará en el futuro inmediato. Al menos mientras las encuestas sigan deparando un incremento en su representación electoral. Lo que indicaría que quienes hablan de esa manera no tienen ningún tipo de argumentos para contrarrestar ese fenómeno político tan relevante. Tal vez las preguntas clave sean éstas: ¿por qué están perplejos y, exactamente, qué temen?

Están perplejos porque Podemos ha surgido de una manera “anómala”. Viene de las multitudes que, hace tiempo, conformaban movilizaciones multitudinarias –las famosas mareas multicolores--  contra las políticas de recortes y destrucción del Estado de bienestar, contra la corrupción generalizada, tanto pública como privada, y el declive de la democracia entendido como ligamen fundado en la igualdad. Cuando preogresivamente aquellos movimientos entendieron los límites de la movilización exclusivamente movimientista y dieron el salto –que antes llamábamos de calidad— hacia “la política”, empezaron las preocupaciones de lo que Podemos llama «la casta». Un inciso: entiendo que Podemos amplía gratuitamente esa cualificación a formaciones como, por ejemplo, Izquierda Unida. 

Ese surgimiento de la multitud difusamente organizada provoca una enorme perplejidad, sin embargo, en todos los partidos. Por las siguientes razones: saca a masas considerables del desinterés (o desafección) de la política a una atención al fenómeno político de Podemos; hace emerger una importante izquierda sumergida a la superficie, creyendo que no puede dejar pasar esta nueva ocasión; y, finalmente, todo ello está creando una nueva relación, aunque todavía es temprano para ver en qué sentido se orienta, con la vida pública. Naturalmente, todo lo dicho provoca un come-come, una desazón, entre la política instalada, que observaba con fruición que la alternancia en el poder político era cosa de dos. O, por mejor decir á la Rosanvallon, una alternancia que deconstruye la democracia-sociedad para lucro (no infrecuentemente espúreo) de la democracia-régimen.

En ese orden de cosas, Podemos está siendo tratado como los lugareños del Far West que, cuando veían a alguien desconocido, preguntaban inamistosamente: «¿Qué quieres, forastero?». Ahora bien, en este caso, comoquiera que es increíble llamar forastero en Valladolid a un vallisoletano,  el calificativo debe ser algo que exprese degradación. Por lo tanto, la coz de populista substituye a la de forastero. Pero la coz es, por tautología, una coz, no un argumento.

Nota. El primer autor a quién leí en el terreno político la expresión «casta» fue a Antonio Gramsci, ignoro si hubo alguien que la empleó antes. Si leen –o releen— al amigo sardo lo encontrarán.

Radio Parapanda.  MUJERES Y SINDICATO

SINDICALISMO Y DERECHO DEL TRABAJO

Ayer dábamos la bienvenida y recomendábamos el libro «Modelos de derecho del trabajo y cultura de los juristas», que ha publicado la editorial amiga Bomarzo. Se trata de una serie de investigaciones que significan una celebrada incursión de sus autores en los territorios de la historia del iuslaboralismo (en concreto de los modelos de derecho del trabajo) que ha permanecido, en expresión de Umberto  Romagnoli, «largo tiempo sepultada y bajo un estrato de olvido».  La lectura de este libro me trae a  la memoria algunos planteamientos que, con mucho gusto, traigo a colación.

 

Mi tesis es la siguiente: ¿es clarificadora una biografía de Capablanca o de Karpov si no se explican con aproximado detalle las partidas de ajedrez? En otras palabras, la biografía del ajedrecista es fundamentalmente la del juego donde interviene también el contrincante. Tres cuartos de lo mismo ocurre, a mi entender, con las investigaciones sobre las vicisitudes del movimiento sindical. Salvando pocas excepciones tales investigaciones se han caracterizado por los avatares de las organizaciones al margen (o casi al margen) del contexto general, especialmente de las situaciones de sus contrapartes, privadas o públicas. Estas aparecen de refilón. De ahí que siempre haya planteado –sin el más mínimo éxito hasta el momento--  que la investigación debería ser primordialmente sobre el conflicto social, no sobre una de las partes en litigio.

En esas estamos cuando los autores del libro irrumpen y, me parece a mí, añaden (o, al menos, se desprende de lo que dicen) un tercer actor: el iuslaboralismo. La cosa evidentemente se complica, pero enriquece la historiografía. Quede claro: no se trata de impugnar lo que se ha escrito sobre el movimiento sindical. Pero lo cierto –dispensen a este viejo entrometido--  es que la enorme y fecunda relación que existió otrora entre el sindicalismo y los iuslaboralistas apenas si ha concitado investigaciones por parte de los historiadores. Y sin embargo, ahí están en la memoria colectiva y en las fuentes orales.

La cosa tiene, sin embargo, mucha miga. Porque, por ejemplo, si entramos en esa dinámica de las biografías-- de las «vidas paralelas», se entiende--  podríamos acercarnos a algo realmente comprometido: ¿hasta qué punto la crisis del Derecho del trabajo es también una expresión de la parábola del sindicato?  Esto es, ¿acaso no existe una relación determinada entre resultados de la negociación colectiva y crisis del iuslaboralismo? Ya lo dejó dicho muy tempranamente Francesco Carnelutti en su frase canónica: el convenio colectivo tiene «alma de ley y cuerpo de contrato». En resumidas cuentas, si la negociación colectiva, que podríamos calificarla de legislación implícita, tiene unas características determinadas, ello redundará en la personalidad del iuslaboralismo.

 

En todo caso, damos la bienvenida al libro que es una valiente incursión en la historiografía, que podría –si sus autores se animan--   provocar una discontinuidad en la forma de historiar el universo de las relaciones laborales. Al menos en España.  

 

Nota final.  Recordamos a nuestros amigos, conocidos y saludados que en 2006 un grupo de amistades le hicimos un homenaje al maestro Rogmanoli. Que se encuentra a sus anchas en UMBERTO ROMAGNOLI: El renacimiento de una palabra.