HABLANDO DE CATALUÑA A CALZÓN QUITADO

Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Cataluña

Ya sé que uno es juez y no debería hablar de cuestiones políticas. Y menos de ésta, porque uno es catalán. Pero ocurre que estamos en unos momentos históricos –aunque algunos no se den cuentan- en los que está en juego algo más que los derechos de un territorio. Y, además, porque esta cuestión ha irrumpido en los últimos tiempos con gran fuerza en el debate interno de mi asociación judicial, con posturas más o menos amables, pero ciertamente enfrentadas en el fondo. Y el último comentario de mi amigo Paco Rodríguez de Lecea en este blog me sugiere saltar al ruedo.

Siempre he intentado rehuir la cuestión, porque el tema me aburre soberanamente. No hace tanto intenté soslayar el tema cuando en Vigo el amigo Joaquín Aparicio quiso  tirarme de la lengua. Pero vayamos a lo que a mí me parecen obviedades.

Primera, el concepto de nación y autodeterminación es algo que hoy no tiene sentido alguno, al menos en Europa, y en un mundo globalizado. Es algo que ya sabemos desde Habermas. Lo que no quiere decir que no existan comunidades sociales distintas. Puede no existir “nación catalana”, pero obviamente y por los mismos motivos, tampoco existe “nación española”. Lo que no vale es negar el particularismo catalán en base a la globalización y seguir reivindicando un modelo de Estado –español- nacional.

Segunda, en España existe el Estado de las autonomías porque a principios de la transición la exigencia del reconocimiento de determinados particularismo era una realidad en Cataluña y el País Vasco –y mucho menos en otros territorios-. La LOAPA y los pactos secretos del 23-F acabaron convirtiendo el “Estado de las Autonomías” en una nueva estructuración del Estado, en el que las regiones del siglo XIX se reconvirtieron en Comunidades Autónomas. Ciertamente, con un poder legislativo y competencias exclusivas. Pero sin reconocimiento de las particularidades de quienes nos sentíamos diferentes. Nada impedía desarrollar por Ley Orgánica el artículo 2 de la Constitución –que se refiere a “regiones” y “nacionalidades”- reconociendo las singularidades. No ha sido así. Y lo más significativo, como dice Paco Rodríguez de Lecea: quién se opuso en su día a la Constitución vigente –fundamentalmente, por la cuestión territorial- es hoy el más firme defensor de su contenido. En la interpretación que se ha acabado implementando.

Tercero, negar que Cataluña es una nación –en el sentido tradicional y ya he dicho que pasado de moda del término- es una necedad. Baste ojear cualquier manual de historia mínimamente serio –no, por supuesto, los ideologizados que creen que España existía desde Viriato, que por cierto era lusitano- para comprobar que el “problema catalán” ha estado siempre allí –y, con todos los respetos, no “el problema riojano” o de la “Comunidad Autónoma de Madrid-. No en vano Ortega calificó la cuestión de “problema irresoluble”.

Cuarto, quién crea que actualmente el “problema catalán” es algo orquestado por los políticos se equivoca de plano. La actual reivindicación del derecho de autodeterminación ha surgido “desde abajo” y el señor Mas no intenta otra cosa que ponerse al frente –a veces, en forma patética- de ese movimiento. Todavía recuerdo el jolgorio de buena parte de los medios –y no sólo los de derechas- tras el batacazo de CiU en las últimas elecciones autonómicas anticipadas. Los que sabíamos qué estaba pasando nos preocupamos mucho, por el crecimiento imparable de Esquerra. El actual movimiento autodeterminacionista lo puede comprobar uno en las conversaciones de ascensor, en el mercado mientras hace la compra, con la señora de al lado y el botiguer. Yo vivo en Sants, un barrio popular, plagado en sus balcones de banderas independentistas. Y aunque ciertamente podría decirse que es una preocupación de “clases medias”, también se ha sumado a ello buena parte de los hijos de la inmigración de los años sesenta. Y lo que es más sintomático: lo “nuevo”, esos chicos jóvenes que están conformado la alternatividad de izquierdas en este país –no sólo las CUP- son prácticamente todos independentistas.

Quinto, la actual situación no nace de la nada, sino de las políticas neocentralizantes del Partido Popular. El independentismo apenas era una fuerza residual hasta los años noventa. Creció con fuerza en la primera etapa de gobierno del PP. Y ahora lo está haciendo exponencialmente, especialmente tras la sentencia del TC sobre el Estatut.

¿Qué ha ocurrido? Pues, simplemente, que el modelo constitucional en su vertiente territorial se ha venido abajo aquí. Porque aquello que surgió como una alternativa creíble para reconocer singularidades históricas se ha acabado convirtiendo en el café para todos.

Ya sé que una buena parte del resto de España piensa que es una cuestión de dineros. Pero no es sólo eso. No es básicamente eso. Lo que ocurre es que, en el fondo, el nacionalismo español de la vieja usanza lo que niega es la singularidad. Y cuando esa lógica centralizante afecta a aspectos como la lengua –que es la característica esencial de la singularidad- ya no valen los viejos pactos.

La inmensa mayoría de los catalanes no podemos entender porqué un modelo de inmersión lingüística que lleva decenios de práctica sin problemas reales –más allá de los exabruptos de absolutas minorías de ultraderecha- se ve ahora dinamitado por la famosa sentencia del TC.

La inmensa mayoría de los catalanes no comprendemos porqué nuestra singularidad real e histórica es negada por una lógica de tabla rasa. La inmensa mayoría de los catalanes no comprendemos que en buena parte del resto de España se haya extendido la convicción de que se persigue a los castellanoparlantes. Si aquí existe una lengua minoritaria es el catalán. Uno puede ser en Cataluña monolingüe castellano, pero es imposible serlo catalán. Permítame una consideración: todas mis sentencias son en catalán. Y estoy convencido que ésa es una mala praxis. En exquisita lógica democrática el idioma de las sentencias la debería fijar la parte actora o recurrente. De tal forma que –salvo alegación de indefensión justificada por la demandada- la lengua del pronunciamiento tendría que tener un correlato con la de la parte instante. Ahora bien, yo no tengo ningún problema en redactar mis sentencias en castellano o catalán. Pero una parte muy importe de jueces de Cataluña no son bilingües, bilingües reales (es decir, que sepan escribir sentencias en catalán) Hay muchas más demandas o recursos en catalán que sentencias en esa lengua.

Y voy a ir más allá: el nacionalismo español no sólo lo representa el PP. También están ahí Ciutadans y, en el resto de España, UPyD: ¿me puede alguien poner un ejemplo de partidos políticos en Europa que, sin ser fascistas, propugnen el nacionalismo de Estado contra las minorías? Y no será porque no existan minorías nacionalistas en el continente… No está de más recordar que cuando dichos partidos han buscado socios europeos para las próximas elecciones no han encontrado referentes de ningún tipo… Si me lo permiten: sólo en los últimos tiempos hallaremos en Europa un discurso similar: el de Serbia en la antigua Yugoslavia. Es más: ¿alguien se imagina un cabeza de lista del PP o el PSOE catalán? ¿hay que recordar lo que pasó con Borrell? El “nacionalismo exclusivista” no sólo se practica en Cataluña o en el País Vasco…

Dicho esto y que quede claro: yo no soy independentista. Llevo toda la vida queriendo “sentirme” español. Es decir, no sólo tener un pasaporte que así lo atestigüe, sino una sensación de pertenencia sentimental a España. Pero ocurre que soy catalán –porque mi lengua materna, en la que pienso, hablo, amo y educo es el catalán-. Y lo que una buena parte del resto de ciudadanos de España no ha entendido es que cuanto más catalán me dejen ser, más español seré.

Y llegado a este punto déjenme hacer dos consideraciones “patrióticas” (y, como tales, probablemente injustas) que explican también la singularidad catalana. La primera, el “humus” democrático está probablemente más asentado en Cataluña que en buena parte del resto del Estado. En primer lugar por motivos históricos –ahí están las instituciones medievales y del Renacimiento como prueba de ello, al menos en Barcelona, porque contra lo que se pueda creer el catalanismo es diverso-. A lo que cabe sumar que, también por motivos históricos, la derecha catalana no ha caído nunca en general en el absolutismo. En segundo lugar, Cataluña ha sido siempre adalid en las reivindicaciones democráticas –no sólo en el siglo XX, también antes-

Pues bien, lo que está ocurriendo aquí es que buena parte de la ciudadanía ha dado por concluso el pacto constitucional. Por tanto, que el modelo surgido de la transición ya no sirve. Dicho lo cual surge la gran pregunta: ¿ya no sirve sólo en Cataluña, tras la famosa sentencia del TC… o ya no es útil en el resto de España?

Uno puede quedarse en el particularismo catalán y no querer saber más de esa España cerril, hija del absolutismo, el borbonismo, la Restauracion, Primo de Rivera y el franquismo. Buena parte de mis conciudadanos han llegado a la conclusión de que esa vieja España no puede cambiarse, por eso quieren irse. Pero algunos –minoritarios aquí- no penamos lo mismo. Nos negamos a creer que “Madrid” –como paradigma de todos los males- sea ésa  realidad que nos asalta cada día  con esos estruendos ideologizados de muchas cadenas televisivas, con esos titulares de medios informativos incapaces de comprender la diversidad (aún recuerdo una portada de “El País”: “Terminado el AVE a Cataluña”…), con esos taxistas oyendo la COPE que te dicen que no hables en catalán con el compañero de viaje del que acabas de desembarcar del avión… Nos negamos a creer que la realidad sea esa, y olvidar el Madrid de las Brigadas Internacionales, de la resistencia antifranquista o el Madrid tolerante de Tierno y la “movida”.

Porque el problema de fondo es que quienes impulsan las políticas neocentralizantes –que son las que en realidad ponen en entredicho el pacto constitucional al que ellos no se sumaron- son los que están poniendo en prácticas la reducción de los derechos de ciudadanía. En definitiva, gran parte de las competencias de desarrollo del Estado del Bienestar –salvo la Seguridad Social, pese al expreso mandato constitucional, por los réditos electorales que la misma comporta- están en manos de las Comunidades Autónomas. Por eso se matan dos pájaros de un tiro: reducir competencias de las CA comporta reducir el Estado del Bienestar. Y lo mismo ocurre con las Administraciones locales…

Corre por ahí un manifiesto firmado por 33 jueces catalanes a favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña. No busquen mi nombre: me negué a firmarlo. Y ello porque me niego a creer que el fin de los problemas catalanes pase por la autodeterminación. Nuestros problemas son los mismos que los de la pobreza laboriosa madrileña, de Cáceres o de Murcia. Como tuve ocasión de manifestar a los promotores del manifiesto, éste centraba el foco mediático en el localismo catalán. Y el problema no es catalán: es español y es mundial. Los pobres catalanas se están muriendo en listas de esperas interminables, como ocurre en el resto de España y de Europa. Centenares de miles de catalanes viven en circunstancias extremas, como millones de ciudadanos del resto de España y de Europa. Y no hay manifiestos judiciales que denuncies esa situación. Claro que una cosa no quita la otra, pero el hecho cierto es que ese “otro” manifiesto no existe, ni se le espera.

Me preocupa que esa avanzadilla de la izquierda que ha sido siempre Cataluña se pierda ahora en localismos. Ahí están los datos: las “pequeñas” victorias de la marea blanca o la limpieza de Madrid, o la de Gamonal no ha tenido correlato aquí. El conseller Boi Ruiz –ex jerarca de la sanidad privada- puede privatizar del todo –en parte, ya no era- el Hospital Clínic, pero mis vecinos están más preocupados de colgar banderas. Dicho lo cual: uno anhela que esas preocupaciones tengan también algún impacto en el resto de la izquierda del resto de España. Que se comprenda que el reconocimiento del derecho de la singularidad catalana debe ir inquebrantablemente unido a políticas alternativas empapadas en los valores democráticos republicanos –y no hablo de la III República-. Porque así ha sido en todos los intentos de regeneracionismo democrático de la historia de España. (en los que Cataluña ha tenido un papel central).

Y por eso, los catalanes que aún creemos que la convivencia común es posible nos sentimos tan solos. Porque –al margen de algún posicionamiento de IU, que no ha tenido apoyo unánime- la lógica centralizante sigue imperando en buena parte de la izquierda del resto del Estado. Aún me lloran los ojos del último espectáculo del PSOE votando la propuesta de UPyD la pasada semana (eso sí, con la admonición de que “ya no lo haremos más…”) Es más, cuántos réditos electorales obtiene la izquierda por culpar de todo a Cataluña en determinados territorios…En esa estúpida división se frotan las manos los neoliberales. Lo que se ha quebrado en Cataluña es el pacto constitucional. Y quien no lo vea es ciego. Y si ello es así, ¿por qué no aprovechar la ocasión para reclamar un nuevo marco de convivencia democrática? Y no sólo en el ámbito territorial, también, esencialmente, en los derechos de ciudadanía. Cada vez es más precisa la regeneración democrática. Y en la medida que la izquierda sea capaz de avanzar en ese terreno se desactivará el discurso independentista catalán.

Eso es lo que está en juego ahora. ¿Tan difícil es dar el salto hacia una nueva conformación constitucional? ¿Tan difícil es comprender que el “problema catalán” es el “problema español”? Por eso los amigos del resto del Estado me van a permitir un consejo: dejen de mirar a Cataluña y empiecen a pensar en su propia realidad. Si ésta se soluciona, también se hará aquélla.

RENZI: «EL NEOLIBERALISMO ES DE IZQUIERDAS»

Sorprende que Matteo Renzi se haya hecho con la dirección del Partido democratico. Más todavía, es realmente asombroso el importante apoyo que ha tenido en las primarias de dicho partido. Su abultado triunfo no se explica, a mi entender, por una conspiración de los grupos dirigentes. Aquí hay algo más. Tal vez no sea tan exagerada la opinión de ese quisquilloso de Fausto Bertinotti cuando machaconamente insiste que en el Pd se ha producido una «mutación genética». Que Bertinotti arrime el ascua a su sardina no contradice lo que afirma. ¿Cómo explicar las declaraciones de Renzi a la revista Il Foglio del 8 de junio de 2012 (www.ilfoglio.it/soloqui/13721). Desparpajadamente afirma: «Demostraremos que no es verdad que Italia y Europa han sido destruidas por el neoliberalismo, sino que por el contrario el neoliberalismo es un concepto de izquierda y que las ideas de los Zingales, Ichino y Tony Blair nos pueden quedar marginadas en la identidad de nuestro partido sino que deben ser su corazón». En ese sentido, quienes desde la cumbre del Partido democratico aceptaron encantados de la vida la candidatura de Renzi y los que masivamente le apoyaron no pueden ignorar las intenciones programáticas de su nuevo líder, anunciadas medio año antes de su victoria en las primarias. Máxime cuando Renzi va de cara y sin tapujos: «El neoliberalismo es un concepto de izquierdas». Por lo demás, este caballero ni siquiera se ha tomado la molestia de argumentar su bombástica frase. No hace falta, traslada a la audiencia su dogma con la plena convicción de que será asumida sin discusión. 

Un personaje tan poco sospechoso de izquierdismos como Emmanuele Macaluso ha explicado las razones de la rapidez vertiginosa con que Renzi descabalgó a Letta (de su mismo partido, florentino como él, ambos ex demócrata cristianos y hombres de misa dominical): «En las próximas semanas se procederá a nombrar la dirección de cincuenta grandes empresas públicas (ENI, ENEL, Correos y otras redes industriales estratégicas», http://www.formiche.net/2014/02/15/renzi-sara-protagonista-nelle-nomine-dei-manager-stato-parola-emanuele-macaluso/.  O, lo que es lo mismo y cosa sabida, el renzismo está apoyado por un importante bloque de intereses: rentas financieras e inmobiliarias, las grandes empresas protegidas por el estado (desde la banca a Mediaset, la energía y las telecomunicaciones), esto es, hereda un bloque importante de los intereses de Berlusconi. 

Más todavía, mis amigos italianos me insisten en una cosa: Renzi mira preferentemente a la city de Londres y sus intereses no pasan preferentemente por Europa. Y, peor aún, los intereses de los países del Sur de Europa le traen sin cuidado. De manera que, además, provocaría una cesura en el hilo conductor de las mejores políticas italianas.

En ese orden de cosas, ¿cómo afrontar la gigantesca propuesta que han hecho los amigos italianos de la CGIL del Piano del Lavoro, http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/02/crear-trabajo-para-dar-futuro-y.html? Esperemos las conclusiones del próximo congreso de la CGIL. 

SINDICATO: EFICACIA Y DEMOCRACIA

SOBRE LAS ÚLTIMAS CONSIDERACIONES DE RICCARDO TERZI

Escribe Isidor Boix

Estimado José Luis:

Me permito de nuevo felicitarte por el impulso que desde tu blog estás dando al debate de ideas sobre sindicalismo. Es una forma de seguir vivos en nuestra (en un amplio sentido del plural) contribución a la creación de "ideología" sindical. Este saludo viene a cuento de la última aportación de Riccardo Terzi en relación con el coloquio que aquí hemos mantenido, a partir de una primera aportación suya, sobre "sindicalismo y política":  http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/02/sindicalismo-y-politica-conclusiones-de.html

Mucho me han interesado sus observaciones, y me han sugerido un par de observaciones que quiero compartir con los seguidores de estas páginas.   

Por una parte su aportación en la discusión sobre el evidente riesgo (o quizás inevitable tendencia) de "burocratización" de las estructuras de dirección (a todos los niveles de los intereses colectivos que expresa toda organización), a la vez que la afirmación de la necesidad de éstas.

Me refiero al concepto de "confianza" que el grupo dirigente debe recoger y generar en las personas y colectivos en y con los que ejerce tal función. Una confianza que luego en sus notas diferencia de la "adhesión" populista al líder, aunque en ocasiones se confundan, y que incluso puede resultar positiva cuando no sustituye la confianza lúcida a la gestión de la dirección. De hecho el tema de la confianza en el grupo de dirección lo entiendo muy ligado a la necesaria democracia, en la medida que ésta no puede, no debe, expresarse sólo en el procedimiento de elección (sería su aspecto formal, imprescindible), sino que es necesario revalidarla día a día a través de la gestión de su función, a través de los también necesarios canales de relación permanente con el colectivo en el que la ejercen y que suponen información, consulta, debate, ..., y saber escuchar más allá de las palabras. Y saber explicar también más allá de la búsqueda del aplauso, suscitando incluso el grito de protesta, de rechazo, dirigido no tanto al grupo de dirección sino a la realidad con la que se está lidiando y los malos tragos que a veces hay que asumir.

Y de hecho ligadas a esta cuestión, me parecen interesantes las consideraciones sobre la "eficacia". Porque a la larga (y a veces también a la corta) sólo pueden ser realmente eficaces las decisiones que surgen de una profunda democracia, no tanto las que pueden arrancar un aplauso coyuntural conseguido con más o menos demagogia o incluso con una confianza del momento que la vida puede desmentir.

Será interesante que sigamos verificando nuestras ideas al respecto a través de la vida diaria de las organizaciones sindicales que nos sirven de referencia para esta reflexión.    

DE JLLB A ISIDOR BOIX

Querido Isidor, gracias por el piropo. Mi único mérito al sugeriros este debate fue captar la importancia del trabajo de Riccardo Terzi, quien por cierto ha hecho dos cosas de gran interés: una síntesis constructiva de nuestra conversación y sugerir nuevos temas. Por ejemplo, la pista que indicia sobre el sindicalista como «experimentador social» que, a mi entender, es entrar en algo tan substancial como la «representación». Este es un asunto que me trae de cabeza desde el Cuarto Congreso confederal de Comisiones Obreras. Recuerdo, además, que la Revista de Derecho Social (núm. 29, 2005) nos publicó un trabajo conjunto sobre este particular: Elecciones (sindicales) en el Sindicato,  a propósito de una práctica de Fiteqa-CC.OO. (1).

Lo cierto, Isidor, es que me hago cruces de que se siga manteniendo exactamente la misma forma de representación sindical de la que pusimos en marcha en 1978. Sea buena o no (tal vez obligada por la adversa situación financiera), la política de fusiones de federaciones no se puede decir que sea una reforma de la representación sino una solución administrativa. Pero de esto no quiero hablar, no sea que alguien, excesivamente picajoso, me responda «zapatero, a tus zapatos».  

Aprovecho la ocasión para recordar a nuestro Paco Puerto (en la foto de arriba, una síntesis moderna entre la pedagogía de Anselmo Lorenzo y el intuicionismo de Marcelino Camacho) que nos dejó hace ya muchos años. Como sabes, Puerto fue el inspirador de la experiencia de los voluntarios en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Nunca, desde el Ayuntamiento de Barcelona, lo han recordado. Pues bien, en cierta ocasión (casi en puertas de su muerte) estábamos discutiendo algo tan doméstico como la distribución de las salas de la sede del sindicato. Cuando tomó la palabra nos recriminó: «Estáis diseñando la casa en función del sindicato que fue, no el que está siendo cada día».  Y nos puso coloraos.  

Quisiera aclarar, no obstante, que mi enfermiza insistencia en la representación parte de una sospecha: con su actual forma no se está en condiciones de enhebrar un proyecto que, desde la alteridad del sindicalismo, sea eficaz para intervenir en los cambios y grandes mutaciones de nuestra época. Más todavía, para (gradualmente) sobrepasar los destrozos que está provocando la reforma laboral.  Por cierto, llamo la atención de un comentario que, hace poco, aparece en el trabajo potente de Miquel Falguera sobre el fracaso de la reforma laboral. Un comentario, que yo comparto, y que se distancia de la versión oficial del sindicalismo español: «Brillante análisis, que desmonta también el argumento central de las direcciones sindicales. Últimamente, por ejemplo, se ha iniciado una campaña en la que se acusa a la reforma de haber destruido todos los puestos de trabajo perdidos con la crisis. Unos dicen que las reformas se hacen par crear puestos de trabajo y otros dicen que son las causantes de su destrucción mientras ambos se autoalimentan. Lo que hay detrás de las reformas laborales es, en todo caso, una cuestión de derechos y garantías. La reforma ha debilitado y empobrecido a los trabajadores y ha precarizado aún más sus condiciones laborales. Pero las crisis económicas, con o sin reformas laborales, condenan a millones de personas al paro, antes con algunos derechos e indemnizaciones, ciertamente, y ahora sin ello». Lo que me parece que es una voz lúcidamente discordante de la literatura sindical oficial.

Querido Isidor, desearía que me aclarases un concepto que deslizas en tu artículo. Versa sobre la relación entre eficacia y democracia. Afirmas lo siguiente: «Porque a la larga (y a veces también a la corta) sólo pueden ser realmente eficaces las decisiones que surgen de una profunda democracia». No digo que no, pero entiendo que estableces un círculo excesivamente virtuoso entre eficacia y democracia que sería conveniente argumentar con mayor diapasón. Por supuesto, sin democracia no existe el círculo virtuoso. Tal vez lo que sería conveniente añadir, me parece a mí, es que no se trata tanto de relación entre lo uno y lo otro sino, más bien, una «tensión» que, por lo general, es complicada entre eficacia y democracia. Es, sobre todo, una complicación –¡bienvenida sea!— que, hoy día, tiene una complejidad que se deriva de algo que ha percibido Maurizio Landini:    «Cuanto más se articula la realidad de los representados más se complica la vida de los representantes. Y de las organizaciones». Sea como fuere, viejo amigo, ¿tienes tiempo para aclarar una miaja más el asunto? 

(1)             http://alametiendo.blogspot.com.es/2007/10/proposito-de-una-practica-de-fiteqa.html

RESPONDE ISIDOR BOIX

Ciertamente, querido amigo, eficacia y democracia son cosas distintas y además no están formalmente ligadas, ni en su concepto ni en su gestión. Pero quería subrayar su dependencia, esencialmente a la larga decía, por aquello de que los cañones del sindicalismo son el grado de cohesión de nuestra política y sobre todo de nuestra práctica (que es bueno además que política y práctica, estrategia y táctica, conecten bien, aunque no siempre sucede, sobre todo en los momentos difíciles) con el colectivo que organizamos y pretendemos representar.

Y un cemento importante, esencial, para tal cohesión es la relación de confianza del colectivo hacia sus dirigentes, una relación que a la larga sólo puede basarse en la práctica de la democracia día a día, en el ejercicio de la representatividad en los contenidos, en la información, explicación, discusión, en la capacidad para "escuchar" más allá de las palabras. Una democracia efectiva que genera confianza y también delegación, que permite incluso en ocasiones tomar decisiones sin esperar ni siquiera a consultar (en la acción sindical sucede a veces como en las guerras).

Por todo ello quería, y quiero, afirmar que una gestión eficaz exige un profundo ejercicio de democracia. Isidor. 

SINDICATO, REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS

Tiene razón Paco Rodríguez de Lecea cuando en su última entrada, aquí mismo, dice que «las conclusiones que extrae Riccardo Terzi del empeñado debate sobre el «Sindicato y política» desarrollado en este blog  tienen la virtud de sugerir nuevos desarrollos». Lo comparto plenamente. Es más, considero que tales «desarrollos» pueden redundar en la creación de más espacios para la iniciativa reformadora del sindicato. Uno de ellos podría referirse al universo (o pluriverso, al decir de Norberto Bobbio) de la representación. En ese sentido podríamos partir de lo que el mismo Terzi sugiere: el sindicalista como «experimentador social». Lo que equivaldría a una representación que continuamente está experimentando nuevas maneras de intervenir en el trabajo que cambia.

Las cosas, en efecto, no son fáciles. Ya lo advierte Maurizio Landini: «En el momento en que la sociedad se hace más compleja, cuando en una misma categoría social se mezclan sujetos diversos, reunirlos para encontrar una solución compatible para todos llega a ser algo muy difícil. Cuanto más se articula la realidad de los representados más se complica la vida de los representantes. Y de las organizaciones» (1). Lo que es evidente también en el centro de trabajo, en el sector y en el territorio. Es una complejidad que, en unos casos, viene por las transformaciones estructurales de los aparatos productivos, en otros, como el resultado de medidas políticas orientadas a la precarización del concreto mercado de trabajo. Amén de la conjunción de ambos elementos. Ahora bien, todo ello que es cierto, que está ahí con su potente fisicidad, podría llevarnos a tener la excusa definitiva ante las dificultades que acertadamente señala Landini. Quien, a continuación, señala que «la crisis provocada por la mala representación es también una crisis de comprensión de la sociedad». Dándole a mala el significado de ineficaz, naturalmente. 

Así las cosas, es pertinente recordar que el sindicalismo es representación del conjunto asalariado. Representación para humanizar el trabajo, mejorar el tenor de vida de la gente, darle sentido y proyección a la acción colectiva. De ahí que la forma-sindicato es, fundamentalmente, la forma de su representación, partiendo de que representar no solo es ser votado sino interpretar a los representados en todas sus diversidades y tipologías (de contrato de trabajo, de género, de edad, de sector…). Es decir, cuando la representación deviene «representatividad».  Que no es otra cosa que la conversación permanente entre el representante y los representados.

He referido en otras ocasiones dos experiencias históricas que jugosamente vienen a cuento con la idea de Terzi del sindicalismo como «experimentador social». Una es doméstica cuando nuestro Joan Peiró supo meter en la cabeza a la CNT el tránsito de los viejos sindicatos de oficio a las federaciones de industria (2). El otro, muchísimo más reciente, es el cambio de representación de las viejas Comisiones Internas (Italia) a los consejos de fábrica a partir de los primeros años setenta del siglo pasado. Ni qué decir tiene que ambas experiencias encontraron algo más que serias resistencias de los que, tal vez, consideraran que la forma sindicato estaba definitivamente dada por los siglos de los siglos.

Lo cierto es que, con muchos titubeos, las federaciones de industria y los consejos de fábrica se impusieron porque la forma sindicato, en ambos casos, había entrado en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas. El mecanismo de freno de la obsolescencia de los viejos instrumentos sindicales no eran los sindicalistas, sino el carácter del organismo que, en tanto que tal, era ya ineficaz. Siguiendo a Landini se había convertido en una mala representación. Bruno Trentin incide en que no era incapacidad de los representantes: «los miembros de las Comisiones Internas eran, en gran medida, los mejores cuadros del sindicato, hombres y mujeres que siempre se orientaron a la defensa de los intereses de los trabajadores, desafiando la represión patronal de los años cincuenta [del siglo pasado]» (Bruno Trento, Il coraggio dell´utopia. Una entrevista de Bruno Ugolini.  Página 203. Rizzoli, 1994).

O lo que es lo mismo: la necesidad, que entiendo yo, de investigar y experimentar en el sindicalismo español nuevas formas de representación debe hacerse con los actuales representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. Y no por una cuestión pragmática (están los que son) sino porque han mostrado y demostrado su quehacer, sus sabidurías y conocimientos, con una vasta experiencia de hechos negociales y de ejercicio del conflicto. Más todavía, ese tránsito a la nueva forma-sindicato se hace, ¡faltaría más!, con el sindicato realmente existente.

¿Por qué la necesidad del tránsito de la vieja representación sindical española –léase, los comités de empresa--  a lo nuevo (el sindicato unitario en tanto que tal en el centro de trabajo)? Por las razones que verá el paciente lector en: “UNA CONVERSACION PARTICULAR. SOBRE EL ACTUAL MODELO DE REPRESENTACION”, http://theparapanda.blogspot.com.es/2007/02/una-conversacion-particular.html

Por último, la necesidad de darle más vueltas a la cabeza en torno a la representación viene, también, a cuento por un elemento que por lo general es ignorado en el sindicato. La mayoría de los trabajadores españoles no están afiliados a ninguna organización sindical. Y, sin embargo, están “representados” según la ley en las negociaciones colectivas y acuerdos interconfederales por los sindicatos. Lo que, convendrán ustedes conmigo, es una anomalía. No planteo que se elimina esa situación. Lo que sostengo es que esa anomalía hay que resolverla mediante la conversación permanente entre la “representación” sindical y el conjunto de los trabajadores no afiliados.    

(1) Maurizio Landini en Forza lavoro (Feltrinelli, 2013), que esá en fase de traducción al castellano a cargo de la pulcra mano del profesor Javier Aristu.  

(2) Joan Peiró. Discurso de Clausura del Congreso de la CNT, Sants (Barcelona) 1 de julio de 1918:    http://www.veuobrera.org/00finest/918dis-p.htm

Radio Parapanda. Nuevo blog: Il Piano del lavoro de la CGIL http://ilpianodellavoro.blog.rassegna.it/

¿DE VERDAD CREEN USTEDES QUE HA FRACASO LA REFORMA LABORAL? Habla un juez «rojo convicto»

Escribe Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Cataluña

No sé a ustedes, pero a mí siempre me ha llamado la atención el discurso formalmente distinto entre el neoliberalismo norteamericano y el europeo. Aunque en ambos lados del océano se predica de hecho lo mismo, el de allí es mucho más directo y sincero, mientras que el europeo es más florentino (con algunas excepciones, como la Thatcher y Esperanza Aguirre) Así, los neocons americanos se oponen a la reforma sanitaria de Obama porque afirman que las personas de bien (“los triunfadores”) no tienen porqué pagar las enfermedades de los fracasados. En cambio, un ministro –o un Conseller- de sanidad europeo no dirá jamás eso: manifestará algo así como “hay que rentabilizar la inversión pública para hacer nuestro modelo más eficiente”. Aquí y acullá ambos neoliberalismos proponen en definitiva que la salud es un negocio y debe tener naturaleza privada. La diferencia es que los yankees te lo dicen en la cara.

Ese discurso diferente obedece probablemente a varias razones. Concurre elementos históricos (los Estados Unidos son una nación muy joven, que se ha estructurado esencialmente sobre el individualismo); pero también sociales: el Estado del Bienestar europeo es -¿o era?- mucho más fuerte y se forjó a partir del pacto social de postguerras, tras el sacrificio bélico de dos generaciones de trabajadores. El egoísmo neoliberal se adecua a la forma de pensar del norteamericano medio, pero es difícilmente aprensible por un ciudadano europeo, orgulloso del modelo welfariano. Por eso, simplemente, los neoliberales europeos tienden a mentir: si expresaran en voz alta el paradigma social por el que abogan su batacazo electoral sería de órdago.

No es mi intención hacer antropología barata, de hecho escribo estas páginas como reflexión propia de los dos años de la reforma laboral del actual Gobierno.

Verán, si leen ustedes la Exposición de Motivos del RDL 3/2012 –así como del resto de normas que le siguieron en la conformación del nuevo modelo de relaciones laborales- podrán comprobar como el discurso que allí se elabora pasa substancialmente por las siguientes trazas conformadoras: a) la creación de empleo; b) el fomento de la contratación indefinida, poniendo fin a la dualidad laboral; y c) el establecimiento de mecanismos de flexibilidad interna que eliminen el fácil acceso al despido colectivo.

Tras los veinticuatro meses transcurridos es obvio que gran parte de esas intenciones han fracasado. Si se salva la nueva regulación de la suspensión de contratos y reducción de jornada –mecanismo ya abordado sustancialmente por la reforma laboral del Gobierno anterior y respecto al cual existe un consenso más o menos generalizado- las cifras ponen en evidencia el crecimiento del paro, el incremento de la contratación temporal y el mantenimiento sustancial de los despidos colectivos como mecanismo de gestión de mano de obra ante situaciones de crisis y/o reestructuraciones.

He oído en varias ocasiones a Manuel Ramón Alarcón contradecir el discurso neoliberal en materia de relaciones laborales con la siguiente afirmación: “para mi lo que ustedes dicen son tonterías; ahora bien, practíquenlo durante dos años y si su modelo no da resultado dejen de dar la tabarra con sus axiomas”. Pues bien, han transcurrido dos años y la evidencia empírica pone claramente de manifiesto la falsedad de los mantras de ese discurso.

Sin embargo, quizás lo pretendido por la reforma no es lo que dice la Exposición de Motivos de las leyes, ni lo que declaran los Ministros y próceres del partido en el Gobierno. En efecto, si las intenciones reales eran abaratar los costos salariales, tanto en materia retributiva como de indemnizaciones por despidos, rebajar el poder del sindicato en la empresa y corregir a la baja las atribuciones de la negociación colectiva, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que la reforma del PP ha sido todo un éxito. Porque esos son, efectivamente, sus resultados.

  

Ciertamente el discurso político al uso se caracteriza por su carácter fugaz: lo que hoy se afirma se desmiente mañana. Y viceversa. Pero las leyes tienen voluntad de permanencia. De ahí que alguno probablemente se estará arrepintiendo de las susodichas Exposiciones de Motivos. De momento –de momento- el contenido del BOE no puede modificarse. Por tanto, a los dos años del cambio normativo puede afirmarse –a tenor de la declaración de intenciones de la ley- que la reforma laboral del 2012 ha sido un rotundo fracaso.

Pero hay más. Olvidémonos ahora de los contenidos y limitemos nuestro análisis a la vertiente estrictamente de técnica jurídica. Si algo caracteriza el RDL 3/2012 y todos los cambios normativos que le han seguido es su manifiesta endeblez técnica. Una auténtica chapuza, vamos. Les obviaré el elenco de los múltiples errores, omisiones y sinsentidos que las sucesivas –e inacabables- reformas de las leyes laborales esenciales han tenido.

Sin embargo, sí quiero hacer una especial mención respecto a la regulación del despido colectivo, tanto en su vertiente sustantiva –artículo 51 ET-, como procesal –artículo 124 LRJS-.

En los últimos años hemos asistido a una auténtica bacanal de regulaciones al respecto, con escasa vigencia efectiva. Baste decir que el artículo 51 ET ha tenido en tres años (desde el RDL 10/2010 hasta el RDL 11/2013) seis redacciones distintas; o que la regulación procesal del despido colectivo (el referido artículo 124 LRJS) se ha visto regulado en tres versiones diferencias en apenas dieciocho meses. El récord lo ostenta, sin embargo, el Reglamento de Despidos Colectivos: cinco redacciones diferenciadas en dos años…Y no estoy hablando de correcciones de errores, sino de nuevas regulaciones. Pueden suponer las evidentes dudas que tanto cambio genera en los jueces y los justiciables.

Y pese a tantos cambios continúan los errores técnicos. Por ejemplo: den ustedes una ojeada al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores: ¿dónde está el derecho del trabajador a la indemnización? Simplemente, en alguno de los múltiples redactados de dicho precepto a alguien se le olvidó y no se ha repuesto. Sigamos con los ejemplos: si leen ustedes el artículo 124.2 LRJS podrán comprobar como en el mismo se afirma: “En ningún caso podrán ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el período de consultas. Tales pretensiones se plantearán a través del procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 del presente artículo”. Sin embargo, el apartado 11 no se refiere a ello. Lo hacía inicialmente en el texto del precepto observado en el RDL 3/2012 (febrero de 2012) Pero ocurre que posteriormente la Ley 3/2012 (julio del mismo año) introdujo nuevos apartados, de tal forma que el que inicialmente era el 11 pasó a ser el 13. Nadie se dio cuenta del gazapo. No hubo corrección de errores. Y ahí sigue. Lo más sorprendente es que dicho artículo 124 LRJS fue modificado por el RDL 11/2013 (agosto de 2013)… y nadie enmendó el manifiesto sinsentido. En otras palabras: nadie en el Ministerio parece haberse dado cuenta del error.

Alguna reflexión cabría hacer al respecto. Les adelanto la mía: ser neoliberal resulta incompatible con una buena técnica jurídica. Y ello por el obvio motivo de que dicha ideología somete el Derecho a la Economía, negándole sustantividad propia más allá de la instrumental. La lógica jurídica se sustituye por la economicista, lo que impide salirse de los credos neoliberales en el desarrollo técnico.  Difícilmente un cristiano que crea en el dogma de la creación podrá ser un buen biólogo. Lo increíble es que, en el terreno jurídico, los creacionistas ocupan las altas instancias de la Academia de Biología…

Tanto cambio normativo en tan poco tiempo, con tantos errores, nos lleva a otra evidente conclusión: el legislador no tiene claro el modelo de despido colectivo –o de relaciones laborales- adecuado a su ideología o sus intereses. Aunque es ésa una afirmación que probablemente deba ser matizada: sí lo tiene claro, lo que ocurre es que su modelo final es difícilmente compatible con el sistema constitucional vigente en el Estado español y la mayor parte de ordenamientos europeos. De ahí que se intenten encajar las piezas del puzzle a martillazos.

Mientras tanto, una importante campaña mediática pone el énfasis de las disfunciones de nuestro sistema jurídico de relaciones laborales en el papel de los jueces. Al parecer somos los magistrados de lo social los culpables de que dicho sistema no funciones. Es ésta una cuestión en la que he escrito en diversas ocasiones en este blog, pero me van a permitir que me repita.

En primer lugar, la reforma del 2012 –como también la del 2010, del Gobierno del PSOE tras la famosa carta de la Troika- parte de la consideración de que las interpretaciones judiciales en materia de despidos económicos eran muy rígidas para los empleadores. He intentando demostrar en esas otras reflexiones previas, con datos extraídos de las bases de sentencias jurídicas –no hay estadísticas oficiales al respecto- que ello no era así. Que aunque quizás podría serlo en la década de los noventa, la intervención hermenéutica del Tribunal Supremo a principios del actual milenio determinaba que dos de cada tres despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción fuera declarado procedente. Matizo: dos de cada tres de los despidos judicializados, en tanto que la mayor parte de las extinciones efectuadas por la vía del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores no eran impugnadas por los afectados.

Sin embargo, si acudimos de nuevo a la Exposición de Motivos de las leyes que conforman las sucesivas reformas laborales hallaremos constantes referencias a esas supuestas rigideces, como justificación del cambio regulador.

Pero la cuestión no finaliza ahí. Tras el RDL 3/2012 hemos asistido a numerosas manifestaciones de toda índole para presionar que la hermenéutica judicial en materia de despidos colectivos sea prácticamente la de la validación de cualquier extinción, con independencia de la causa o las circunstancias concurrentes. Primero fue la Ministra del ramo (verano de 2012), diciendo aquello de que temía más a los jueces que los hombres de negro (alguna reflexión hallarán ustedes en este mismo blog, suscritas por un servidor) Luego, la Comisión Europea (abril de 2013) manifestando su preocupación por la sentencia del ERE de Telemadrid –apenas cinco días después de que se dictara-: también sobre esto localizarán algún exabrupto de un servidor en este blog. Pero la cosa no acaba ahí: a la orgía de descalificación de los jueces se sumó en su día la OCDE (diciembre de 2013) Y pocos días después, cómo no, el propio Fondo Monetario Internacional.  El diagnóstico de todas estas instancias –con un amplio eco mediático- es unánime: de nuevo, la rigidez de los jueces en dicho tipo de extinciones.

Sin embargo, les propongo de nuevo cotejar esas consideraciones con la realidad de los datos. Un servidor –que parece una especie de síndrome de Diógenes virtual- ha elaborado una pequeña base de datos con todas las Sentencias que se han dictado en reclamaciones colectivos por despidos colectivos hasta finales del año pasado (por tanto, en aproximadamente un año y medio) Pues bien, de un total de 183 pronunciamientos se ha declarado la extinción como ajustada a derecho en un 43.5 % de los casos, no ajustada a derecho en un 7,1 % y nula en un 40, 7 % del total.

Pero antes de que se extraigan conclusiones apresuradas (prácticamente la mitad de los despidos colectivos son revocados por los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional) permítanme observar que en los casos en que se ha declarado la nulidad en la mayoría de sentencias la razón estribaba en la insuficiencia de la documentación aportada por el empleador a lo largo del período de consultas o la inadecuación entre el ámbito del despido y el de dicho período de consultas. Pues bien, deberá recordarse que respecto a la mentada documentación el TS ha venido haciendo en sus pronunciamientos más recientes una hermenéutica  finalista, que impide en la práctica interpretaciones rígidas. Y en cuanto al ámbito del período de consultas cabrá observar que el problema residía en la Ley y el Reglamento (la mala técnica legal a la que antes se hacía referencia), de tal forma que tras el RDL 11/2013 es ésa una cuestión específicamente regulada (aunque con errores y generando nuevos problemas prácticos).

Pero hay algo más y más sustancial: esos datos deben ponerse en correlato con el número total de despidos colectivos y no respecto a las demandas interpuestas. En efecto, como he escrito en anteriores ocasiones, la determinación de las supuestas rigideces en la interpretación judicial debe analizarse sobre el total de extinciones reales y no sobre el número de asuntos judiciales. Y ello por una evidente razón: en tanto que en la inmensa mayoría de supuestos quién interpone la demanda son los representantes de los trabajadores,  éstos acuden a la tutela judicial cuando consideran que existen indebidas aplicaciones de la Ley. En otro escenario se daría la paradoja de que si todos los empleadores que acuden al despido colectivo lo hicieran siempre bien menos en un hipotético caso, si esta única sentencia revocara la extinción, el titular mediático erróneo sería que todos los despidos son declarados nulos o no ajustados a derecho por los jueces.

Pues bien, como también he puesto de manifiesto en reflexiones previas, difícilmente podemos acceder al número total de despidos colectivos en España. En efecto, los últimos datos estadísticos que aporta mensualmente el MEYSS no contemplan –a diferencia de otras estadísticas anteriores- el total de despidos colectivos (o de empresas afectadas), sino únicamente el de trabajadores afectados o el número conjunto de medidas de reestructuración –incluyendo suspensiones de contratos y reducciones de jornada-, lo que dificulta poder determinar el porcentaje de cuántas extinciones colectivas no han alcanzado buen puerto en su tramitación judicial. Podemos conocer así cuantos procedimientos de reestructuración tuvieron lugar en el período de referencia (en forma conjunta), así como los datos agregados por provincias, ramas de actividad, sexo, edad, tamaño de empresa de las personas afectadas por despidos colectivos. Sin embargo, no se nos ofrecen datos de algo tan básico como el número efectivo de despidos colectivos. Como tampoco se permite ahora la búsqueda por valores agregados. Misterios de las estadísticas. O no. Quizás se trate, de nuevo, del juego de trileros de esconder la realidad.

Sin embargo (aún siendo consciente del carácter poco científico del método) podemos hacernos una idea aproximativa estableciendo un parámetro comparativo entre el número de trabajadores afectados totales y los incluidos en un despido colectivo. Y utilizando ese método –ciertamente cercano al “cuento de la vieja”- nos daría un total de 7286 despidos colectivos desde marzo de 2012 (fecha aproximada de efectividad del nuevo régimen de despido tras el período de consultas regido ya por el RDL 3/2012) hasta agosto de 2013 –en tanto que las sentencias analizadas alcanzan hasta noviembre de este último año, con un plazo prudencial para la tramitación procesal-.  Ello quiere decir que sólo un 2,5 % del total de despidos colectivos llegó a tener sentencia judicial y que apenas un 1,2 por ciento fueron declarados nulos o no ajustados a derecho. Es decir, la mitad del porcentaje de ERES no autorizados por las Administraciones Públicas en el 2011.

Agradeceré cualquier desmentido de esos datos, pero me temo que ello no será así. Pues bien, díganme: ¿es necesario tanto ruido –Ministra, Comisión Europea, OCDE, FMI y, constantemente, la prensa salmón- por un mísero 1,2 por ciento de los despidos? ¿Es que los empleadores no se equivocan o no se exceden en las atribuciones que la Ley les confiere?

Pese al ataque por voces tan poderosas –sin fundamento, como he intentado demostrar -a los jueces españoles de lo social, ningún organismo nos protege en el ejercicio de nuestra independencia judicial. Unos –el Consejo General del Poder Judicial- nada dicen (lo que es lógico, dado su sometimiento al poder ejecutivo tras las últimas reformas); otros, el Gobierno español se suma a la voz de corifeos del slogan “jueces rojos”. En mi caso no me afecta –profesionalmente soy juez, e ideológicamente, rojo convicto- pero dudo que ello no tenga efectos en otros casos.

Porque quizás sea eso lo que se busque: presionar a los órganos jurisdiccionales sociales para que dejen de ser garantes de los derechos de las partes con especial protección del sujeto más débil, y se conviertan en una especie de oficinas de visado y validación de las decisiones de gestión de recursos humanos de las empresas.

Quizás es lo que de verdad sobra es el control judicial del poder empresarial (¿les suena lo del “contrato único”?).

Pero si ello es así que lo digan claramente. Como sus camaradas norteamericanos.

SINDICALISMO Y POLÍTICA (Conclusiones de un debate a cargo de Riccardo Terzi)

Nota editorial. El texto íntegro del debate se encuentra en el blog hermano En campo abierto: http://encampoabierto.wordpress.com/2014/01/29/sindicato-y-politica-un-debate/

Escribe Riccardo Terzi

Cuando envié mi escrito a José Luis López Bulla nunca pensé que se abriría esta discusión tan dinámica y de tanto alcance. Por ello estoy agradecido a todos los que han querido intervenir con observaciones críticas puntuales y profundas, sobre todo con una extraordinaria pasión intelectual y civil. Ha sido una sorpresa gratísima para mí, porque estoy acostumbrado en Italia a reflexionar en soledad, sin que haya un lugar para una seria discusión  colectiva.

Intentaré aclarar mi pensamiento sobre diversos temas que se han suscitado en la discusión. Con una premisa que me parece importante: entre nosotros hay un común transfondo político y cultural, una convergencia muy fuerte sobre las premisas fundamentales, por lo que las diferencias –que, sin embargo, existen--  no son más que posibles articulaciones en el interior de un discurso que tiene su fuerza unitaria, que está  bien enraizado en el gran surco  histórico del movimiento obrero, en sus conquistas y sus derrotas. Procederé por puntos, no siendo necesario reemprender el hilo general  del discurso que ha sido exactamente interpretado en todas las intervenciones.  

1.                Organización y burocracia

La crítica de la burocratización no es, no debe ser, el rechazo a la organización, porque cualquier movimiento social tiene la necesidad, para poder incidir en las relaciones de fuerza, de  superar la fase de fluidez y espontaneidad, capaz de intervenir inlcuso en momentos de difidultad y reflujo. Comparto totalmente lo que se ha dicho sobre ese particular. Pero existen  muchos modelos de organización posibles, y en cada momento se trata de decidir qué forma organizativa es la que  se corresponde mejor con la exigencia del momento.   

En una fase de aguda crisis social y profundas transformaciones del trabajo, como es la actual, el acento se pone no en la estabilidad, en la continuidad, sino en la capacidad de innovación y experimentación. La burocratización puede ser, entonces, entendida como la incapacidad de la estructura para responder a las nuevas demandas, como la fuerza de la inercia que tiene paralizada la organización en una práctica, en un estilo, en un ritual que ya ha perdido definitivamente su eficacia.   Por eso es tan importante la diferencia que establece José Luis López Bulla entre sindicato de los trabajadores o sindicato para los trabajadores, porque corresponden a diveresas y opuestas lógicas organizativas: democracia abierta, alargada, participativa o su opuesto, la primacía exclusiva de los grupos dirigentes. Yo he hablado de la necesidad de colocar el baricentro abajo. Quizás esté mejor dicho que no debe haber ningún baricentro sino una circularidad siempre abierta entre lo de arriba y lo de abajo en ambas direcciones.  

El papel de la dirección es, naturalmente, esencial. Pero no se concreta como una función separada, está dentro de un continuo proceso de verificación democrática, abierta a todos los afiliados la posibilidad de crítica y propuesta, con un intercambio permanente de ideas y experiencias.   Ahora bien, creo que la actual crisis exige, para ser afrontada con algunas posibilidad de éxito, más democracia y participación, ya que a todos nos incumbe el riesgo de una ruptura de la relación de confianza entre los trabajadores y la organización; y, entonces, son los recursos de  un proceso democrático real sobre los que se debe apuntar con decisión para conjurar su posible declive. La organización, en suma, no es más que el medio, el instrumento que debe ser coherente con las necesidades estratégicas de una determinada fase histórica. De ahí que debamos saber neutralizar siempre los impulsos de la autoconservación que puedan bloquear la organización en una permanente reproducción de su ritual, especialmente cuando toda la situación externa reclama un cambio de marcha. Esto me parece que hoy es el riesgo que planea sobre el movimiento sindical.

2.                La ideología

¿En qué sentido he hablado de la necesidad, para el sindicato, de basar su acción con una sólida base ideológica? Entiendo perfectamente toda la ambigüedad de esta palabra, su posible significado de «falsa consciencia», como desviación idealista del pensamiento hacia una representación abstracta que impide la lectura de los procesos históricos reales. Así pues, no me sorprenden las reservas de Isidor Boix y José Luis. Yo hablo de “ideología” en un sentido más amplio y abierto: me refiero a la necesidad de disponer de una interpretación de la realidad; en ese sentido la ideología es el conjunto de las categorías, teóricas y filosóficas, con las que nos relacionamos con el mundo, es el lugar por donde buscamos abrirnos a la comprensión de la realidad. Si se prefiere, podemos llamarla teoría, pensamiento crítico, consciencia histórica.

En mi valoración de la ideología hay una intención polémica concreta contra la tendencia, hoy tan extendida, de proclamar el fin de las ideologías y la llegada de una sociedad finalmente liberada de la fatiga de pensar, toda ella orientada al cálculo  pragmático de las conveniencias dentro de un universo social y cultural que nos viene dado para siempre. 

El mundo post ideológico que se anuncia y proclama no es otro que la definitiva adaptación a la realidad tal como es; por ello, todo intento de proyectar una realidad diferente es rechazado desde la raiz como una intromisión de la ideología, como un reafloraramiento de los espectros ideológicos que han devastado toda la historia del Novecento.  Así, la cruzada anti ideológica acaba siendo substancialmente una cruzada contra la libertad de pensamiento y de investigación, que debería estar constreñida en el estrecho perímetro de la actual estructura social y de sus ejes de poder. Como puede verse, estamos en presencia de la más violenta y feroz ideología: la que pretende imponer la total identificación de la realidad y del pensamiento. Si nos mantenemos dentro de ese horizonte sólo tendremos a nuestra disposición los instrumentos de la enmienda, de la intervención en el detalle, cerrándose todo proyecto de largo alcance.  Ahora bien, un sindicato «de la enmienda» no veo a quien le pueda interesar ni qué energías pueda suscitar.   Este es el sentido del  reclamo a la «base ideológica»; lo que, en síntesis, quiere decir que el sindicato tiene un rol, sólo si dispone de una capacidad autónoma de análisis critico de la sociedad y de elaboración de un proyecto de cambio.   

A mi juicio, no basta el reclamo a la praxis, porque ésta, a su vez, debe estar orientada por una teoría. En Gramsci, a quien se refieren muchas intervenciones, hay una «filosofía de la praxis», una interpretación de la historia en la que todo se reconduce al libre juego de las fuerzas en presencia, al conflicto político y social sin ningún residuo metafísico y transcendente, en la perspectiva de un historicismo integral. Pero es, de hecho, una teoría, una interpretación, una mirada ideológica sobre nuestra condición humana y de todo aquello que está en nuestras posibilidades de acción y construcción política.  En toda nuestra tradición, la acción y el pensamiento están estrechamente relacionados, son las dos dimensiones que dan un sentido y una identidad a nuestra existencia. Como decía  Engels, el movimiento obrero es heredero de la filosofía clásica alemana: no sólo es acción, mobilización de los intereses inmeidatos, también es pensamiento que se encarna  en la concreción de la lucha política y social.

Pero, ¿de dónde viene esta capacidad de mirar el mundo más allá de la inmediatez de los intereses? Aquí se encuentra la diferencia entre, de un lado, las tesis de Kaustky y Lenin (la consciencia viene del exterior) y, de otro, la tesis opuesta que plante auna progresiva maduración política e intelectual a partir de las experiencias concretas del movimiento que tiene en sí mismo los recursos necesarios y suficientes para superar el estadio corporativo. Yo estoy, decididamente, por esta segunda alternativa, y creo que una de las razones del fracaso histórico de la experiencia comunista está en este intento de dirigir desde el exterior, afirmando la «primacía de la política» con todas las inevitables degeneraciones autoritarias que se desprenden de dicho principio. Me remito, una vez más,  a Bruno Trentin, a su reconstrucción y valoración de las corrientes libertarias y antiautoritarias que se han opuesto a la ortodoxia leninista. Herejías que fueron derrotadas, pero la herejía es el germen de un posible nuevo camino.

La autonomía --o independencia--  del sindicato tiene aquí su propio fundamento, rechazando la separación entre teoría y praxis, una teoría que se confía al partido político, a la que debe adecuarse el sindicato sin disponer de un pensamiento autónomo propio. En definitiva, el sindicato no puede ser el brazo operativo que viene guidado desde el exterior, sino la fuerza organizada donde un movimiento real toma consciencia de sí mismo y elabora paso a paso con plena autonomía los contenidos de su identidad.

3.                El sindicato como parte y el interés general

Está fuera de discusión que el sindicato expresa una opinión de parte. Pero hay una gran cantidad de posibles modos de ser de parte. Hay un modo corporativo, o minoritario, que se recluye en su pequeño espacio y deja que sea la política quien se ocupe de las cuestiones generales. Y existe un sindicato que tiene la ambición de hacer de su parcialidad un punto de vista de toda la estructura social, una mirada abierta al mundo, en tanto que el conflicto que interpreta es el nudo estratégico que apuesta por un diverso modelo de sociedad. En suma, hay una parcialidad de renunciación, residual, y existe una parcialidad expansiva que, a partir de sí misma, busca leer y someter a crítica toda la realidad social. No hay ningún criterio absoluto capaz de definir el «bien común», pero existe un espacio democrático abierto donde se puede confrontar y encarar diversos proyectos. El problema es si el sindicato quiere estar con su autonomía dentro de ese espacio y jugar su partido o si entiende que en ese espacio tengan derecho de ciudadanía sólo las fuerzas políticas a quienes se delega esta materia.  

Mi tesis es que los sujetos sociales deben ser protagonistas, a pleno título, del debate político sin delegar a nadie esta función democrática y de ahí desciende todo el problema de las relaciones entre sindicato y partido político. 

4.                La relación con la política

Autonomía e independencia expresan, en substancia, la misma cosa, de manera que no tiene mucho sentido encabezonarnos en una disputa terminológica. La verdadera diferencia está, más bien, en el modo con que se conciben los dos campos de lo social y lo político:  si hay una línea divisoria, con relativas esferas de influencia, o si hay un campo único, el de nuestra vida colectiva común, y lo social no es un segmento particular de todo sino un modo distinto de mirar el todo, es un diverso angulo visual a partir del que se interpreta toda la vida social. De aquí se desprenden dos interpretaciones opuestas de la autonomía: el espacio de lo social como espacio separado o lo social que directamente se confronta y choca con la política.  Podemos decir: «sindicato corporativo» o «sindicato general». Por eso nunca he estado de acuerdo con la fórmula: “cada cual a su oficio”, porque reproduce el antiguo y conservador principio de que cada cual debe situarse en su lugar, y que la decisión política no es cosa de todos sino de una esfera reservada a quien dispone de las competencias necesarias.  En esta lógica conservadora, según la cual la sociedad está conformada por distintos cuerpos funcionales, orientados según un esquema jerárquico, hay sólamente un espacio para formas corporativas de representación de los intereses y, en otro aspecto, está el gobierno tecnocrático de los expertos. Es, precisamente, lo que se está afirmando en nuestra muy civil y decadente Europa.

¿Entre estos dos niveles –el social y el político— hay una fosa definitivamente infranqueable? He hablado de la «alteridad», y con ello estoy seguramente dando la impresión de cabalgar sobre los humores de la antipolítica. Precisamente por ello me corresponde, sobre este punto, una aclaración. En línea de principio, la relación entre sindicato y política siempre está abierta a posibles convergencias.  No sólamente en el escenario del conflicto, sino también en el de un posible compartir algunos objetivos generales. Cierto, referidos diversamente, en clave social o política, pero capaces de ofrecer un terreno común. No tengo ninguna objeción teórica a este planteamiento.  Tengo solamente una objeción práctica, advirtiendo que se refiere esencialmente a la situación italiana, porque aquí –en nuestra realidad--  la brecha del discurso social y del discurso político cada vez es más violenta, y la idea de una normal y convergente división de las tareas aparece totalmente fuera de la realidad.  Temo que no es solo una tendencia italiana sino general; sin embargo, no excluyo que se puedan dar situaciones totalmente diversas en otros países o en otros continentes.  El testimonio de Carlos Mejía es muy importante porque nos hace salir de una posición eurocéntrica. No pretendo, pues, fijar un principio general.  Si he forzado las cosas es sólo en consideración con la realidad italiana donde toda la historia de la izquierda política se ha discuelto: estamos entrando en  un nuevo universo ideológico y simbólico donde todo se juega en torno a la fascinación del líder, de su decisionismo, en la irrelevancia de los contenidos programáticos.

La irrupción de Matteo Renzi, nuevo líder del Patido Democrático, legitimado por un amplísimo consenso popular, tiene este significado: el fin de un política que interpreta el conflicto social y la llegado de una política nueva  que sólo conocde las razones de la gobernabilidad, del ejercicio del poder (1).  Por eso hablo de alteridad, porque el sindicato o consigue su autonomía radical o acaba siendo fagocitado dentro de los mecanismos del poder.

El problema permanece: ¿es posible romper esta tendencia de la política, es posible reconstruir un hilo de conexión entre lo social y lo político? Es un tema crucial al que, en la situación italiana, hoy por hoy no estoy en condiciones de responder.  Sin embargo, es evidente que el conflicto con la política no es un destino metafísico sino un mensaje necesario para intentar reabrir un espacio democrático donde tengan plena ciudadanía las razones del mundo del trabajo. Así pues, permanece abierto el problema del destino de la izquierda, su posibilidad de renovarse y volver a encontrar sus raices; hoy debo dejar en suspenso este interrogante. Por otra parte, no tengo suficientes elementos de conocimiento para juzgar la situación de otros países. Pero creo, por lo que puedo entender, que con formas diversas y distintos niveles de conflicto está presente en toda Europa la necesidad de un desafío social a la política, y esto será un aspecto importante en las próximas elecciones europeos donde se juega el conflicto entre democracia social y tecnocracia. 

5.                Eficacia y democracia

He insistido en el tema de la eficiencia porque es la única medida posible de la acción sindical, como también de la misma acción política, porque aquí no se trata ni de la verdad ni de la ética sino sólamente del resultado, de lo que se corresponde con las relaciones de fuerza.  Cuando se dice estrategia, se habla substancialmente de acumulación de fuerzas sobre diversos terrenos; y cuando hay fuerza, se puede incluso sobre diversos terrenos, siguiendo a Sun Tsu, «vencer sin combatir».  El concepto de eficacia, que me parece crucual, debe ser visto en una dimensión ampliada, donde no se trata solo de resultados económicos inmediatos sino del despliegue de fuerzas más general. Puede darse una batalla que no se concrete en resultados visibles, pero amplía el consenso. Puede darse una batalla cultural que oriente las relaciones sobre el terreno de la hegemonía. Comparto las observaciones que se han hecho sobre este particular.

Queda un punto complicado y controvertido: ¿qué relación existe entre eficacia y democracia? Pienso que entre estos dos planos hay una relación, pero no es en absoluto una relación simple y lineal. Hay dos fundamentalismos opuestos, ambos engañosos. De un lado, está el mito decisionista, por el que hay que forzar el curso de las cosas y sólo se puede hacer renunciando a la lentitud y tortuosidad de la democracia. Lo que cuenta es la decisión, la iniciativa, el coraje  de un líder que trastorna todos los juegos de una política encerrada en sí misma y que intenta imponer su propia visión. Por otra parte, está la idea de que la democracia es la solución de todos los problemas; que se trata de hacer saltar todas las barreras que impidan el libre ejercicio de una democracia participativa. La experiencia sindical demuesta que las cosas son bastante más complicadas.  El proceso de decisión es la construcción fatigosa, y siempre revocable, de una síntesis a diversos niveles de complejidad donde entran en juego intereses, diversos puntos de vista, diversas subjetividades políticas.  Ni el decisionismo ni el democraticismo resuelven el problema; es necesario un cruce dentro de las contradicciones y de los conflictos de la realidad social para situar conjunta y fatigosamente lo que está dividido, para concretar las posibles etapas de una síntesis, de una unificación de los objetivos.  Este es un proceso siempre abierto y siempre provisional. En esta tarea, la democracia no es la solución sino un instrumento, un momento importante de verificación, una ocasión para integrar a todas las personas interesadas y hacerlas crecer, para mediar no sólo lo inmediato sino las grandes opciones de perspectiva. Es en el proceso democrático donde toma forma la posible eficacia de una acción colectiva; ésta no puede depender sólo de un impulso externo o del mando de un grupo dirigente. La democracia, pues, no es de por sí una garantía de eficacia, pero es una condición necesaria, porque una decisión participativa, verificada, contrala desde abajo tiene más posibilidades de estar en la dirección justa, y sobre todo de suscitar la movilización de las energías que son necesarias para conseguir resultados. 

6.                La experimentación social

Me parece que se aprecia la idea de que el sindicalista debe ser un «experimentador social». Ahora se trata de definir mejor el perfil, las competencias, el papel de un sindicalista de nuevo tipo, que sepa actuar dentro de la materialidad de los conflictos en la empresa y en el territorio. Con una relación viva con las personas que intenta representar. Para dar un sentido a la idea de un sindicato de trabajadores, y no sólo para los trabajadores. En esta nueva dimensión del quehacer social reaparecen todos los temas que hemos comentado: las relaciones con la política, la independencia, la democracia como conflicto, el proyecto. Ahora bien, se trata de situar todas estas premisas teóricas en lo más vivo de la crisis actual para entender cómo el sindicato pueda ser no el testimonio impotente de una crisis global sino una fuerza que actúa concretamente dentro del contexto actual. Esto es posible sólamente si el sindicato se da un horizonte internacional, porque es sobre esta escala donde se decide la suerte del mundo. Necesitaríamos preguntarnos con qué declinaciones y con qué significado puede adquirir vigencia la vieja fórmula «proletarios de todos los países, uníos», es decir, si es una fórmula abstracta, una utopía o si puede ser un nuevo programa de acción. 

Acabo aquí, porque me he alejado demasiado de nuestro debate esperando haber aclarado los puntos más controvertidos. En todo caso os agradezco afectuosamente todass vuestras observaciones críticas y vuestras aportaciones que me han ayudado a ver con más claridad los problemas que tenemos delante y con los que el sindicato se juega su próximo destino.

Traducción JLLB

(1) Cuando Riccardo Terzi escribió estas conclusiones todavía no había dimitido Enrico Letta. Nota del traductor)