Contra El País, a propósito de Pedro Sánchez

Primer tranquillo

Quienes habían profetizado que la reunión del Comité federal del PSOE acabaría como el rosario de la Aurora con el apuñalamiento visigótico de Pedro Sánchez deberían ser más cautos en sus próximas predicciones. Lo que ha sucedido es justamente lo contrario: Sánchez, estando como están las cosas, no sólo ha ganado, de momento, la batalla sino que ha salido fortalecido. Incluso el estilo antipático de la editorial de El País de hoy lo reconoce indirectamente. Y contrariamente podemos afirmar que los adversarios de cabecera del secretario general salieron de la reunión visiblemente mohínos.  Es cierto que las conclusiones de este encuentro no despejan necesariamente las incógnitas para la formación de gobierno, pero en todo caso abren algunas hipótesis, al menos para explorar sus posibilidades. Y, especialmente, ofrecen una constatación: que el joven Sánchez no se arredra ante los movimientos del Gotha del partido.  Al tiempo que recuerdan a Felipe González la vigencia del antañón adagio: oiga, «cada maestrillo tiene su librillo».

Ya veremos en qué queda todo este asunto. Ahora bien, nos interesa valorar la novedad que ha aparecido en las conclusiones que Sánchez ha planteado: la militancia socialista dirá la suya sobre el contenido de los pactos (si los hay) y sus protagonistas. Que todavía el resultado de esa voz colectiva no sea vinculante –la decisión definitiva está en el comité federal--  no impugna la novedad de la propuesta de Sánchez. Pero el máximo organismo entre congresos se las verá y deseará para contaminar esa expresión de la militancia. Es, pues, insólito que el viejo partido haya abierto esa vía y creado ese precedente que anima a la militancia a desperezarse, a salir de «la servidumbre voluntaria» de la que nos habló el joven La Boétie.

Naturalmente, esta decisión es la que recorre lo ancho y largo de la crítica de El País. Que es tachada de aventurerismo y comparada con los hábitos de la CUP, sabiendo el editorialista hasta qué punto produce urticaria en los estómagos de la política instalada el estilo cupero.

En resumidas cuentas, poco importa si la propuesta de Sánchez es una jugarreta para descolocar a sus íntimos adversarios: si logra conseguir pactos (y con quienes) es un mandato inequívoco del pueblo socialista y, en la parte que le corresponde, Sánchez si consigue sus objetivos aparece fortalecido. En caso contrario –vale decir, si no logra lo que se propone--  él mismo se siente autorizado a interpretar por qué.   

Segundo tranquillo

Los grupos dirigentes han practicado el centralismo vertical, que algunos llamaron otrora «centralismo democrático», en clave de monopolio de qué debía hacer la militancia en cualquier contingencia. El nuevo signo de los tiempos ha puesto en entredicho esta dogmática, que ya ha empezado a hacer aguas. Ahora empieza a emerger un notable fastidio ante el centralismo vertical que reduce a los gobernados a mera prótesis de las diversas Torres del Homenaje. De ahí la siempre escasa literatura que sostenga y fomente los derechos individuales de cada afiliado. Lo que comporta que se ponga el acento en los aspectos ´represivos´ cuando el inscrito se aparta de la ortodoxia que crea el grupo dirigente y esté en precario el derecho de cada cual.

Entiendo que debe alargarse el diapasón de los derechos del militante, en tanto que tal. De ahí que, en base a este planteamiento, me hago venir interesadamente lo que sigue: ¿no ha llegado el momento que, ante todo convenio colectivo, se defina estatutariamente que es la afiliación la que debe pronunciarse sobre el particular? Máxime cuando algunas organizaciones sindicales europeas –por ejemplo, los metalúrgicos italianos de la FIOM--CGIL--  tienen reglado que los afectados por su convenio deben tomar la palabra. Vale.

La externalización y sus límites

Nota.--  Este trabajo de Miquel A. Falguera i Baró, Magistrado del Tribunal Supeprior de Justicia de Cataluña, es el colofón de su libro “La externalización y sus límites, publicado por la editorial amiga Bomarzo. Agradecemos la gentileza del señor Magistrado que nos lo ha enviado y al editor Luis Collado, padre noble de la izquierda castellano-manchega, que con mucho gusto ha accedido a la publicación en este blog.  

Miquel A. Falguera i Baró, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Se antoja evidente que el legislador no puede hacer ya oídos sordos ante la realidad de la externalización. Por tanto: a él le corresponde empezar a hacer de “cartógrafo” y diseñar los lindes en que se puede acceder a la misma, así como el marco normativo regulador. Hasta la fecha nos ha dejado esa función a los jueces y tribunales, pero en base a normativas insuficientes y antiguas, lo que ha comportado todas las dudas aplicativas que se han esbozado en las páginas anteriores.

En esa tesitura me parece claro que cualquier propuesta legislativa en la materia debería pivotar sobre dos aspectos esenciales: por un lado la clarificación del marco normativo; por otro, la ampliación de las garantías de los trabajadores. El primero de dichos postulados parece tener una necesidad objetiva, como se desprende del contenido de estas reflexiones. Creo que en eso coincidiremos tirios y troyanos. Sin embargo, soy consciente de que el segundo aspecto garantista indicado puede ser discutible desde distintas vertientes. Intentaré justificarlo. Sin duda que el derecho de libre empresa determina que el empleador pueda organizar su realidad societaria y productiva como prefiera. Pero ése derecho constitucional –como ocurre con el resto de tutelas constitucionales- no es ilimitado, sino que debe ponderarse armónicamente con el resto de garantías recogidas en nuestra Carta Magna. En los últimos tiempos parece que el artículo 38 CE se ha elevado a equiparado a los derechos fundamentales o, incluso, suprafundamental, en tanto que el mismo se presenta por algunos como inmune a la colisión con otros derechos y valores constitucionales. Hasta ahora –como ha ocurrido en el sector de la construcción- el legislador ha acudido excepcionalmente a limitar el marco de aplicación del artículo 38 CE por razones de salud laboral y prevención de riesgos (art. 43 en relación al art. 15 CE). Sin embargo, las actuales circunstancias de precarización de las condiciones contractuales conllevan que –si se quiere cumplir con el mandato constitucional- deba empezarse a pensar en la colisión del derecho a la libre empresa con el derecho al trabajo y a la remuneración suficiente (art. 35 CE) La reciente huelga de técnicos de instalaciones de Movistar pone muestra que el emperador está desnudo: esa mercantil obtiene cuantiosas ganancias (el beneficio neto de Telefónica fue en el 2013 superior a los 4.500 millones de euros) y, sin embargo, las personas que trabajan para sus contratistas realizando funciones con una cierta cualificación perciben salarios de miseria (de 500 a 800 euros mensuales). Y ya no vale acudir a la falacia de la política de empleo: la experiencia de veinte años de reformas laborales y la visión comparada de otros modelos de relaciones laborales pone en evidencia que el dogma neoliberal sobre la necesidad de reducir costos salariales como mecanismo de creación de empleo es falsa. Se trata, meramente, de ideología (o, ni tan siquiera de eso: de simple redistribución negativa de rentas y de reversión del pacto welfariano). Y, además, de una ideología que no se adecua al mandato constitucional. Por tanto, parece llegada la hora ya de compaginar el contenido del artículo 38 CE con el del 35 CE. No deja de llamar la atención que cuando tanto se habla de dualización del mercado de trabajo se obvie que (entre otros elementos, en especial, la temporalidad) esa realidad surge esencialmente de la disgregación de condiciones laborales dentro de la misma empresa. Insólitamente la disgregación del colectivo asalariado se atribuye a las garantías de las personas con mayores tutelas.

Ya no se trata de cambios puntuales en el Estatuto de los Trabajadores. Abogo, por el contrario, por una ley integral reguladora de la descentralización y la organización de la empresa. Una ley que abarque tanto el fenómeno aquí tratado como otros conexos, es especial, el marco legal de los efectos de los grupos de empresa en el ámbito laboral. Es ésa la forma lógica de abrir un debate social respecto al marco jurídico regulador de la externalización. [ … ]

Continúa en http://theparapanda.blogspot.com.es/2016/01/la-externalizacion-y-sus-limitaciones.html

Ese «gobierno del cambio»

Tengo la impresión de que Pablo Iglesias el Joven no está separando el grano del qué de la paja del cómo. Y ello le está acarreando no pocos inconvenientes. Su incisiva propuesta de formar gobierno con el PSOE –el «gobierno del cambio»--  es una buena muestra de la confusión entre el qué y el cómo. Extraña confusión, además, porque a lo largo de las negociaciones para conformar los gobiernos autonómicos y locales hicieron una impecable orfebrería entre lo uno y lo otro. El qué: esto es, la cuestión prioritaria del programa; el cómo: el gobierno en coalición.

Políticamente no es conveniente que el interpelado se entere por terceros de la propuesta que se le hace. Estéticamente no parece elegante que se hagan así las cosas. Lo que ha provocado que los de Pedro Sánchez hayan reaccionado afirmando exageradamente que Pablo les hace chantaje. Francamente, no vemos dónde está el chantaje, pero real o fingidamente así dicen haberse sentido los socialistas. En todo caso se trata, a criterio mío, de una respuesta sin fundamento, pero en política el mundo de las apariencias acaba convirtiéndolas, en determinadas ocasiones, en realidades. Máxime cuando los de Pedro tienen un flanco al descubierto: es el pregonero echao p´adelante que no  necesita que le den tres cuartos para tocar la trompetilla.

Pablo no ha estado acertado. Ha puesto primero la formación del gobierno al PSOE sin haber tenido la necesaria deferencia de haber hablado reservadamente con Pedro Sánchez. No estamos ante un problema de cortesía sino de eficacia política. De manera que las consecuencias, por lo menos hasta la presente, siguen como antes: en un infantil juego de pizpirigañas.

La reacción de los viejos galápagos, que esperan las espaldas de Pedro Sánchez, aprietan las filas a la espera de la decisión, definitiva o no, del joven secretario. De unos viejos galápagos que se sienten protegidos por la mayoría de sus colegas de la socialdemocracia europea, cuyo lema es «esperar y barajar». En esas condiciones la jugada de Pablo no tiene eficacia; mejor dicho, es contraproducente.

¿Lo sabía en primer dirigente de Podemos? ¿Ha pesado más el Aleph de todas las incontinencias, que encierra Pablo, que la búsqueda paciente de una propuesta que pudiera ser asumida por Pedro y empequeñeciera el índice de resistencia del que hablara  Léandre Pourcelot  tan numantinamente expresado por esos galápagos que nunca mueren? No lo sabemos, pero podemos intuir sus consecuencias. ¿O, tal vez, Podemos no quiere formar parte del gobierno y disfraza las formas de su propuesta para no infundir sospechas? Tampoco lo sabemos.

En todo caso, lo que tiene que entender Pablo, más pronto que tarde, es que no se puede estar zarandeando constantemente a un partido que encierra todo el Aleph de las desestabilizaciones internas desde hace ya demasiado tiempo. En resumidas cuentas, a Pablo le recomendamos la lectura del verso lorquiano: «la luz del entendimiento me hace ser muy comedido».

Radio Parapanda.--  El maestro Isidor Boix en El sindicalismo en la lucha por la dignidad del trabajo en un mundo globalizado. Ideas y experiencias

Podemos, el PSOE y Jorge Luis Borges o las sorpresas de ayer

Ayer fue un día de sorpresas. Fui a Barcelona y la ciudad seguía en el mismo lugar de siempre. Ni siquiera el menor desplazamiento sideral de una ciudad que, como el Aleph de Borges, encierra y archiva todos los lugares del mundo.  Fui a comer con Gaetano Sateriale y con Quim González, dos sindicalistas que –al igual que el Aleph--  tienen en su cabeza los saberes de los sindicatos del mundo entero.

Mientras aguardo en la calle Llibreters el momento de la cita me entero de que Pablo Iglesias el Joven ha puesto en circulación su oferta a Pedro Sánchez, con aproximada humildad franciscana, de un gobierno tripartito de izquierdas con él mismo (Pablo) de vicepresidente, esperando tal vez ser el Aleph de todos los vicepresidentes que en el mundo han sido.

Vuelvo a casa y, última sorpresa, Mariano Rajoy declina presentarse a la investidura. Mariano que, así las cosas, se convierte en el Aleph de todas las soledades pasadas, presentes y tal vez las venideras, ha introducido una cesura con las más antañonas tradiciones de su partido que se resumen en poner los cojones encima de la mesa.

Ahora bien, sin duda la sorpresa del día (sin despreciar las otras que son de orden menor) es el desafío que don Pablo a don Pedro, que tienen la enjundia del encuentro «a cara de perro» que se cita en los Hechos de los Apóstoles en Jerusalén entre los dos apóstoles que patrocinan a Sánchez e Iglesias, nunca referido por Jorge Luis Borges.

El gesto de Pablo viene a decir: si quieres gobierno de izquierdas, a la portuguesa, aquí estoy yo para lo que encarte, siempre que yo sea borgianamente el vicepresidente. Naturalmente, los viejos galápagos del PSOE han reaccionado a través del twitter, el Aleph  que almacena todas las banalidades y venalidades presentes: «vade retro». Por no decir que algunos nos  han dicho que «voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir».

Digamos en honor a la verdad que la reacción de Pedro ante la embestida pastueña de Pablo ha sido elegante. Tan elegante que parece haber sido pactada: la propuesta y la respuesta entre ambos, al menos eso me dice escribas cercanos a ambos. Y es que en el PSOE se ventila algo más que formar o no formar gobierno, si Sánchez será un líder con fecha programada de caducidad o el Aleph que contiene todas las reglas, pasadas y presentes, de la entropía.

… Y como decíamos para otra ocasión: en el mostrador de la pescadería hay banastas de japutas, que también pueden ser llamadas palometas, aunque en Santa Fe mi tía Angela Bulla (monja de las Hermanas de María) llamaba el pescaíto del nombre feo. Y yo aviesamente le decía: «Que se llama japuta, ja-pu-ta», y salía corriendo por si las moscas. 

La movilización a ras de tierra

Estaba cantado que el acto de ayer en Madrid desbordara ampliamente el aforo del salón de actos Marcelino Camacho de Madrid en comprometida defensa del derecho de huelga y de solidaridad con los 8 de Airbus, según las pautas que explicita el manifiesto LA HUELGA NO ES UN DELITO. Como no podía ser de otra manera, dicho acto estaba apoyado por los diversos sindicatos europeos y la propia CES.

 

Este acontecimiento es una primera respuesta a dos elementos que se entrecruzan: el intento de demolición de una serie de derechos, poderes y controles del sindicalismo confederal y de la criminalización del ejercicio de los mismos. Sabemos el objetivo de esta operación: reducir al sindicato  a una especie de sujeto técnico que acompañe acríticamente los gigantescos cambios que se están dando desde el ecocentro de trabajo y en toda la economía. Que liquide la capacidad de alternativa y de proyecto del movimiento organizado de los trabajadores, volviendo al tiempo de la «servidumbre voluntaria, a la subalternidad forzada.   

 

El acto de Madrid era, pues, pertinente y necesario. Pertinente por la gravedad del inminente juicio contra los 8 de Airbus y centenares de sindicalistas acusados y condenados por ejercer el derecho de huelga; necesario porque está recordando a los partidos políticos que la cuestión social no debe ser una quisicosa en estos momentos de configuración de la nueva legislatura parlamentaria. Porque cuando se acosa el derecho de huelga hasta esos extremos se está provocando una democracia mellada. Con todo, el acto de Madrid merece unas reflexiones de acompañamiento.

 

El sindicalismo no debe contentarse con el acto celebrado en Madrid. Lo digo porque he tenido siempre la impresión de que los grandes acontecimientos  que se celebran en Madrid tienen a “representar” –y en buena medida lo son—al conjunto de las organizaciones confederadas. Pero dicho acontecimiento, por importante que sea, no contabiliza el estado de ánimo  de estas organizaciones confederadas. Por lo que la participación de los trabajadores del resto del país no tiene su necesaria visibilidad ni el conjunto de la organización sindical es plenamente protagonista. De ahí la mayor descentralización de cualquier tipo de acciones.

 

Quiero decir concretamente lo siguiente: la acción colectiva por la reconquista de los derechos, poderes y controles que han sido laminados –y ahora la solidaridad con los 8 de Airbus— debería extenderse a todos los lugares de España. O, lo que es lo mismo: que en cada ámbito territorial se haga algo similar al importante acto madrileño.

 

Sería una presión popular solidaria y, a la vez, podría ser entendida como una exigencia al nuevo cuadro político de derogación de la legislación que ha provocado la erosión de esos derechos, poderes y controles sindicales y sociales, reforzando la propuesta de las diversas fuerzas políticas que prometieron durante la campaña electoral el envío de la reforma laboral (y otras) a la papelera.    

Nuevo cuadro político y recuperación del sindicalismo

Homenaje a Eleuterio Quintanilla

Me digo por lo bajinis que el sindicalismo confederal tendría que afinar el punto de mira con relación a las novedades que han aparecido en la escena. Seguro que los grupos dirigentes lo tienen en la cabeza. En mi opinión son dos: a) la tímida recuperación económica (gracias esencialmente a la bajada del precio del petróleo y la evolución del euro) que no acaba de llegar a los bolsillos de la gente corriente y moliente; b) el nuevo cuadro político de nuestro país que, más allá de la configuración de un nuevo gobierno, permite una mayor versatilidad de las relaciones del sindicalismo con las fuerzas políticas.

En el fondo se trataría de esbozar un proyecto factible (un banderín de enganche en toda la regla) en torno a dos grandes e imprescindibles cuestiones: de un lado,  la mejora de los poderes adquisitivos –salarios, sueldos y pensiones--  que, en los últimos años, han sufrido una enorme erosión en todos los sectores; de otro lado, el diseño de una agenda de reformas tanto en los aspectos del derecho laboral como en lo atinente al Estado de bienestar. En suma, es conveniente pasar de la actual trinchera a la movilidad del campo abierto. Si todo está en efervescencia política, ello debería tener su congruencia en el terreno de lo social. Más todavía, si la ciudadanía ha legitimado un nuevo cuadro parlamentario, no es menos cierto que el conjunto asalariado ha vuelto a depositar su confianza con las recientes elecciones sindicales en sus representantes.

Digamos, pues, que nos conviene dar un nuevo salto adelante, bien medido, teniendo en cuenta nuestras fuerzas y la relación de ellas con nuestros aliados potenciales. Tal vez, la primera gran tarea pedagógica del sindicalismo confederal esté en meter en la cabeza a las fuerzas políticas que la cuestión social está indisolublemente ligada a la cuestión democrática; en caso contrario estaríamos ante una democracia demediada. Y por supuesto, de este hipotético trayecto sindical se podrían sacar las lecciones y los primeros apuntes de la profunda renovación que necesita el sujeto social.

Referéndum para qué

Pedro López Provencio

En este lugar del suroeste de Europa se viene discutiendo sobre la titularidad de la soberanía. Para unos reside en el conjunto del pueblo español, tal como establece la Constitución del 78, y para otros está o debe estar dividida entre las distintas naciones que cohabitan la península Ibérica. O sea, se discute sobre si la soberanía es una o es trina en el ámbito del Estado español. Asombra el interés que despierta.

Al parecer, y con independencia de la historia, la cultura, la lengua, la geografía, etc., una Nación existe cuando así lo siente un numeroso grupo de personas que habitan un territorio determinado. O sea, la Nación es un producto de la imaginación coincidente en una colectividad de personas que forma una sociedad determinada. En ésta sociedad pueden coexistir una o varias culturas, diferentes lenguas, con alguna dominante o no, historias compartidas o no, etc. Hay naciones que se proclaman milenarias y las que cuentan con poco más de un siglo. Y pueden llegar a coexistir una dentro de otra como, por ejemplo, la Nación Apache dentro de la USA.

En este noreste de la Península Ibérica, hay gente que cree pertenecer a la nación catalana, hay quien siente que pertenece a la española y hay quien piensa que puede llegar a integrarse en la europea. Se puede tener vínculos con una sola nación y es posible sentirse concernido por varias.

Según el Tratado de Maastricht de 1992, es europea toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La Constitución del 78 delega en la ley qué cosa es ser español. Y según el Estatuto de Autonomía de 2006 es catalán el español que tiene su vecindad administrativa en Cataluña. Sin embargo, y a pesar de esto, hay algunos españoles que ni se sienten ni desean serlo, algunos catalanes que tienen ideas muy distintas de qué es ser catalán y otros que se sienten tan catalanes como españoles. Lo de europeo, de momento, no se percibe con igual pasión.

Para las personas como yo, que anhelamos la imaginación al poder, esto es prodigioso. Que se agrupe la gente, por su instinto gregario y el deseo de pertenencia, parece muy positivo. Lo malo es cuando intereses bastardos lo aprovechan para crear enfrentamiento entre gentes utilizando su vinculación nacional. Casi siempre con el objeto de distraer al personal y evitar que se fijen en otros asuntos que más pueden afectarles. O, como ha sucedido varias veces en la historia, que lleguen a matarse en guerras por intereses que no les son propios, en beneficio de los que los incitan al enfrentamiento.

Otra cosa distinta es el Estado. En la actualidad éste se concibe como una forma de organización jurídica de la sociedad, que suele propugnar, como valores superiores, la libertad, la justicia y la igualdad, amparando asimismo el pluralismo político. Ejerce los poderes legislativo, de ejecución y jurisdiccional.  Y se conforma mediante un conjunto de instituciones, que tienen el poder de regular la vida comunitaria en un territorio determinado y, además, es reconocido por la comunidad internacional como sujeto de derecho internacional. Para garantizar su soberanía puede disponer de una moneda, de unas fronteras y de unas fuerzas armadas.

El Estado actúa mediante la Administración Pública integrada por funcionarios, condición a la que se debe acceder a través del mérito, la capacidad y la publicidad. Ésta es quien ostenta la personalidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones. En su cúspide de sitúa el Gobierno, con legitimación democrática. Ha de servir con objetividad los intereses generales, actuar de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Y así como los particulares pueden hacer todo lo que las leyes no prohíben, la Administración Pública solo puede hacer lo que las leyes le asignan o permiten expresamente.

En España existen varias Administraciones Públicas. Tantas como gobiernos, central, autonómicos y locales. Cada una con su personalidad jurídica diferenciada para el cumplimiento de las competencias asignadas, exclusivas, compartidas y/o concurrentes.

Hoy el Estado, en nuestro continente, ya no es lo que era. Sus poderes y funciones están extremadamente distribuidos. Unos hacia la comunidad europea y otros hacia las comunidades autónomas. De tal manera que la política monetaria y, en buena parte, la financiera reside en Bruselas. Las fuerzas armadas se han internacionalizado con la OTAN. Y las fronteras, aunque con retrocesos en lo que respecta a las personas, han desaparecido en el territorio europeo. Funciones tan importantes como la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, la policía y la seguridad, algunos transportes, etc., pertenecen a las comunidades autónomas.

Como consecuencia de esta complicadísima distribución organizativa y de poder, es lógico que surjan controversias y disfunciones que precisarían, en nuestro país, de mejores y auténticos organismos de relación y coordinación. Que los distintos actores actúen regidos por los principios de la buena fe y la diligencia de un buen padre (o madre) de familia. Así como una mejora de la financiación que atienda a principios de suficiencia, ordinalidad y relación entre la titularidad de la recaudación tributaria y los servicios que presta y a que van destinados los recursos.

Así las cosas, gran parte de los nacionalistas catalanes, enarbolando una lista de agravios, vienen reclamando la secesión exprés de Catalunya, obviando el ordenamiento jurídico vigente. Teniendo en cuenta ese deseo, gentes mayoritariamente de izquierdas, con buena voluntad y atendiendo a criterios democráticos, reclaman un referéndum a fin de conocer, con precisión, si existe una voluntad suficientemente mayoritaria o no, coincidente con los deseos secesionistas. Ello a pesar de que, en todas las elecciones legales, los que postulan la independencia, han quedado siempre en minoría de votos.

No obstante es lógico que los que desean la secesión procuren las acciones que les encaminen a ello. Los que no deseamos la secesión no tenemos por qué procurarlas, aunque podamos acceder en base al principio democrático.

La contradicción se establece cuando los que quieren la secesión no quieren el referéndum, porque ya han optado por otros medios, y los que no quieren la secesión van reclamando el referéndum. Lo que resulta perfectamente incongruente. A no ser que se trate de juego trileros que pretenden estar “en misa y repicando”.

Siempre hemos sido la gente sencilla y los trabajadores los que hemos pagado, con creces, los enfrentamientos nacionalistas a los que nos impulsan los poderosos prometiéndonos la Arcadia feliz.

Un sueño de armonía y de paz, un Estado deseado en el que se podrá vivir en equilibrio con la naturaleza, un lugar en donde no existirá el desarraigo. Durante más de dos mil años, mientras la guerra triunfa y el poder bendice sus sangrientas empresas, nunca han faltado voces mercenarias que mantuvieran viva esa perpetua llamada bucólica a la simplicidad, ese mensaje de una fácil felicidad.

Ante el empecinamiento y el aislamiento del gobierno de la Generalitat, que Dios nos coja confesados.

A Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto Garzón

Caballeros:

Ustedes están sobradamente informados del juicio que se prepara contra un grupo de sindicalistas, miembros del comité de empresa de Airbus para dentro de unos días. Sobran, pues, las explicaciones. Pero no sobra la exigencia democrática de que ustedes se pronuncien sobre el particular. También ustedes son conocedores del movimiento solidario con ese colectivo; ayer mismo informábamos  lo mencionábamos en http://lopezbulla.blogspot.com.es/2016/01/contra-la-criminalizacion-del-derecho.html.

Les llamamos la atención –aunque sabemos que no hace falta insistir en ello--  que no estamos sólo ante un problema de agresión a las libertades sindicales, sino ante una incuestionable cuestión democrática. De ahí que nos vemos en la perentoria obligación de plantearles a ustedes tres lo siguiente: encuentren la manera, mejor unitariamente, de pronunciarse en su condición de dirigentes políticos, de líderes de los partidos que representan, a favor de los represaliados. Observen, caballeros, que no les sugiero un largo trayecto unitario, solamente un momentico de unidad, casi un minuto, que es el tiempo de firmar el papel. Y, mientras tanto, les invito a pensar en esto: ¿qué sería de ustedes si no se hubiera conquistado el derecho de huelga? Si lo piensan bien, estoy convencido que acompañarían, además, a los acusados, junto a centenares de trabajadores, el día del juicio. 

Contra la criminalización del derecho de huelga

Queridas amigas y amigos:

Ya sabéis que el 9 de febrero se iniciará en Getafe el juicio contra los ocho miembros del Comité de Empresa de Airbus. UGT y CCOO están llevando a cabo una campaña de denuncia y de concienciación ciudadana sobre esta incriminación penal de sindicalistas. El 19 de enero se ha convocado un acto público en Madrid a las 18,30 para dar visibilidad a la campaña. Entre las múltiples iniciativas, los sindicatos van a hacer público un manifiesto que deberíamos firmar juristas y en general gentes “de lo social” en un número suficientemente indicativo.

El problema es que ha pillado las fiestas navideñas y la constitución del Parlamento y este tema requiere rapidez. Por eso os envío un BORRADOR DE MANIFIESTO que sin duda será modificado, pero no tanto como para que lo esencial del mismo esté ya en el texto que os envío. Si os parece bien, y a salvo de aquellas o aquellos que prefieran conocer la versión definitiva, podéis enviarme vuestra confirmación aquellas o aquellos que estéis de acuerdo con la idea que se expresa en el papel, de manera que ya en esta semana contemos con un número suficiente de personas de partida, que luego podrá ser completada hasta su publicación y conocimiento el lunes que viene. Os saluda, Antonio Baylos. 

Manifiesto contra la criminalización del derecho de huelga

Durante cuarenta años el franquismo mantuvo una hostilidad permanente frente al conflicto social y especialmente laboral. Era la expresión de su ADN político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el Dictador, y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y la emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la persecución contra el conflicto laboral y social, la huelga se reconoció como un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está conectado directamente con el compromiso del Estado Social y de los sujetos de relevancia constitucional como los sindicatos para promover la igualdad efectiva eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y cultural.

A partir del 2010 hemos sufrido en España un paulatino y creciente ataque a los derechos sociales de la ciudadanía y a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país causados por la aplicación de injustas, arbitrarias e irrazonables políticas de austeridad que, especialmente a partir del 2012, han causado un inmenso sufrimiento social y han incrementado la desigualdad y la exclusión en una buena parte de las clases subalternas. El ciclo de luchas que se ha desarrollado en España en esta etapa, especialmente entre el 2010 y el 2014, expresa una fuerte resistencia ciudadana a tales medidas y es posiblemente la fase de mayor entidad y consistencia de movilizaciones sociales, por la cantidad y diversidad de figuras sociales comprometidas, desde la transición a la democracia, hace ya 40 años. En esas luchas han cobrado una relevancia extraordinaria las huelgas generales convocadas por los sindicatos en el 2010 y en el 2012, que unieron protesta y propuesta alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema de derechos laborales.

La respuesta de los poderes públicos a estas intensas movilizaciones ha consistido esencialmente en la criminalización selectiva de los participantes y la instauración de un marco represivo general – la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal entre otras – que disuada en el futuro frente a las expresiones más efectivas de la protesta ciudadana. En nuestro país el Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase obrera que suman ya 300 personas y dentro de los cuales se encuentran dirigentes sindicales, miembros de los órganos de representación de os trabajadores y en general militantes sindicales. Es el sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo de esta incriminación penal, que puede acarrear condenas de dos a ocho años de cárcel como los que se solicitan para los miembros del comité de empresa de Airbus cuyo juicio se celebra el próximo 9 de febrero.

Los abajo firmantes, como juristas y profesionales, como investigadores sociales y profesores, mujeres y hombres que creemos en la democracia, no podemos ni queremos callar ante esta operación que busca eliminar el derecho de huelga y estigmatizar a los sindicatos como autores de actos de violencia y coacción que nunca se han producido.

Alertamos a la opinión pública sobre este gravísimo atentado a la libertades democráticas, solicitamos al nuevo Parlamento la revisión del Código Penal, con exclusión de los preceptos criminalizadores que que han constituido la excusa para el plan represivo del poder público; expresamos nuestra solidaridad activa con las personas procesadas y exigimos que se establezca de forma nítida que el derecho de huelga es un valor central de nuestra democracia y los ciudadanos que lo hemos ejercitado no somos delincuentes ni súbditos: somos ciudadanos que rechazamos la injusticia y la arbitrariedad afirmando el valor de la igualdad y de los derechos que derivan del trabajo. La huelga no es un delito.

¿Son congruentes Junts pel Sí y la CUP?

Primer tranquillo

El último apartado de los cincopuntistas (lo firmado entre Junts pel Sí y la CUP) estipula que la CUP «pone a disposición del acuerdo el compromiso de renovar, tanto como sea necesario, el propio grupo parlamentario con el objetivo de visualizar un cambio de etapa y asumir implícitamente la parte de autocrítica que le corresponde en la gestión del proceso negociador. Los relevos en el grupo parlamentario se producirán inmediatamente después del plena de investidura». El subrayado es mío, más adelante se verá por qué. 

Las consideraciones que me vienen a la cabeza son las siguientes: a) la asamblea e, incluso, la dirección del partido ya no son lo que fueron (o quisieron ser), ahora es el grupo parlamentario mismo quien se renueva a sí mismo; más todavía, quien obliga a los diputados más recalcitrantes a dimitir y, así las cosas, ¿quién pagará la indemnización a los obligados a devolver el acta?; b) atención al tiempo verbal en «que le corresponde»; no dice que le «corresponda», que tiene otra indicación distinta. Si dijera esto último estaríamos interpretando que alguna responsabilidad tendrá. Pero como afirma otra cosa, la intención es clara: toda la responsabilidad recae en la CUP, Junts pel Sí queda limpia de polvo y paja. Ambas cuestiones son la expresión de la derrota humillante, en forma de suicidio, que le han infligido a las órdenes menores conventuales de la CUP.

Por cierto, ayer en el debate de investidura, vimos al dicharachero Antonio Baños luciendo el palmito en su escaño. Posiblemente no se ha enterado que afirmó que dejaría el escaño. Las irascibles redes sociales convergentes ni siquiera han comentado el particular. Por lo demás, les sugiero visitar el post de Paco Rodríguez de Lecea: http://vamosapollas.blogspot.com.es/2016/01/palinodia.html.

Segundo tranquillo

Ha escrito Julià de Jódar en su cuenta de twuitter: «Con elecciones anticipadas habrían ganado las izquierdas asimilables por España». Concretamente el texto original es: Amb eleccions anticipades, haurien guanyat les esquerres assimilables per Espanya. Digamos que el caballero no es un indocumentado cliente de mostrador de taberna de bidonville, sino un intelectual con fama de ponderado. Por mi parte, ni siquiera le reprocho que estuviera en el elenco de los cupaires partidarios desde el primer momento de investir al rey Arturo. Ello es tan legítimo como su contrario. Ahora bien, lo que tiene su miga es la rotunda opinión sobre la relación entre las izquierdas de ambas orillas del rio Ebro famoso.

Vamos al grano: ¿exactamente qué quiere decir «izquierdas asimilables por España»? Esto nunca se lo preguntaríamos a un podólogo soberanista, pero ciertamente estamos obligados a exigírselo a un intelectual como es el caso de Jódar, que es hombre de letras.

Ahora bien, más allá de esa sintaxis de trinchera y taberna, Jódar nos dice que, de repetirse las elecciones, habrían ganado las izquierdas en Cataluña. Por lo tanto, según él, la CUP debía impedirlo. Lo de las «izquierdas asimilables por España» --¿Podemos, Izquierda Unida?--  era un adobo para justificar el voto de investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Lo dijimos hace poco: las derechas catalanas ya no llaman a Madrid cuando parece que la izquierda avanza, tienen la confianza de que siempre tendrán a Jódar y Baños que les solvente la papeleta. Lo que tiene un precedente famoso: el viejo patriarca fue elegido presidente de la Generalitat, tras las primeras elecciones autonómicas, con el voto de Heribert Barrera (ERC) frente a Joan Reventós. También en aquella ocasión, hubo quien se disfrazó de noviembre para infundir menos sospechas.

Tercer tranquillo

Ahora bien, la cuestión de fondo –más allá del anecdotario político--  es el siguiente: en el actual paradigma de la globalización, la «cuestión social» y la llamada «cuestión nacional» se han saldado, también en esta ocasión, con la derrota de la primera. Hablando en plata: la política de alianzas que han inspirado Jódar y Baños, como intelectuales orgánicos, ha sido la alianza con quienes en la práctica han sido los autores de los recortes, privatizaciones y otras desertificaciones de las vegas catalanas. Curioso anticapitalismo, a fe mía.

Pero, ¿por qué tendríamos que extrañarnos? La ciencia matemática nos ofrece alguna que otra explicación con su teoría de los números congruentes. Congruencia es un término usado en la teoría de números, para designar que dos números enteros  a y b tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural  llamado el módulo, siendo m desigual a cero. De donde cabría sugerirse que Jódar y el rey emérito Artur son dos números congruentes con respecto al módulo que les conviene.

La CUP y su párvula boca; Artur y su aznárido dedo

Ya lo han visto ustedes: se acabó el pescado cuando ya no hubo más japutas que vender en el mostrador. Lo demás son especulaciones y ganas de darle a la pluma.

Los hechos nos dicen lo siguiente: el rey Arturo ha sido destronado, y siguiendo las tradiciones regias (también las del aznarato) indicó quién debía sucederle, así es que algo comparten Rajoy y este Puigdemont, que  –si se sigue el guión al pie de la letra— será investido esta tarde president de la Generalitat de Cataluya. Algo chocante, sin embargo. En esta subasta del mismo pescado, que ha durado unos tres meses, el dedo no se ha dirigido a nadie del círculo concéntrico más allegado al rey Arturo, sino al extrarradio del grupo dirigente. ¿Por qué? Tal vez porque el rey destronado piensa que es el más manejable. Pero sólo es un tal vez. En todo caso, Artur Mas debería saber bien que casi nunca los aparentemente manejables son hechuras perfectas.

Los hechos también indican que, si bien la CUP  ha conseguido descabalgar al rey Arturo lo ha hecho a costa de ella misma. Aquel desparpajado Pio Cabanillas hubiera repetido su legendaria frase: «¡Qué patada les hemos dado en nuestro propio culo»! Que, traducida a lo que comentamos, podría ser así:  hemos cumplido nuestra promesa (como dijimos en la asamblea) a cambio de descuartizarnos a nosotros mismos y postrarnos de rodillas durante toda la legislatura (como no dijimos en la asamblea). Como ha quedado reflejado en la declaración de los cincopuntistas: «Garantizar que los diputados/as de la CUP se incorporarán a la dinámica del Grupo parlamentario de Junts pel Sí de manera estable. Participarán en todas las deliberaciones y actuarán conjuntamente en las tomas de posición del grupo». La pérfida intención de subrayar esta frase es de un servidor. Naturalmente lo de “incorporarse a la dinámica” puede ser cualquier cosa, pero no ambigüedad. Por lo demás, el punto quinto del acuerdo es la imposición de un trágala de los costaleros del destronado rey donde hace decir a los párvulos perrerías con formato de autocrítica. De manera indirecta la CUP está próxima, según el punto número cinco, a declararse quintacolumnista durante estos tres meses. Por no hablar del punto sexto donde se reconoce que los cupaires están obligados a hacer dimitir de su grupo a aquellos diputados que más se han empeñado en señalar antipáticamente al rey Arturo. Voces amigas, desde dentro del meollo, están en condiciones de demostrar que esto ha sido sugerido por un accionista común de Junts pel Sí y la CUP. Yo no estoy en condiciones de contradecirlo.

Digamos, pues, que el procés ha dejado de ser para los políticos soberanistas, una ensoñación y ha ido adquiriendo la fetidez del pescado tardíamente vendido (y comprado). La novedad es que, ahora, el genoma del procés es una japuta en mal estado.

Veremos, en los próximos meses, cosas tristemente hilarantes: anticapitalistas votando lo que les eche «el burgués insaciable y cruel», como decía la canción de tiempos antiguos. Pero cuando la CUP despertó ya no estaba allí. Entonces, el rey Artur podrá volver a presentarse a la presidencia y, como han indicado exponentes de la Orden de la Malafoyá (en el sentido granadino del término) tendremos la versión catalana de Putin – Medvedev, Medvedev—Putin. ¿Estás en lo que es?

Una reinterpretación de Antonio Baños, el de la CUP

Leí en las zahúrdas sociales que Antonio Baños todavía no ha presentado su renuncia al acta de diputado en el Parlament de Catalunya. Pero no hice caso ya que la polución informativa en las redes es cosa sabida. Sin embargo, en La Vanguardia de hoy se nos dice exactamente lo mismo, y es sabido que dicho diario considera pecado mortal propalar un bulo. O sea: Antonio Baños, que dijo que renunciaría al escaño por su negativa a compartir la decisión de sus cofrades de la CUP de no investir a Artur Mas, sigue en aparente paradero desconocido sin acercarse al negociado parlamentario donde se certifican las renuncias.

Baños tuvo la difícil papeleta de gestionar la negativa de la CUP, de la que era nada menos que su portavoz, con su posición favorable a la investidura. No es la primera vez que un dirigente político, portavoz o no de su grupo, se ha encontrado en esa posición. Es decir, en el complicado laberinto personal de la «disciplina de partido» y su propia opinión. En todo caso, Baños hizo lo que coherentemente entendió adecuado: optar por su propia opinión y, llegado el caso, dimitir de sus cargos y devolver el acta de diputado a su partido. Vale decir que, al menos públicamente, su partido se ha portado con elegancia. No así los cosechadores de traiciones que han apuntado otra muesca en el revólver de su culata. Dicho lo cual, el todavía diputado Baños, si no quiere estar en coplas, debería dimitir hoy mismo sin más tardar. O eso nos parece.

En todo caso, daremos por retirados los anteriores comentarios si el comportamiento de Baños huele a Poincaré. Como es sobradamente conocido Henri Poincaré fue uno de los matemáticos más imponentes de la historia de esa ciencia. Pero en cierta ocasión fue un redomado pillastre.

Verán ustedes, nuestro genial matemático ganó un premio cuando descubrió su teoría de la inexistencia del caos. Sin embargo, pasado un tiempo (y tras cobrar el premio en metálico) se da cuenta de que su estudio contiene una serie de errores. Pero dicha investigación ya había sido publicada en la revista de la Fundación Mittag—Lefler. Poincaré consigue que se retire la publicación y paga de su bolsillo los gastos de la reimpresión con las correcciones donde demuestra lo contrario de lo que dijo al principio. Un paréntesis: tan sólo se le escapó una copia que, andando el tiempo, dio fe de aquel asunto. Lo sabemos por haberlo leído en la Historia de las Matemáticas, de Ian Stewart, que publicó Crítica primorosamente en   2007.  

P/S.--  Que sepan ustedes que todavía no está vendido todo el pescado. Hay media banasta de japutas en el mostrador de la pescadería.