Los establos de Augiás, llenos de
inmundicia, estaban más limpios que las covachuelas del Partido Popular. Lo
sabíamos, pero Ricardo Costa
ha venido a corroborarlo. Su denuncia ha señalado con nombres y apellidos a los
jerarcas del partido valenciano, empezando por los de Francisco Camps, presidente de la Generalitat
valenciana y Juan Cotino,
presidente de sus Cortes. Mucho me temo que no haya zotal en las tiendas para
tan necesaria limpieza.
«Sí, el PP se financiaba por
orden de Camps», ha declarado ante el Tribunal el que fuera secretario general
del partido en Valencia. Más toda una batería de acusaciones que han dejado sin
respiración a los grupos dirigentes del PP. Un partido que está implicado en
diversas tramas de corrupción.
Hasta hace cierto tiempo hemos
hablado, al menos en lo atinente al PP, de la relación directa entre su
política y el dinero. Más tarde apareció una novedad: ya no se trataba sólo de
un vínculo o relación sino que el partido se hacía dinero y el dinero se
hacía partido. Ahora se trata de una fusión como ponen de manifiesto Gurtel,
Lezo y sus múltiples conexiones y franquicias. Con todo ello el partido ha
construido una potente máquina, horizontal y vertical, de poder. Son los
establos del Partido Popular. El caso valenciano no es el único, pero si es el
más conspicuo de todos ellos.
Los establos del PP financiaron
sus campañas electorales. Lo ha dicho quien manejaba los hilos bajo las órdenes
de sus superiores Camps y Cotino. Así pues, fueron unas elecciones trucadas
que, vistas desde ahora, arrojan unos resultados ilegales. De aquellos
resultados vinieron el expolio de las arcas públicas, las privatizaciones de
importantes áreas sanitarias y un océano de impunidad.
Ahora es imposible resarcir
tanta podredumbre. Pero sí es necesario encontrar un artificio jurídico
represivo contra el partido, en tanto que tal, y, por supuesto, contra sus
jerarcas. Un artificio contundente de resarcimiento contra la inmensa
distorsión de los establos. Es necesaria una novación legislativa que indique
que, una vez probado por los tribunales, el partido que haya acudido a unas
elecciones cargado de estiércol, debe ser inhabilitado durante una o varias legislaturas. Vale.
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