Los establos del Partido Popular

Los establos de Augiás, llenos de inmundicia, estaban más limpios que las covachuelas del Partido Popular. Lo sabíamos, pero Ricardo Costa ha venido a corroborarlo. Su denuncia ha señalado con nombres y apellidos a los jerarcas del partido valenciano, empezando por los de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana y Juan Cotino, presidente de sus Cortes. Mucho me temo que no haya zotal en las tiendas para tan necesaria limpieza.

«Sí, el PP se financiaba por orden de Camps», ha declarado ante el Tribunal el que fuera secretario general del partido en Valencia. Más toda una batería de acusaciones que han dejado sin respiración a los grupos dirigentes del PP. Un partido que está implicado en diversas tramas de corrupción.

Hasta hace cierto tiempo hemos hablado, al menos en lo atinente al PP, de la relación directa entre su política y el dinero. Más tarde apareció una novedad: ya no se trataba sólo de un vínculo o relación sino que el partido se hacía dinero y el dinero se hacía partido. Ahora se trata de una fusión como ponen de manifiesto Gurtel, Lezo y sus múltiples conexiones y franquicias. Con todo ello el partido ha construido una potente máquina, horizontal y vertical, de poder. Son los establos del Partido Popular. El caso valenciano no es el único, pero si es el más conspicuo de todos ellos.

Los establos del PP financiaron sus campañas electorales. Lo ha dicho quien manejaba los hilos bajo las órdenes de sus superiores Camps y Cotino. Así pues, fueron unas elecciones trucadas que, vistas desde ahora, arrojan unos resultados ilegales. De aquellos resultados vinieron el expolio de las arcas públicas, las privatizaciones de importantes áreas sanitarias y un océano de  impunidad.

Ahora es imposible resarcir tanta podredumbre. Pero sí es necesario encontrar un artificio jurídico represivo contra el partido, en tanto que tal, y, por supuesto, contra sus jerarcas. Un artificio contundente de resarcimiento contra la inmensa distorsión de los establos. Es necesaria una novación legislativa que indique que, una vez probado por los tribunales, el partido que haya acudido a unas elecciones cargado de estiércol, debe ser inhabilitado durante una o varias legislaturas.   Vale.