Isabel García
Pagán (La
Vanguardia) es una periodista suficientemente informada de los intríngulis de
la política catalana. De hecho ha sacado a la luz pública lo que se dice en las
covachuelas políticas y en los lavaderos institucionales. Es una crónica que debería
ser leída despaciosamente (1). Una síntesis apretada del artículo de García
Pagán: las dificultades para proceder a la investidura del presidente de la
Generalitat se han complicado por una novedad que, en principio, no estaba en
el guión. Los abogados de Jordi
Sànchez aprietan para que se mantenga su candidatura. Quieren aprovechar
la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que no ve impedimento
para que Sànchez pueda presentarse a la investidura. En resumidas cuentas, que –según
las prácticas del rabuleo-- hay que
sacar tajada de dicha resolución. Nada que objetar a que los letrados utilicen
todos los resquicios habidos y por haber para la tutela de sus defendidos. El
Derecho no es una línea recta sino una geometría fractal que nada tiene que ver
con la que ideó Euclides.
Nos dice García Pagán que la
expresión más usada por los líderes del soberanismo mayoritario es: «Los
abogados nos dicen…». O sea, que los políticos independentistas dan por buena
la interferencia de los abogados para
la defensa de un cliente en un asunto que, en su vertiente política, debería
incumbir sólo y solamente a la política. De manera que la solución al problema
de la investidura va ahora de Anás a Caifás. Del Anás del juez campeador al
Caifás de los abogados de Jordi Sánchez. Con lo que se agrava la cosa: los que pueden
hacer la investidura no quieren y los que la quieren no pueden. Todo un
equilibrio de impotencias que al final lo paga quien menos responsabilidades
tiene en ello, a saber, millones de personas. En el fondo, quienes podrían
hacer la investidura sólo desean acumular agravios, sus contrarios se limitan a
constatar una impotencia al baño María.
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