LA LEJANA FRONTERA DE LA DEMOCRACIA

Antonio Baylos da pié a esta conversación. Se trata de un fragmento de su ponencia en la Fundación de Investigaciones Marxistas (Madrid, 1 de junio de 2012) en el seminario sobre Bruno Trentin. 




Tiene la palabra, pues, Antonio Baylos.

He aquí algunas ideas para debatir:

La primera, es la relativa a la relación directa entre la conquista de la libertad y los derechos democráticos y la carencia de derechos en la concreta realización del trabajo.

Es decir, que la temática de la liberación del trabajo resulta casi siempre relegada a un campo secundario de la acción política y social, una temática “periférica” en las ideologías dominantes de los movimientos reformistas, a lo sumo una especie de fin último del proceso de emancipación, “la última lejana frontera de la democracia”. Es por tanto una carencia importante del programa político de las izquierdas. La búsqueda de la ampliación de la democracia no puede detenerse en el umbral de la “sociedad civil” y de los “lugares privados” del trabajo.

La desconexión de la problemática de la libertad y de la democracia del despotismo industrial o laboral en los programas de reforma política. En éstos, el eje se basa en los derechos civiles, ligados a una persona sin que se tenga en cuenta su posición subalterna derivada del trabajo (incluso cuando se habla de aspectos clásicamente laborales, que se presentan como un “decorado” que ampara el ejercicio de un derecho “cívico”, como pasa con la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres). O incluso, en negativo, los movimientos alternativos de radicalización democrática, que no contemplan el espacio laboral como un territorio de posible emancipación, posiblemente por considerar que el trabajo asalariado es un terreno absolutamente incompatible con los instrumentos democráticos, una especie de repulsión implícita entre organización del trabajo y democracia. Incluso se da la percepción contradictoria que los mismos que exigían una mayor democracia en el espacio público, consideran que “tener trabajo” es un privilegio, de manera que centrándose en el salario como elemento de ventaja social, descartan la situación de subordinación no democrática y de violencia en las relaciones laborales como problema o como territorio de acción política.

Lo anterior explica la dificultad de un discurso político sobre la violencia de la explotación como pérdida de la identidad ciudadana.

Es decir, la “compartimentación” de la ciudadanía social en el espacio público – social, en el ámbito de las prestaciones públicas - económicas o de servicios – pero sin que se considere la posibilidad de establecer un estatus de ciudadanía en los lugares de trabajo. La cuestión es más grave ante las transformaciones o mutaciones del trabajo que lo descualifican, lo externalizan, lo fragmentan y lo precarizan.

Normalmente sin embargo, el estatus de ciudadanía (esta vez laboral, no tanto social) no se fija en el trabajo sino en el empleo. Es decir, se busca la calidad y cantidad de empleo (hacia el pleno empleo como orientación final) y se reivindica como principio básico el de la estabilidad en el empleo. El empleo estable es la condición para gozar los derechos laborales – legales y convencionales – derivados de la permanencia en el trabajo, pero también los propios derechos de protección social. Por eso las interesantes aportaciones a la “reunificación” de las distintas formas flexibles del trabajo, garantizando el control de la temporalidad en la entrada y defendiendo el control y las garantías de empleo en la salida.

Hay sin embargo ejemplos de que en la crisis se consigue realizar un cierto ligamen entre ciudadanía social y organización del trabajo, demostrando la relación directa entre las condiciones de organización el servicio público y la calidad en el mismo. La huelga de la enseñanza, que además ha logrado una agregación de intereses colectivos no sólo sindicales, ha incidido en las condiciones de la organización del trabajo de los docentes como la clave de la prestación pública del servicio público de la educación.

Existen sin embargo muchas experiencias en las que los sujetos colectivos afrontan problemas organizativos y de control de las decisiones del empresario. Pero muchas de ellas están perjudicadas por la consideración ambivalente que tiene en la cultura sindical actual la negociación colectiva sobre la determinación del trabajo concreto.

Ciertamente que hay muchas experiencias que abordan esta área, pero de forma muy ambivalente. Por ejemplo porque en la cultura de muchos trabajadores y colectivos, los derechos de información y consulta se inscriben más en una lógica adhesiva que participativa o contractual. Las experiencias de flexibilidad contratada son débiles o funcionalizadas a las exigencias organizativas de las empresas. A ello se une la carencia de desarrollo de instrumentos de codeterminación sobre la base de un discurso que legitima la contratación colectiva que no alcanza el núcleo central de las potestades de organización del trabajo, como demuestra la falta de desarrollo del art. 129 CE.

En los momentos actuales, las reformas legislativas de muchos países de la UE pretenden obstaculizar la negociación colectiva de sector y favorecer la que se desarrolla a nivel de empresa. Eso hace que la flexibilidad contratada interna se reconduce a la empresa o centro de trabajo como eje de regulación, a través de la llamada “negociación colectiva de proximidad” como se denomina en la experiencia italiana, que supone realmente la utilización en una dirección autoritaria y unilateralista de los instrumentos colectivos que además se “des-sindicalizan”.

Además de ello, se produce la exclusión legal de la huelga como forma de presión que emplee las características peculiares de la organización del trabajo en un sentido alternativo.

La problemática del abuso de derecho, la prohibición de huelgas rotatorias o servicios estratégicos, pero también la utilización de las relaciones civiles y mercantiles contra el ejercicio del derecho de huelga son buena muestra de ello. En general, una fuerte tendencia empresarial sobre el “gobierno” del conflicto, impulsa toda una serie de medidas que buscan la continuidad de la producción en caso de huelga, y las ligan para justificarse en la intangibilidad atemporal de la organización del trabajo incluso en época de huelga.

Junto a ello, es evidente que el discurso ha penetrado en el imaginario colectivo de tantos trabajadores. Hay así  dificultades en la percepción de los trabajadores que manifiestan un rechazo cultural – ideológico a la perturbación del proceso productivo por la huelga y en especial si la huelga implica una fuerte desorganziación del convenio.

Pero este es un terreno en el que hay muchos aspectos debatidos y algunas experiencias interesantes, sobre las formas nuevas y viejas de expresión del conflicto social. La limitación del poder del empresario durante la huelga y los medios para neutralizar sus decisiones han sido discutidos en sede sindical y por los juristas del trabajo, aunque la penosa situación de empleo puede una vez más imponer por necesidad un reforzamiento del músculo autoritario del empleador frente al conflicto.  Pero por otro lado, a huelga general ha originado experiencias nuevas de estar en las plazas y en las calles el día de huelga. Huelga general de trabajadores, no ya la huelga nacional política como la que tuvimos el 14 de diciembre de 1988 entre nosotros.

Habla un servidor, JLLB

Queridos amigos Antonio y Paco, el defectuoso encaje de los derechos sociales en un sistema de libertades políticas viene de muy antiguo. Recuerdo la impresión dolorosa que me produjo, hace ya muchísimos años, la lectura de un libro sobre la Revolución francesa: en 1791 la ley Le Chatelier define las asociaciones obreras como delictivas y, en consecuencia, el derecho de huelga. En susbtancia, poca diferencia con la sentencia de  Lord Mansfield, presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, en el último tercio del siglo XVIII: “los sindicatos son conspiraciones criminales inherentemente y sin necesidad de que sus miembros lleven a cabo una acción ilegal”. El argumento se basa en que tales asociaciones intentan alterar el precio de las cosas, es decir, los salarios.   

De ahí podemos sacar una primera conclusión que tantas veces hemos comentado: sólo y solamente con la acción de masas organizada se ha conseguido la extensión de los derechos sociales. ¿Podríamos decir, entonces, que así las cosas, el trabajador, en tanto que tal, siempre tuvo una ciudadanía demediada? La segunda conclusión es el persistente énfasis de Bruno Trentin en que la libertad siempre es lo primero. Esto es, la libertad también en el centro de trabajo.

La clave de la ademocraticidad de la empresa la expuso Umberto Romagnoli cuando afirma, yendo al nudo de la cuestión, que el problema está en que “en ella no se produce la alternancia de poderes”. Lo que propone una serie de problemas de mucha enjundia en la relación entre el “territorio” del centro de trabajo y el “territorio de la democracia”. Que motivó a Norberto Bobbio, que no era marxista precisamente, a afirmar que “la democracia no había entrado en la fábrica”, algo que repitió nuestro Marcelino Camacho. En la fábrica y en el centro de trabajo han entrado cachos de democracia solamente. Cachos de democracia muy importantes, por supuesto. Pero siempre a condición de no impugnar el uso de la propiedad sino el abuso. Esa fue la lucha tesonera que nos dejaron nuestros mayores, y ese fue el testimonio que pusimos en movimiento los sindicalistas de mi quinta.

El problema, querido Antonio, es que los sindicalistas de hoy (y la izquierda de hoy) viven en un cuadro totalmente distinto de aquello con lo que nos enfrentamos Paco Rodríguez de Lecea y un servidor. Las gigantescas transformaciones, en las que siempre insiste el maestro Trentin, han generado un nuevo territorio en el centro de trabajo.  Este nuevo centro de trabajo tiene lógicamente nuevas situaciones que no van acompañadas por nuevos derechos. Perviven, eso sí, los viejos derechos (los que no se eliminan por las sucesivas contrarreformas laborales) pero las nuevas realidades no tienen el contrapoder de los bienes democráticos por utilizar la lúcida expresión de Gerardo Pisarello. De manera que el sindicalismo de tutela, así las cosas, anda cojo, y el trabajador más demediado. Por aquí entiendo que debería enriquecerse el debate que existe entre el sindicato y el iuslaboralismo. Desde luego, es magnífico el trabajo que os traéis entre manos Rodolfo Benito, Joaquín Aparicio y tú mismo, entre otros. 

Por lo demás, todavía estoy maravillado de la iniciativa y del activismo de Eddy Sánchez, el alma de la Fundación de Investigaciones Marxistas, que puso en marcha el seminario sobre Trentin. Muy agradable, y como colofón la amigable conversación presidida por nuestro Juan Trías Vejarano a quien  hacía años que no veía. Cuando lo veas hazme el favor de saludarlo.

Habla Paco Rodríguez de Lecea    

 

Confieso para empezar, sin la menor intención de retórica, mi admiración que viene ya de antiguo por el profesor Baylos, y el temblor que me produce entrar en este inesperado diálogo a tres bandas. Querido Antonio, querido José Luis, habéis descrito con crudeza la situación en que se encuentra el trabajo heterodirigido en nuestra sociedad democrática: la violencia de la explotación laboral, nos dice Antonio, conlleva la pérdida de la identidad ciudadana del trabajador. Todo el entramado de derechos democráticos contenidos en nuestro ordenamiento que se resume en la noción de civilidad, por paradoja sólo tiene vigencia fuera del centro de trabajo. En el puesto de trabajo mismo, la condición del ciudadano sufre una amputación: su libertad queda limitada, su opinión no tiene valor, su esfera de autonomía se reduce a mínimos penosos. No es posible encontrar dentro de la empresa ni siquiera la sombra de la igualdad que predica la constitución.

Es curioso que una situación así se considere natural e inamovible no sólo por parte de los empresarios, la parte ‘beneficiada’, sino también por parte de los trabajadores y sus sindicatos. Ha habido experiencias de intervención sindical con la mira puesta en el ‘puente de mando’ en el que se generan las decisiones empresariales; pero esas experiencias han sido discontinuas y ambivalentes. En general, ha tomado cuerpo generalizado la opinión de que entre la organización del trabajo y la democracia existe una ‘repulsión implícita’ (uso tus mismas palabras, Antonio).

Esta es una de las herencias del taylorismo; pero ya no estamos dentro de los parámetros del taylorismo. La explosión de la ‘fábrica’, la multiplicidad de formas que está adquiriendo el trabajo subordinado, las exigencias derivadas de un nuevo escalón tecnológico en el que priman la agilidad en la toma de decisiones y la rapidez y descentralización de las respuestas en los procesos de producción de bienes y de servicios, abren la puerta a nuevas reivindicaciones de los trabajadores relativas a las formas de organizarse el trabajo en un ‘territorio’ del centro de trabajo que como tú, José Luis, señalas, se ha modificado ya sustancialmente. Y sigue modificándose con suma rapidez.

Resulta como mínimo sorprendente el hecho, que también mencionas, Antonio, de que en los programas de los partidos y las organizaciones diversas de la izquierda, incluida la llamada izquierda radical, este tema aparezca en todo caso como horizonte último, pero nunca en el orden del día de las propuestas. Incluso quienes llaman a la liberación ahora, se refieren a una liberación fuera, aparte del trabajo. Es tan dramática la diferencia entre quienes cuentan con un trabajo fijo y quienes no lo tienen, que se obvia toda discusión sobre las condiciones y las formas de organización del empleo existente. Y sin embargo, es la intervención sobre la organización del empleo existente lo que podría dar un vuelco a la actual situación de trabajo escaso, de trabajo basura, y ser la fuente de creación de nuevos empleos desde una lógica y una racionalidad distintas.

Y todo ello desde la constatación de que no existen trabas legales explícitas que impidan abordar desde la perspectiva sindical y política estos temas. Hay nubarrones negros en el horizonte; están apareciendo en diversos países iniciativas legislativas tendentes a fragmentar y des-sindicalizar la negociación colectiva, a limitar o prohibir en ciertos casos el derecho de huelga. Cierto. Pero los derechos civiles, esos que no se aplican dentro de la empresa por un extraño consenso implícito entre las contrapartes, siguen estando ahí, listos para ser esgrimidos también en el lado de dentro de las puertas de la empresa. Algunas piezas de nuestro ordenamiento dan pie a la posibilidad de desarrollos dirigidos a ampliar el ámbito de intervención de los asalariados en la organización de la producción y en la toma de decisiones. Faltan aún las propuestas concretas: ayudar a elaborarlas sería, como tú, José Luis, señalas, un excelente terreno de encuentro y de colaboración entre el sindicalismo y el iuslaboralismo.

Y después de todo, también hay que considerar que un contexto de crisis política, económica y social tan profunda como la que vivimos, puede conllevar oportunidades preciosas para hacer avanzar iniciativas que aporten aires frescos de cambio, siempre partiendo de la base de unos esfuerzos compartidos por todos. 

Poldemarx, 3 de Junio de 2012