SOBRE EL PACTO CONTRA EL TERRORISMO

Parece fuera de discusión que las fuerzas políticas mayoritarias tengan, a través de sus grupos parlamentarios,  un papel importante en la fijación de las normas que deben regir la convivencia de la comunidad. Pero «importante» no debe coincidir necesariamente con «exclusivo», ni menos todavía con «monopolista» con su consecuencia de ninguneo del resto de las formaciones políticas democráticas. Esta práctica ha llevado a la consolidación del bipartidismo y sus consecuencias indeseables en toda democracia. Hoy, huelga decirlo, esa práctica está en una crisis profunda.

Lo que viene a cuento, precisamente, por el principio de acuerdo que han anunciado los más altos responsables del Partido popular y del PSOE en torno a un pacto contra el terrorismo, llamado nuevamente, de manera bombástica, Pacto de Estado. Ya veremos sus contenidos concretos cuando esté ensartado, por lo que de momento vamos a hablar de esa forma de ser monopolista por los dos partidos principales de nuestro país.  

Naturalmente sería de cretinos negar la necesidad de un acuerdo contra el terror. Pero todo indica que estas primeras conversaciones entre el PP y el PSOE, dejando en la cuneta al resto de los grupos parlamentarios, parece orientado a demostrar la utilidad del bipartidismo, tomando como pretexto los execrables atentados de París. A los que, naturalmente, hay que dar una respuesta de largo recorrido. Así las cosas, la marginación del resto de las fuerzas políticas no sólo es un comportamiento mezquino sino que aparece como una negación del, también, compromiso cívico de los votantes de las fuerzas políticas ninguneadas. De manera que podemos decir, pues, que el bipartidismo es una técnica de autolegitimación defectuosamente democrática. Que no se compadece con los declarados intentos –por ejemplo, del PSOE--  de regenerar la vida democrática y civil de España, tanto de las instituciones como de la sociedad. Decimos del PSOE, que no está sabiendo leer el acelerado declive del bipartidismo. Y que, según parece, pretende salvar sobre la base de lo que, para otros asuntos, la profesora Magda Nogueira y sus compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid ha calificado de «reservas jurídicas», a golpe del monopolio de la representación que, en este caso, no viene por ley sino por una práctica consuetudinaria.

Por lo demás, comoquiera que se ha repetido una premisa (que es rigurosamente imperfecta) de que el terrorismo, en este caso yihadista, es un ataque a los valores de Occidente y sus libertades, ¿una ley de estas características puede convivir pacíficamente con una democracia cada vez más demediada? No lo creo. Porque no se trata tan sólo, con ser importante, sobre la relación –teórica y práctica--  entre libertad y seguridad. También, por supuesto, del conjunto de los bienes democráticos y de las «provisiones» y «titularidades», en las que tanto insistió el viejo león liberal Ralph Dahrendorf.  

Finalmente. Pregunto: ¿a la hora de negociar esta  ley, no sería adecuado que se planteara la recuperación de la asignatura Educación para la ciudadanía?  Por supuesto, para empezar. Y una sugerencia: entiendo que con la actual legislación se puede abordar el problema mientras tanto se va elaborando esta nueva ley, que debe ser consensuada con el conjunto de fuerzas políticas. Y, más todavía: escuchen las voces diversas que vienen del batallón del talento: juristas, filósofos y otras disciplinas inquietantes para el poder. Oigan, incluso a esos insoportables del buenismo que, aunque raramente son convincentes, vale la pena  que se les escuche.