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lunes, 29 de septiembre de 2014
MÁS SINDICATO EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
1.-- «Lejos
de nosotros la funesta manía de pensar» fue escrita en una carta a cierto rey
español, de borbónico trapío, por los claustrales de
Una de las consecuencias de tan calamitosas ideas ha
sido su traslación a «lejos de nosotros la funesta manía de innovar». Que ha
recorrido, de igual modo, la historia de nuestro país, según nos explica
puntillosamente el libro del profesor Jordi Maluquer de Motes, La economía española en perspectiva histórica.
2.-- Este libro nos ha recordado
cosas que, de manera dispersa, habíamos almacenado en nuestra ya frágil memoria.
A saber, la tradicional marginalidad de la innovación tecnológica en España y
su relación con la economía y el desarrollo. La munición que almacena el libro
desde el siglo XVIII hasta nuestros días lo evidencia. Empezando por la
agricultura, que desde hace trescientos años ha tenido una productividad 25
puntos por debajo de la europea hasta la industria. De hecho, la disparatada frase de Unamuno es
la expresión de una concepción ancestral en nuestros lares y explica nuestro
retraso de todo tipo con relación a Europa. Hemos sido el campo de cultivo de
lo que manifestó el Filósofo rancio: Vade retro, innovación.
Es cierto que las cosas han cambiado un tanto. Pero el diferencial con los países de nuestro
entorno se mantiene; es más, no se puede decir que la innovación sea una de las
preocupaciones de las políticas presupuestarias tanto del gobierno central como
de las autonomías, hecha tal vez la excepción del gobierno vasco. Más todavía, los sedicentes planteamientos
estratégicos de los diversos gobiernos (ley de sostenibilidad, cambio de modelo
productivo y reforma laboral) han supuesto unos auténticos bodrios sin conexión
entre sí y ayunos de vinculación a un proyecto general de innovación. Seguimos,
pues, sin un proyecto de innovación. El Filósofo rancio estaría satisfecho.
3.— Es cierto que un proyecto de innovación va más allá del hecho
tecnológico. Ahora bien, consciente de
ello, y esperando otra ocasión para volver a la carga, nos situaremos sólo en
este limitado (aunque importante) aspecto.
Entiendo que el principal mecanismo de freno del desarrollo de las
empresas españolas es el déficit tecnológico. Decíamos en Nuestro sistema productivo de hojalata (2011) que ese tapón se manifiesta en varios
datos: 1) la inversión media por habitante en el sector de
la innovación media por habitante en España son 318 euros, mientras que en el
patio de vecinos europeo son 473 euros; y 2) España ocupa la decimoséptima
posición en el ranking europeo de gasto en I + D, por debajo de países como
Estonia, Chequía y Portugal. A pesar de
esa cartografía española, el Ministerio de Ciencia ha dejado de de gastar un
tercio del presupuesto para I + D, y sin dar explicación alguna de ello. Me
quito el sombrero ante estos alumnos del Filósofo rancio. Es de cajón que
necesitamos cambiar radicalmente este estado de cosas. La pregunta es: ¿por dónde empezar? No
encuentro otra respuesta que allá por donde la debilidad del hecho tecnológico
es más visible y por donde –todo lo indica— es más necesario y, a la vez,
urgente, a saber, desde el centro de trabajo y la empresa mediante el
instrumento de la negociación colectiva. Ello implicaría una nueva relación de
los sujetos negociadores con el hecho tecnológico.
En ese sentido, conviene un giro estratégico de la
tradicional cultura del sindicalismo confederal. Porque la tradicional
distancia que ha habido en España con relación a la innovación tecnológica –la
que explica el profesor Maluquer en su libro-- también ha afectado lo suyo a
los sindicatos. Hasta tal punto las cosas han sido de ese modo que tan sólo en
los momentos crisis de las empresas, los planes de viabilidad de los sindicatos
han planteado la innovación tecnológica: una posición justa, pero a la
defensiva, y casi in articulo mortis.
Tiene razón Joaquim González, una persona que conoce
el paño, cuando plantea «… que que debemos
impulsar la innovación en todas y cada una de las plataformas de diálogo:
patronales, sindicales y administraciones; crear instrumentos que
impulsen y faciliten la alianza de las pequeñas y medianas empresas a fin
de mejorar su tamaño, y tener como objetivo la cooperación
innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles» en No hay política industrial sin innovación útil.
Ciertamente, no considero que el adjetivo «útil» sea en este caso un perifollo.
En concreto de lo que se trata, a mi juicio, es articular una potente
trama de negociaciones en empresas y sectores donde la innovación tecnológica
sea el eje central. Quede claro que no nos estamos refiriendo solamente a los
sectores industriales sino al conjunto del universo del trabajo, también –por
lo tanto y por supuesto— a los servicios y a las administraciones
públicas. Este sería un proceso
itinerante sin fecha de caducidad, porque el hecho tecnológico ya no se produce
como lo hacía antaño, de higos a brevas. Ya no es un acontecimiento espaciado
en el tiempo sino diario. A esa trama contractual, a esos contenidos y a ese
itinerario de muy largo recorrido lo llamo Pacto social por la innovación
tecnológica. «Útil», naturalmente. De ello he hablado, largo y tendido, en http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/09/la-parabola-del-sindicato.html
No abundaremos hoy en la necesidad de simultanear la innovación
tecnológica con una profunda reforma de las relaciones laborales en sentido
progresista. De ello se ha hablado insistentemente en este blog. Pero sí
recalcaremos hasta la saciedad que un proceso de innovación tecnológica sin los
correspondientes derechos individuales y colectivos sería una reedición del
pensamiento del Filósofo rancio, algo que no encaja convenientemente.
Radio Parapanda.-- Lo social y lo político por Javier Aristu. Y
sábado, 27 de septiembre de 2014
LAS GRIETAS DEL PARTIDO POPULAR Y EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES
El movimiento de las mujeres está de enhorabuena y
su alegría está más que justificada. Hablamos,
naturalmente, de la victoria que ha alcanzado tras la retirada del
proyecto de ley del aborto que –aunque era una obra de gobierno— se ha llevado
por delante al ministro Ruiz Gallardón que había hecho del mismo su preferido
juguete teológico. En todo caso, hay que señalar que el Partido Popular no
retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada
bajo el Gobierno de Zapatero: una vela a Dios y otra al Diablo.
Ahora bien, entiendo que es necesario escarbar más
en los orígenes de esta sonada victoria del movimiento de las mujeres. Creo
que, sobre todo, es el resultado de unas exigencias, de unas movilizaciones que
vienen de muy atrás. De momento, es
preciso referirnos a la presión sostenida de un movimiento de mujeres que supo
incidir, en condiciones muy duras y adversas, en las capas tectónicas de la
sociedad provocando una cultura laica, confrontándose con la ancestral moral
religiosa, que había moldeado una ideología muy extendida.
Vale le pena referirse a que el movimiento de las
mujeres siempre fue más por delante que los planteamientos de la izquierda,
siempre muy pacata y temerosa de perder apoyos electorales ante el tema de la
legalización del aborto. Me permito una evocación personal al respecto:
recuerdo el primer mitin del Partido Comunista de España en Santa Fe, capital
de la Vega de
Granada, en puertas de las primeras elecciones generales, 1977. Un servidor
compartía cartel con Rosa María Félix, brillante y combativa universitaria y la
joven promesa local Rafael Rodríguez Alconchel. En su fogosa intervención Rosa habló,
saliéndose del guión oficial, de la legalización del aborto. Se me pusieron los
pelos de punta porque entendía que tal extremismo nos podía jugar una mala
pasada. Y así se lo dije. En ese momento yo era también la expresión de (casi)
todos los dirigentes comunistas que entendíamos que, en ese aspecto, teníamos
que ir con pies de plomo. Pero, Rosa María Félix era la más cabal expresión de
lo que iba cambiando vertiginosamente en la sociedad española de la época. No
entendíamos, pues, que ese aparente radicalismo
era siembra y regadío para obtener nuevos derechos de ciudadanía. Es decir, que
se estaba incubando la derrota de una vieja –y ya ridícula-- doble moral y doble contabilidad que venía
desde tiempos muy antiguos. Más todavía, aquel radicalismo estaba empezando a agrietar, los arcanos dogmas de las
derechas (incluidos los de la iglesia instalada) y, simultáneamente, los
cagadudas de la izquierda. Lo hacía desde la compleja e incómoda conllevancia de las mujeres con su
propio partido, al menos en ese aspecto.
Desde luego, de aquel potente movimiento de mujeres
vienen las grietas del Partido popular. En resumidas cuentas, aquel movimiento
de mujeres expresaba de manera contundente el valor y la utilidad de su propia
autonomía de proyecto y de trayecto. Ahora podemos decir lo que no vimos en
aquella época: el carácter seminal de ese movimiento.
Por otra parte, las propias explicaciones de Rajoy
en torno a la retirada de la ley, haciéndose obscenamente el mosquita muerta,
no han ido por el camino de la moral sino porque no «hay consenso en la
sociedad». Lo que indica implícitamente que, incluso en el territorio de la
derecha, las cosas en ese sentido han cambiado. Nos imaginamos el parraque que
habrán sufrido Rouco y sus hermanos.
Sí, es necesario hablar, aunque someramente, de los
altos funcionarios de la
Iglesia , cuyo campeador más montaraz es el cura mitrado de
Alcalá. Pues bien, soy del parecer que nada de lo que están diciendo estos
caballeros ensotanados está en clave teológica sino en la del poder, en la
pugna interna de la Iglesia
católica, apostólica y, por supuesto, romana. Esto es, qué sector de esa
creencia tiene la hegemonía de la moral, hecha poder, en los procesos en curso
y de cara al futuro. Es decir, si alcanzará más influencia social el saludable
reformismo del Papa Francisco o los representantes de las nieves de antaño. Y
comoquiera que la gran mayoría de la sociedad ha enviado al ropavejero una gran
parte del poder tradicional de la
Iglesia , entendida esta como las franquicias de sus altos
funcionarios, el exasperado obispo alcalaíno no tiene más remedio que gritar a
lo Júpiter Tonante, contra las «estructuras de pecado» de quienes van en
dirección opuesta. No es, pues, una cruzada religiosa ad majorem gloria dei sino una batalla por el poder, por la
fisicidad del poder: entre el reformismo o el Palmar de Troya. Digamos que la
batalla no está zanjada.
Como tampoco está históricamente zanjada la
intención de la religión católica –tampoco en el Islam— «de afirmarse como el
único fundamento posible de la comunidad, como el depósito de los recursos
morales. De una religión que acepta la democracia sólo como un producto
secundario y subordinado». Son palabras
de Riccardo Terzi que, a continuación, aclara: «Hablo de la institución, no del
sentimiento religioso».
En resumidas cuentas, al movimiento de las mujeres le
queda todavía mucho camino por recorrer. En todo caso, ahora tiene más aliados
en una sociedad más laica. De la que la política está un poco más pendiente,
incluidas las martingalas electoralistas; incluida también la parsimonia
pusilánime de ciertos partidos que todavía son estúpidamente temerosos de las
franquicias de la «cuestión vaticana».
jueves, 25 de septiembre de 2014
LA CONSTITUCIÓN QUE YO VOTÉ (Y POR QUÉ AHORA QUIERO VOLVER A VOTAR)
Miquel A. Falguera i Baró,
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
1. Una especie de historia
de desamor.
En 1978, cuando se celebró el referéndum de la Constitución yo tenía
veinte años. Era un joven militante comunista, que no pudo votar en las elecciones
de 1977 porque entonces la edad mínima para hacerlo era de 21 años (lo que se
modificó poco antes del referéndum constitucional para incentivar la
participación).
Por tanto, mi estreno como votante fue con
ocasión de la aprobación de la vigente Constitución , la misma que intento
aplicar, con mejor o peor resultado, en mis sentencias.
Debo confesar, sin embargo, que voté a favor
sin un pleno convencimiento. Lo hice porque ésa era la consigna del partido.
Pero me asaltaban las dudas de si no se podía ir más allá en el pacto
constitucional. Reflexionando ahora me doy cuenta de que mi visión era
periférica, en tanto que se correspondía con la correlación de fuerzas en
Cataluña: aquí sin duda se podría haber ido mucho más allá. Pero ésa no era la
realidad en todo el Estado. Ese resquemor fue creciendo con el tiempo en buena
parte de la militancia comunista (el runrún de los límites de la transición y
los Pactos de la Moncloa )
y en gran medida explica la ruptura del PSUC en 1981.
Pero batallitas a parte, cada vez tengo más
la sensación de que la
Constitución que yo voté no es la misma que la que estoy
ahora aplicando, aunque formalmente su redactado sea prácticamente el mismo.
No sigo en la lista de agravios. De hecho,
podría ir comparando todos los artículos del texto constitucional con mi
lectura juvenil de tres decenios y medio antes y constatar su realidad actual:
seguro que en la inmensa mayoría de ellos hay desilusión. Mi relación con la Constitución es como
la de aquella pareja que se casan sin mucho convencimiento y que, tras el
decurso de los años, constatan cómo sus ilusiones de vida en común se han
venido abajo.
2. Reforma o nuevo proceso
constitucional
¿Podrían haber ido las cosas de otra forma?
Ucronías aparte, es obvio que el actual texto constitucional hubiera permitido
otra(s) lectura(s) No en vano nuestra Carta Magna ha sido calificada por los
especialista como “abierta”.
De hecho, la citada STC 119/2014
legitima la reforma laboral del 2012 (especialmente por lo que hace a la
degradación efectiva de la negociación colectiva respecto a la ley) recordando
que en nuestro sistema rige el principio de alternancia política y que, por
tanto, no existe una única lectura constitucional.
Ahora bien, ocurre que “otro modelo”
tiene en la práctica una evidente dificultad: los Estados precisan de dineros
para funcionar (y tienen, además, deuda acumulada) Y quién tiene los dineros
–esos enigmáticos “mercados”- exige la puesta en marcha de políticas
regresivas en materia social; por tanto, la reversión del pacto del que surgió
el Estado del Bienestar –en nuestro sistema: el pacto constitucional- y, en
consecuencia, que los ricos sean cada vez más ricos y que se desmantelen las
tutelas hacia los menos afortunados. Una
lógica que en la práctica determina que los pactos sociales que se plasmaron en
las Constituciones democráticas de los países en los que regía el Estado Social
y Democrático de Derecho, deban ser desmanteladas. Un escándalo democrático –en
el que juega un papel activo la propia Unión
Europea-
Y a ello cabe sumar la paradoja derivada de
la evolución de determinadas culturas políticas. En efecto, aquel modelo “abierto”
ha devenido en la práctica “cerrado”, como si le lectura del texto
constitucional que se ha ido efectuando en los últimos treinta y cinco años
fuera la única posible. Y en ese marco resulta que los que están invocando
siempre la Constitución
–por ejemplo, el Partido Popular- son los que no la votaron. Recuérdese
en ese sentido que los diputados de Alianza Popular en las Cortes
constituyentes o se abstuvieron –si no recuerdo mal, el señor Fraga- o votaron
en contra (los denominados “cinco magníficos”, todos ellos ministros
franquistas) Y si se busca en las hemerotecas aún podrán encontrarse
incendiarios artículos de actuales prebostes populares vaticinando los males
que nos iba a llevar la aprobación de la Constitución. Esos
mismos, tras practicar el entrismo, son lo que hoy blanden nuestra Carta Magna
como la razón última que impide cualquier cambio de modelo. Pues bien: ellos no
la votaron, yo sí.
En estas últimas semanas el nuevo dirigente
del PSOE viene reclamando un cambio de nuestra Constitución. Se trata,
obviamente, de la constatación de que el actual texto ha devenido desfasado. Y
es ésa una obviedad. Pero cabrá añadir: no sólo en el terreno territorial (“la
cuestión catalana”) La
Constitución hace aguas porque, en la lectura al fin que ha
devenido hegemónica –la de la que no la votaron- ha impuesto un modelo “cerrado”
de sus contenidos (con el consenso el algún caso del propio PSOE). Vuelvo a la
paradoja: yo hoy no votaría la actual Constitución.
Y
Pero el problema es que en los actuales
momentos no se trata de cambiar algunos contenidos. Se trata de articular otra
democracia, más participativa y adaptada a la nueva realidad. O, si se
prefiere, superar el actual modelo pseuoligárquico, avanzado en un terreno en
que los ciudadanos sean lo que de verdad decidan.
miércoles, 24 de septiembre de 2014
LA BRONCA INTERNA DE CC.OO, EN COCA COLA, EXPLICADA POR ENRIQUE LILLO
Escribe, Enrique Lillo, responsable del Gabinete Interfederal
de CCOO
24 de septiembre de 2014.
Estimado compañero y más aún, camarada y amigo López Bulla:
En primer lugar, te agradezco tu amabilidad personal para permitirme
publicar, en tu admirable blog, mis impresiones subjetivas y personales sobre
el conflicto social y con una dimensión interna sindical de Coca Cola. A su
vez, te describiré también el antecedente de éste que dio lugar al primer
enfrentamiento que tuve con la dirección de FEAGRA y con su secretario general
Jesús Villar con ocasión del conflicto de Panrico sobre la necesidad o no de
interponer recurso de casación contra la sentencia, en mi opinión, confusa y
jurídicamente incorrecta, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
En otro blog amigo, el de Eduardo Rojo Torrecilla, se hacen comentarios
muy pertinentes sobre ambas sentencias, la de Panrico y Coca Cola, y a ellos me
remito salvo alguna mención que haré específica en cuanto a Coca Cola por ser
ésta la materia principal que abordo en este trabajo.
Además, hay que tener en cuenta que junto con aspectos comunes, en ambos
casos, como son que los trabajadores principalmente damnificados víctimas del
despido colectivo, pertenecen a plantas y fábricas que por su lucha histórica
canalizada básicamente por CCOO, han logrado conseguir muy buenos convenios
colectivos.
Junto con este aspecto semejante o común, hay otro aspecto sobre el cual
creo que hay que reflexionar y profundizar y es el relativo a la compatibilidad
o no entre los criterios que inspiran la denostada reforma laboral del 2012, en
la que se prima el interés empresarial por la supuesta competitividad y
viabilidad de la empresa y la necesaria protección jurídica, incluso
constitucional del conflicto laboral y social protagonizado por los
trabajadores como el de actividad sindical y negociación colectiva (art. 28.1),
huelga (art. 28.2) y estabilidad en el empleo (art. 35) de la Constitución Española.
En ambos casos, el criterio empresarial de selección de los afectados en
realidad esconde que resultan damnificados y despedidos los colectivos más
sindicalizados que han conseguidos buenos convenios colectivos, trabajadores de
Santa Perpetua en Cataluña de Panrico y trabajadores de Casbega en Fuenlabrada
Madrid en Coca Cola.
En el caso de Panrico, un criterio de selección esgrimido por los
abogados de la empresas y a su vez defendido por el informe de la Inspección de Trabajo,
consistía en que el criterio en virtud del cual se seleccionaba a los
trabajadores cuyo salario era superior y cuyo coste económico era superior al
de otros centros, era un criterio objetivo porque estaba conforme con la
defensa de la competitividad y viabilidad de la empresa que exigía
inexorablemente la reducción salario y, por lo tanto, el despido de los
trabajadores ordinarios que más sueldo tienen.
Esta circunstancia tan relevante, creo que merece un análisis específico
e intenso que yo en este momento no tengo ni tiempo ni energía intelectual
suficiente como para abordarlo, no obstante quizá más adelante haya que
plantearlo en todo su dimensión.
Además de esta selección de trabajadores conflictivos como despedidos
por su mayor salario y mejores condiciones convencionales, se acompaña con un
hecho relevante y transcendente que hay que poner en el debate sindical y
social. Este hecho consiste en la práctica frecuente de todas las auditorias
sobre la documentación económica de las empresas en la cual se hace constar que
en las memorias económicas de las empresas (que constituye un documento
imprescindible junto con el balance, cuenta de resultados, evolución de
patrimonio neto y estado de flujo de caja) no está incorporada información
sobre las retribuciones de los miembros del consejo de administración y del
personal de alta dirección.
Esta ausencia informativa debe ser muy relevante y además permitiría
analizar con mayor detenimiento si es objetivo y compatible con los valores
constitucionales de igualdad, justicia y estabilidad en el empleo, que una
empresa sacrifique despidiendo a los trabajadores ordinarios que tienen más
salario en aras a la viabilidad de la misma y sin embargo en esa misma empresa
permanezca la practica de retribuciones muy cuantiosas, muy superiores a los
sueldos de los diputados y presidentes de gobierno, tan denostados ahora, a su
personal directivo y a sus consejeros, esto constituye un escándalo social y
jurídico que debe ser denunciado enérgicamente y que sin embargo no lo está
siendo al menos con la intensidad que se debiera.
En ambos casos hay rasgos de semejanza entre un conflicto y otro, el de
Panrico y el de Coca cola, como es el relativo a la afectación de trabajadores
que sufren el despido y que pertenecen a colectivos que con su lucha histórica
de años han conseguido buenos convenios, la diferencia entre un caso y otro es
notable.
Esto constituye una explicación parcial del contenido distinto de ambas
sentencias.
En efecto, la diferencia es que Panrico estaba en preconcurso mercantil
en una situación financiera de pérdidas económicas continuadas según se
desprendía de su documentación contable oficial y el conjunto de las
embotelladores tenían muchos beneficios y eran muy rentables.
En el caso de Casbega, incluso el mismo día en que empezó el inicio del
ERE o el día anterior, se firmó un nuevo convenio colectivo con un incremento
salarial y nadie informó ni a la sección sindical de CCOO, muy potente en
cuanto a afiliación histórica y práctica
sindical en el centro de Fuenlabrada ni tampoco se informó al comité de empresa
ni sobre el ERE ni sobre la existencia de un supuesto grupo laboral de empresas
conformado por Casbega y las restantes embotelladoras.
Este extremo de súbita aparición con ocasión del ERE ante los
representantes legales de los trabajadores del conjunto de las embotelladores y
de CCIP como grupo laboral de empresas, es importante retenerlo en cuanto a sus
consecuencias porque aquí está junto con
otras circunstancias como las necesaria protección del derecho fundamental de
huelga y de los huelguistas cuando la huelga es convocada por CCOO., lo más
relevante del conflicto.
Este segundo aspecto de protección del derecho de huelga, es fundamental
puesto que la sentencia de Coca cola considera que se ha vulnerado este derecho fundamental de
huelga y considera además que los protagonistas principales de esta huelga y
también del factor coadyuvante en la declaración de la nulidad del despido
colectivo, es la participación masiva de los trabajadores de Casbega SA en la
huelga desde que fue convocada tras el comienzo del ERE y en la respuesta
empresarial (extremo este que significativamente banaliza el recurso de
casación interpuesto por el letrado Gayarre, del Bufete Sagardoy), que fue la
de sustitución de huelguistas y la del esquirolaje organizativo empresarial,
sustituyendo la producción y comercialización que había venido realizado
Casbega Fuenlabrada por la producción en otras empresas distintas y creando
nuevas líneas de comercialización..
Pues bien, este segundo aspecto se produce en un año en el que CCOO
tiene ante si el reto de defensa social, sindical y jurídica de muchas decenas de imputados por
participación en piquetes de huelgas generales.
Ciertamente, en alguna intervención (y a preguntas en asambleas a las
cuales he acudido puesto que desde mis
37 años de intervención jurídica en CCOO muchos de ellos he intervenido junto
con el comité de empresa de Casbega y aparte de compartir militancia sindical
soy amigo personal de Paco Bermejo, Mercedes Pérez Merino, Juan Carlos Asenjo,
portavoz del “Campamento de la
Dignidad ”, Pulido y
otros más jóvenes como Marcelo y otros muchos), he debido manifestar que
nuestro ordenamiento tiene una “laguna”
jurídica en lo relativo a obligar a una empresa a reabrir un centro que
decide definitivamente cerrar.
No obstante, esta manifestación parcial efectuada en una intervención
amplia, la hice antes de que se celebrara el juicio y se dictara la sentencia
del despido nulo con condena a la readmisión de los trabajadores en sus puestos
de trabajo de sus respectivas empresas con abono de los salarios de
tramitación. Lo que nunca dije, y esto ha sido manipulado, dicho sea con
claridad por Jesús Villar y su equipo o parte de su equipo de dirección
federal, es que la readmisión a consecuencia de la legalidad del cierre de
Fuenlabrada Casbega, pudiera producirse con otras funciones distintas incluso
en otras empresas o en otras embotelladoras a las cuales pudieran ser
trasladados trabajadores de Casbega que
han sido despedidos y que tienen a su favor una declaración de nulidad del
despido.
Este hecho, en mi opinión, es el origen de la bronca interna en CCOO que
no se debe ni se puede esconder. El conjunto de las embotelladoras y su abogado
así me lo comunico a mi, no reabriría el centro de Fuenlabrada bajo ningún
concepto ante lo cual, yo, verbalmente siempre le he transmitido que las
sentencias están para cumplirlas y que como dicen los trabajadores en el
“Campamento”, que deben ser readmitidos en su centro y deben percibir los
salarios de tramitación y, con posterioridad, una vez readmitidos, la empresa
podrá negociar o adoptar decisiones.
Esta consideración también, es
fundamental porque ni la documentación aportada ni ningún estudio de plan
industrial alguno establece con un mínimo de objetividad que la producción de
Fuenlabrada que nutre de Coca Cola a toda la zona centro de España, que es una
de las mayor consumo, deba ser cerrada. Como muy bien dice la sentencia esto es
una apreciación subjetiva del informe realizado por el consulting “Estudio
Económico” que es un consulting vinculado a Cristóbal Montoro en su nacimiento
y en su propio desarrollo, según informaciones del diario elpublico.es.
Además, hay que tener en cuenta que en la planta de Fuenlabrada, la
embotelladora Casbega ha realizado importante inversiones y renovaciones
tecnológicas, en consecuencia no solo cabe dudar sobre la objetividad del cierre
de Fuenlabrada sino que existe un conjunto de hechos como los descritos, que
permiten deducir razonablemente que el motivo por el cual se cierra Casbega
Fuenlabrada es el castigo a quienes se atrevieron a reivindicar y luchar por un
buen convenio colectivo, el mejor de todas las embotelladoras, sin dudas.
Más aún, este criterio subjetivo empresarial de castigar a los más
reivindicativos, es decir, a los que
tienen un poder sindical real en la empresa, se refuerza si tenemos en cuenta
que las adhesiones voluntarias e individuales
a las propuestas de bajas indemnizadas, prejubilación o traslados,
realizados unilateralmente por la
empresa conseguidas a través de presiones intimidatorias sutiles o
directas de los respectivos departamentos de recurso humanos de las mismas,
donde menos ha habido y han sido escasas, han sido precisamente en Casbega
Fuenlabrada.
Más aun, el número de despidos de quienes no han firmado ningún
documento individual con la empresa, se concentra básicamente en Casbega
Fuenlabrada.
Esta manipulación realizada por el secretario general de FEAGRA, Jesús
Villar, acerca de que el cierre es irreversible y que, por tanto, hay que
pactar el traslado a otras empresas del grupo laboral, implica la admisión no
del criterio jurídico de la sentencia sino del criterio jurídico de Iván
Gayarre del Bufete Sagardoy, explicitado en su recurso de casación...
Sigue en (con el texto completo): http://theparapanda.blogspot.com.es/2014/09/ccoo-coca-cola-y-enrique-lillo.html
¿FRENTE DE IZQUIERDAS? NO, GRACIAS
Escribe, Javier Terriente
En la ideología.-
Es constatable que
el hecho de que un partido se reclame socialista, de izquierdas, marxista o “de
la clase obrera”, mediante un ejercicio puramente autoproclamativo, no lo
caracteriza en sí mismo como tal. En cualquier caso, sería discutible semejante
pretensión, y dadas las inacabables controversias doctrinales e históricas
entre diferentes partidos para apropiarse de esos términos, habría que subrayar la extrema dificultad
de validar a quienes se reclamen de la
izquierda “auténtica”. Naturalmente que existen clases y lucha de clases, y por
supuesto que el marxismo ha encontrado en la crisis una nueva y creciente
credibilidad cada día que pasa, pero, otra cosa es pretender elevarlo en las
condiciones de hoy, a la categoría de doctrina e ideología oficial de partido.
La historia reciente muestra que esta es una tarea estéril y expuesta a mil y una
vicisitudes, no siempre pacíficas. De un modo similar, los sindicatos se han
visto afectados por la crisis/desaparición del impacto de la “gran fábrica” en
las formas de producir, la influencia de las nuevas tecnologías en las
relaciones del trabajo y su incidencia sobre la multiplicación de nuevas
categorías de asalariados y profesionales… Eso los compromete a incorporar a su
radio de acción a los jóvenes, a las clases medias empobrecidas, a las grandes
masas de desempleados, al mundo de la ciencia y la cultura…y los emplaza a revisar a fondo las formas de
organizarse, las estrategias tradicionales de lucha y de negociación, los
contenidos programáticos, las alianzas sociales y políticas, o las formas de
establecer relaciones con los poderes públicos y las empresas. En consecuencia,
parece algo inapelable que en la izquierda se ha producido una ruptura entre la
ideología declarada y sus correlatos organizativos, lo que ha afectado de un
modo muy particular a los partidos tradicionales, al no haber sabido extraer
consecuencias prácticas que los resituaran ante las grandes mutaciones
sociológicas y culturales contemporáneas. Una de ellas sería la exigencia de
una completa transformación política y organizativa a la que se resistieron de
forma suicida. De ahí su declive y hasta su desaparición en ciertos casos. Esta
nueva situación, dicho de forma esquemática, ha
llevado a la irrelevancia a viejos partidos basados en el marxismo
dogmático y en el credo de la defensa de la clase obrera como único sujeto
social de referencia. Llegados a este punto, podría ser útil reflexionar sobre
las varias maneras de entender el comportamiento de los partidos: una, cómo se ven a sí mismos, otra, cómo los
perciben los ciudadanos, y otra, cómo son en realidad. Lamentablemente,
suele prevalecer la primera interpretación, cuando la segunda y tercera son las
decisivas, lo que acrecienta su incapacidad para discernir errores y
disfunciones graves entre la acción política-organizativa real y los postulados teóricos, y a soslayar las
semejanzas, a veces sorprendentes y nunca reconocidas, con los “adversarios de
clase” en el día a día de la política municipal.
En la política municipal.-
Si desde la perspectiva del discurso teórico
abstracto no supone mayor dificultad situar a una organización en las
coordenadas de la izquierda, no lo es en cambio valorar del mismo modo sus
actuaciones en el marco municipal. Se sabe que el espacio local es una
dimensión concentrada a pequeña escala de la política general, un excelente
laboratorio de análisis y experimentación acerca del desenvolvimiento de las
amistades peligrosas de alto riesgo. En este ámbito, los grupos de poder han
fabricado sus propias reglas basadas en pautas comunes a la globalidad de la
política: la opacidad, la impunidad, la indiferenciación política y la
degradación de la democracia local. Por supuesto que no puede hablarse en
general, pero tampoco es excepcional que hayan contaminado en mayor o menor
grado a fuerzas y gobiernos de signo opuesto. Veamos: Problemas como la corrupción,
el nepotismo y las redes clientelares, afectan, también, a la denominada
izquierda “realmente existente”. Las políticas urbanísticas y de ordenación del
territorio, basadas en el negocio del ladrillo y el desprecio medioambiental,
han sido el eje del crecimiento de la mayoría de los municipios, con efectos
devastadores sobre el territorio y sus poblaciones. El color no importa. Las
ventas de patrimonio público de suelo a precio de saldo a empresas del entorno
de los gobiernos locales, las modificaciones a la carta de planes urbanísticos
y las privatizaciones de servicios esenciales como el agua o los residuos,
sujetas a pliegos de condiciones inadmisibles, no admiten distinciones
políticas. La creación de empresas mercantiles con capital público municipal,
con el fin de gestionar las obras y servicios al margen de los controles
públicos, que fue la gran contribución del modelo Gil marbellí, se ha
convertido en moneda corriente. La concepción mercantil de la cultura y la
construcción de costosísimas edificaciones infrautilizadas, a mayor gloria de
los alcaldes de turno, no admite diferencias; tampoco los sueldos y
asignaciones de alcaldes y concejales y las contrataciones de asesores fútiles,
así como el reparto de cuotas de representación en los consejos de
administración de las empresas públicas y Cajas. No sería extraño encontrar,
bajo el disfraz del pragmatismo y del social-populismo, tan habituales en el
ámbito local, similitudes indeseables entre la derecha y sectores de la
izquierda de dimensiones sorprendentes.
En la posibilidad: En el pasado, la
propuesta de “unidad de la izquierda” significaba construir una gran alianza
estratégica entre el socialismo y el comunismo, que zanjara definitivamente la
división histórica entre ambas corrientes, de comienzos de los años 20. Esa
propuesta incluía también tender a la constitución de una nueva formación de
izquierdas común. Hoy, dicha
eventualidad queda descartada por razones obvias. Al margen del PSOE, lo que
hay es un universo heterogéneo de partidos, con diferentes grados de
implantación y orientaciones muchas veces enfrentadas. De ahí que sería
arriesgado prever las posibilidades de un Frente/Confluencia de izquierdas, más
aún si Podemos descarta participar en operaciones frentistas, según declaraciones
de sus portavoces reconocibles. Por añadidura, es muy probable que algún
partido pretenda capitalizar iniciativas surgidas al calor de Guanyem
Barcelona, aunque no tengan nada que ver salvo el nombre, como marca blanca por
motivos espurios. Las contundentes declaraciones de Ada Colau (16/9/ 2014)
denunciando esa estrategia despejan cualquier duda. Si, además, lo que les
uniera fuese una consecuencia directa de un horizonte electoral inmediato,
podría ser que lo que nació como un proceso para sumar y multiplicar el
protagonismo de los ciudadanos, facilite el retorno de los viejos parámetros de
la política y acabe en un pandemonio. Al hilo de experiencias similares en el
pasado, un veterano militante de izquierda se lamentaba: “Queríamos lo mejor y
pasó lo de siempre”
En la conveniencia: Lo que se juega
en las próximas elecciones municipales no es solo desalojar a la derecha de los
centros de poder local sino avanzar en la socialización de las distintas
realidades del poder, inaugurando una nueva época que ponga las bases de una
democracia económica y social avanzada y participativa, de abajo arriba, desde
los ayuntamientos al gobierno del Estado. Una dialéctica izquierda/ derecha
limitaría extraordinariamente ese horizonte, pues deja fuera de juego a demasiada
gente que, si bien no se siente identificada con ese esquema, es decir, que no
se define de izquierdas, sí forma parte del victimario de la crisis y aspira a
cambiar las cosas valiéndose de instrumentos diferentes. Por otro lado, un
Frente/confluencia de izquierdas, cualquiera que sea la marca electoral que le
dé soporte, transmitiría una
propuesta municipal extremadamente equívoca y vulnerable: Estaría obligada a
responder permanentemente a todo género de descalificaciones guerracivilistas y
reforzaría la cohesión de las fuerzas bipartidistas, desplazando hacia ellas a
sectores ciudadanos víctimas de la crisis y críticos con el bipartidismo, que
hoy mantienen una inclinación electoral incierta.
Y en la estrategia
El futuro inmediato es clave. Lo que anda en juego
no es la confrontación izquierda/derecha sino otra que se libra en un tablero
diferente: poder autoritario y corrupto de las élites económicas y políticas
locales (castas locales) o poder democrático y decente de los ciudadanos. La
cuestión central, ahora, es recuperar la democracia municipal y el sentido de
lo público, amenazados por grupos corporativos que se han adueñado de una buena
parte de los ayuntamientos e imponen sus propias normas de juego. En numerosos
casos, el poder no reside en los Plenos sino en los despachos de las empresas,
lo que convertiría la democracia local
en un cascarón sin contenido. Por eso, cuando se dice democracia se quiere
decir derechos, que en los municipios adquieren una vertiente muy visible y
concreta: lucha contra los desahucios, viviendas sociales suficientes, batalla
contra la corrupción y el clientelismo, control de la gestión y presupuestos
participativos, políticas efectivas de igualdad defensa de los servicios
públicos y recuperación de los privatizados, protección del patrimonio urbano y
natural, combate contra las desigualdades sociales y territoriales, guarderías
municipales, cuentas transparentes, dignificación de los cargos públicos
mediante la renuncia a los abusos salariales y privilegios varios, bolsas de
trabajo y políticas activas de empleo, creación de empresas, seguridad, defensa
del comercio y de los productos locales, adecuación social del IBI, atención a
los mayores y a los jóvenes, cultura para todos, deporte de base…. Existen,
pues, incontables razones individuales y colectivas que muestran la exigencia
de construir un amplísimo consenso social dirigido a reconstruir la ciudad democrática e inclusiva, que
abarque por igual a territorios y afinidades ideológicas y políticas
diferentes, y hasta contrapuestas. Hay una inmensa tarea por delante,
comenzando por poner nombres a las personas anónimas, hacer hablar a los que
callan y convertir la resignación en voluntad de combate. Se trataría de sumar
a gentes y fuerzas ciertamente comprometidas con los problemas de las ciudades y pueblos y reflejarlo en una
opción electoral que se someta al escrutinio y a la voluntad de procesos
democráticos: Nuevos modelos de confección de listas y de elaboración de
programas basados en la transparencia y en la participación directa, individual
y concreta de los ciudadanos, sistemas de control y seguimiento permanentes… Una
apuesta de alto riesgo, que casaría poco con dinámicas que permitan
revitalizar, por activa o por pasiva,
antiguos contextos de acuerdos cupulares, que acabarían por expulsar a
las mayorías sociales de las grandes decisiones.
Probablemente, si se confirmara la ausencia de
candidaturas de Podemos en las municipales, se abrirían hipótesis enfrentadas;
una, reforzar el polo innovador de plataformas ciudadanas ya en marcha en las
formas y contenidos de la política, pero otra, no descartable, someterse a la
paradoja, en el caso de que formara parte de marcas blancas mediatizadas por la
izquierda tradicional, de contribuir a su pesar a un frente de izquierdas bajo
los parámetros de la vieja política. Esta es otra historia. Radio
Parapanda. RÉQUIEM POR GALLARDÓN
Parapanda. RÉQUIEM POR GALLARDÓN
martes, 23 de septiembre de 2014
EL POSE Y EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Leo que Pedro Sánchez propone un nuevo
Estatuto de los Trabajadores. No es algo irrelevante, por supuesto. Así
que esta noticia merece algunos comentarios. Pero, antes de meterme en harina, quisiera
decir que Sánchez debería haber indiciado qué elementos esenciales –o, si se
prefiere, qué paredes maestras-- debería
tener este nuevo estatuto, de un lado; y, de otro, qué relación guarda esta
propuesta con otra de no menor calado, ya prometida también, cual es la
derogación de las sucesivas reformas: tanto la de Zapatero como la de Rajoy. No
es cuestión de pejiguería sino de clarificación. En todo caso, ello no quita
importancia a la nueva propuesta del flamante secretario general del PSOE.
Entiendo, por descontado, que ese planteamiento debe
ser apoyado sin ninguna reserva mental. Que alguien diga que la propuesta sea
electoralista no deja de ser una vulgaridad. Ahora bien, que deba ser apoyado
no implica que el sindicalismo siga sin delimitar de qué manera se trasciende o
se desborde el conjunto de la reforma laboral. Sin ese planteamiento soy del
parecer que el sindicalismo irá dando tumbos y su parábola declinará todavía más.
Es más, sin ese planteamiento, además, no habrá una negociación colectiva fértil,
de regadío. Hay, sin embargo, otro elemento de no menor consideración: sin ese
planteamiento es muy difícil que el sindicalismo tenga una estrategia autónoma.
Pedro Sánchez debería aclararnos cómo y de qué
manera se va a elaborar el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es exigible que
se elabore buscando la confluencia de todos los sectores y actores interesados
en tan importante y necesaria operación. Y es no menos exigible que se haga
teniendo en cuenta que el paradigma en el que nos encontramos nada tiene que
ver con el de 1978. No hace falta decir que el fordismo es ya pura herrumbre. Quiero
decir lo siguiente: sería completamente inútil que las cosas se orientaran a
reponer lo que se ha perdido o ha sido laminado por las reformas de Zapatero y
Rajoy.
Finalmente, entiendo que los actores sociales y los
operadores jurídicos del iuslaboralismo deberían ser convocados por Pedro Sánchez
para trabajar desde ahora mismo en un
primer borrador del Estatuto que se reclama. La formalización de estos trabajos daría más
consistencia a la propuesta de Sánchez. Y sobre todo parecería más sincera.
lunes, 22 de septiembre de 2014
PODEMOS: ¿POR QUÉ LE TACHAN DE POPULISMO?
«En la
fractura social se corre el peligro de que se insinúe el populismo, es decir,
la patología social de la democracia-régimen que explota la deconstrucción de
la democracia-sociedad», escribe Pierre Rosanvallon (1). Es obvio que, así las
cosas, no es riguroso tachar a Podemos con el sambenito de populista.
Y, sin
embargo, tan grave acusación no sólo no parará sino que se incrementará en el
futuro inmediato. Al menos mientras las encuestas sigan deparando un incremento
en su representación electoral. Lo que indicaría que quienes hablan de esa
manera no tienen ningún tipo de argumentos para contrarrestar ese fenómeno
político tan relevante. Tal vez las preguntas clave sean éstas: ¿por qué están
perplejos y, exactamente, qué temen?
Están
perplejos porque Podemos ha surgido de una manera “anómala”. Viene de las
multitudes que, hace tiempo, conformaban movilizaciones multitudinarias –las
famosas mareas multicolores-- contra las políticas de recortes y destrucción
del Estado de bienestar, contra la corrupción generalizada, tanto pública como
privada, y el declive de la democracia entendido como ligamen fundado en la
igualdad. Cuando preogresivamente aquellos movimientos entendieron los límites
de la movilización exclusivamente movimientista
y dieron el salto –que antes llamábamos de calidad— hacia “la política”,
empezaron las preocupaciones de lo que Podemos llama «la casta». Un inciso:
entiendo que Podemos amplía gratuitamente esa cualificación a formaciones como,
por ejemplo, Izquierda Unida.
Ese
surgimiento de la multitud difusamente organizada provoca una enorme
perplejidad, sin embargo, en todos los partidos. Por las siguientes razones:
saca a masas considerables del desinterés (o desafección) de la política a una
atención al fenómeno político de Podemos; hace emerger una importante izquierda
sumergida a la superficie, creyendo que no puede dejar pasar esta nueva
ocasión; y, finalmente, todo ello está creando una nueva relación, aunque
todavía es temprano para ver en qué sentido se orienta, con la vida pública.
Naturalmente, todo lo dicho provoca un come-come, una desazón, entre la
política instalada, que observaba con fruición que la alternancia en el poder
político era cosa de dos. O, por mejor decir á la Rosanvallon , una alternancia que deconstruye la
democracia-sociedad para lucro (no infrecuentemente espúreo) de la
democracia-régimen.
En ese
orden de cosas, Podemos está siendo tratado como los lugareños del Far West
que, cuando veían a alguien desconocido, preguntaban inamistosamente: «¿Qué
quieres, forastero?». Ahora bien, en este caso, comoquiera que es increíble
llamar forastero en Valladolid a un vallisoletano, el calificativo debe ser algo que exprese
degradación. Por lo tanto, la coz de populista substituye a la de forastero. Pero la coz es, por tautología,
una coz, no un argumento.
Nota. El
primer autor a quién leí en el terreno político la expresión «casta» fue a
Antonio Gramsci, ignoro si hubo alguien que la empleó antes. Si leen –o releen— al
amigo sardo lo encontrarán.
domingo, 21 de septiembre de 2014
SINDICALISMO Y DERECHO DEL TRABAJO
Ayer dábamos la bienvenida y recomendábamos el libro «Modelos de
derecho del trabajo y cultura de los juristas», que ha publicado la
editorial amiga Bomarzo. Se trata de una serie de investigaciones que
significan una celebrada incursión de sus autores en los territorios de la
historia del iuslaboralismo (en concreto de los modelos de derecho del trabajo)
que ha permanecido, en expresión de Umberto
Romagnoli, «largo tiempo sepultada y bajo un estrato de olvido». La lectura de este libro me trae a la memoria algunos planteamientos que, con
mucho gusto, traigo a colación.
Mi tesis es
la siguiente: ¿es clarificadora una biografía de Capablanca o de Karpov si no
se explican con aproximado detalle las partidas de ajedrez? En otras palabras,
la biografía del ajedrecista es fundamentalmente la del juego donde interviene
también el contrincante. Tres cuartos de lo mismo ocurre, a mi entender, con
las investigaciones sobre las vicisitudes del movimiento sindical. Salvando
pocas excepciones tales investigaciones se han caracterizado por los avatares
de las organizaciones al margen (o casi al margen) del contexto general,
especialmente de las situaciones de sus contrapartes, privadas o públicas.
Estas aparecen de refilón. De ahí que siempre haya planteado –sin el más mínimo
éxito hasta el momento-- que la
investigación debería ser primordialmente sobre el conflicto social, no sobre
una de las partes en litigio.
En esas
estamos cuando los autores del libro irrumpen y, me parece a mí, añaden (o, al
menos, se desprende de lo que dicen) un tercer actor: el iuslaboralismo. La
cosa evidentemente se complica, pero enriquece la historiografía. Quede claro:
no se trata de impugnar lo que se ha escrito sobre el movimiento sindical. Pero
lo cierto –dispensen a este viejo entrometido--
es que la enorme y fecunda relación que existió otrora entre el sindicalismo
y los iuslaboralistas apenas si ha concitado investigaciones por parte de los
historiadores. Y sin embargo, ahí están en la memoria colectiva y en las
fuentes orales.