Contra la criminalización del derecho de huelga

Queridas amigas y amigos:

Ya sabéis que el 9 de febrero se iniciará en Getafe el juicio contra los ocho miembros del Comité de Empresa de Airbus. UGT y CCOO están llevando a cabo una campaña de denuncia y de concienciación ciudadana sobre esta incriminación penal de sindicalistas. El 19 de enero se ha convocado un acto público en Madrid a las 18,30 para dar visibilidad a la campaña. Entre las múltiples iniciativas, los sindicatos van a hacer público un manifiesto que deberíamos firmar juristas y en general gentes “de lo social” en un número suficientemente indicativo.

El problema es que ha pillado las fiestas navideñas y la constitución del Parlamento y este tema requiere rapidez. Por eso os envío un BORRADOR DE MANIFIESTO que sin duda será modificado, pero no tanto como para que lo esencial del mismo esté ya en el texto que os envío. Si os parece bien, y a salvo de aquellas o aquellos que prefieran conocer la versión definitiva, podéis enviarme vuestra confirmación aquellas o aquellos que estéis de acuerdo con la idea que se expresa en el papel, de manera que ya en esta semana contemos con un número suficiente de personas de partida, que luego podrá ser completada hasta su publicación y conocimiento el lunes que viene. Os saluda, Antonio Baylos. 

Manifiesto contra la criminalización del derecho de huelga

Durante cuarenta años el franquismo mantuvo una hostilidad permanente frente al conflicto social y especialmente laboral. Era la expresión de su ADN político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el Dictador, y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y la emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la persecución contra el conflicto laboral y social, la huelga se reconoció como un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está conectado directamente con el compromiso del Estado Social y de los sujetos de relevancia constitucional como los sindicatos para promover la igualdad efectiva eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y cultural.

A partir del 2010 hemos sufrido en España un paulatino y creciente ataque a los derechos sociales de la ciudadanía y a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país causados por la aplicación de injustas, arbitrarias e irrazonables políticas de austeridad que, especialmente a partir del 2012, han causado un inmenso sufrimiento social y han incrementado la desigualdad y la exclusión en una buena parte de las clases subalternas. El ciclo de luchas que se ha desarrollado en España en esta etapa, especialmente entre el 2010 y el 2014, expresa una fuerte resistencia ciudadana a tales medidas y es posiblemente la fase de mayor entidad y consistencia de movilizaciones sociales, por la cantidad y diversidad de figuras sociales comprometidas, desde la transición a la democracia, hace ya 40 años. En esas luchas han cobrado una relevancia extraordinaria las huelgas generales convocadas por los sindicatos en el 2010 y en el 2012, que unieron protesta y propuesta alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema de derechos laborales.

La respuesta de los poderes públicos a estas intensas movilizaciones ha consistido esencialmente en la criminalización selectiva de los participantes y la instauración de un marco represivo general – la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal entre otras – que disuada en el futuro frente a las expresiones más efectivas de la protesta ciudadana. En nuestro país el Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase obrera que suman ya 300 personas y dentro de los cuales se encuentran dirigentes sindicales, miembros de los órganos de representación de os trabajadores y en general militantes sindicales. Es el sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo de esta incriminación penal, que puede acarrear condenas de dos a ocho años de cárcel como los que se solicitan para los miembros del comité de empresa de Airbus cuyo juicio se celebra el próximo 9 de febrero.

Los abajo firmantes, como juristas y profesionales, como investigadores sociales y profesores, mujeres y hombres que creemos en la democracia, no podemos ni queremos callar ante esta operación que busca eliminar el derecho de huelga y estigmatizar a los sindicatos como autores de actos de violencia y coacción que nunca se han producido.

Alertamos a la opinión pública sobre este gravísimo atentado a la libertades democráticas, solicitamos al nuevo Parlamento la revisión del Código Penal, con exclusión de los preceptos criminalizadores que que han constituido la excusa para el plan represivo del poder público; expresamos nuestra solidaridad activa con las personas procesadas y exigimos que se establezca de forma nítida que el derecho de huelga es un valor central de nuestra democracia y los ciudadanos que lo hemos ejercitado no somos delincuentes ni súbditos: somos ciudadanos que rechazamos la injusticia y la arbitrariedad afirmando el valor de la igualdad y de los derechos que derivan del trabajo. La huelga no es un delito.