Por Marc Ustrell Hernández*
La empresa auditora Deloitte ha ganado contratos de la Generalitat de
Catalunya por valor de 41 millones de euros desde que contrató David Madí,
ex-asesor de Artur Mas.
El retorno de CIU a la Generalitat después de las elecciones de 2010
supuso el inicio de una etapa fructífera para las auditorías y consultorías de
empresas externas. La explicación de la Consejería de Economía es la necesidad de conocer
el estado real de las finanzas y que, si los informes los hubieran hecho los
mismos departamentos del gobierno “no todo el mundo se los hubiera creído”. En
los últimos dos años, las adjudicaciones de auditorías han beneficiado las
cuatro grandes auditoras del mundo, conocidas como las Big Four: Deloitte,
Pricewaterhouse Coopers (PwC), KPG y Ernst & Young. Tanto Deloitte como PwC
han fichado David Madí y Joaquim Triadú, dos ex-altos cargos de CIU. Deloitte,
desde la llegada de David Madí a finales de 2010, antes asesor de Artur Mas, ha
ganado contratos por valor de 41 millones de euros y ha triplicado los ingresos
respecto a los tres últimos años del gobierno de izquierdas.
David Madí es militante de Convergència Democràtica de Catalunya
desde 1993. Fue secretario de Comunicación de la Generalitat cuando
Artur Mas fue nombrado conseller
en cap – una especie de
vicepresidente – en el último gobierno de CIU de Jordi Pujol. Antes había
ocupado tres altos cargos públicos: jefe del Gabinete de Estudios del
Departamento de Interior, jefe del Gabinete de Economía i director de la Oficina del Portavoz.
También fue secretario ejecutivo de Comunicación y Estrategia de CIU y dirigió
tres campañas electorales de la federación (2003, 2006 y 2010). En 2007, cuando
se le consideraba una de las figuras clave de Convergència, publicó el libro Democracia a sangre fría en el que relataba como Artur Mas ganó
las elecciones del año 2003 contra todo pronóstico, como se ideó una de las
campañas electorales más polémicas de los últimos años, la del famoso vídeo Confidencial.cat, y como fueron
los primeros años en la oposición. En 2010, cuando las especulaciones lo
situaban dentro del nuevo gobierno de CIU, Madí anunció que abandonaba la vida
política para trabajar en el sector privado y Artur Mas, entonces presidente
electo, se despidió de su “amigo” de una manera emotiva, diciendo que era “una
pérdida muy dolorosa”. En este sentido, el actual presidente de la Generalitat aseguró
que Madí era “el colaborador más cercano, más valiente y más querido”, porque
había sabido “mantenerse en los momentos complicados y haber recibido muchos
golpes”.
Medio año después de dejar la política, Deloitte anunció la
incorporación de Madí como director del área de consultoría estratégica de sus
oficinas en Barcelona. La llegada del ex-secretario ejecutivo de Comunicación y
Estrategia de CIU a las oficinas de la auditora en Barcelona ha coincidido con
uno de los períodos más fructíferos de la dilatada relación entre Deloitte y la Generalitat. Sin
ir más lejos, semanas después al anuncio del nombramiento de Madí, el nuevo
gobierno hacía público que a Deloitte se le había adjudicado un contrato
próximo a los 800.000 euros para auditar la situación económico financiera de la Generalitat. Sin
embargo, oficialmente, las gestiones para esta adjudicación se habían iniciado
mucho antes del fichaje de Madí.
Durante los años 2011 y 2012 el gobierno catalán ha adjudicado
once contratos a Deloitte con un valor global de 41 millones de euros,
exactamente 41.686.268 millones de euros. Estos datos aparecen en el Diario
Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC). A lo anterior, cabe sumar dos contratos más adjudicados a
Deloitte como parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE), con las empresas
IN2 Ingeniería de la
Información y AXPE Consulting, y que suman un millón de
euros. Durante los últimos tres años del gobierno de izquierdas también se
adjudicaron una decena de contratos a Deloitte, pero la cifra total que ingresó
quedó alrededor de unos 3,8 millones de euros. Durante el gobierno de
izquierdas, la UTE ,
de la cual formaba parte Deloitte, sumó doce contratos más, valorados en unos
10 millones de euros. Por tanto, con CIU al poder, Deloitte ha multiplicado por
tres sus ingresos.
David Madí compagina su actividad profesional en Deloitte con
proyectos profesionales que desarrolla mediante sus dos sociedades: Nabul Consulting
y Icat Desenvolupament. Desde setiembre de 2011, Madí es presidente del consejo
asesor de Endesa en Catalunya y en junio de 2012 es nombrado vicepresidente de
la multinacional catalana de certificación Applus, concesionaria de gran parte
del negocio de las ITV en Catalunya. En un comunicado del grupo, se explica que
la incorporación de David Madí sirve para “reforzar el equipo directivo” en
medio “de un fuerte proceso de expansión internacional”. Por tanto, en poco más
de un año después de abandonar la vida política, Madí ya acumulaba tres altos
cargos en empresas que mantienen un estrecho lazo con la Generalitat de
Catalunya.
Deloitte y el sector TIC: contratos bajo sospecha
Durante la época del gobierno de izquierdas, los organismos que
adjudicaban los contratos a Deloitte o a la UTE , de la cual formaba parte, iban desde el
Departamento de Interior al de Relaciones Internacionales, pasando por
Presidencia o Bienestar Social. En ninguno de los contratos adjudicados entre
el 2008 y el 2010, la cifra superó los dos millones de euros. Solamente hay un
caso en el que la Unión
Temporal de Empresas consigue ser adjudicataria de dos
contratos destinados al mantenimiento y soporte de servicios genéricos de la Generalitat , y van
ligados al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de
Catalunya (CTTI) y tienen un valor de 2,3 millones de euros.
También están relacionados con el CTTI la mitad de los contratos
adjudicados a Deloitte durante el primer gobierno de Artur Mas. El organismo,
con más de 350 trabajadores, se encarga de los sistemas de información y de
telecomunicaciones y de la contratación, gestión y suministro de soluciones TIC
(Tecnologías de la
Información y la Comunicación ) de la Generalitat y del
sector público catalán. En verano del año 2012, el centro dirigido por Jordi
Escalé, adjudicó a Deloitte la gestión del proceso de transformación de los
servicios tecnológicos de la
Generalitat mediante una oficina “de transición” por el
gobierno y la planificación, coordinación e implantación de los procesos de
transformación del nuevo modelo de servicios TIC. El contrato que consiguió
Deloitte, ya con Madí como directivo de la empresa, se acerca a los 5 millones
de euros y tiene una validez de dos años más dos prorrogables, así lo recoge el
DOGC y el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, una empresa privada
se encarga de controlar la transformación del sistema tecnológico público. Las
consultoras Capgemini, Ernst & Young y Pricewaterhouse Coopers (PwC) también
licitaron por este contrato.
Paralelamente a esta adjudicación, el CTTI convocó el macro
concurso TIC para licitar uno de los contratos más importantes de la
legislatura valorado en 55 millones de euros. Según la Plataforma de Servicios
de Contratación Pública, el objetivo es la prestación del nuevo modelo de
gobernación para garantizar la correcta implantación del modelo TIC de la Generalitat. La
obertura de las plicas para la adjudicación del contrato fue el 11 de diciembre
de 2012, cuando aún había un gobierno en funciones. En el concurso se volvieron
a presentar Deloitte y dos empresas más: Pricewaterhouse Coopers (PwC) y la
francesa Capgemini. Sólo dos semanas después, la Generalitat anunció
Deloitte y Capgemini como las adjudicatarias provisionales y posteriormente
éstas presentaron los avales para conseguir el contrato.
Este macro contrato se divide en dos lotes: el primero incluye la Oficina de Gobernación de la Gestión de la Demanda y Proyectos y la Oficina de Soporte a la Gobernación Transversal ,
y el segundo incluye la
Oficina de Gobernación de la Gestión Operativa
de los Servicios y la Oficina
de Calidad. Deloitte fue adjudicataria del primer lote que es la más importante
que se ha llevado hasta ahora esta empresa. Según los datos extraídos del DOGC,
en el total de los cuatro años más dos de prórroga, ingresará 33 millones de
euros, cifra que triplica los 10 millones de euros que la Generalitat había
destinado en los dos años anteriores a la auditora donde trabaja David Madí. El
segundo lote del contrato fue adjudicado a la empresa Capgemini por un importe
anual de 3,7 millones de euros y una duración también de cuatro años más dos
años de prórroga.
Criticas del sector de las TIC.
Deloitte fue la adjudicataria de este gran contrato ligado al
sector tecnológico pese a ser conocida como una empresa de servicios de
auditoría y consultoría. Sin embargo, es cierto que Deloitte también ofrece la
planificación económico financiera de infraestructuras y el diseño y
estructuración de aplicaciones en las administraciones públicas. Además, este
contrato no se adjudicó directamente a Deloitte, sino a una empresa satélite
llamada Deloitte Advisory, S.L. Según consta en el Registro Mercantil de
Madrid, fue constituida en junio de 2012 y se dedica a “realizar trabajos de
consultoría, asesoramiento, estudios sectoriales o empresariales y consultoría
en el ámbito nacional e internacional en entidades públicas y privadas sobre
temas económicos, financieros y de gestión de la empresa”. Por tanto, la Generalitat , mediante
el CTTI, ha asignado una de las transiciones tecnológicas más importantes de
Catalunya a una empresa la actividad de la cual no se vincula expresamente al
sector de las TIC. Fuentes del sector de las TIC, que han preferido no
identificarse, explican que existen numerosas anomalías en las adjudicaciones
en el ámbito tecnológico en Catalunya. Aseguran que la administración exige
unas cláusulas que provocan una concentración en un nombre reducido de empresas
en detrimento del amplio colectivo de auditores y firmas de auditoría.
El anuncio de estos contratos coincidió, durante diciembre de
2012, con las declaraciones del presidente de la patronal madrileña CEIM y
ex-consejero de Bankia, Arturo Fernández, que acusó a Deloitte de ser la
culpable del agujero de la entidad financiera.
Otro contrato polémico de Deloitte con la Generalitat durante el
2012 fue el firmado con el Departamento de Interior, sin concurso y a pocos
días de las elecciones de noviembre. En total, 380.000 euros. El objetivo del
contrato es dar “continuidad en la ejecución de la unidad de soporte,
innovación y negocio del Departamento de Interior” que entonces dirigía Felip
Puig. El contrato se adjudicó mediante el proceso de negociación sin publicidad
(sin concurso abierto para que otras empresas presentasen sus propuestas) el
día 7 de noviembre de 2012. El gobierno catalán estaba en funciones y las
elecciones habían de ser el día 25 de ese mismo mes. El precio de adjudicación
fue el mismo que se había presupuestado y, al no existir competencia, Deloitte
no rebajó ni un céntimo su oferta.
Joaquim Triadú, Pricewaterhouse Coopers (PwC) y las auditorías
en los medios públicos.
Joaquim Triadú fue ex-consejero de Presidencia en uno de los
últimos gobiernos de CIU de Jordi Pujol y ex-secretario general en diferentes
consejerías. Dejó a principios de 2011 su condición de asociado en el bufete de
abogados Garrigues para pasar a dirigir el departamento de derecho público y
urbanístico de la empresa auditora Pricewaterhouse Coopers. Coincidiendo con
este fichaje, Artur Mas le nombró secretario del Consejo Asesor para la Reactivación Económica
y el Crecimiento. Durante los primeros meses de Triadú en PwC, la Generalitat adjudicó
una decena de contratos a la empresa auditora por un valor que superaba el
millón y medio de euros.
Entre las adjudicaciones a PwC, destaca una auditoría a fondo de
la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) con un coste para las
arcas públicas que inicialmente tenía que ser de 420.000 euros. Las cláusulas
para participar en este concurso fueron calificadas de “abusivas” por el sector
y la Generalitat
realizó una nueva convocatoria de concurso valorada en 225.000 euros. Volvió a
recaer en manos de PwC, pero con precio rebajado a la mitad. Fuentes del mundo
de las auditorías consideraron que la empresa donde trabaja Triadú “compensó” a
la Generalitat
con una rebaja próxima al 50% en l’ auditoría de la radio y la televisión
pública ya que meses antes ya había obtenido importantes contratos.
Además, un informe elaborado por el Colectivo Información y
Transparencia (CIT) cuestiona el conocimiento y la experiencia de PwC en el
sector de los medios de comunicación públicos y destaca que la multinacional
auditora sólo incorpora conocimientos en televisión de pago y publicidad,
obviando aspectos trascendentales como los contenidos periodísticos y la
función social del medio. En este sentido, el CIT critica el encargo de
auditorías externas con “la única finalidad de justificar las medidas que los
directivos de las empresas o instituciones ya han decidido previamente”. De
hecho, la denuncia hace referencia al caso de la Radio Televisión
Valenciana (RTVV) en que un informe de PwC avalaba la “necesidad” de un ERO que
acabó afectando a 843 trabajadores. Fuentes del comité de empresa de la RTVV aseguraron que los
responsables de PwC reconocieron que los directivos valencianos ya habían
marcado la cifra de despidos antes de comenzar a redactar el informe. Por
tanto, el Colectivo Información y Transparencia considera que el estudio de PwC
sobre la RTVV es
“una muestra clara de mala praxis profesional, posiblemente de malversación de
fondos públicos y también una evidencia de un desconocimiento profundo de lo
que se está analizando”.
El contrato más importante que el gobierno de CIU ha otorgado a
PwC fue el de un lote valorado en 460.000 euros para “analizar, diseñar y dar
soporte a la implantación del nuevo modelo de servicios TIC a la Generalitat ” pero la
empresa que fichó Triadú también consiguió contratos con empresas públicas vinculadas
al Departamento de Cultura o al de Territorio y Sostenibilidad. Uno de los
concursos ganados representó el cobro de 67.260 euros para elaborar un informe
donde se analizaban las opciones para “mejorar la eficiencia de los recursos
disponibles de la
Generalitat en materia de infraestructuras”. Finalmente
destaca la adjudicación en 2011
a PwC de la preparación de unos lotes de 28 edificios
que la Generalitat
quería vender por unos 450 millones de euros. Aquel trabajo no sirvió
prácticamente para nada ya que, recientemente, el gobierno catalán se ha visto
obligado a rebajar el precio de estos lotes de edificios después de intentar
venderlos sin éxito.
Concursos con cláusulas abusivas.
Casos como los de Deloitte o PwC han provocado que los
profesionales auditores hayan denunciado la presencia de cláusulas abusivas en
la contratación pública a favor de las Big Four. En España, de acuerdo con la Ley de Contratación del Sector
Público, bajo la cual se rige la normativa catalana, no se exige a los
licitadores un elevado capital social o un volumen de negocio desorbitado. Esto
sólo lo cumplirían un grupo reducido de auditorías entre las cuales están
Deloitte y PwC. El presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), del
Consejo General de Colegios de Economistas, Carlos Puig de Travy, asegura, en
una entrevista al diario Cinco Días, que con estas cláusulas “no se consigue el
objetivo que se desprende de la actual regulación sobre contratación del sector
público que no es otro que velar por la transparencia, la igualdad de trato
entre los candidatos y la libre competencia”. En este sentido, “el pliego de
cláusulas y de prescripciones técnicas se tendrían que elaborar bajo estas
premisas y hacer prevalecer el criterio de equidad en la contratación”. Puig de
Travy considera que “no es admisible, en ningún caso, la discriminación en
función del tamaño del auditor” y añade que “las administraciones públicas
disponen de otros medios mucho más fiables para verificar la capacitación
profesional del auditor, como son, entre otros, exigir en el pliego de
condiciones unas determinadas capacitaciones técnicas y experiencias
concretas”. El presidente del REA denuncia que “esta manera correcta de actuar
no se ha dado en algunos casos de contratación de servicios de auditoría de
entidades públicas de una gran dimensión” en las cuales, según él, “se han
solicitado acreditar niveles elevados de facturación o de capital en vez de
exigir capacitaciones técnicas y experiencias concretas”. Estas circunstancias,
añade Puig de Travy, “favorecen el monopolio del sector y evita que firmas
suficientemente capacitadas puedan acceder a estas contrataciones”.
* Es miembro del Grupo de Periodistas Ramon Barnils y del
Observatorio Crítico de los Medios Mèdia.cat. Se ha especializado en periodismo
digital y nuevas narrativas. Autor del blog marcustrell.cat sobre nuevos modelos de financiación
de los medios de comunicación.
Publicado en el Anuari Mèdia.cat. Els silencis mediàtics de
2012.
Traducción
Helios López Roig
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