Las autoridades catalanas han
tardado en decirlo. Esta vez por boca de Oriol Jonqueras. No importan las condenas del Tribunal Supremo.
Tras la independencia se anularán las sentencias. El Código Penal no es cosa
nuestra. Por lo tanto haremos tabla rasa. Y tras ello, posiblemente, se han
mirado a los ojos y exclamado «así nos las gastamos nosotros».
No hace falta ser muy lince para
pensar que estamos ante un llamamiento a no respetar la ley. Y que tamaño
despropósito no puede traer nada bueno. Naturalmente los robagallinas se
tragarán las condenas, con o sin independencia. Para ellos dura lex sed lex. Los agraciados son otros: Mas y Homs, y también los quinquis del alto parné, o
sea, los lustrosos protagonistas de los casos Palau, Petroria y Pujol.
Para ellos se fabricará la teoría de que los dineros expoliados iban para la
causa de Cataluña. Pero no todas las bravatas están dichas. Tan sólo estamos
ante una escalada verbal que, por días, aumenta su diapasón. Esta escalada
parece no tener límites. Como no parece tener límites, tampoco, la inacción del
Gobierno de Mariano Rajoy,
impasible el ademán pasado, presente y, tal vez, futuro.
Viene a cuento una experiencia
reciente. He pasado unos días en Bilbao con mi esposa. Hemos tenido la
oportunidad de hablar con algunas personas que nos dijeron que eran militantes
del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, gente “de orden”. Se decían
sorprendidos por la «disparatada orientación de Mas, Puigdemont y Jonqueras».
Y, sobre todo, por el «infantilismo» (sic) de sus autoridades. El viejo Café El Mercante fue testigo.
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