Escribe Helios
López Roig
Uno de los
episodios más difíciles para el PSOE fue la “Marcha Negra”, que tuvo su origen
en la reconversión del sector de la minería por parte del gobierno
“postsocialista” de Felipe González en 1992. Un año olímpico, cultural y
expo-nencialmente deslumbrante acompañado con dosis de políticas estatales
autoritarias. Esta forma de llevar el bastón de mando obligó cerrar diferentes
pozos mineros con el consiguiente despido de sus trabajadores. Rápidamente se organizaron
numerosas movilizaciones, algunas de ellas acabaron en cortes de carreteras,
mano dura de las fuerzas antidisturbios contra los obreros, destrozos sobre
todo en la zona de León que fue la más afectada. A todo ello se sumó el
encierro – que duró 50 días – de ocho dirigentes sindicales en la mina del Pozo
Calderón, exigiendo la devolución de todos los puestos de trabajo de sus
compañeros.
La “Marcha
Negra” fue organizada por los sindicatos mineros de Ponferrada y fue una marcha
a pie de 500 trabajadores afectados por los recortes. Desde la localidad de
Villablino (León) hasta el Ministerio de Industria en Madrid los mineros
caminaron con mono de faena y casco. La convicción y la determinación del
colectivo hizo que fuesen cosechando numerosos apoyos durante los días que duró
una marcha que iniciaron el 8 de marzo – día internacional de la mujer
trabajadora - y que terminó el 25 de marzo de 1992 con una gran manifestación
en la capital que reunió a 15.000 personas.
Precisamente
en esta movilización se basa la película “Pídele cuentas al rey” (1999), una
tragicomedia social del director de cine José Antonio Quirós, que personaliza
la acción en Fidel (Antonio Resines), un minero que acaba de ser despedido y
que, amparándose en el punto 1 del artículo 35 de la Constitución Española que
reconoce: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las
de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de
sexo”, marcha con su familia desde Asturias hasta Madrid para hacérselo saber
al Rey Juan Carlos I. En su camino se le irán uniendo un conjunto de personas
que le apoyan en su causa.
La Corona
es un órgano constitucional de nuestro Estado, la Presidencia de una República
Democrática incuestionablemente también lo es. Pídele cuentas al rey, pidámosle
cuentas al rey creo yo que puede formularse, elaborarse como una legítima
demanda de los ciudadanos, de rendición exhaustiva de cuentas y resultados que
el monarca de turno, como representante o símbolo de un órgano constitucional
de un país democrático, debe estar obligado a trasladar a la ciudadanía. Los
españoles tenemos el derecho a conocer y a verificar por completo y de forma
permanente el estado de limpieza, resistencia, olor y transparencia del traje
institucional unipersonal real-mente más caro de la democracia, no dejando
tampoco de revisar ninguna costura o deshilachado. Así todo órgano
constitucional está sometido a fiscalización y control democrático.
Por otro
lado, los ciudadanos tenemos la capacidad de leer, dudar, averiguar,
contrastar, comprobar y rebatir de forma libre e independiente cualquier
argumento, idea, dato, hecho producido o cualquier hipótesis científica e
histórica que se plantee o debata. En este sentido, segmentos de población
importantes de este país han aceptado, compartido y estudiado una historia
oficial que ha prestigiado el valor, el compromiso y el comportamiento
impecablemente democrático de la Corona desde la transición hasta hoy.
Actualmente la posición del PSOE aclara no albergar ninguna duda acerca de que
el rey fue quien paró el intento golpista. La Corona, después de la muerte del
dictador Francisco Franco en la cama, ha hecho siempre gala de asumir valores,
ideas y actitudes “democráticas, leales y ejemplares” a su constitución, a su
país. A los ciudadanos nos ha tocado verificar si los ideales que decía asumir
y protagonizar dicha institución, vehiculados por los medios de comunicación
públicos y privados, se han correspondido o no con el día a día de la realidad,
si se han materializado o no de forma indudable con la existencia y la práctica
de un currículum, de una trayectoria y de un ejercicio de “servicio público,
democrático, leal, ejemplar y de prestigio”. Esta verificación ha sido
distorsionada, oscurecida o ridiculizada con la finalidad de esconder, tapar y
silenciar determinados hechos, favores, contraprestaciones y comportamientos
por una determinada clase política, por unos determinados poderes fácticos muy
bien anillados con la monarquía que han manejado hábilmente técnicas de
propaganda para proteger y exaltar la figura del rey como una figura libre de
polvo y paja pasara lo que pasara, hiciera lo que hiciera.
Después del
famoso falso documental del periodista Jordi Évole sobre el 23-f, la fiesta del
teniente coronel Antonio Tejero – hijo - en su cuartel militar, más tarde el
fallecimiento de Adolfo Suárez, y luego entrevistada la periodista Pilar Urbano
presentando públicamente su último libro se han reavivado especulaciones sobre
el grado de conocimiento, participación e implicación del rey en el golpe de
estado. En aras de la transparencia, es un primer paso que se signifiquen
opciones políticas representadas en las instituciones que apoyen seriamente y
hasta el final la petición de que se desclasifiquen los documentos sobre el
armadazo-tejerazo. Que el sumario del 23-f se abra a la luz completamente.
Ninguna pérdida, ocultamiento, destrucción y corte en cintas, conversaciones y
grabaciones de imagen y sonido, ninguna amputación y tachadura en negro sobre
el contenido de estos documentos. Cayo Lara pide que las conversaciones por
teléfono que realizó el rey a los diferentes cuarteles de las regiones
militares estén disponibles y se analicen. Paralelamente a esta presión
política creo que seria conveniente y necesario organizar una gran Plataforma
Ciudadana que promoviera una Iniciativa Legislativa Popular que recogiera
firmas para que se abriera completamente el sumario judicial del 23-f y se
desclasificara toda la información nacional e internacional secreta disponible
al caso. Si se reabriera el sumario con valentía cabría la posibilidad de
nuevas imputaciones, de nuevos
interrogatorios judiciales, de nuevos cargos y acusaciones. El golpe fue
un acto ignominioso contra todo un pueblo. Querían resucitar a un nuevo Franco.
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