La prensa nos da cumplida información
sobre los incidentes que provocó la policía durante la marcha de los mineros a
Madrid en Las
armas se cargan en Ciñera. Se trata de una
intervención condenable. Condenable sin paliativos. Que cuestiona, hasta la
médula, la actuación del gobierno de Rajoy; pone en entredicho la autoridad
ministro Fernández Díaz y toda la cadena de mando que ha estado, directa e
indirectamente, implicada en tan salvaje operación; y, lo que es peor,
emborrona la democracia española. Quien entienda que estas cosas afectan sólo a
la cuestión social y, más concretamente, a la minería o se equivoca o quiere
equivocar a la opinión pública. Este es un problema de la cabeza, el tronco y
las extremidades de la democracia española.
Entiendo que
nadie, en su sano juicio democrático, debe escurrir el bulto en su denuncia,
apuntando a lo más alto de la dirección política de nuestro país. Y, muy en
especial, de la deriva represiva, con que bajo mil formas se ataca el conflicto
social, que se está convirtiendo –como hemos dicho— en un real conflicto democrático,
desde antes de la convocatoria y exitosa realización de la última huelga
general.
Una cosa está
clara: el gobierno de Rajoy no conseguirá, mediante la violencia, apaciguar
este conflicto minero que cuenta con la simpatía de los trabajadores y de amplísimos
sectores de la opinión pública española. Como no logrará impedir, tampoco, la
marcha a Madrid, capital de la
Gloria , y el recibimiento que la ciudad organiza a los
mineros. Exacamente igual que la que expresan los pueblos y ciudades que acogen a estos trabajadores.
Radio Parapanda CAPÍTULO 18.3 EL ESTADO COMO LUGAR DE LA POLÍTICA
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