El profesor
Jesús Cruz Villalón, uno de los grandes del iuslaboralismo patrio, retoma el
tema de la financiación sindical en su blog http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/2014/02/la-financiacion-sindical.html. En dicho trabajo apuesta por una Ley de
financiación de los sindicatos, un tema que hace tiempo puso encima del tapete
Fernando Lezcano, dirigente confederal de Comisiones Obreras. Lamento no
coincidir con ambos amigos. Más adelante explicaré mis razones. En torno a la
opinión de Fernando me manifesté en DISCREPO
DE UNA PROPUESTA DE CC.OO, MI SINDICATO. Paso a explicar los motivos de mi desencuentro amistoso con Jesús Cruz.
Afirma mi buen amigo que «… sería inviable y nada razonable
pensar que los sindicatos, ni en la actualidad ni en el futuro, se puedan
financiar exclusivamente con cargo a las cuotas sindicales». No le llevo la
contraria en ello. Ahora bien, tengo para mí que hubiera sido preferible añadir
lo siguiente: con el actual modelo sindical “sería inviable …”. El profesor
sevillano da una explicación que comparto plenamente: «el sistema desincentiva el esfuerzo de captación
de afiliados, no sintiendo los trabajadores la necesidad de afiliarse por
cuanto que entienden que su apoyo lo conceden por vía del voto, ni tampoco las
organizaciones sindicales la necesidad de incrementar su afiliación como
instrumento de legitimidad social». El lector ha captado la idea que, dicha de
manera más doméstica, equivale a que el comité de empresa es un mecanismo que
frena la afiliación. Mucho he escrito
sobre ello en este blog.
Así las cosas, el problema está en el modelo. Ahora bien, el
profesor Cruz Villalón propone una ley de financiación de los sindicatos (y sus
correlativas en las Comunidades autónomas) basándose en que «los sindicatos en
nuestro sistema constitucional representan no sólo a sus afiliados sino al
conjunto de los trabajadores, desempeñando funciones claves de actuación en el
ámbito de lo público que justifican la financiación pública». Cosa que es una
verdad como un templo. Pero, que los sindicatos tengan esa función no lleva naturaliter a que reciban financiación
pública. Esta es una argumentación que tiene tanta validez como su contraria.
El problema, según lo veo yo, es que para solucionar una
situación financiera adversa (tradicional en el sindicalismo español y, más
ahora, en plena crisis) se echa mano de un instrumento para compatibilizar el
modelo que provoca la debilidad financiera. Es decir, las consecuencias de
mantener el comité de empresa quieren paliarse a través de dicha ley. ¿No sería
lógico cambiar (gradualmente, se entiende) el modelo?
Con el actual modelo tenemos la certeza (según Cruz Villalón,
que yo comparto) de que sería «inviable» una autofinanciación basada en las
cuotas sindicales. Pues no se hable más. Vayamos al mello del asunto. Cambiemos
el modelo de la representación.
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