La modificación de las
normas laborales que ha impuesto el Partido Popular es un ataque frontal contra
el modo de entender la democracia que emergió en el pacto constituyente de 1978
y que cristalizó en la
Constitución. Es ilegítima, tanto por su contenido como por
su forma, además de que conculca Convenios de la OIT ratificados por España y es de más que dudosa
constitucionalidad en varios aspectos. Atenta contra la cláusula del Estado
Social y Democrático de Derecho. Esta cláusula encierra la idea de que la
libertad no es posible sin avanzar en el camino de igualdad. No es retorica
hueca, es mera constatación del dato histórico de que la desigualdad, aún
reconociéndose la igualdad formal ante la ley, conlleva explotación y
sojuzgación a los poderes privados. La finalidad del Derecho del Trabajo es
buscar una cierto equilibrio entre la posición social y económicamente
desequilibrada del empresario y del trabajador. Para ello la ley imponía
límites infranqueables a la voluntad contractual en materias esenciales para
evitar sobreexplotación de la persona que trabaja. La Constitución , por su
parte, protege la dimensión colectiva del trabajador, al sindicato y
reconoce el derecho fundamental de huelga y el de negociación colectiva
como instrumentos de defensa de la dignidad de los trabajadores amenazada en la
directa relación individual. Como fruto de esa protección la ley reconoce así
mismo la eficacia del convenio colectivo. Por último, la tutela judicial
efectiva se ofrece a los trabajadores al dotar al juez de lo social de
jurisdicción para la solución de las controversias con los empresarios. Todos
esos elementos han sido seriamente cercenados.
Con esta reforma contralaboral se le
ha dotado al empresario de un extraordinario poder de disposición unilateral sobre
elementos esenciales de la relación de trabajo como la determinación y cuantía
del salario, aspectos importantes del tiempo de trabajo, la movilidad funcional
y geográfica y, en fin, despido. Se ha limitado de modo extraordinario el campo
de acción y la eficacia del convenio colectivo, con lo que muchos trabajadores
quedarán sin la cobertura de un convenio sometidos al poder unilateral del
empresario. Se ha reducido la indemnización por despido y, lo que es más grave,
se debilitado la exigencia de una causa justa para despedir. Por último, la
formulación legal deja un espacio casi nulo al juez de lo social para decidir a
sobre la justificación o no de la decisiones empresariales. Es una
contrarreforma que consagra una vuelta al feudalismo empresarial que con el
advenimiento de la democracia ya se consideraba pasado. Pues no, en una
terrible regresión de nuevo está aquí, como el dinosaurio.
En el siglo XVI Juan Luís Vives
advertía que la fuerza de los más grandes reyes caería de inmediato si sus
vasallos les sustrajeran su apoyo. La clase dominante solo puede seguir
siéndolo en tanto en cuanto su sistema de valores, sus ideas, sean también
dominantes. Las técnicas para conseguirlo se han desarrollado mucho en
nuestros días a partir, entre otras, de las enseñanzas del ministro nazi de
propaganda, Goebbels. No es de extrañar que ante esta gran regresión en la
historia el PP haya desplegado sus poderosos medios de persuasión. Merece la
pena destacar que sus voceros apenas entran en el análisis del contenido de
esta reforma (cuanto más se conoce, más se rechaza), sino que hacen una llamada
a un acto de fe colectivo para que la ciudadanía crea que servirá para crear
empleo. Defender la dignidad del trabajo, como hacen los sindicatos, es, según
el PP, atacar a los desempleados, pero lo sorprendente es que lo que se
ofrece sea que para ser empleado haya que ser sobreexplotado. Ese ya es
un mensaje para todos, empleados y desempleados: todos tienen que someterse a
la disciplina del señor de la empresa, que para eso está investido de una
racionalidad económica incuestionable que le dice cómo usar la mercancía trabajo.
Establecido el anterior dogma de fe el
siguiente paso es anatematizar a los críticos, como con la simpleza y el
autoritarismo que la caracteriza hace, entre tantos otros, la sra. De
Cospedal. Las protestas, según ellos son injustificadas porque la reforma, de
la que se oculta su contenido, ha sido adoptada por un partido que ha recibido
el apoyo electoral masivo de la población. Este argumento es profundamente
falaz por tres motivos cuanto menos. En primer lugar el PP recibió 10.500.000
votos, mientras que el anterior gobierno del PSOE había obtenido en 2008
11.000.000 de votos. El que con menos votos se pueda obtener la mayoría
absoluta solo es achacable al arte de birlibirloque de la ley electoral, no, es
claro, a un mayor consenso social. Por cierto que ese mayor número de votos del
anterior partido del gobierno no impidió al PP desarrollar una agresiva campaña
de desgaste en las Cortes y fuera de ellas, en donde sus medios afines no
dudaron (ni dudan) en recurrir a la mentira, el insulto y otros recursos
propios de regímenes fascistas.
En segundo lugar porque en democracia
la legitimidad del Parlamento no la única legitimidad. Los sindicatos, en concreto,
como bien claro establece el art. 7 de nuestra Constitución, son piezas
esenciales de nuestro sistema institucional (el art. 7 está en el Título
Preliminar) y están para defender los intereses de los trabajadores. Uno de los
problemas de las democracias representativas es la gran distancia que existe
entre representantes y representados y, por lo mismo, se trata de mejorar su
calidad reconociendo otras legitimidades que actúan por otros mecanismos, como
son la concertación social o el recurso a la expresión directa, a la huelga y
manifestaciones, cuando es necesario.
En tercer lugar porque el Gobierno y
su partido, con un acuerdo bajo la mesa con la organización empresarial, han
actuado de mala fe cegando la vía de la concertación y ocultado al pueblo los
contenidos de esta contrarreforma. Pocas semanas antes de que se dictase el
RD-L 3/2012 lo sindicatos confederales (mayoritarios en este país de modo
abrumador según las recientes elecciones acabadas en diciembre de 2011))
firmaron con la CEOE
el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
en el que arbitraban unas prudentes medidas para adecuar las relaciones
laborales a los tiempos de crisis, que incluían moderación salarial y
flexibilidad interna negociada. Ese Acuerdo ha saltado por los aires porque el
Gobierno lo desconoció y aplicó esta contrarreforma de manera urgente no
justificada, que tenía previamente preparada, y que fue ocultada a la
ciudadanía en la campaña electoral.
Joaquín Aparicio Tovar
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