Vuelve a estar de actualidad el tema de los
servicios mínimos. Las autoridades (es una forma de hablar) volvieron a imponer
un exagerado porcentaje –no sólo abusivo sino, a todas luces, ilegal— de servicios
mínimos en la huelga de ayer de los trabajadores de RENFE.
La praxis del sindicalismo en torno a este asunto (denuncia
verbal y recurso a los tribunales) se está convirtiendo en un callejón sin
salida. Por lo general, tanto en las huelgas sectoriales como en las de tipo
general, los servicios mínimos que se recurren a los tribunales son sancionados
por éstos como abusivos cuando han pasado, en el mejor de los casos, varios
años. El objetivo de las autoridades (es una forma de hablar) ha cumplido sus
objetivos: ha demediado el conflicto violando la legalidad y, tras la decisión
judicial, sale de rositas. El sindicalismo se queda con la razón –repito,
pasados algunos años-- y el conflicto
queda paulatinamente erosionado. Así las cosas, a las autoridades (dispensen,
es una forma de hablar) le sale rentable no sólo la ilegalidad sino la
impunidad de sus prácticas contra la huelga.
Digamos las cosas sin perifollo: o se preparara un
escarmiento o llegará el momento de que los servicios mínimos rayen el 98 por
ciento. El sindicalismo tiene la suficiente inteligencia para idear de qué
manera se hace ese escarmiento.
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