Javier Aristu, José Luis
López Bulla y Javier Tébar Hurtado.
La
decisión que tomó ayer el vicepresidente en funciones de presidente (y
candidato de los republicanos) de la Generalitat de aplazar (mejor, suspender)
las elecciones previstas en Catalunya para el 14 de febrero significa traspasar
una línea roja que, así lo creemos, tendrá consecuencias muy dañinas para
nuestro sistema democrático. Fijándonos solo en el ámbito catalán, a lo largo
de los últimos años se han venido adoptando por Presidencia de la Generalitat,
instancias gubernamentales, Parlament y otras como el Sindic de Greuges, una
serie de decisiones y tomas de postura trasladables a documentos
administrativos e institucionales que solo nos llevan a creer que el estado de
derecho en Cataluña ha sufrido daños esperemos que reparables en el futuro y
que el marco general de la política, política entendida como marco de
convivencia de la polis, de los ciudadanos que conviven en un territorio, está
en una situación de profundo deterioro.
La
decisión – que creemos improcedente desde el punto de vista político– de
aplazar/suspender la convocatoria del 14F es el final de todo un proceso de
disparates y dislates jurídico-políticos que han llevado a la comunidad
política catalana a uno de los peores momentos de su dilatada historia.
Desde
el punto de vista jurídico o constitucional no tenemos autoridad para dar una
opinión técnica; por eso nos remitimos a la del catedrático Javier Pérez Royo
que en Eldiario.es afirmaba: «La celebración de elecciones una vez que han sido
convocadas no es susceptible siquiera de ser sometida a discusión. El Estado, y
las Comunidades Autónomas son Estado, tiene que hacer uso de todos los recursos
de que dispone para garantizar de una manera ordenada y segura el ejercicio del
derecho de sufragio. La regularidad en el ejercicio de tal derecho forma parte
del núcleo esencial de la democracia como forma política. No se pueden abrir
paréntesis. Ni cortos ni largos».
¿Imaginamos
que Donald Trump, escudándose en la expansión de la pandemia en los Estados
Unidos, hubiera amenazado con “suspender” o “aplazar” las elecciones del pasado
3 de noviembre? ¿No hubiéramos hablado de un intento de golpe
anticonstitucional? ¿No es acaso similar que en Cataluña, un “vicepresidente en
funciones de presidente”, con un gobierno en funciones, con un Parlament
decaído (ya que solo existe una Diputación permanente según ley) decida por
decreto “suspender” o “aplazar” (sin fecha) las elecciones convocadas según
ley? Llamémoslo de la forma que queramos pero desde el plano político es una
forma de subvertir la ley y de evitar “el mandato de las urnas”, esas urnas tan
deseadas en otros tiempos por los que ahora las retiran de circulación.
Hoy
se “aplazan” o “suspenden” unas elecciones autonómicas a partir de la
percepción de un gobierno de que la pandemia afectará a la salud y vida de los
electores (por lo visto no afectan los transportes colectivos, los comercios,
la vida callejera, el ocio en común); mañana se pueden aplazar o suspender unas
elecciones por las razones que un gobierno en funciones crea convenientes. El
golpe que se ha dado a la política democrática es imponente y no sabemos qué
consecuencias tendrá en el futuro. Graves, de cualquier forma.
Desde
hace años se viene denunciando el descenso de calidad en la vida democrática.
Las instituciones democráticas, sus
normas y pautas que las hacen
funcionar, vienen siendo trastocadas y a veces subvertidas por maniobras y
acciones cuyos resultados nunca suponen el incremento de la virtud democrática
sino, al contrario, el aumento de los comportamientos antidemocráticos.
Cataluña, sin duda no es la única comunidad política, es un ejemplo de ese
deterioro creciente durante los últimos tiempos.
Esta
decisión tomada por el vicepresidente en funciones, con el apoyo del Govern en
funciones y de una mayoría de partidos que conforman su sistema parlamentario
hasta ahora actuante pero ya decaído, supone el paso de un Rubicón del que no
tenemos hoy en día conciencia de sus consecuencias. Ese Rubicón ya fue
traspasado hace unos meses con en el caso de las elecciones vascas y gallegas.
El paso y la forma de hacerlo fue criticado por juristas y constitucionalistas.
Algunos afirmaron: «La pretensión de enmascarar la excepcionalidad creada por la
nueva amenaza de la covid-19 que se está produciendo bajo la apariencia de esa
“nueva normalidad” en la que se ha instalado nuestro ordenamiento jurídico
produce una grave erosión sobre las bases del Estado de derecho» (Ana Carmona, El
fin no justifica los medios, El País, 16 julio 2020). Estamos ante un
problema básico en la conformación de la democracia: ¿Se admiten estados de
excepción, situaciones de anormalidad, promovidos o resueltos al margen de los
mecanismos que la propia ley establece? Este es el nudo gordiano: con la
decisión tomada por los “gobernantes en funciones” de Catalunya se instaura una
nueva anormalidad que viene a subvertir la normalidad democrática. Se ha
quebrado el funcionamiento normal de la democracia, ésta ha quedado en suspenso
a partir de la decisión del Govern en funciones (J. Pérez Royo). No solo se han
suspendido las elecciones, se ha suspendido la democracia misma:
¿cómo llamaríamos a este fenómeno?
En
el momento catalán Imaginamos que van a
actuar otras instituciones: ¿qué piensa hacer la Junta Electoral? ¿Actuará de
oficio o por denuncia algún Tribunal de Cataluña? ¿Tiene algo que opinar la
Diputación Permanente? ¿Qué opinión tienen los comentaristas más influyentes
del país? Aparte de entrar en los juegos palaciegos sobre si “el efecto Illa”
aumenta o se desvanece con esta decisión, sobre si los partidos
independentistas –o socialistas o de la derecha, da igual– ganarían o perderían
con el aplazamiento, sobre las correlaciones de un sistema parlamentario en
completo descrédito…¿no es verdad que hasta este momento pocos han sacado a la
superficie el inmenso error y gravedad que la decisión en sí, la de atreverse a
“aplazar” o “suspender” las elecciones,
supone para el crédito de nuestro sistema político democrático en Catalunya
(y como derivación en España)? Destacamos la intervención escrita que el mismo
día 16 de enero hacía el curtido periodista Lluis Foix en su Foixblog:
«Se va a votar teniendo en cuenta los intereses de una de las partes y no del
todo. Es un paso en falso muy peligroso que pone en entredicho la misma
democracia en Catalunya. La incertidumbre es incompatible con la tranquilidad
que necesita el país que no puede plantear una nueva crisis institucional con
el Parlament disuelto y sin capacidad de control al gobierno. Los servicios
jurídicos del Parlament y de la Generalitat supongo que tendrán algo que decir.
Un país que no observa sus propias leyes está encaminado a la decadencia». Poco
más podemos añadir.
Estos
días de enero, como en otras circunstancias fueron los 6 y 7 de octubre de
2017, pueden formar parte de una historia siniestra de deterioro y vaciamiento
de la democracia catalana. Trastocar el estado de derecho, sortear por los
propios ejecutivos las leyes de las que nos hemos dotado los ciudadanos, poner
en solfa las normas y procedimientos estrictos y cerrados que sostienen un
sistema democrático son pasos que van en la vía de derribar el propio edificio
democrático por dentro. No hace falta irse a Budapest o a Washington para
hablar de deterioro institucional. En la Plaça de Sant Jaume también habita el
peligro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario