El
Gobierno ha rebajado las previsiones de crecimiento para este año en dos
décimas. La expectativa era un 1,8 por ciento; la cosa ha quedado en un 1,6 por
ciento. Por otra parte ha aprobado un incremento del gasto público en un 3,8
por ciento. Ni es agobiante ni preocupante esta situación, pero sí conviene
reflexionar atentamente sobre la cuestión. La primera sugerencia es: conviene
establecer las prioridades en el diseño y aprobación de los Presupuestos, en el
bien entendido que el concepto de «prioridad» es la preferencia que una cosa tiene sobre
otra. De ahí sacaríamos una enseñanza: diez prioridades equivalen, por
definición, a ninguna. Queda, pues, como charlatanería cuando se propone una
ristra de prioridades en el discurso político. Peor todavía, cuando incluso
tales prioridades son incompatibles entre sí. Y, de retruque, esto nos lleva a
la cuestión fiscal.
Recientemente
Unai Sordo ha vuelto a poner encima del tapete la reforma tributaria. Simultáneamente
ha señalado que los ingresos tributarios de España se sitúan en el 35,2% del PIB, 6,3
puntos por debajo de la media de la UE, un diferencial de "75.400 millones
al año" que genera un déficit anual de unos "30.500 millones".
Por lo demás, el sindicalista ha tenido el coraje de mentar a la bicha: establecer una armonización
fiscal entre Comunidades Autónomas para evitar competencias desleales entre
territorios en impuestos como Patrimonio.
Apostilla.--- La reforma fiscal es,
ciertamente, una cuestión de justicia social y, precisamente por ello, es el instrumento
para sostenerla. Dígase con claridad:
los derechos sociales no se aguantan a través del maná que cae –decían los
antiguos-- del cielo.
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