lunes, 16 de julio de 2018

Elogio del sindicalismo castellano - manchego





Siempre tuve gran admiración por el sindicalismo castellano-manchego. Gente austera, práctica, que va al grano. Admiré su claridad de palabra, sus mensajes directos. Y, muy en especial, la enorme capacidad de organizar. El año pasado escribí en Metiendo bulla un artículo, El secreto de Comisiones Obreras de Albacete, a propósito de la problemática de los trabajadores migrantes del campo y de la impecable intervención del sindicalismo  y del éxito obtenido (1).

Ahora el sindicalismo castellano-manchego ha puesto en marcha una experiencia novedosa: una ‘Oficina Móvil’ de CCOO recorrerá a partir de mañana las explotaciones agrícolas de Castilla La Mancha para atender a los temporeros y controlar el cumplimiento de la normativa laboral durante las campañas agrícolas. Una oficina ambulante de tutela y organización. Tomen nota los historiadores. Y sobre todo el conjunto del sindicalismo confederal.


La batalla de las ideas de la Caverna





Escribe Paco Rodríguez de Lecea

Según Natalia Junquera, articulista de elpais, el candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha dado “un giro a la derecha” en sus planteamientos. ¿Desde dónde ha girado entonces, por dios? Casado propone una “refundación” de su partido a partir de algunas claves explícitas: liberalismo “sin complejos” (¿los ha tenido alguna vez?), ilegalización de las formaciones independentistas, antiabortismo, complacencia fiscal con los ricos y leña al mono para quienes no lo son. Falta decir algo sobre la fiesta de los toros, las feminazis, las concertinas, “Franco ese hombre”, y la práctica internacionalista del españoleo; pero está casi todo. ¿Para qué refundar el partido con las mismas ideas de la caverna? No es renovación, es rearme moral. A Esperanza Aguirre, que lleva en el invento más años que el canalillo, le ha dado un subidón: «Acabo de votarle con mucha ilusión», ha dicho con ocasión de las primarias.

Volvemos a la Contrarreforma. La España eterna cabalga de nuevo, unánime, en esta ocasión no contra los judaizantes clandestinos sino en contra de Soraya Sáenz de Santamaría, la “otra” en la contienda, que solo ofrece para el envite más experiencia, más eficiencia y más de lo mismo. «Quien pide un debate de ideas no tiene ni idea», ha retrucado Santamaría, con mucha razón que no va a impedir que probablemente sea barrida en esa convención sobre “principios y valores” propuesta por Pablo (el “otro” Pablo, el de la derecha). ¡Discutir sobre valores en el PP, lo último que nos faltaba por ver!

Dice Natalia Junquera que el PP “se ha partido en dos”. Nada nuevo, tampoco. Siempre ha habido dos PP, “el que muere y el que bosteza” según descripción gráfica de Antonio Machado. Los varios pedazos del partido (nombre que ya lo dice todo, de entrada) han ido funcionando un poco al albur, mal ensamblados por los artículos no escritos del código del honor de Monipodio y por el principio jurídico riguroso del do ut des,materializado en la norma habitual e inveterada del tres por ciento.

Entonces, podemos dar por descontado que la “batalla de las ideas” que propone Pablo Casado no dará para mucho. No llegará al séptimo cielo, se quedará más verosímilmente en la guardilla. No percutirá en el campus de la Universidad de Harvard, es más probable que se quede en Aravaca.




domingo, 15 de julio de 2018

Cándido Méndez no debería ser el presidente del Consejo Económico y Social





No hace falta decir que Cándido Méndez ha sido un sindicalista importante. Dirigió la UGT con mano ducha durante años y exhibió durante su mandato una constante acción unitaria con Comisiones Obreras. Cándido siempre fue una persona cercana, afable. Pragmático a fuer de realista. Cándido, hay que decirlo, ha dejado huella en el sindicalismo confederal español y europeo. No son elogios protocolarios, sino la constatación de una serie de hechos que figuran en la reciente historia del movimiento organizado de los trabajadores. Dicho lo cual, paso a tratar un asunto que está en los mentideros políticos y sindicales durante estos días.

Como todo el mundo sabe se está en puertas de una importante reforma del Consejo Económico y Social (CES). Buena falta hace, desde luego. Dice El País, sección Negocios de hoy domingo, con la firma de Miguel Ángel Noceda, que suena el nombre de Cándido Méndez para dirigir la institución. Yo diría que, en abstracto, Cándido tiene sobradas condiciones para ello. Ahora bien, soy del parecer que, en lo concreto, no es una idea feliz. La presidencia del CES debe ser una persona neutral en el mundo de las relaciones laborales, una figura al margen del conflicto social. Cándido ha sido siempre un hombre «de parte» durante toda su ya larga biografía. Uno de los nuestros. Pasar a sus años a ser una persona neutral no tiene sentido. Insisto: no se compadece con su largo y fecundo historial al servicio de los trabajadores. Sería una estética borrosa.

Por otra parte, si ponemos las luces largas en el futuro del Consejo, no erraríamos demasiado si hiciéramos el siguiente pronóstico: después del mandato de Cándido, que ya ha sentado un precedente, nadie podría objetar que le sucediera un destacado miembro de la patronal CEOE. Con lo que el carácter de la institución se iría convirtiendo, mutatis mutandi, en algo completamente discontinuo de lo que ha significado hasta nuestros días. No, definitivamente no, es la mejor idea.

Ustedes dispensen que haga de aguafiestas. 


 

sábado, 14 de julio de 2018

El Observatorio de la Afiliación sindical




Carlos Martínez trabaja en Caixa Bank, vive en Alcobendas, estudió Matemáticas y Relaciones Laborales en la UNED y es un destacado miembro de Comisiones Obreras. Carlos leyó mi entrada de ayer El último que se afilió al Sindicato. Desde Facebook me responde: «Buenas tardes, maestro. Esta semana se han incorporado jóvenes de nuevo a mi banco en Madrid, recepcionados por sindicalistas (jóvenes y entusiastas) de mi equipo se han afiliado a CCOO en su primera semana en el mundo del trabajo "de cuello blanco"; vente y te los presento. Un abrazo».

Gracias, Carlos. Primera conclusión provisional: hay quien se toma muy en serio la afiliación. De hecho, ésta ha sido una constante en esta entidad financiera. Carlos y “su equipo” continúan esa tradición. Con toda seguridad no es el único ejemplo. En todo caso, el mensaje de Carlos me ha dado pie a formular una propuesta: el Observatorio de la Afiliación.

Se trataría de un instrumento cuyo objetivo sería: a) servir de acicate a la tarea constante de la afiliación; b) dejar constancia de dónde y cómo se producen las nuevas incorporaciones al sindicato; c) proporcionar los datos, desagregados por centro de trabajo, sexo y edad, de los afiliados; d) sugerir nuevas estrategias de afiliación.  Y todo lo que encarte.

El Observatorio sería un instrumento incisivo, de cotidiano recordatorio del nivel de nuestra fuerza estable, de permanente señalación que el proyecto del sindicato no es sólo el programa a palo seco, sino el programa-que-se-organiza. Segunda conclusión provisional: afiliando, que es gerundio.  

viernes, 13 de julio de 2018

El último que se afilió al Sindicato





Me gustaría conocer a la última persona que se ha afiliado al Sindicato. Le invitaría a un cafetito y tendría el gusto de conocer las razones que le han llevado a tan importante decisión. Le diría que con su adhesión el Sindicato es hoy un poquito más fuerte.

Antonio Baylos en su blog de culto ha escrito largo y tendido las novedades positivas que ha aportado la reciente firma del AENC. Tres cuartos de lo mismo hemos hecho en este mismo blog sobre el particular. Una conclusión importante une dichos escritos: la necesidad de organizar que lo firmado se traslade al conjunto de la negociación colectiva. Y en eso están los sindicalistas, me dicen. En todo caso, parece necesario añadir algo de no menor importancia: organizar las conquistas debe llevar aparejado ocuparse del incremento de la afiliación. De ahí que la pregunta sea: ¿sabemos si, tras la firma del acuerdo, se han producido nuevas afiliaciones? Si somos exigentes con nosotros mismos deberíamos considerar que la bondad de un acuerdo también se debería medir por el nivel de adhesión estable, organizada, al sindicalismo. Precisamente como una garantía más –no la única— de que el mencionado acuerdo se cumpla. Se me dirá con razón que todavía es pronto. De acuerdo. Pero hago ver que las afiliaciones al sindicato se hacen en caliente. Y que precisamente es en las grandes ocasiones (y ésta lo es) donde se debe aprovechar la corriente de simpatía que provoca una conquista social para traducirla en pertenencia al sujeto social que  la ha conseguido.

Me excuso: son cosas sabidas, pero frecuentemente olvidadas.

jueves, 12 de julio de 2018

El Rey Emérito y la tal Corinna



Fernando Ónega pone en tela de juicio la cinta donde se narran los tejemanejes del rey emérito y su amante.  La protagonista es la ya famosa Corinna, acompañada por el capitoste Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, y el no menos célebre comisario Villarejo, perejil de diversas casquerías en mal estado. Metiendo bulla no tiene instrumentos para verificar si la grabación, que ha sido difundida por ese vertedero que es OK Diario,  es un montaje, ni tampoco si Ónega es, en este caso, el deshollinador que quita la tutía de las reales chimeneas.  Metiendo bulla tiene sus limitaciones. Lo que en todo caso sabemos es que el rey emérito fue un hombre de cremallera fácil con negocios que no olían a ámbar.

Tan sólo estamos en condiciones de indicar lo siguiente: existen industrias inquietantes de huelebraguetas conectadas al mundo del parné de alto copete vinculadas a ciertos miembros de los aparatos del Estado (Villarejo sería el emblema más conspicuo) que fabrican dossiers ad personam. Es una industria floreciente que se sustenta en el morbo de miles de lectores. Un negocio que se alimenta de centenares de documentos conscientemente traspapelados de comisarías y juzgados que se ponen en circulación por los digitales-vertedero. Son, en principio, empresas clandestinas.  De momento, son industrias florecientes.

Apostilla, la Audiencia Nacional deberá decidir antes de fin de año si abre una investigación sobre las grabaciones incautadas hace meses al comisario José Manuel Villarejo, entre ellas una que recoge una supuesta conversación entre el policía, ya jubilado, y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey emérito. Así pues, no se corten, señores Magistrados. Estamos en ascuas.

miércoles, 11 de julio de 2018

Luis Aguilé con Comisiones Obreras



El otro día publicamos en esta bitácora la relación de Manolo Escobar con Comisiones Obreras de Cataluña. Ha habido una sorpresa general, porque casi nadie estaba al tanto del asunto. Comoquiera que estas microhistorias no aparecen en los libros reproduzco la entradilla que hice el 25 de  junio de 2017. Luis Aguilé, el famoso cantante de la canción ligera, se jugó la piel cuando la detención de los compañeros de la dirección de CC.OO. en lo que se llamó el Proceso 1011.

Lean, lean.


Ayer hizo la friolera de cuarenta y cinco años (45) de la detención de la dirección de Comisiones Obreras (la Coordinadora General) con Marcelino Camacho a la cabeza. Sin duda fue una de las caídas más famosas en la lucha antifranquista. A los detenidos les llamamos Los Diez de Carabanchel. Los delegados catalanes nos escapamos por los pelos. Éramos Cipriano García, padre fundador de Comisiones Obreras, Armando Varo, dirigente de los trabajadores de Seat y un servidor.

Los antecedentes. El objetivo de aquella reunión era debatir un documento, Por la unidad del movimiento sindical,  que previamente teníamos los delegados. De hecho había sido publicado legalmente, semanas antes, en Cuadernos para el Diálogo con los eufemismos convenientes para burlar la censura. Lo firmaba N.S.A., que correspondía a Nicolás Sartorius Alvárez. Previamente nosotros, los catalanes, habíamos celebrado un importante encuentro de la CONC para llevar una opinión colectiva. Teníamos un matiz no irrelevante: nos parecía que, siendo justa la idea de discutir con UGT y USO la unidad del sindicalismo, no situaba con fuerza el papel de los trabajadores en los centros de trabajo y, muy en especial, el de sus representantes, los entonces enlaces sindicales y jurados de empresa. Esta era la novedad que queríamos aportar a la discusión. En los archivos de la CONC se encuentra un documento que elaboramos, que sirvió de base para nuestro debate.

Hicimos el viaje a Madrid en tren. Recuerdo que, asomados a la ventanilla, Cipriano señalaba las estrellas del firmamento y me decía sus nombres. Rememoraba naturalmente sus tiempos cuando, siendo niño, hacía de pastor en los campos de Ciudad Real.

Llegada a Madrid.  Cipriano conocía el lugar de la reunión: el convento de los Padres Oblatos, cerca de Pozuelo de Alarcón. Subimos al autobús. Vimos que el convento estaba tomado por los grises, la policía armada. Por lo que no nos bajamos y seguimos hasta el pueblo. La plaza estaba tomada también. Oímos a unos albañiles que comentaban que aquello se trataba de una redada para detener a unos traficantes de droga. Así es que, a la primera de cambio, tomamos el autobús rumbo a Madrid.

Nos dirigimos a casa del cuñado de Tranquilino Sánchez, dirigente de la Construcción. Creo recordar que se llamaba Sastrón y había estado en la cárcel de Burgos con Cipriano. Se presentó Tranqui y nos informó que Josefina Samper conocía ya la detención de su marido. Comimos. Sastrón nos llevó en su furgoneta a Guadalajara pues no era indicado que fuéramos a Atocha. Y vuelta a casa. Como Cipri conocía al dedillo todos los trenes regresamos a Barcelona dando más vueltas que un ventilador. Hicimos no sé cuántos trasbordos. En definitiva, burlamos a la policía.

Más tarde supinos que Vicente Llamazares, un destacado sindicalista de Artes Gráficas de Madrid, imprimía decenas de miles de octavillas (con Juana Muñoz Liceras) en el despacho de Luis Aguilé, denunciando las detenciones.  Luís Aguilé se hizo el longuis cuando vio lo que se estaba cocinando en su casa. Siempre se lo agradecí. Aguilé nunca presumió de ello.

Fue hace cuarenta y cinco años. El resto de la historia es suficientemente conocido. 

martes, 10 de julio de 2018

La botella de ratafía





Tras la reunión con Pedro Sánchez, Quim Torra declaró en conferencia de prensa que «hay un cambio de etapa». No concretó más, pero puede que sea indicativo de que algo se está moviendo. Por supuesto, muy lentamente, casi de manera imperceptible. De momento lo único visible es la zahúrda que han armado los hunos y los hotros. La caverna independentista ha tuiteado enérgica y originalmente la palabra enferma: traición. Y de ahí han pasado a la petición de dimisión del mismísimo Torra. La caverna carpetovetónica ha arremetido con furia similar contra Sánchez. En todo caso, los hunos y los hotros coinciden en el mismo objetivo: que no se arregle nada, que el conflicto no decaiga. Igualico, igualico que Carlos Quinto en guerra con el rey francés Francisco I. Decía Carlos: «Mi primo Francisco y yo queremos lo mismo: Milán».

Cierto, las posturas no han cambiado. Los planteamientos de cada cual, Sánchez y Torra, siguen invariables. Pero, ahora, aparece una discontinuidad sutil: de un lado, el hombre de Berlín no podrá publicitar en Europa que no hay diálogo entre Cataluña y España. Con lo que la internacionalización del conflicto tendrá que inventarse otra excusa; y, de otro lado, se ha evidenciado que Sánchez no es más de lo mismo de Rajoy. No son cosas irrelevantes.

Los problemas siguen siendo los mismos. Pero la situación ha variado un tantico. Supongo, aunque no se ha dicho, que se han abierto, aunque no del todo, algunas puertas y ventanas de ambas administraciones. Ciertamente, vendrán nuevos desplantes, y –por parte de algunos--  nuevas provocaciones. Los hunos y los hotros no pueden dimitir de retro alimentarse. Los de pasado el río Ebro porque la bronca representa un caladero de votos; y los de aquí porque saben que la pureza de las raíces carolingias tiene sus réditos. 

Así las cosas, este quilombo irá decreciendo en función de, como mínimo, dos variables: a) que en España la correlación de fuerzas favorezca a quienes quieren una solución frente  a los que desean que se incremente el problema; y b) que en el cuadro político catalán merme substancialmente el independentismo. En todo caso, algo está claro: la cosa durará lo suyo.

lunes, 9 de julio de 2018

Manolo Escobar y Comisiones Obreras




Hace días la estatua de Manolo Escobar (Badalona) apareció pintarrajeada de amarillo. No hubo reivindicación de la fechoría. Tenemos sospechas bien fundadas de la autoría; el color amarillo les delata. El 25 de Octubre de 2013 en este mismo blog hablamos del cantante, recién fallecido, y de su relación con las Comisiones Obreras de Badalona. Dijimos lo que viene a continuación


«Quiero dejar constancia de un hecho que, con toda seguridad, no estará en la biografía de Manolo Escobar, recientemente fallecido. No hace falta decir que este gran artista popular ha mandado en el universo de la copla durante muchísimos años. Ni tampoco es nuestro objetivo realzar sus dotes artísticas y su bonhomía personal. Lo que quiero añadir es algo que el gran público seguramente desconoce. Vamos allá.

En los primeros andares de Comisiones Obreras de Badalona, a mediados de los sesenta, se produjeron repetidas detenciones de destacados activistas. Me vienen a la memoria los nombres legendarios de Adonio González y Pepe Sánchez, entre otros. Era necesario, pues, una recogida de dineros en los centros de trabajo y en los barrios. Para eso estaban compañeros de la talla de Gabriel Tito Márquez y sus amistades.

Manolo Escobar era entonces un joven cantante que, después de hacer sus primeros pinitos en la barriada de La Salud y otros vecindarios, había grabado algún que otro disco que provocó un formidable impacto popular. Tito Márquez, junto a un amigo común, abordó varias veces al maestro en solicitud de ayuda solidaria. Manolo, explicaba nuestro Tito, sonriendo como siempre, les dijo con afabilidad campera: «Aquí estamos pa lo que haga falta». Y, consciente de su enorme fama popular remachó: «Decidme si hay que hacer algunas gestiones». Y siempre cayó un billete verde en solidaridad con los detenidos.

El respetable público debía conocer estas cosas».

Un catalán en la Moncloa





Solo nos queda «esperar y barajar” hasta que sepamos lo que ha sucedido en la entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Los analistas de cachaza y parsimonia nos dicen que, en todo caso, ya es positivo que se vean las caras, aunque sea a cara de perro.  Los de hechuras impacientes nos recuerdan el viejo dicho: «Ir por es tontería». Los primeros disfrazarán la gallina de pavo real; los segundos dirán que sólo es un polluelo. Un servidor, pesimista al por menor en este caso, recurre a don Quijote en la Cueva de Montesinos: «esperar y barajar».

En todo caso este encuentro ha tenido formidables adversarios –más bien enemigos--  de aquí y allá el río Ebro. De allá: los que acusan a Sánchez de pagar una parte de la factura de la moción de censura al hombre de Pontevedra, hoy de Santa Pola.  Los de aquí: el sector ultra del independentismo que concibe el encuentro bien como una cesión a Madrit, bien como una traición a la causa.
El problema que tenemos es el siguiente: el independentismo político no ha hecho un análisis de la derrota del procés; el grupo dirigente del independentismo movimientista lo sospecha, pero sigue insistiendo en la continuidad del procés.  Una continuidad que se aguanta ahora sobre la base de gestos y declaraciones, dentro y fuera del Parlament, para darle cuartelillo al procés. De gestos inútiles que sólo sirven para mantener la llama sagrada. De oriflama profética.

Así las cosas, corregir el trayecto se hace materialmente casi imposible. El encuentro Sánchez – Torra se da en ese estado de confusión. En todo caso, vale la pena que caigamos en el siguiente detalle: esa aparente continuidad del procés tiene otra explicación. A saber, es una componente de la casquería electoral de las elecciones municipales que ya están a la vuelta de la esquina.

domingo, 8 de julio de 2018

Soraya y Casado, duelo a primera sangre




Del «pacto entre perdedores» se ha pasado a la Santa Alianza. O sea, los perdedores se han juramentado contra Soraya Saenz de Santamaría (a partir de ahora SSS).  Lo que antes –y frente a otros— se consideraba una maquinación se transforma, gracias al birlibirloque del subjetivismo interesado, en algo normal de la vida democrática. SSS, así las cosas, está que trina pues intuye que no ganará el Congreso de su partido, ni por lo tanto podrá ser cabecera de cartel frente a Pedro Sánchez o Albert Rivera. Y, peor todavía, sospecha que su íntima enemiga, Cospedal, patrocinará un duro ajuste de cuentas.

Pablo Casado hace responsable de los males de Cataluña a SSS. Y de  manera indirecta le atribuye todos los errores del grupo dirigente. Exageraciones. Y, diría más, su alianza con Cospedal desmiente que tales acusaciones son casquería electoral. El mensaje de Casado es: «Yo no estaba allí». Falso también, porque fue aupado por el hombre de Pontevedra –hoy de Santa Pola--  a donde se cocían las habas. Y en  cada reunión del comité ejecutivo nunca constó que tomara la palabra. Bueno, ni él ni nadie. Sea como fuere, los dardos de Casado –cabeza de «la coalición de perdedores»--  impugnan toda la política de Mariano Rajoy. Pero, como se ha dicho antes, él no estaba allí. En resumidas cuentas, un sector del Partido Popular empieza a ajustar las cuentas al hombre de Pontevedra. Con lo que podrían darse las condiciones para reivindicar a la bicha, esto es, José María Aznar. Casado ha iniciado en su campaña una sutil reivindicación de la figura de aquel.  Y es que en política se da con cierta frecuencia que algunos muertos gozan de buena salud.

Lo más seguro es que, desde las filas de SSS, salgan en los próximos días algunas flechas envenenadas contra Casado. En resumen, París bien vale un duelo a primera sangre.

sábado, 7 de julio de 2018

Sánchez y Torra frente a frente



El  lunes se ven las caras Pedro Sánchez y Quim Torra. Lunes 9 de Julio, festividad de san Audaz de Velino, mártir del Imperio Romano. Todo está preparado en la Moncloa: la tetera y cafetera con sus galletitas y el protocolo correspondiente. Todo está preparado también por los escribas sentados del Govern de Cataluña: la bronca previa, los tuiters de rigor y la moción del Parlament insistiendo en la matraca. Todo está preparado, pues.

Es una suerte que Quim Torra no sea presidente de ningún comité de empresa. Su técnica negociadora hubiera llevado a sus representados a la indigencia. Me explico: el pasado miércoles el Parlament, con los votos de los de Puigdemont, Junqueras y la CUP reitera la declaración del 15 de Noviembre de 2.015 en la que Catalunya declara iniciado su proceso de desconexión del Estado español y abierto el proceso constituyente, aquella en la que prometía desoír cuantas leyes y tribunales fuera preciso con tal de lograr la independencia de Catalunya. (1). O sea, en puertas de la reunión del lunes los pirómanos atizan más el fuego. La moción es presentada por la CUP y aceptada por los grupos parlamentarios de JxCat (Puigdemont) y Esquerra republicana de Catalunya. Es como si se fuera a la casa de los bomberos con yesca y pedernal con la idea de pegarle fuego al edificio.

La moción indica que la dirección real del itinerario político está en manos de la CUP y la estrepitosa derrota de ERC, que en días alternos combina el sedicente pragamatismo de Junqueras con la subalternidad al hombre de Berlín. Es una situación que sobrepasa lo estrafalario. ERC, Jano bifronte. Su portavoz resuelve justifica su posición: «Esto nos suena a antiguo, un gesto simbólico pero poco efectivo; aun así, lo aprobaremos porque somos republicanos desde hace 87 años». Un auténtico galimatías a la altura de los retruécanos del hombre de Pontevedra, hoy de Santa Pola.   

Victoria de la CUP que no quiere ni siquiera diálogo, sino ir de derrota en derrota hasta la catástrofe final.  El pantano se está convirtiendo en ciénaga.  

DOCUMENTO: Lee el texto íntegro de la resolución independentista aprobada por el Parlament



viernes, 6 de julio de 2018

Conversando con Joan Coscubiela




Andábamos hace tiempo tras las huellas de Joan Coscubiela. Su intervención en la sesión del Parlament de Catalunya de los días 6 y 7 de septiembre había despertado nuestro interés por dialogar con él sobre el conflicto en curso. Luego, la publicación de su libro Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista (Península, 2018) ha sido la ocasión para organizar un encuentro entre él y Pasos a la Izquierda. Las opiniones vertidas en dicha publicación nos animaban aún más a dialogar con él sobre la situación en Catalunya y sobre la crisis social que, como se verá en la entrevista, él afirma no es ajena a los sucesos catalanes. Joan Coscubiela tiene una dilatada historia sindical y política en España y Cataluña. Abogado laboralista de profesión y sindicalista, ha sido secretario general de CC.OO de Catalunya (1995-2008). Posteriormente ha sido diputado en las Cortes españolas en la lista de ICV (2011-2015) y diputado en el Parlament de Catalunya bajo la lista de Catalunya Si Que Es Pot (2015-2017). La entrevista tuvo lugar en Barcelona el día 2 de mayo de este año 2018. Agradecemos a Javier Tébar y a Juanma García la infraestructura de la Fundació Cipriano García puesta a nuestra disposición para que se celebrara en las mejores condiciones.

Javier Aristu: Joan, si te parece vamos a dialogar a partir de tu libro, Empantanados, intentando, si es posible, ir más allá del periodismo de titulares y de la anécdota. Vamos a tratar de desentrañar contigo algunas de las claves que tú planteas en el libro en relación con el llamado «conflicto de Catalunya», que no es solo de Cataluña, así lo dices en algún pasaje, sino más bien de distribución territorial del poder, aunque puede que haya bastantes más cosas, como tú también apuntas. Pero antes de empezar, creo que debemos saludar de forma muy optimista la originalidad del planteamiento que haces a través de la metáfora de la Patrulla Nipona. Cualquiera que haya leído algo sobre la guerra del Pacífico sabe que hubo bastantes ‘patrullas niponas’ después de la Segunda Guerra y hubo algunas que no fueron patrullas sino incluso destacamentos. Hay anécdotas muy simpáticas sobre japoneses que cuando fueron recuperados veinte años después no se creían que habían perdido la guerra, lo cual les costó muchísimo a la hora de integrarse en la sociedad japonesa moderna. Su concepto del honor les decía que no se sentían derrotados, su código de honor no les permitía jamás entender que pudieran rendirse. ¿Te está pasando a ti algo de eso?

Joan Coscubiela: No, posiblemente porque pertenezco, como vosotros, a unas generaciones que hemos perdido todas las batallas para ganar una guerra importante. Y es que, desde que nacimos hasta ahora, al menos, la sociedad en la que vivimos es un poco mejor. Eso es una guerra importante. No es un avance irreversible, por supuesto, como no hay ninguno, pero estamos acostumbrados a perder muchas batallas. Por eso, los que estamos acostumbrados a perder muchas batallas no nos consideramos perdedores, pero no por el concepto de esa devoción al emperador, sino por la manera de ser, supongo.



Soraya, Casado y Cospedal



El pódium de las casi primarias del Partido Popular ha quedado así: Soraya, Pablo Casado y Cospedal. Esta última ha sido eliminada de la competición. No han acertado, pues, quienes auguraban que el final de la primera fase se saldaría con un Ok Corral entre las dos damas. El partido ha dado la espalda a la señora de Albacete y, en cambio, ha favorecido a Casado. Vayamos por partes.

¿Por qué ha ganado la Saenz de Santamaría? Porque su campaña electoral se ha orientado a ostentar que ella ganaría las próximas elecciones. Ha situado a los votantes de manera subliminal, que se estaba en otra campaña, en las elecciones generales.  Era un mensaje potente; el trampantojo ha resultado. Venía a decir, además, yo soy una mujer bregada en las tareas de gobierno. Los otros dos son gente «de aparato». De un aparato que nos ha traído muchos dolores de cabeza.

Cospedal ha fracasado estrepitosamente. Los votantes deben estar irritadísimos con la gestión que se ha hecho en cuestiones de intendencia por la Secretaria general. Que ha llevado al partido a una situación comprometida. Una parte de esa irritación se ha dirigido a Pablo Casado que, según voces aproximadamente bien informadas, ha contado con el apoyo de los vestigios de la aznaridad. Es cierto que Aznar pinta muy poco en el partido, pero todavía tiene un rescoldo que sirve, al menos en estas ocasiones, para orientar la balanza hacia donde le interese. Son los sectores ultra, fuertemente ideologizados con un neoliberalismo de alpargata.

Ahora toca esperar. Y ver los cabildeos que, seguramente, ya han empezado. La principal afectada por estos ajetreos será Soraya que concita un odio corso por parte de Cospedal, una antipatía indisimulada de Casado y un desprecio mayúsculo por parte de Margallo que se ha presentado a estas casi primarias para exhibir --cual Pío Caballinas resucitado--  retruécanos y sonrisas mefistofélicas. Pero, la verdad sea dicha, proponiendo aquello de programa, programa y programa.

En todo caso, lo nuevo es que la socorrida ´militancia´  ha votado. Y que, a partir de ahora, hará que el partido cambie un tantico.

P/s.  Sepan que ha salido otro número de la revista Pasos a la Izquierda. Formidable. Les sugiero que no se pierdan la conversación entre Joan Coscubiela, Javier Aristu y Paco Rodríguez de Lecea.  Cliquen en 



jueves, 5 de julio de 2018

¿Cataluña tiene solución?




«Catalunya no tiene solución». Lo ha dicho de manera lapidaria Enric Juliana en su artículo de La Vanguardia del pasado miércoles. Y ha rematado la sentencia con una frase dantesca: «perded toda esperanza». La frase de marras no parece ser el resultado de un arrebato de pesimismo, sino la constatación de una serie de hechos recientes que el periodista constata  pormenorizadamente. Léanlo, por favor. Sin embargo, tengo para mí que, a pesar de las mil y una dificultades enormes, la política puede construir un arreglo más o menos duradero de ese gran litigio. 

Ahora bien, tengo la certeza de que en con el Partido Popular en la guía del país es materialmente imposible una aproximada solución. Es más, con ninguno de los candidatos a repartirse la túnica sagrada de
Mariano Rajoy se estaría en condiciones de querer llegar a un se acuerdo. Por lo demás, tampoco los de Torra están por la labor. Son la mutua retroalimentación, que les da alas a seguir con este fenomenal quilombo. Y tres cuartos de lo mismo sucedería con Ciudadanos. Esa es mi certeza. Pero estoy en condiciones de proponer una hipótesis: con gobiernos diferentes en Madrid y Barcelona podría haber una aproximación al apaño. La cosa, pues, estaría en manos de un personaje tan singular como  doña Correlación de Fuerzas así en el escenario español como en el europeo.  De donde se infiere que para resolver la papeleta serían necesarias estas condiciones: a) un gobierno de centro izquierda en España y otro de diversa condición en Cataluña; una opinión pública fuertemente sensibilizada que quiere que haya soluciones; y c) una relación de fuerzas en la Unión Europea claramente europeístas, precaria en nacional-populismos. Tampoco es, ciertamente, una certeza sino simplemente una hipótesis contra el «Catalunya no tiene solución».

Una opinión pública activa y fuertemente sensibilizada, hemos dicho. De momento, uno de los datos más serios es la proliferación de grupos de opinión en Cataluña, alejados del independentismo, de carácter transversal.  Los más importantes son, por orden de aparición en la escena: Federalistes d´Esquerra, Pau i treva y Pròleg. Joan Botella, J.J. López Burniol y Joan Coscubiela para entendernos. A los que habría que sumar el grupo Cataluña y Andalucía todavía en gestación. De él nos ha hablado el escritor Jordi Amat recientemente en La Vanguardia.

Habla Amat. «Dos hombres de izquierda  –
Javier Aristu y Javier Tébar– han empezado a preparar unos encuentros en Sevilla en octubre. Se proponen establecer una alianza informal entre un grupo de catalanes y andaluces para pensar soluciones: “Dialogar para hallar un punto de encuentro o acercamiento que haga posible una renovada convivencia en un marco jurídico y político integrador de las diferentes opciones territoriales”. No es una música que suene muy diferente del manifiesto de académicos e intelectuales que se dio a conocer la semana pasada. “Frente a esa tendencia que desconoce que una España en libertad es una España en la que deben convivir los diferentes, somos muchos los que creemos que es posible renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedoras ni vencidos”. El contramanifiesto, planteado desde la órbita de Ciudadanos, evidencia que el diálogo se ha abierto» (1).

De momento podemos decir que el Gobierno de Pedro Sánchez se está moviendo mientras Torra sigue en su propia casquería. El lunes se ven las caras. Bueno, menos da una piedra. 



miércoles, 4 de julio de 2018

(y 3) Seguridad Social, por un nuevo y fraternal pacto intergeneracional


Con esta entrega finalizamos este estudio sobre la Seguridad social, que figura como editorial en la revista La Ciudad del trabajo. 



1.      ¿Tiene solución la Seguridad Social?

Esa pregunta ha de ser respuesta con otro interrogante: ¿queremos que sigan vigentes los valores democráticos íntegros en nuestra sociedad? Si el futuro que nos espera se basa únicamente en la libertad en el terreno individual y la igualdad en el formal, la Seguridad Social está condenada, en tanto que el valor republicano de la fraternidad (y el de igualdad sustantiva) ya no tienen allí cabida. Lo que ocurre es que ese escenario ya difícilmente puede ser calificado como una democracia, sino como una oligarquía (por tanto, el “gobierno de hombres ricos libres”). Por el contrario, si la opción de las sociedades occidentales pasa por seguir avanzando hacia la democracia plena es del todo evidente que la Seguridad Social –como instrumento de la fraternidad- no sólo es factible sino, necesaria. Ahora bien, también lo es que el modelo de Seguridad Social ya no puede ser seguir siendo el mismo que el originario, tanto por la problemática actuarial subyacente en los actuales momentos, como por los cambios experimentados por razón de las necesidades sociales, la mutación del colectivo de personas asalariadas y las modificaciones en el modelo productivo.

Para ello hace falta un nuevo pacto intergeneracional sobre la base de la
fraternidad. Pero eso hay que explicarlo con la didáctica de la política y rtarse de la demagogia tan al uso en la política actual. En lugar de poner parches –como se ha hecho hasta ahora- se trata de articular un nuevo to intergeneracional sobre cincos niveles de actuación: el blindaje del sistema, la modificación de determinadas prestaciones y en relación a esta constitucional, el incremento de las vías de financiación, la racionalización última línea de reflexión: la inclusión de la perspectiva de género en el sistema.

a.                  Blindaje constitucional

La mejor forma de atajar las tentaciones privatizadoras pasa por la constitucionalización del valor republicano de fraternidad. No se trata tanto de modificar el título preliminar de la Carta Magna, ni tampoco de elevar a rango de derecho fundamental el actual art. 41 CE. Es más simple que todo eso: nada impide que se imponga a los poderes públicos un límite mínimo de gasto social en relación al PIB (no, en cuanto a los presupuestos anuales). De la misma forma que en su día se modificó de la noche a la mañana y en pleno mes de agosto el art. 135 CE imponiendo límites máximos al gasto público por esa misma vía se podría añadir a dicho precepto constitucional un nuevo apartado conforme al cual el actual porcentaje del 25 por ciento de su PIB en gasto social y/o el casi doce por ciento en pensiones es inmodificable, con un mandato expreso de aproximación hacia el tercio y el quince por ciento, respectivamente. Con ello se transmitiría un mensaje claro para navegantes: que nadie espere que se vaya reduciendo progresivamente el gasto social en beneficio de la gestión y el lucro privados; al contrario, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias –incluso, dentro del marco general de austeridad impuesto- debe mantenerse o, incluso, ir incrementándose. De esta forma recuperaríamos la sabia lógica del reparto equitativo de rentas de la sociedad del “buen salvaje” y, por ende, el concepto político de fraternidad.

b.      Incrementar los ingresos y sus fuentes

Se antoja evidente que el aumento de ingresos de la Seguridad Social ólo es posible a través de dos medios: por un lado, aumentando de la recaudación por cuotas y, por otro, vía fiscal. Incrementar las cuotas de cotización no parece la mejor idea. Al margen de la conocida posición histórica de la patronal reclamando su reducción –obviando que, en realidad, la aportación empresarial es un coste salarial- con esa medida se castigaría más a las personas económicamente activas integradas en el sistema.

Utilizando de nuevo el símil del “buen salvaje”: la parte de alimentos que correspondería a quién labra los campos ser vería reducida, en beneficio del sector improductivo. Ahora bien: el incremento de la recaudación no tiene porqué comportar el aumento de las cuotas. Nuestro “buen salvaje” en una tesitura similar podía acudir a otros mecanismos compensatorios: permitir la integración de nuevas personas activas en el trabajo en el campo o incrementar la producción de los sembrados.
Es obvio que la ampliación de las personas activas va estrechamente relacionada con la evolución del empleo. Sin embargo, aunque ello sea así, no se evita el “cuello de botella” de los próximos años por razones actuariales. Pero esa ampliación de personas productivas –en épocas de bonanza- también puede ser solventada con la venida de personas extranjeras (como, por cierto, hizo la Merkel con la crisis de los refugiados). Ciertamente en el actual panorama de las sociedades occidentales eso deviene problemático visto el preocupante aumento de las posturas xenófobas ante la inmigración, Sin embargo, alguien tendrá que explicar esa ciudadanía intolerante cuando llegue la época de las “vacas gordas” que con ello se asegura el pago de las pensiones. Quizás en lugar de poner vallas con concertinas la solución está en una ordenada política migratoria en origen y en función de las necesidades de los países de destino. A lo que cabrá añadir –en relación a los refugiados-que, la fraternidad humana no tiene por qué tener fronteras, como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, máxime ante la atroz situación que se vive en los países del África Subsahariana y algunos Estados de Oriente Medio.

Pero además hay otra vía para el incremento de ingresos por cotización: la mayor aportación de las personas productivas por su mejora retributiva. Y es aquí donde aparece una de las bases más sólidas del nuevo pacto intergeneracional: no se puede exigir a los jóvenes con salarios muy bajos mayor esfuerzo, si no existe un incremento de sus retribuciones. Ahí van unos interrogantes el clave provocativa: ¿tiene sentido que algunas pensiones mínimas sean superiores al salario mínimo interprofesional?; ¿lo tiene que determinadas prestaciones no tributen o que las pensiones que no alcancen determinados mínimos estén exentas de pagar impuestos en relación a salarios de idéntica cuantía que sí lo hacen?;  ¿o que un jubilado o jubilada con una pensión de dos mil euros pague menos por el mismo medicamento que una persona activa con un salario de mil?; ¿ha sido justo que a lo largo de la crisis las pensiones se incrementaran en porcentajes que aunque muy limitados eran superiores a los de los salarios?...
Si se reflexiona sobre esas cuestiones puede emerger una conclusión: quizás el problema no está en las pensiones, sino en las condiciones salariales de las personas activas. Una hipotética pensión media de mil euros puede requerir de tres cotizantes si el salario medio es el mismo; sin embargo, si la nómina de las personas activas es de mil quinientos euros sólo hacen falta dos. Pero ocurre que el proceso de reversión de rentas –la denominada “devaluación interna”- que han impuesto las medidas gubernamentales y europeas en la última década (aunque su lógica de fondo viene de antes) ha conllevado un significativo descenso real de los salarios. Ahí está el fenómeno conocido como “los trabajadores pobres”. Ello ha comportado que aunque en los últimos años el número de cotizantes haya aumentado significativamente la Seguridad Social siga presentado un déficit en sus cuentas. En consecuencia, el incremento de bases de cotización por esta vía requiere una intervención legislativa que favorezca el de los salarios. Ello
determina que se deba actuar en múltiples de los marcos normativos actuales: la reversión de las reformas previas respecto a los ámbitos de la negociación colectiva, mayor empoderamiento de los sindicatos y de los organismos de representación en la empresa, fin de la cultura de la temporalidad y de las jornadas a tiempo parcial sin causa, y, en especial, una nueva regulación de las prácticas de externalización productiva (en tanto que es aquí donde en la práctica se están generando las bolsas de mayor pobreza). Y si bien se mira buena parte de esos “motores de desigualdad” afectan esencialmente a la mitad de la población asalariada: las mujeres, en tanto que la “brecha salarial” no se origina tanto en los salarios pactados, sino en esas condiciones contractuales. 

Por eso la equiparación retributiva entre géneros deviene esencial para el mantenimiento de las prestaciones. A ello cabe añadir que, en la práctica, existe otro colectivo especialmente perjudicado por la devaluación interna: las personas jóvenes que perciben proporcionalmente una retribución inferior (por sus precarios mecanismos de ingreso en el mercado de trabajo) que las provectas (con carrera profesionales consolidadas). Es urgente abordar esa problemática salarial a fin de acabar con las incipientes tentaciones de poner fin al pacto intergeneracional.

Podrá aducirse que ese desiderátum comporta un incremento de los precios de producción, afectando a la competitividad en un mundo globalizado. Pero ante esa objeción cabe señalar dos respuestas. En primer lugar, es posible seguir avanzando en el terreno de la flexibilidad contractual… bien entendida; por tanto, no se trata de precarizar condiciones contractuales, sino de reconocer su carácter bidireccional (esto es: que no sólo se beneficie al empleador) y promover el consenso social sobre las nuevas formas de producir y su impacto en el mercado laboral, con el evidente incremento de la productividad que ello comporta. Y en segundo –y especial lugar-: la mejora retributiva no tiene porqué condicionar siempre el precio del producto o servicio, en tanto que también puede ir en detrimento de las ganancias empresariales. Nadie debería escandalizarse ante esa afirmación: si –como hoy por hoy todo el mundo afirma, al menos formalmente- hay que reducir el crecimiento de la desigualdad social es obvio que se deben potenciar las rentas salariales en relación a las empresariales. Como afirma ALBERT RECIO en un artículo reciente analizando las políticas de devaluación salarial: “el peso de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta ha caído 4,32 puntos (desde el 51,60 al 47,28%) entre 2008 y 2017. Y ello a pesar de que el peso de los asalariados en la población ocupada no sólo no ha decrecido, sino que ha aumentado ligeramente, pasando de representar un 82,36% al 83,47% (la repetida afirmación del crecimiento de los autónomos sigue sin dejar rastro estadístico). O sea que un 1% más de población se reparte un 4% por ciento menos de producto”. No parece que esos datos se adecúen en demasía al mandato a los poderes públicos del art. 9.2 de nuestra constitución de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.

Pero como antes se indicaba existe otra vía de incremento de ingresos por la vía fiscal.  Sin embargo ese planteamiento si no va acompañado de matices puede comportar en la práctica un mayor esfuerzo de las personas económicamente activas y, en especial, de las asalariadas, en tanto que no sólo se aportaría una tercera parte de la retribución al pago de prestaciones, sino que además se incrementaría la presión fiscal. Y ello en un sistema en que el peso contributivo de los salarios es muy superior al del resto de rentas, aunque la presión fiscal española sea inferior a la media europea: es decir las personas trabajadoras aportan proporcionalmente mucho más que el resto de actividades económicas. 

De ahí que la financiación de la Seguridad Social por esa vía deba ir acompañada ineludiblemente de una profunda reforma fiscal que cumpla el mandato constitucional de avanzar hacia un sistema tributario “inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Mas cabe también otro escenario: que la presión fiscal finalista para el mantenimiento de la Seguridad Social se sitúe en las rentas no salariales. Algo de eso hay en la tímida propuesta del actual gobierno sobre un impuesto específico a la Banca, que ha merecido quejas del sector y del Banco de España (que parecen olvidar el gran esfuerzo que la ciudadanía tuvo que hacer para sanear sus cuentas). Pero en un mundo en el que el capital meramente especulativo está ganando día a día peso respecto al capital productivo no parece tener demasiado sentido que la (supuesta) riqueza que aquél genera no tenga práctica incidencia para el mantenimiento de las pensiones. Por ejemplo: un fondo de inversión, al margen de las obligaciones fiscales que debe cumplir –en un modelo tributario que le resulta muy favorable-, apenas aporta nada a la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones de sus trabajadores o sus cargos societarios. Pues bien, no parecería descabellado que esos ingresos tuvieran una especie de “tasa Tobin” finalista para la financiación de las pensiones. 

Si, como tanto se afirma, la especulación crea riqueza carece de sentido excluir dicha actividad de la necesaria aportación al mantenimiento de las personas inactivas. Obsérvese como la Seguridad Social está, por sus orígenes, vinculada con un modelo de capitalismo productivista basado en el trabajo asalariado en una empresa con intensa necesidad de mano de obra; un modelo ciertamente lejano del imperante en las actividades meramente especulativas. Se trataría, por tanto, de gravar éstas últimas para el mantenimiento de las pensiones. Esa propuesta es especialmente importante en relación a las actividades inmobiliarias meramente especulativas, tan en boga en este país desde que ya hace décadas los poderes públicos “olvidaron” que la Constitución (art. 47) mandata a un uso del suelo público “de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Dicho sea de paso: no deja ser significativo que los sectores sociales y políticos que más se escudan en la Constitución sea los primeros en obviar su contenido social (lo que no deja de ser una constatación empírica de su desistimiento del pacto welfariano).

Las consecuencias de la liberalización del suelo son conocidas: el encarecimiento exorbitado del precio de la vivienda y el alquiler por simple especulación. Insólitamente, aunque esa política fue en gran parte la causa de las nefastas consecuencias en España de la reciente crisis económica, en la actual etapa de recuperación se vuelve a las andadas. Ese panorama castiga especialmente a las personas asalariadas más jóvenes (que en la práctica son las más afectadas por las políticas de devaluación salarial), en tanto que son ellas básicamente las que han de buscar vivienda para independizarse, por lo que han de dedicar una parte mucho mayor de sus retribuciones para cubrir esa necesidad básica, en relación al esfuerzo que en esa materia efectuaron las generaciones actualmente provectas (que, además, se benefician –aparentemente- de la revalorización de sus inmuebles personales). Pues bien, el nuevo pacto intergeneracional también debería intervenir en esa materia: al margen de una mayor creación de vivienda pública no parecería descabellado establecer tasas fiscales (finalistas para pagar pensiones) que castigaran en forma significativa las rentas obtenidas de la mera especulación del suelo (no, lógicamente, la adquisición de vivienda propia o la actividad arrendadora a largo plazo). Las consecuencias de esa medida serían dos: por un lado, los posibles efectos disuasorios que una medida así tendría para ese tipo de actividades (cumpliéndose, por tanto, con el mandato constitucional), con un previsible descenso del precio de la vivienda; por otro, la obtención de fondos para el mantenimiento de las pensiones. De esta forma se erigirían las bases de un nuevo quid pro quo intergeneracional: la reducción del patrimonio inmobiliario de las personas mayores a cambio del mantenimiento de pensiones (sin que, por tanto, las personas jóvenes deban esperar, en su caso, a la herencia).

Dentro de esa lógica no parece muy adecuada la propuesta que se ha efectuado desde diversas instancias de “hacer cotizar los robots”. Es cierto que estamos asistiendo a lo que algunos denominan la Cuarta Revolución Industrial, lo que va acompañado de predicciones maltusianas de fin del empleo asalariado (que olvidan que cualquier cambio tecnológico no destruye “per se” ocupación: la traslada a otros sectores). Pero obsérvese como esa idea comportaría castigar aún más al sector de la economía productiva, afectaría negativamente a la investigación y desarrollo y conllevaría –esta vez, sí- un efecto negativo sobre la competencia.  

Pero existen otras medidas de tipo económico que podrían ayudar a incrementar los ingresos finalistas de la Seguridad Social. Así, en primer lugar, la eliminación de las subvenciones y bonificaciones al empleo por deducciones de cuotas. Son múltiples los estudios que ponen en evidencia la inutilidad de esas medidas a los fines pretendidos, así como sus efectos negativos para la pervivencia de las relaciones laborales (una vez finaliza el período de referencia). Sin embargo, su coste en materia de cotizaciones supera anualmente los dos mil millones de euros, que deja de ingresar la Seguridad Social. Por tanto, son posibles otros escenarios normativos que se basen en la clara identificación de colectivos, zonas y sectores en los que puedan existir incentivos públicos para la contratación (eliminado la actual lógica indiferenciada) y, en especial, que dichos incentivos se sufraguen únicamente (y no, en parte, como ocurre actualmente) por aportaciones del Estado y no de la Seguridad Social.

Asimismo, cabe preguntarse si tiene lógica el mantenimiento de las actuales bases máximas de cotización. En el proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 se contempla un límite de 3.803, 70 euros mensuales. Aunque es cierto que en los últimos diez años dicho máximo se ha incrementado en un poco más de veinte por ciento, no lo es menos que la aportación al pago de pensiones de alguien que perciba el salario mínimo interprofesional es muy superior proporcionalmente a la de las personas que obtienen altas retribuciones. Una conclusión que ha de relacionarse con el conocido fenómeno de la mucha menor afectación negativa que han padecido con la crisis las personas con altos salarios y cargos directivos en relación al resto de las asalariadas. Por tanto, habría que regular un mayor esfuerzo contributivo de quienes obtienen retribuciones superiores –en ocasiones, muy superiores- a los límites máximos de cotización, incrementando éstos. Ciertamente se podrá aducir que ese posible mayor esfuerzo de aportaciones por los sectores más privilegiados comportaría en el momento de actualización de un estado de necesidad por los mismos de una pensión proporcionalmente menor, en tanto que también existen topes máximos de pensiones públicas. Sin embargo (al margen de la posibilidad de establecer escalas en función de los ingresos) parece evidente que esas personas con mayores retribuciones tienen muchas más posibilidades de consolidar un patrimonio a lo largo de su vida activa, por lo que difícilmente existe una afectación negativa al derecho a la igualdad.

Y, finalmente por lo que hace a las posibilidades de incrementar los ingresos, cabría hacer una reflexión profunda sobre el modelo imperante de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Los datos ponen en evidencia cómo el RETA es altamente deficitario (de los Presupuestos del Estado de 2018 se deriva un déficit que supera los cinco mil millones de euros); en otras palabras: las personas asalariadas están pagando una parte significativa de las prestaciones de las que ejercen actividades económicas por cuenta propia.

El problema del RETA se sitúa esencialmente en el modelo de cotización: a diferencia del Régimen General, las cotizaciones no se efectúan proporcionalmente sobre los salarios o ingresos, sino, con carácter general, en función de la elección personal que realice la persona afiliada entre una base mínima y una base máxima. Ese sistema conlleva evidentes contradicciones: de un lado, que existan autónomos y autónomas con altos ingresos (por ejemplo: cargos societarios) que aporten poco al sistema; de otro, que existan muchas personas inscritas en el RETA –en muchos casos, los denominados “falsos autónomos”- que tengan evidentes dificultades para hacer frente a los casi 250 euros mensuales que cubren el mínimo d cotización en dicho régimen. Para este último caso se ha previsto la denominada “tarifa plana” de cincuenta euros, aunque con carácter temporal y en forma indiferenciada.

Parece evidente la necesidad de finalizar con esas particularidades de cotización, vinculando los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad económica de la que se trate. Pero ocurre que para que ese desiderátum sea posible es del todo imprescindible –de nuevo- una reforma fiscal que avance en el terreno de la progresividad y acabe con prácticas casi gremiales como la estimación objetiva o “módulos”.

c.       La racionalización del sistema

Nuestro modelo de Seguridad Social nació del sistema de seguros públicos, obedeciendo a la realidad productiva y social que entonces estaba vigente; una realidad muy distinta a la actual. Aunque es cierto que con el tiempo se han ido introduciendo modificaciones –algunas de profundo calado-, reconociéndose nuevas prestaciones (y desapareciendo otras en la práctica), regulándose nuevos requisitos –en general, más restrictivos que los anteriores-, etc., parece evidente que, ante el nuevo panorama, cabría repensar el modelo, tanto desde el punto de vista global como respecto a concretas prestaciones.

Entre los múltiples conceptos de la denominada “renta básica” existen algunas propuestas que abogan por una universalización de un salario de ciudadanía, con independencia de los ingresos obtenidos por cada persona o unidad familiar y sin condiciones añadidas. Sin embargo, no parece que esa idea –en los amplios términos expuestos- sea muy adecuada al propio concepto de fraternidad, ni al de igualdad sustantiva, por su carácter de “tabla rasa”, sin diferenciar entre las distintas situaciones. Pero ello aboca a otra reflexión adicional: ¿debe mantenerse el privilegio que en materia de prestaciones tienen las personas que previamente han sido económicamente activas? Parece lógico dar una respuesta positiva a ese interrogante en tanto que en caso contrario se estaría dando el mismo tratamiento ante estados de necesidad a quienes han aportado ingresos para el mantenimiento de las prestaciones a lo largo de su vida profesional que a quienes no lo han hecho. Si bien se mira la Seguridad Social en su conformación en la mayor parte de ordenamientos surgió como modelo de previsión vinculado estrictamente al trabajo; sin embargo, posteriormente ha ido integrando otros subsidios y ayuda públicas de carácter asistencial.

Pero no todo el ámbito de previsión pública –de “ayuda mutua fraternal”- se integra en la propia Seguridad Social, en forma tal que nuestro modelo de previsión social es disperso y desarticulado. Así, al margen de la propia Seguridad Social en sentido estricto, con sus niveles profesional y asistencial, hallaremos una multitud de subsidios o prestaciones (RAI, complementos territoriales de pensiones, rentas básicas, pensiones por discapacidad residuales de la LISMI, ayudas públicas para determinados colectivos o situaciones, dependencia, asistencia social, ayudas farmacéuticas y protésicas, etc.) de origen estatal, autonómico e, incluso local, que muchas veces se solapan o entran en contradicción. De esta forma, hay estados de necesidad cubiertos por auxilios sociales coincidentes, mientras que otros carecen o apenas tienen cobertura.
Ante dicha situación parece necesario dotar a todo el sistema de previsión pública de una lógica interna y unitaria, diferenciando los distintos estados denecesidad actuales y dotándolos de una mínima articulación; no se trata de ir poniendo parches (por diferentes Administraciones), sino de repensar el modelo omnicomprensivo de cobertura de aquéllos. Quizás ha llegado de dar “el gran salto”: por tanto de integrar dentro de la propia Seguridad Social todas esas prestaciones dispersas dotándolas de una lógica única. Es posible y deseable articular un modelo extenso de Seguridad Social que integre en forma uniforme la mayor parte de los instrumentos de previsión social y ayudas públicas, con un nivel exclusivamente contributivo, en forma tal que las personas que han sido económicamente activas acceden a una mayor nivel de cobertura ante estados de necesidad, otro asistencial –como ocurre en la actualidad respecto al desempleo, jubilación e invalidez no contributivos- para quienes no lo han sido o se han separado hace tiempo de cualquier actividad económica, e incorporando la discapacidad y la dependencia, con el colofón de una renta de ciudadanía para quienes no tenga cobertura alguna. Incluso podría pensarse en la integración de ayudas a la vivienda, como ocurre en otras experiencias. En esa tesitura tampoco estaría de más reflexionar sobre la posible integración en el sistema del régimen de clases pasivas.

Es cierto que en buena medida –salvo la renta básica en el ámbito estatal- todos esos niveles prestacionales están más o menos reconocidos. Pero lo están en forma dispersa y sin una lógica interna, lo que genera problemas prácticos significativos como por ejemplo que una persona sin ingresos pueda tener coberturas de desempleo asistencial, renta activa de inserción o –en algunos territorios- renta básica; o que las prestaciones de dependencia sean ajenas a la gran invalidez; o que se utilicen parámetros diferenciados para la determinación de una invalidez contributiva y otra asistencial, sin que queden claros los elementos de discapacidad concurrentes entre ambos niveles. Si se quiere, el nuevo resultando ya no sería estrictamente “Seguridad Social”, sino otra cosa, aunque el nombre resulta irrelevante. Mas, al margen de ese formalismo, sí parece necesario diferenciar entre lo que es previsión pública ante estados de necesidad de otros derechos que conforman prestaciones sociales: ello es especialmente predicable de la asistencia sanitaria, que
debería independizarse definitivamente de la Seguridad Social (con el añadido de eliminar de una vez por toda la “deuda histórica” en esta materia).

Con un sistema integrado se gana en cobertura de estados de necesidad, pero también se produce un efecto de ahorro de costes. Todas las partidas presupuestarias dedicadas al mantenimiento de prestaciones se integrarían de esta forma en una única, potente y expansiva caja única en la que se abocarían tanto las cotizaciones –para el nivel contributivo- como las correspondientes aportaciones por la vía fiscal del resto de prestaciones, ayudas y niveles. Pero, además, una gestión integrada podría comportar un aumento de dinero público, por simple racionalización de activos. Y ello posiblemente permitiría solucionar en parte uno de los grandes problemas actuales: la ínfima cuantía de los mínimos que hoy se reconocen (subsidios asistenciales, complementos a
mínimos, RAI, rentas básicas, etc.). En los actuales momentos –y precisamente por la reivindicación efectuada de la fraternidad- parece una necesidad ineludible que las revalorizaciones de pensiones y de subsidios han de privilegiar a las personas que perciben rentas más bajas. Una persona jubilada que percibe una prestación máxima superior a los 2.500 euros tiene, más o menos asegurada una vida digna (al margen que, en principio, en tanto que su salario ha sido elevado habrá podido consolidar un mínimo patrimonio); en cambio, difícilmente puede llegarse a esa conclusión cuando la pensión no alcanza los ochocientos euros o se perciben subsidios de desempleo o asistenciales.

Llegados a este punto forzoso es hacer una aclaración: esa propuesta no tiene por qué suponer una “recentralización” del sistema, con reversión de las actuales competencias autonómicas (en especial, respecto a la “asistencia social” del art. 148.1 20ª CE); por el contrario, hay que recordar que el art. 149.1 17ª limita las competencias exclusivas del Estado únicamente a la legislación y régimen económico (caja única), permitiendo la ejecución por las comunidades autónomas (como, de hecho, se reconoce en algún Estatuto de Autonomía). Aunque es claro que no pueden existir “TGSSS autonómicas”, cabe  preguntarse por qué no existen “INSS autonómicos” (de la misma forma que existen “IMSERSOS autonómicos”), en tanto que la propia Carta Magna lo permite. La respuesta parece evidente: la renuencia de los sucesivos Gobiernos centrales a la pérdida de réditos electorales que se derivan de un modelo de gestión centralizado (el famoso “voto cautivo de los pensionistas”). 

Un buen ejemplo de la utilización política (en el peor sentido de la expresión) de la Seguridad Social. Incluso en esa tesitura cabría también preguntarse si obedece a una lógica racional el uniformismo incondicionado de los mínimos en materia de prestaciones y subsidios, con independencia de los territorios y de los respectivos niveles de vida de cada uno de ellos. Por otra parte y, como medida disuasoria (y más agresiva) de la privatización de la Seguridad Social, tal vez debería valorarse la posibilidad de crear fondos de pensiones de naturaleza pública, integradas en aquélla, como ocurre en otros países europeos. 

 Por tanto, regular la posibilidad que las personas activas que lo deseen hagan ingresos adicionales a planes de pensiones complementarios, gestionados por la Administración de la Seguridad Social y basados en la capitalización (aseguramiento) y no de reparto.

d.      Repensar algunas prestaciones contributivas.

Mas junto a un modelo integrado y amplio de Seguridad Social cabría pensar en una readecuación de determinadas prestaciones. Empecemos
las reflexiones en este punto en relación a la jubilación. Hay que recordar que desde el punto de vista de la dogmática jurídica dicha prestación no es otra cosa que una presunción legal iuris et de iure de invalidez; por tanto, que las personas que alcanzan la edad establecida en el art. 205 LGSS no se encuentran ya en condiciones de trabajar por motivos cronofisiológicos. Sin embargo, difícilmente las personas asalariadas en la construcción o en el transporte están en condiciones de seguir prestando servicios a los sesenta años; y, por el contrario: posiblemente otras, empleadas verbigracia en el sector bancario, podrían seguir prestando servicios más allá del límite legal (aunque, paradójicamente, buena parte de estas últimas se prejubilan mucho antes). Más que ir incrementando la edad mínima (como se ha hecho hasta ahora por los motivos actuariales antes expuestos) quizás sería preferible establecer edades variadas en función del tipo de actividad, con integración a partir de una determinada edad de las pensiones de invalidez y jubilación. Y, al hilo de lo anterior sería necesario abrir una reflexión en relación a las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas. Una cosa es que una persona asalariada pierda su empleo a una edad avanzada; otra, muy distinta, que esos mecanismos hayan sido utilizados por grandes empresas –con enormes beneficios en la mayor parte de casos- para derivar parte de los gastos fijos de personal a las arcas de la Seguridad Social.
Es cierto que en los últimos años se ha venido intentando revertir en parte dicho coste (la denominada “cláusula Telefónica” del art. 51.11 ET y el RD 1484/2012 o la obligación de abono de cuotas para la suscripción de convenios especiales del art. 51.9 ET), pero aun así el sistema sigue siendo menos costoso para dicho tiempo de empleadores que el mantenimiento del puesto de trabajo. A ello cabría añadir una posible ponderación del sistema de jubilación parcial que debería vincularse en forma inexcusable al mantenimiento del puesto de trabajo del relevista una vez finalizada aquélla. También parece necesaria una reflexión en relación a si nuestro modelo de grados de incapacidad permanente tiene sentido hoy, en especial la incapacidad permanente total (de indeterminados límites, complejidad aplicativa y problemática práctica). Parecería lógico volver al sistema anterior a la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de 1972 convirtiéndola en una prestación temporal (por ejemplo por cinco años), salvo para los mayores de una determinada edad (55 años por ejemplo). La contrapartida es que habría que ser mucho más generosos con la incapacidad absoluta, que debería proteger también a quienes a partir de la madurez no tienen formación para desempeñar trabajos intelectuales y por su enfermedad pierden capacidad de ganancia para trabajos físicos. Eso sí, la pensión de la incapacidad absoluta debería tributar como ingreso, al igual que ocurre con una pensión de jubilación, para evitar un incentivo fiscal perverso.

e.       La perspectiva de género

Finalmente en cuanto al terreno propositivo prestacional aparece como una necesidad urgente repensar nuestro modelo de Seguridad Social desde una perspectiva de género. Se ha afirmado antes que esa institución nació diseñada para una realidad eminentemente productivo-fabril. Pero también lo hizo en unos momentos en que la inmensa mayoría de la población activa era masculina, lo que como es notorio ya no ocurre. Sin embargo, la Seguridad Social no se ha “feminizado” y sigue en sus parámetros esencialmente masculinos. La “fraternidad” no opera únicamente entre los ciudadanos masculinos, ni debe hacerlo solamente entre las propias mujeres entre sí (la incipientemente denominada “sororidad”), sino en el conjunto íntegro de la ciudadanía, con independencia de su sexo.

Los ejemplos de esa tendencia hacia una discriminación práctica son múltiples. Así, en materia de incapacidad permanente cabe constatar la existencia de determinadas enfermedades que epidemiológicamente afectan en forma más significativas a las mujeres (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, osteoporosis, determinadas afectaciones del raquis, depresiones, etc.) en forma tal que esa particularidad de género no es valorada en un juicio de incapacidad “neutro” –que no es tal-. O, en materia de incapacidad temporal, la ignorancia práctica del sistema de la dismenorrea y sus efectos laborales. Y ello por no hablar de otro efecto significativo: la sangrante “brecha de género” retributiva junto con la mayor tendencia femenina a apartarse (inicialmente, en forma momentánea) de mercado de trabajo para el cuidado de la familia, así como el “techo de cristal” en la promoción profesional, conllevan  que en la práctica las pensiones de las mujeres sean sensiblemente inferiores a la de los hombres. Pese a las mejoras introducidas en los últimos tiempos (en especial, con en la Ley Orgánica de Igualdad) con medidas como la integración ficticia como tiempo trabajado de períodos de maternidad, situaciones asimiladas al alta y equiparación de bases de cotización por reducciones de jornada, etc., el hecho cierto  es que la diferencia sigue existiendo. 

De ahí que parecería necesario desarrollar nuevos mecanismos compensadores (a título de ejemplo: una nueva regulación de los contratos a tiempo parcial que no tuviera efectos sobre las pensiones, compensaciones de carácter fiscal en relación a posibles situaciones discriminatorias respecto a pensiones masculinas con carrera profesional similar, etc.) Otro tanto cabe decir de todas las prestaciones vinculadas con la filiación y las responsabilidades familiares. Sigue existiendo en nuestro modelo una prestación de “maternidad” y otra de “paternidad”, sin que –más allá del período de cuatro semanas del postparto en caso de nacimiento- exista una justificación razonable de la disparidad de ese tratamiento regulador.  La lógica de fondo es obvia: la consideración que es la mujer quién se encarga del cuidado de los hijos. Y aunque ello es socialmente cierto, no lo es menos que es ésa una realidad que el legislador debe intentar cambiar; aunque es común menospreciar el papel de la ley en la adopción de hábitos sociales, los resultados de la denominada “Ley del Tabaco” o de la implantación del “carné por puntos” ponen en evidencia como ello no es así. Y en línea con lo anterior, parece evidente la necesidad de poner al día las prestaciones familiares, a través de una financiación exclusivamente fiscal y que establezcan ayudas públicas significativas a la filiación, como ocurre en la mayor parte de los países europeos más próximos. 

Reside aquí otro de los elementos conformadores del nuevo pacto intergeneracional: son las personas jóvenes las que tienen mayores para
compaginar su vida laboral y familiar. Y también cabría repensar en profundidad las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la viudedad (que constituye, tras la jubilación, la segunda fuente de gasto del sistema). Como es perfectamente conocido, ésta fue diseñada para una realidad que apartaba a las mujeres del mercado de trabajo, con la intención de asegurarles rentas de sustitución en el caso de fallecimiento del marido. Tras el advenimiento del actual sistema constitucional ese sesgo de género fue considerado como contrario al derecho a la no discriminación por razón de sexo, con lo que la prestación se generalizó también para los hombres. Pero esa prestación es actualmente incondicionada –salvo matrimonio reciente- ajena a los ingresos obtenidos por el miembro de la pareja supérstite (con la excepción de las parejas de hecho). 

Ello conlleva un resultado práctico paradójico: mientras que la persona joven que ha tenido la desgracia de perder a su pareja tiene derecho a la pensión vitalicia de viudedad (sino constituye otra de nueva) aunque sus ingresos sean cuantiosos, las viudas apartadas del mercado del trabajo en los años cincuenta y sesenta perciben prestaciones de miseria. Un sector importante de analistas abogan por negar que en la actualidad la pensión de viudedad (como el resto de prestaciones por muerte y supervivencia) no tiene sentido en el nivel contributivo. De ahí que aparezcan propuestas que consideren más adecuado situarlas en el terreno asistencial, con vinculación a las rentas y patrimonio del beneficiario, con financiación estrictamente fiscal.

Sinembargo, no ya que olvidar que más del noventa por ciento de las pensiones de viudedad tienen a las mujeres como beneficiarias. Ya en los tratados de Seguridad Social de Dupeyroux de hace treinta años se decía que la viudedad era uno de los focos de la miseria de muchas mujeres ancianas. La brecha salarial y de empleo, producida en muchas ocasiones por la maternidad, se convertiría en la causa de la miseria económica de las mujeres al perder el marido. Las batallas en los juzgados de familia en caso de divorcio (otra forma de perder los ingresos del marido, salvo lo que se obtenga por vía de pensión o alimentos de los hijos) son un buen termómetro de lo que ocurre en la realidad. 

Las batallas sobre la pensión de viudedad de las divorciadas que pierden los alimentos de los hijos con el fallecimiento del marido lo dicen todo. Desde esa perspectiva podría considerarse que convertir la viudedad en una mera prestación de subsistencia conlleva carecer de perspectiva de género, poniendo por delante la teoría sobre la realidad social. Pero incluso si se llegase a un momento de absoluta igualdad real por género, la supresión de la viudedad contributiva sería una apuesta en favor de un modelo concreto de familia con ambos cónyuges productivos económicamente sin pausas vitales de maternidad o paternidad y con buena capacidad de ganancia y capaces de encontrar rentas de sustitución (o cónyuge de sustitución). Un mundo donde la libertad de enfocar la propia vida y la familia desaparece por imperativos económicos, con el consiguiente lucro de las compañías aseguradoras y la promoción de los seguros de vida.

Por eso es también posible rediseñar una cobertura correcta de la viudedad y orfandad por vía contributiva, en base a otros parámetros más justos, convirtiéndolas en un elemento generador de adhesión social al sistema. Además, sería un instrumento en favor de la igualdad social, porque la privatización vía seguros de la viudedad y orfandad contributiva solamente protege a quienes tienen recursos para pagarse buenos seguros de vida. Las vías reformistas en esta perspectiva son variadas: imposición de un límite máximo de ingresos del miembro supérstite de la pareja y/o en relación al porcentaje de ingresos, establecimiento de límites temporales en función de la edad de la persona beneficiaria, etc. A lo que cabría añadir, por otra parte, la posibilidad de una nueva regulación del acceso a la prestación a las parejas de hecho –que no lo sean de derecho- (lo que podría ir acompañado de una regulación específica en el Código Civil de esa realidad).
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A modo de colofón de estas reflexiones: la Seguridad Social tiene solución si volvemos a sus orígenes y la adaptamos al nuevo paradigma social y económico a través de un nuevo pacto intergeneracional. Se trata de un mandato constitucional, que hay que explicar claramente a la ciudadanía, poniendo en evidencia la falacia de una buena parte del discurso imperante que no oculta nada más que la simple codicia de los poderosos. Porque sin Seguridad Social no hay fraternidad; y sin fraternidad no hay democracia.