domingo, 21 de diciembre de 2014

PODEMOS EN CATALUÑA



Que Podemos haya abarrotado el pabellón del Valle Hebrón en su primer mitin en Cataluña puede ser interpretado como cosa normal habida cuenta de la curiosidad de un sector de la ciudadanía por conocer a esta nueva formación política. Pero que Podemos sea, según algunas encuestas, el primer partido en intención de voto en Cataluña, indica algo más relevante. Y también insólito porque, con lo tiquismiquis que somos quienes vivimos en estos pagos, dicha orientación de voto se dirige a una formación que no ha nacido en Cataluña. Más todavía, el grupo coordinador de Podemos en Cataluña –según nos informan analistas que están al tanto— es prácticamente desconocido por eso que se llama quién es quién.  Ahora bien, tal como está lloviendo, todo indica que esa virginidad no parece ser un impedimento, porque “lo conocido” tiene un precario predicamento. Así es que el problema será de qué manera la formación de Pablo Iglesias el Joven gobernará dicha virginidad de aquí a las próximas elecciones.

No hace falta ser un politógo para intuir que Podemos no será bien recibido por las fuerzas políticas catalanas que cuentan con posibilidad de tener representación parlamentaria. Todas ellas saben que, en una u otra proporción, van a conocer una merma electoral. Por lo que, a buen seguro, coincidirán parcialmente en un socorrido mensaje: Podemos es la reencarnación del lerrouxismo. Que el lerrouxismo no es un espantajo, lo sabemos perfectamente. Pero en este caso concreto será el trampantojo que, con mayor o menor saña, utilizarán los que se sientan damnificados por Podemos. 

Estos damnificados utilizarán retales de viejos discursos. A saber, «no son de casa», «sucursalistas de Madrid» y, por tanto,  botiflers.  Que serán sobados hasta la náusea por la flora y fauna institucional catalana “de toda la vida”. Por la flora mediática y por la fauna política, naturalmente. 

 

Mientras tanto, a algunos de nosotros sólo nos queda seguir la recomendación de Sancho a don Quijote en el episodio de la cueva de Montesinos: «Paciencia y a barajar». Famosa y socorrida frase tuvo que ser en su época cuando el ilustre golfo de Mateo Alemán la usó también en su Guzmán de Alfarache, un libro de obligada lectura.   


Radio Parapanda.--  Nuestro amigo Paco Rodríguez de Lecea escribe en su reputado blog  MOBBING



sábado, 20 de diciembre de 2014

SINDICATO, CONÓCETE A TÍ MISMO



En este ejercicio de redacción propondré que el sindicato tenga una actitud tan prolífica como la de los viejos hidalgos de bragueta. No se espanten, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española definía el hidalgo de bragueta así: «Padre que, por haber tenido en legítimo matrimonio siete hijos varones consecutivos, adquiría el derecho de hidalguía». Cierto, es una definición machista que no me consta que los académicos la hayan cambiado o eliminado. Póngase, en todo caso, el acento y el tesón prolífico del caballero que no ceja en su empeño hasta conseguir el estatuto de la hidalguía. Convengamos, pues, en que el sindicato debe ser «prolífico». Lo que viene a cuento por lo que se verá a continuación.

Sí ustedes clican en http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe109.pdf  verán un trabajo que publicó en su día Giorgio Cremaschi,  La ideología del postfordismo y la realidad de la explotación moderna,  traducido primorosamente al castellano por Javier Aristu. La cosa va de lo siguiente: en 2007 la Fiom, el principal sindicato de metalúrgicos de Italia, perteneciente a la Cgil, llevó adelante una encuesta entre los trabajadores, sindicados o no, del sector industrial; al final del proceso se habían recibido 96.607 respuestas a un cuestionario amplio y muy detallado. No se corten y, por favor, lean el trabajo de Cremaschi. Digamos, pues, que la FIOM puso en marcha un trabajo prolífico.

De manera repetida Ignacio Fernández Toxo ha insistido en la necesidad de «repensar el sindicato», y en ese afán debería implicarse toda la organización (1). Desde luego, en tan importante tarea le acompañará modestamente este blog con las aportaciones de quien quiera tirarse al ruedo.

Ahora bien, para que la labor sea de regadío conviene acudir a la famosa máxima «conócete a ti mismo», atribuida a Sócrates (según unos) o a otros sabios griegos (según algunos). Esperamos que el profesor Gregorio Luri nos aclare de quién nació tan sensata propuesta.  En todo caso, soy del parecer que conocerse a sí mismo es una condición necesaria para proceder al necesario repensamiento del sindicato. Y una de las maneras de llegar a ese saber podría ser una encuesta similar a la italiana. O el cambio estructural pasa por conocer a fondo la topografía de cómo son y están los asalariados en el ecocentro de trabajo o todo quedará en un desiderátum abstracto.  Y todo quedará en un churro, también llamado (en la Vega de Granada) tejeringo.      





Radio Parapanda.--  HUMOR GRIEGO, por Paco Rodríguez de Lecea. 

viernes, 19 de diciembre de 2014

SOBRE EL PODER DE LOS JUECES: SER DEMÓCRATA O RESPETAR EL JUEGO DEMOCRÁTICO


Homenaje a Robin White de parte de JLLB



(Borrador para amigos)

Uno puede creer que la democracia consiste en permitir el ejercicio, más o menos controlado de una serie de libertades, en especial, ir a votar cada cuatro años. Pero ocurre que ser demócrata es otra cosa más profunda: creer en los valores –y no sólo en las reglas formales-- que se han ido conformando a lo largo de milenios como normas de convivencia. En todos los ámbitos. A lo que cabrá añadir que la democracia no es sólo libertad, sino también igualdad y fraternidad. Por eso la democracia es puro y simple humanismo.

Ser demócrata -–y no sólo respetar ciertos formalismos-- consiste entre otras muchas cosas en favorecer, reconocer y fomentar el control del poder. Porque el poder debe ser ejercido con el consenso de los ciudadanos y a favor de éstos; por tanto, beneficiando a la mayoría y no a las minorías, por muy poderosas que sean. Y cuándo se habla de poder cabrá no caer en la simpleza de limitarlo al ámbito de la política: ésta es cada vez menos poder en una sociedad globalizada y en la que los auténticos centros de decisión se hallan en el terreno económico-financiero.

Controlar el poder no es sólo la transparencia del ejercicio político, que también. Es asimismo el control de las grandes entidades económicas y financieras. Desde arriba, en forma transversal y “desde abajo”. El poder incontrolado es ajeno a la noción de la democracia, porque ésta consiste, precisamente, en dicho control. El poder radica –en lógica democrática-- en los ciudadanos que ejercen su soberanía y que, por tanto, deciden el modelo de sociedad y no sólo quién gobierna. Por eso la inacabada e inacabable lucha por la democracia consiste, esencialmente, en la pugna por el control del poder.

En esa tesitura se antoja obvio que el liberalismo nunca superó el umbral de una democracia razonable. En efecto: su lógica de fondo se basaba esencialmente en el reconocimiento de determinadas libertades públicas, siempre que se tuvieran los medios para su ejercicio, en forma tal que la democracia se sometía al propietarismo. Si uno tenía medios suficientes podía ejercer dichas libertades, pero en caso contrario su estatus social era similar al de la paraesclavitud. Los trabajadores y las clases menesterosas devenían, de esta forma, una especie de a-ciudadanos sin derechos.
La lucha secular del movimiento obrero organizado puso fin a esa perversidad democrática: tras inmolar dos generaciones en dos guerras mundiales e instaurado en media Europa un modelo alternativo, las clases dominantes se vieron obligadas a pactar. Surge ahí lo que hoy conocemos como Welfare o Estado del Bienestar; por tanto, la constitucionalización de los derechos de ciudadanía de la “pobreza laboriosa”. Pese a ello, entre las cláusulas convenidas entre clases en dicho pacto social el control del poder devenía limitado. Así, el poder ejecutivo se veía controlado, en el papel, por el legislativo: buena parte de los Parlamentos no han sido, al menos en Europa, más que meras correas de transmisión del Gobierno, y el judicial, también sobre el papel, independiente. Y el poder legislativo se controlaba a través del poder constitucional, en nuestro sistema, el Tribunal Constitucional. Nada nuevo: ésa es la lógica que se deriva de la división de poderes diseñada por Montesquieu, con el añadido del control constitucional que se dimana del pensamiento jurídico de Weimar. Pero ese control del poder se limitaba estrictamente al terreno político. De hecho, las izquierdas (primero, la socialdemócrata y posteriormente buena parte de las que procedían de la cultura comunista) también se dejaron plumas en dicho acuerdo histórico: la discusión sobre otro modelo de sociedad alternativo. Sólo en el marco de la empresa se instauraron mecanismos de control “light” a través de los sistemas de representación que ejercían una leve supervisión, en general no decisoria, sobre la toma de decisiones por el empleador en el ámbito estrictamente contractual-laboral. Sin embargo, la izquierda renunció  a ejercer cualquier control sobre la empresa, salvo conductas patológicas y los grandes poderes económicos; en definitiva, qué y cómo se produce.

Obviamente, ese pacto es historia, aunque algunos no quieran verlo. “Vencido y desarmado el ejército rojo”, los poderosos no tienen necesidad alguna ya de repartir el pastel con los menesterosos: no hay peligro a la vista para sus intereses. Por eso estamos asistiendo a una lucha de clases inversa, que ideológicamente ha configurado eso que conocemos como “neoliberalismo”; esto es: la puesta en solfa de los viejos valores republicanos de igualdad y fraternidad y la resituación como elemento central societario de la libertad. Pero un concepto de libertad que –sin el apoyo resto de nociones que conforman la tríada republicana-- se inserta en el terreno estrictamente económico y neopropietarista: “el capitalismo popular”.

Ello comporta, inevitablemente, el sometimiento de los derechos de ciudadanía a la economía. Para que ésta crezca todo vale, aunque ello signifique la pérdida de la calidad democrática de la mayoría de la población. Y, además, eso se enmarca en un proceso de globalización económico, que desvirtúa y deja sin sentido la noción de Estado-nación. Ciertamente el capitalismo siempre ha tendido a su expansión mundial –como afirmaba hace más de siglo y medio el barbudo de Tréveris-- pero, a la vez precisaba de Estados fuertes para imponer la fuerza y el consenso social. Hoy, al capitalismo le sobran las naciones porque ya no las precisa; si alguien en la izquierda española o catalana tiene dudas al respecto, que lea a Hobsbawn y su imprescindible Historia de las naciones y de los nacionalismos.  El problema es que no existen mecanismos internacionales de control sobre el poder económico y financiero; al contrario, los que existen sólo castigan las trabas al “libre comercio”:  estamos a las puertas del salto cualitativo que significa el TISA, inmolando los derechos de ciudadanía europea en el modelo norteamericano. Y en cuanto al poder político cabrá referir que, al margen de supuestos puntuales, sólo el principio de jurisdicción universal respecto a delitos de lesa patria puede tener alguna incidencia al respecto.

Digámoslo claro: al neoliberalismo le sobra y le molesta el control social sobre el poder. Así, los escasos mecanismos de control interno en la empresa se han visto fuertemente mermados en la experiencia española de los últimos años –como en tantos otros países-- tras las distintas reformas laborales. El objetivo último de éstas no ha sido nunca la “ficticia” creación de empleo, sino el reforzamiento de la capacidad decisoria unilateral de los empresarios en detrimento de la negociación colectiva, el sindicato y los mecanismos de participación en la empresa.

Los grandes poderes económicos y financieros deciden las políticas de los decaídos Estados-nación, acudiendo al chantaje de las agencias de calificación que no son otra cosa que mecanismos de valoración de si se cumple con los objetivos de la distribución negativa de rentas. “Si en su país se implementan políticas que favorezcan que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, le dejo dinero barato”.  Y nadie controla ni esas agencias ni los grandes movimientos económicos meramente especulativos. Nadie controla la especulación en mercados a medio y largo plazo sobre productos alimentarios básicos, aunque ello genere hambrunas genocidas. Nadie se preocupa porque se dediquen cantidades ingentes en investigaciones de productos farmacéuticos de efectos meramente estéticos, mientras que los habitantes de los países pobres mueren por enfermedades como la malaria; o los media se llenan de noticias sobre un infectado de ébola y el destino de sus mascotas en los países opulentos, pero miran a otra parte ante los miles de fallecimientos en África.

Nadie controla –salvo algunas ONG y los sindicatos imbuidos en la RSE-- que las empresas externalizadas utilicen mano de obra esclava. Y el principio de jurisdicción universal se ve cada día más discutido, como ha ocurrido recientemente en España con la reforma instada al respecto por el actual Gobierno.

El denominado “cuarto poder” se ve también fuertemente coartado por la concentración de los medias en pocas manos, siempre vinculados con los grandes centros de decisión económicos. La corrupción inherente a la falta de control del poder no acostumbra a salir –salvo supuestos muy especiales en los que funcionan los engranajes de las cloacas del Estado- de los medios de comunicación, sino de ciudadanos anónimos y de jueces.

En ese caldo de cultivo el poder se vuelve cada vez más opaco, menos transparente. Y no es por causalidad: ésa es precisamente la finalidad buscada por las políticas neoliberales. Y en ese marco los conchabeos entre el poder político y el económico se convierten en el caldo de cultivo de la corrupción. No existen sólo corruptos: existen también –y muy especialmente—corruptores, que en la mayor parte de casos acostumbran a irse de rositas. La falta de control que reclama el neoliberalismo para el mundo económico es, en definitiva, el origen de la corrupción.

Pero aún queda un control, más o menos instaurado: el de los jueces. Los probi viri soñados por Montesquieu a los que, como poder independiente, las constituciones actuales delegan dicha capacidad. Pero ocurre que ese control también les sobra a los neoliberales. Y mucho. Especialmente, por lo que hace a la independencia del poder judicial. De ahí que estemos asistiendo en los últimos tiempos a una auténtica revisión constitucional encubierta del papel de los jueces, sin que apenas nadie se digne alzar la voz. Al margen de la supresión de la jurisdicción universal a la que antes se hacía referencia podemos comprobar como en los últimos tres años la intervención legislativa, política y mediática ha sido abundante en ese terreno, con un claro objetivo: disminuir la capacidad de control de los jueces sobre el entramado político-económico. Esa dinámica se ha articulado a través de tres frentes: en primer lugar, limitando el terreno de actuación jurisdiccional; en segundo lugar, limitando los medios materiales y humanos de los jueces; y, por último, cercenando la hasta ahora existente –aunque limitada-- independencia judicial.

La limitación del campo de actuación de los jueces se ha producido en España en varios niveles. Así, por ejemplo, instaurando unas tasas judiciales que no tienen otro objetivo que disuadir a los ciudadanos de que ejerzan su derecho a la tutela judicial efectiva. No está de más recordar que las tasas judiciales en los últimos tiempos se habían diseñado como una mecanismo para castigar a los denominados “litigadores habituales”: en general, las grandes empresas, con medios económicos significativos. Tras la reforma del actual Gobierno a quién de verdad se ha castigado es a los ciudadanos sin grandes medios. Y hay que hacer especial mención a que actualmente se halla en tramitación parlamentaria una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que comportará, entre otras cosas, que los trabajadores tengan que pagar para recurrir: algo que, aunque podría derivarse de aquél otro cambio legislativo, fue interpretado en sentido contrario por el Tribunal Supremo. No parece ser casualidad que una medida similar la haya instaurado también el gobierno de Mr. Cameron en el Reino Unido, con el resultado de un significativo descenso del número de recursos, según me dicen amigos que conocen el paño.

Una lógica de limitar el campo de actuación del poder judicial que se extiende a aspectos como la privatización de los registros civiles. O, especialmente, con la denominada “Ley Mordaza”, que va a permitir la imposición de sanciones administrativas exorbitantes por el ejercicio de derechos constitucionales, sin que la medida se haya adoptado por jueces que únicamente tendrán un control posterior sobre la sanción impuesta. Y no está de más indicar que, al parecer y según recientes informaciones, en las negociaciones actuales del TISA se pretende imponer un modelo en que las transacciones comerciales de las grandes empresas estén exentas de control judicial o, en su caso, que un ciudadano afectado por un proveedor de servicios deba demandarlo allí dónde éste tenga su sede central.

Sigamos: el poder judicial nunca ha tenido medios materiales suficientes. La situación de nuestros juzgados y tribunales es en muchos casos patética, prestándose servicios en condiciones lamentables. Medios informáticos –cuando los hay—son del siglo pasado, escaso personal, lugares de trabajo limitados… Ningún gobierno desde la transición ha tenido demasiado interés en poner al día la oficina judicial, a diferencia, por ejemplo, de la Agencia Tributaria. Pese a ello, y generalmente por presiones externas, hace ya muchos años que han existido sucesivos Pactos para la Justicia. Pactos de los que han surgido una serie de medidas lógicas, como por ejemplo la unificación de determinados servicios comunes, la mayor atribución de competencias procesales a los secretarios judiciales o la instauración de los denominados tribunales de instancia. Sin embargo buena parte de esas medidas ha quedado congelada con la excusa de la crisis económica. Claro que esas políticas comportan mayores inversiones “tout court”; sin embargo, la optimización de medios conlleva también una sensible reducción de gastos a corto plazo: así pensaría una empresa, pero no el actual Gobierno. A lo que cabrá añadir que no se han aplicado políticas restrictivas en otros ámbitos, pese a la crisis.

A esa limitación de medios se ha sumado una reducción significativa del número de recursos humanos. En efecto, España es uno de los países europeos con una menor ratio de jueces por habitantes. Y eso, junto con la escasez de medios, explica en buena medida las demoras en la tramitación de los procesos que no es nueva, sino atávica.  Pues bien, el actual Gobierno –de nuevo, con la excusa de la crisis-- ha eliminado de un plumazo más de mil plazas de jueces sustitutos; es decir, licenciados en derecho que se engloban en una especie de bolsa de empleo y que cubren sustituciones de los jueces titulares en caso de bajas, licencias, permisos, falta de cobertura o como refuerzo. En la práctica, un despido colectivo o mejor dicho, la “no renovación de contratos temporales” de una quinta parte de la plantilla real de jueces. Únase a ello que no se han creado nuevas plazas y que existen dos promociones surgidas de la Escuela Judicial sin destino en la actualidad, actuando como los anteriores jueces sustitutos, allí dónde se les manda.

En la medida en que el grado de litigiosidad se ha incrementado por la crisis –y los asuntos se han hecho cualitativamente más complejos-- el aumento de la carga de trabajo ha llegado a límites insostenibles en buena parte de las jurisdicciones y, especialmente, en el trabajo de los jueces de instancia. Hay que hacer mención que la cultura del productivismo --entendida como “sacarse papel de encima”, con independencia de la calidad de las actuaciones-- hace años que se ha implantado en la carrera judicial, a través de una especie de paradigma de “trabajo estándar” que da lugar, en caso que se supere, a una irrisoria compensación económica semestral o a la actuación de la Inspección, en el caso de que no se alcancen determinados niveles. Aunque dichos “módulos” ya no están en vigor, en tanto que fueron anulados por el Tribunal Supremo por defectos formales, siguen siendo el único parámetro de comparación en la práctica. Pues bien, el propio Consejo General del Poder Judicial reconocía hace poco que más  de la mitad de los juzgados y tribunales españoles superaba en la práctica en más de un cincuenta por ciento el paradigma “normal”. Y cabe hacer mención a que en la carrera judicial no existe hoy por hoy un plan de prevención de riesgos laborales –pese a la obligación legal de realizarlo-, sin que se hayan arbitrado medidas de previsión de los riesgos psicosociales. O sea, según decimos en Santa Fe, capital de la Vega de Granada: en casa del herrero, cuchillo de palo. Lo que ha dado lugar a la interposición ante la Audiencia Nacional en fecha reciente de una demanda de conflicto colectivo por Jueces para la Democracia.

Únase a ello que la reducción y congelación salarial de los empleados públicos ha afectado también a los jueces: hoy éstos cobran una cuarta parte menos que hace cinco años. A la vez, se les ha reducido sensiblemente el número de días de libre disposición –lo que cabrá relacionar con el incremento de la carga de trabajo y el estrés-- o que para el próximo año no se renovará la póliza de responsabilidad civil que hasta ahora iba a cuenta del CGPJ, mientras que, en paralelo, el reciente proyecto de ley de la Policía Nacional ha incluido una previsión similar para dicho cuerpo armado.  Pese a ello, no deja de ser sintomático que en las decenas de casos de corrupción que llenan páginas y páginas de los periódicos apenas aparezcan como imputados jueces en ejercicio.

Esa falta de medios conlleva los inevitables retrasos. Por poner un ejemplo, en los juzgados de lo social de Madrid se están señalando juicios a más de dos años vista. Y en Barcelona se va camino de ello. Poco interés muestra el Gobierno sobre esas dilaciones (que afectan a los derechos de trabajadores y beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social), porque probablemente esa tardanza les interesa. Por eso cuando uno oye a ciertos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno quejarse de dilación en la tramitación de determinados procesos penales sobre corrupción no puede menos que escandalizarse: cabría preguntarse qué hicieron en su etapa de Gobierno para solucionar el déficit histórico de la justicia. Por cierto, la solución dada por el actual Ministro de Justicia no deja de ser sorprendente: establecer un plazo mínimo –ciertamente corto-- de tramitación de las causas. Es decir, si me pillan con las manos en el erario público el juez de instrucción tendrá unos meses para procesarme y, como tiene pocos medios, o me voy de rositas –si ha transcurrido el plazo-- o tengo muchas posibilidades de que la instrucción esté mal hecha y, por tanto, de acabar librándome de condena. No es nuevo: lo mismo hizo en su día Berlusconi.

Y, finalmente, como tendencia probablemente más grave: se ha cercenado hasta el límite la independencia judicial. Ciertamente la teoría de la división de poderes tiene un evidente problema práctico: sobre el papel, el poder legislativo controla al poder ejecutivo y el poder judicial controla a ambos. Pero entonces, ¿quién controla a este último? La creación del CGPJ venía a intentar resolver esa contradicción, creando un organismo de gobierno específico de los jueces que –aunque no siempre-- era elegido por el Parlamento, con una cierta capacidad propositiva de los propios jueces. Otra cosa es el Tribunal Constitucional: aunque el ciudadano de a pié considera que dicho organismo forma parte del poder judicial, no es tal. Como se ha dicho es poder constitucional (ideado por Kelsen) y lógicamente es elegido por el Parlamento. Sin embargo no está de más recordar que, poco a poco, dicho órgano constitucional se ha visto claramente desvirtuado. Si uno compara los méritos profesionales de las personas que lo conformaron en los primeros tiempos constitucionales con los de los actuales –salvo escasas excepciones--, la sensación de sonrojo es inevitable. El TC se ha acabado convirtiendo en una especie de Parlamento “bis”, donde el debate parece ser más en clave política que jurídica.

No está de más recordar que el actual presidente compatibilizó durante buena parte de su primera etapa como magistrado del TC con la militancia en el PP, lo que pone en evidencia flagrante la falta de independencia de dicho organismo. De esta forma, el TC ha pasado a ser una especie de validador, salvo supuestos muy puntuales, de lo que decida la mayoría gobernante que lo ha elegido en base a reflexiones ciertamente alejadas del Derecho (y para muestra, la Sentencia relativa a la reforma laboral del 2012) El “entrismo” de la derecha que no votó la Constitución en vigor (que respeta las reglas del juego democrático pero no ha metabolizado los valores democráticos lo que le ha permitido, sin problemas, compatibilizar su viejo absolutismo con el neoliberalismo) ha conllevado que nuestra Carta Magna pase de ser un texto abierto a un texto cerrado, ciertamente muy alejado de sus intenciones iniciales.

Pero si volvemos al órgano de gobierno de los jueces podemos observar cómo sus competencias no son –contra lo que se acostumbra a pensar-- meramente “de aparador”. Mientras que la adscripción de destinos en general opera en la carrera judicial a través de la antigüedad o la especialización, no ocurre lo mismo con los cargos gubernativos (Presidentes de TSJ, Audiencias, etc.) ni, especialmente, en la designa de los miembros del Tribunal Supremo. La designación aquí es sustancialmente discrecional cubriendo el expediente de una valoración formal de méritos. Por tanto, el CGPJ decide no sólo los órganos gubernativos, sino también y esencialmente quién conforma la máxima cúspide del poder judicial –el TS- y, por tanto, quién fija cómo se interpretan las normas.

Obviamente los jueces no son ni deben ser ideológicamente asépticos. Como cualquier ciudadano tienen ideología. Pero una cosa es eso y otra, muy distinta, que esa ideología se confunda con el debate político. El sistema de designa de los miembros del CGPJ por el Parlamento –en base esencialmente a las afinidades políticas- ha conllevado que no sólo los distintos órganos de gobierno de los jueces se vean influidos por el referido debate político, sino también que ello acabe marcando –en forma indirecta- la jurisprudencia que dicta el Tribunal Supremo. En verdad no es fácil diseñar un modelo en el que no prime la política –o, mejor dicho, la politiquería- en el sistema de elección del CGPJ. Ahora bien, la reforma más reciente del CGPJ ha venido a instaurar un modelo de claro sometimiento de dicho órgano constitucional a esa politiquería. Así, su presidente deja de ser un “primus inter pares” –o, como ha ocurrido en alguna ocasión un mero cargo honorífico- para acabarse convirtiéndose en el auténtico dueño del órgano, máxime cuando sólo una pequeña parte de los componentes del Consejo son “liberados” (por tanto, además de formar parte del mismo tienen que llevar su juzgado o formar parte de un tribunal) y gran parte de las funciones de auténtica dirección no se adoptan por el pleno, sino por una comisión permanente conformada con amplia mayoría por miembros afines a dichos presidentes.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impuesta por la mayoría gobernante actual ha impuesto, por tanto, un modelo presidencialista, de tal forma que el Presidente del CGPJ se asemeja más a una especie de Delegado del Gobierno en el Poder Judicial. Y, por si alguien lo ha olvidado, cabrá recordar que el señor Lesmes tuvo en su día cargos de dirección en sucesivos gobiernos de la época Aznar: no sólo tiene ideología, ha pasado por la política.

Y no sólo eso: dicha reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha creado una figura ciertamente atípica, el denominado Promotor de la Acción Disciplinaria, una especie de Gran Inquisidor, sin unas funciones claras más allá de un control indeterminado de la actividad de los jueces. En esa tesitura la persona que actualmente ostenta el cargo promovió en su día una investigación sobre el famoso manifiesto firmado por treinta y tres jueces catalanes sobre el derecho a decidir con episodios ciertamente sugerentes: como la exigencia de que los escritos se le remitieran en castellano. Finalmente, tras muchos meses de tramitación, no tuvo otra opción que reconocer que dichos jueces no hacían otra cosa que ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión –algo que cualquier estudiante de Derecho hubiera comprendido desde el principio- aunque indicando que se habían vulnerado principios éticos, sin que, pese a las múltiples exigencias que desde hace años lo vienen reclamando, en la carrera judicial exista un código de ética judicial. En otras palabras: dicho inquisidor incluyó en una decisión gubernativa sus principios éticos propios y los consideró universales.

Únase a ello que actualmente está en tramitación parlamentaria una nueva reforma de la LOPJ que, entre otros muchos aspectos negativos desde un punto de vista democrático, establece amplias limitaciones a la independencia del ejercicio del poder judicial, como por ejemplo la forzosa aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo. Ello conllevaría, de aprobarse, que si dicho órgano judicial ha establecido una determinada interpretación de la Ley –y cabrá recordar de nuevo cómo se eligen los miembros del TS-- los jueces y tribunales tendrían forzosamente que aplicar dicho criterio (con el riesgo, caso contrario, de incurrir en delito de prevaricación), sin que se pudieran apartar de la jurisprudencia ya fijada, lo que comporta un evidente riesgo de fosilización de la doctrina judicial. O que para elevar cuestiones de constitucionalidad ante el TC o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –algo habitual en la práctica cuando un juez no está de acuerdo con la jurisprudencia- se tenga que pasar por el filtro del propio Tribunal Supremo. A lo que se suma una limitación muy significativa de derechos constitucionales de los jueces, como el de libertad de expresión fuera del ámbito jurisdiccional.

De todo ello se deriva claramente un modelo judicial altamente jerarquizado, presuntamente aséptico a la realidad social, pero controlado desde el poder político. Un modelo que ha comportado que la mayor parte de asociaciones de jueces –salvo la conservadora APM-- haya denunciado ante la ONU los actuales cambios normativos.

Y mientras tanto, las presiones de poderosas instancias sobre los jueces se multiplican, en forma impune y sin que el órgano garante de la independencia judicial cumpla su función de amparo. Así,  las públicas y constantes acusaciones a los jueces de lo social por la aplicación de la reforma laboral, que ha movilizado a los grandes medios de comunicación (y no sólo a la prensa salmón), al propio Gobierno, o a la OCDE, el Banco Mundial o a la Comisión Europea, acusando a aquellos –sin que exista una base real-- de hacer interpretaciones tendenciosas. Por no hablar de los grupos de corifeos del mundo universitario, generalmente vinculado con grandes despachos que defienden intereses empresariales. Pero ocurre que si uno mira otras experiencias similares podrá comprobar como buena parte de los empresarios franceses –y poderosos medios de comunicación- vienen denunciando últimamente que los jueces de lo social galos son un obstáculo para “los emprendedores” y una rémora para la economía. Llueve en todas partes: ¡también es causalidad!.

O qué decir de la reciente campaña lanzada desde el Gobierno hacia la Audiencia Nacional en relación al cómputo de penas de terroristas en relación al período de prisión pasado en Francia en cumplimiento de la Directiva correspondiente y siguiendo la doctrina –no pacífica- del Tribunal Supremo. Cuando los jueces afectados pidieron amparo ante el CGPJ la respuesta de la comisión permanente fue que no podían intervenir porque el tema se hallaba sub iudice, por existir recurso, y que cualquier declaración al respecto interferiría en la decisión que pudiera adoptar la Sala Segunda del TS como si algo tuviera que ver el ataque gubernativo a los jueces de la AN con la decisión judicial.

Ese es el modelo que se intenta imponer desde el poder. Un mundo en que las grandes instancias económicas campen por su fueros sin control alguno y sometiendo los derechos de ciudadanía a sus intereses económicos. Unas empresas sin cortapisas en la toma de decisiones y sin intervención de los trabajadores. Y un poder judicial sometido al poder político, que mire hacia otra parte ante la gran orgía de corrupción. Algo que puede ser formalmente democrático, pero que poco o nada se corresponde con la Democracia y que más se asemeja a lo que cada vez más es nuestra sociedad: una oligarquía.

Parapanda, 18 diciembre de 2014


Postdata: escritas ya las anteriores reflexiones han saltado a los medios de comunicación dos importantes noticias. Por un lado, la dimisión del Fiscal General del Estado por “motivos personales” (traducción: “estoy hasta los mismísimos de las presiones del Gobierno”); por otro –y muy importante-: 13 de los 18 miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo han firmado un manifiesto denuncian las declaraciones de miembros del Gobierno sobre la excancelación de terroristas acordada por la Audiencia Nacional, lo que conlleva dejar con el culo al aire al Presidente del CGPJ y del propio Tribunal Supremo, el señor Lesmes. Dos noticias en el mismo día que no hacen más que reforzar lo que se denuncia en este artículo. 

jueves, 18 de diciembre de 2014

EL CONGRESO DE LA CEOE: A VIVIR QUE SON CUATRO DÍAS



Debemos al profesor Eduardo Rojo un pormenorizado estudio de las propuestas que presentaron en su día los dos candidatos a presidir la CEOE, Joan Rosell y Antonio Garamendi. Aunque la asamblea congresual ha finalizado con la (exigua) victoria del primero, es útil conocer los planteamientos del segundo. Primero, porque ha recibido un notable consenso en la votaciones y, segundo, porque no pocas de esas propuestas nos las vamos a encontrar en ciertos sectores de la patronal. Vean, y no se corten, las notas que nos ofrece el profesor Eduardo Rojo: Las propuestas laborales en los programas de los candidatos a presidir la CEOE (Rosell) y Las propuestas laborales en los programas de los candidatos a presidir la CEOE (Garamendi).  Ahora, si gustan, les toca a ustedes establecer las oportunas comparaciones entre ambas plataformas empresariales.

 

Por mi parte entiendo que en ambos documentos no aparece ni una pizca de renovación de las relaciones laborales. Es, sobre todo, un rutinario elenco de propuestas que intentan servir, indistintamente, a un barrido y a un fregado. Pero ustedes están para disentir o no con lo que manifiesto. Uno de los problemas sobre los que, sin embargo, quiero llamar la atención es la dificultad --¿quizás imposibilidad?--  de reformar las relaciones laborales manteniendo la cultura actual de los llamados agentes sociales. El no moverse de los viejos planteamientos por parte de uno de ellos comporta la modorra del otro. Y viceversa. Aunque, cierto es, la reforma de uno de ellos no comporta necesariamente la renovación del otro, aunque, eso sí,  le pone en un brete al que más pronto o más tarde tiene que dar respuesta.

 

Un servidor no tenía grandes esperanzas en que aparecieran aires de renovación de esta asamblea congresual de los empresarios españoles. Porque no se conocían señales de ello con anterioridad en la literatura patronal. Quiero decir que la renovación no es el resultado de un momento puntual por importante que sea la reunión congresual de cualquier organización. La renovación es un itinerario al que se le da carta de naturaleza en los congresos. Cuestión que vale por igual para los romanos y los cartagineses. En suma, la renovación o proceder a un «cambio estructural» es un proceso, un experimento permanente, con sus certezas y titubeos, que debe estar sometido a una verificación rigurosa sin trampas en el solitario.

 

Más todavía, siendo necesario que la renovación sea liderada por el grupo dirigente, tendrá mucha más consistencia si desde abajo, especialmente de los centros de trabajo, hay un impulso renovador concreto.

 

Apostilla. Debemos al profesor Juan de Dios Calero la siguiente conseja, muy pertinente a lo que se está diciendo: «si vas por el camino verde que va a la Ermita y no lo riegas llorarán de pena las margaritas».

 

 

miércoles, 17 de diciembre de 2014

LAS HUELGAS GENERALES EN ITALIA, GRECIA Y BÉLGICA




1.-- En Italia, Grecia y Bélgica se han producido recientemente dos importantes movilizaciones con características de huelga general. Precisamente porque se ha apreciado un importante consenso de masas se ha intentado oscurecer dicha movilización mediante  toda la panoplia informativa exclusivamente centrada en el alboroto callejero entre los manifestantes y las fuerzas de orden público. De manera que el conflicto social de masas queda secuestrado por cuatro golpes de porra contra los que protestan. Moneda corriente, se diría. En todo caso, ahí está el rechazo a las políticas de ajuste caballuno en dichos países.

Ahora bien, un preocupante regomello me atraviesa todo el cuerpo: aunque no descarto estar errado, tengo para mí que estas luchas –italianas, griegas y belgas, como antes lo fueron las españolas--  están separadas entre sí, y a falta de un proyecto europeo no tienen un referente general al que acogerse. Así las cosas, tan importantes movilizaciones se convierten en «conflictos de situación», inconexos, frente a la ruptura unilateral del contrato social, que es la forma más reciente del conflicto como ya expresó en 1988 un Ralph Dahrendorf.   

2.-- Digamos que frente a un ataque en toda la regla a la condición asalariada (y sus alrededores), el recurso de cada sindicato es recluirse en el Estado nacional.   Es pertinente, pues, preguntarse dónde está la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

No quisiera ser excesivamente áspero, pero debo reconocer que no sé dónde está la CES, ni tampoco sorprendentemente sé dónde se encuentra. Se diría que es un magma inaprensible o, si se quiere, una estantigua que va dando trompicones solamente por los espacios institucionales. En todo caso se está consolidando, justamente ahora con la que está cayendo, una enorme distancia entre la CES y los sindicatos de cada Estado nacional. Además, queriendo ser un sindicato, la CES no dispone –ni ha pugnado suficientemente por ello— de poder contractual. Todo ello limita, naturalmente, la acción colectiva de cada sindicato nacional habida cuenta de la globalización con sus vertiginosos procesos de innovación y reestructuración de los aparatos productivos y de servicios.

Ni siquiera la CES es un paraguas de los sindicatos nacionales, lo cual –aunque insuficiente--  podría servir para algo. Vale decir que esto es extensible a las federaciones sindicales europeas. Alguien que conoce el paño desde dentro ha afirmado   estas «han abandonado el mundo del trabajo y lo han dejado en manos de los comités de empresa (supranacionales) que tienen muy poca implantación». Por lo que, con todo realismo, podemos convenir en que, mientras se mantenga esta situación, no cabe esperar ni una adecuada resistencia a las políticas gubernamentales ni, menos todavía, una preñez de proyecto de cambiar la situación. Me interesa decir que no es escepticismo lo que se dice sino la invitación a un cambio estructural de los sindicalismos europeos al alimón con la CES. 

Hablo de «cambio estructural», porque la tentación es arreglar la cosa con una mano de pintura. Pero la mano de pintura no soluciona las grietas del viejo edificio, ni lo precario de sus cimientos. De ahí que me venga a la memoria una anécdota que explicaba Umberto Romagnoli: «Dando clase explicaba que el sindicato se parece al centauro de la leyenda: mitad hombre y mitad caballo. Un día me interrumpe un estudiante preguntándome: ”Qué sucede cuando el sindicato se encuentra con molestias, hay que llamar al médico o al veterinario?” La pregunta tenía sentido. Lo solucioné respondiendo: “Ese no es el problema. Si le escuchas siempre te dice que está la mar de bien. Por lo menos nunca ha comunicado tener necesidad de que le curen”» Y ahí está el problema o, si se quiere, una parte del problema.

No puedo dejar de preguntarme –sólo para mis adentros— lo siguiente: ¿hay alguien con mando en plaza que esté verdaderamente interesado en ese «cambio estructural»? Si lo hubiera, estaría dando señales prácticas, que no retóricas, al respecto; estaría ya poniendo unas bases mínimas para sacar de la casa algunas señales de pesadilla weberiana.   

En todo caso, el reformador corre dos peligros: uno, que los afectados por dicha reformas se amotinen contra él; otra, que la reforma la hagan desde el exterior de la barraca.


Radio Parapanda.-- AVERSIÓN AL FUTURO  Escribe Paco Rodríguez de Lecea, corresponsal de Metiendo bulla en el futuro.




¿ANARQUISTAS TERRORISTAS O ANARQUISTAS PACÍFICOS?




Se ha producido dos versiones diametralmente opuestas sobre las detenciones de ayer en Barcelona. La del Ministerio del Interior: se trata de un grupo anarquista de matriz terrorista. La del gobierno catalán, por boca del consejero Espadaler: son anarquistas, pero pacíficos; y el consejero insiste: pacíficos. Fuentes del vecindario afirman que son simplemente okupas.

¿En qué quedamos? No se trata de un matiz. Estamos ante un áspero contraste entre el tosco Fernández y el beato Espadaler que debe ser aclarado. Así es que, mientras no tengamos una única versión –de la que también podemos sospechar-- debemos plantearnos una serie de inquietudes: ¿está el árido Fernández vendiendo la turbia eficacia de la llamada Ley mordaza? ¿es un sandio el consejero Espadaler que se las traga todas? ¿por qué ambos responsables políticos dan dos versiones tan señaladamente contradictorias, a pesar de que ambos comparten agua bendita?  ¿a quién de los dos responsables discrimina el Espíritu Santo?


P/s.  No hace falta decir que mis amigos de la foto de arriba nada tienen que ver con esta historia. 

martes, 16 de diciembre de 2014

IZQUIERDA UNIDA O EL COMPLEJO DE PENÉLOPE



Las fracciones principales madrileñas de Izquierda Unida tienen un acendrado don de la oportunidad. Justamente en momentos de gran trascendencia (y éstos lo son) se lían a palos entre ellas siguiendo los usos y costumbres de sus más aguerridas tradiciones. Quienes participan en tales greñas son gentes que tienen largos quinquenios de militancia, por ello se supone que saben perfectamente lo que hacen y, tal vez, están al tanto de las consecuencias de su ardor guerrero. No cabe, pues, hablar de error sino de opción libremente escogida: el utensilio no es la palabra razonada, es el denuesto acompañado de zancadillas mutuas. Es la conocida vía que va desde la bronca hasta la derrota final. Por supuesto, ninguna de estas banderías desea la derrota de IU, solamente la derrota de su adversario interno.

La irrupción de Podemos en la arena política española no es la causa de esta crisis madrileña. Porque la crisis ya estaba en barbecho desde hace tiempo. En todo caso, Podemos ha agravado dicha crisis. Con lo que el problema no es Podemos sino la misma IU madrileña, siempre incómoda consigo mismo. Lo que, en mi opinión, significa una profunda y endémica crisis de proyecto y liderazgo. No sólo en la región sino en el grupo dirigente federal que no ha sabido abordar las cosas de ese secano y convertirlo en regadío. Más todavía, que no ha sabido tampoco atar corto a los viejos y nuevos galápagos, que rivalizan entre ellos en la posesión del monopolio de la Vulgata. Unos galápagos que vienen convirtiendo en una zahúrda a una organización que, tiempo atrás, se las prometía felices.

¿Hay posibilidades de rectificar las cosas? No parece que sea posible, porque la bronca tiene todas las trazas de ser el genoma de tales banderías. Un querido amigo me pregunta si los contendientes están capacitados para edificar una «síntesis constructiva». Casi tartajeando le respondo: el problema no es tanto (aunque también) querer una síntesis sino sobre qué bases hay que construirla, sobre qué posiciones políticas, en torno a qué referentes. Y mucho me temo que de todo ello –o parte de ello--  están en abundante precariedad. Al parecer, ni siquiera en las previsiones de los mentados está eso de salvar los muebles. 

Lamento muy de veras lo que ocurre en Izquierda Unida de Madrid. Porque, en vez de intimidar a sus adversarios, se intimidan entre ellos mismos.  Razón tenía el profesor Juan de Dios Calero con su célebre teorema: «Si logras conseguir joderte a ti mismo, no cejes en el empeño».  


En suma, Izquierda Unida sufre el complejo de Penélope: unos tejen laboriosamente, otros lo deshacen con igual tesón.   

lunes, 15 de diciembre de 2014

LOS BROTES NO SON VERDES, SON BORDES



Nuevamente llamo la atención sobre los artículos del profesor Antón Costas en la sección sepia de El País. En el suplemento dominical de ayer mismo el reputado economista hablaba acerca de los «reformistas miopes» (1). El autor, que es también Presidente del Círculo de Economía de Barcelona, habla cuando Rajoy y su menguada claca echan las campanas al vuelo y, obscenamente alborozados, sentencia que la crisis es ya historia. El profesor Costas le responde con punto de vista fundamentado. Y, partiendo de los datos que ofrece el Informe mundial sobre salarios 2014 – 2015 de la OIT deja dicho algo tan tremendo como que «España es el país desarrollado en que más sube la desigualdad entre el 10 por cien más rico y el 10 por cien más pobre» (2). Es un jarro de agua helada contra los telepredicadores del poder: los datos frente (y contra) la jerigonza y tergiversación del lenguaje político; los datos contra el libelo de la agitación propaganda gubernamental.

Ahora bien, nos permitimos disentir del profesor Costas en un aspecto que nos parece esencial. Antón Costas nos dice: «No digo que los reformadores sean perversos, digo que son miopes; es decir, cortos de mira y perspicacia. Acostumbran a fijarse en la primera derivada de las reformas: sus efectos sobre la competitividad y la eficiencia. Pero olvidan la segunda derivada, la más importante: los efectos sobre la equidad y los equilibrios políticos de la sociedad. Las reformas en España y en la Unión Europea han pecado de esta miopía». Un servidor ve las cosas de otra manera. En primer lugar, me atrevo a negar la mayor: estos reformistas no son miopes, hacen las cosas a sabiendas y queriendas. Son los servidores de las nuevas «clases ociosas», las franquicias hoy de las que hablara para su época  Thorstein Veblen (3).

Estos sedicentes reformistas han tomado nota de la derrota del capitalismo schumpeteriano (con el que nosotros nos enfrentamos) al que le ha ganado la partida de naipes el capitalismo financiero, el mismo que ha provocado las dos crisis más terribles de los últimos cien años. El objetivo es la desvaloración del trabajo como necesidad, como condición permanente de la economía; este es el rasgo ideológico que pretende afirmar definitivamente.  No es, por tanto, miopía sino ideología.  Así las cosas, el turbocapitalismo necesita la política instalada –y sus gobiernos respectivos--  como mamporreros para que la ciudadanía que trabaja sufra la presión de los más fuertes, convirtiéndose en contraparte directa en vez de asumir su función de mediación entre los intereses diversos.  De esta manera se preparan (y se intentan consolidar) las condiciones para provocar una nueva acumulación capitalista en este contexto de la innovación tecnológica. Este es el papel que las clases ociosas encargan, entre otros, a Mariano Rajoy y Matteo Renzi.  Hay que romperle, pues, el espinazo al trabajo y, de momento, deteriorar la condición asalariada que se desprende del trabajo. Rompe por ahí –se dicen--  y acabarás destartalando las organizaciones sociales que tutelan y representan el trabajo. Una operación incompleta si no estuviera acompañada por el bonapartismo político al uso.  

Un bonapartismo al que le sobran los jueces que, ante el poder, aparecen como sospechosos a la hora de impartir justicia. Por ello el poder político trata de debilitar sus funciones tanto en el terreno laboral como en el civil. Dijo la Ministra Báñez en un acto en Bilbao en una reunión organizada por el Círculo de Empresarios: tengo más miedo a los jueces que a los hombres de negro (4).  Para este bonapartismo ya no vale la separación de poderes sino el debilitamiento y la consunción del poder judicial. Lo que debería promover una seria reflexión sobre el particular.

Así pues, querido profesor Costas: no le dé más vueltas a la cabeza. Nuestros reformadores no son ni miopes ni astigmáticos. Son tan bordes como los brotes bordes, que no verdes. 







Radio Parapanda.--  PROGRAMA ELECTORAL PARA UN PAÍS DE TODOS LOS DEMONIOS.  

domingo, 14 de diciembre de 2014

LOS LENGUAJES DE LA MAYORÍA DE NUESTROS POLÍTICOS



Homenaje a Joan Barril, in memoriam


¿Ha pensado alguien en hacer una tesis doctoral o una investigación acerca del uso de los lenguajes políticos al uso? Entiendo que no sólo tendría un interés de sociolingüística política sino también estrictamente político, al tiempo que nos daría más referencias sobre la personalidad de nuestros dirigentes. Parece ser que lo más granado de esos lenguajes se encuentra en España e Italia. Pero, si se consolida en ambos países, lo más seguro es que acabe extendiéndose por todo el viejo continente.

A grandes rasgos podemos hacer una determinada cartografía lingüística, estando a la espera de las observaciones autorizadas que pueda hacer una persona tan ducha en esa materia como mi viejo amigo Paco Rodríguez de Lecea, que es un gramático de alto coturno. De momento, posiblemente dejándonos algunas cosas en la rebotica, diremos cuáles son los sistemas sociolingüisticos emergentes.

Locuciones de regüeldo, también llamadas eructos

Que fueron inauguradas por cierta joven diputada desde su escaño en el parlamento con el tristemente célebre «¡Que se jodan», dirigidas a los parados. Investigadores bisoños se orientan a que el origen de esta sintaxis podría tener lugar en el conventículo de algunas monjicas donde estudiara bachillerato la joven diputada, mucho antes de que su padre ingresara en el truyo por los motivos que todos sabemos. La derecha de alcanfor y chanel hegemoniza esta gramática emergente que es de secano.  

Locuciones de historicismo macabro  

Dícese de esos lenguajes que comparan el nazismo y los campos de concentración con las actividades de sus contrarios de izquierda. Aunque originariamente fue la derecha de caspa y brillantina quien inauguró ese lenguaje, algunos exponentes de la izquierda cañí se han sumado a ello. Vale la pena recordar, además, que algunos eruditos a la violeta se han incorporado a este sistema de expresión, tal vez con la idea de darle consistencia académica a cambio de gabelas y sinecuras.

Locuciones de chichinabo

O lo que es lo mismo: de poca consistencia y valor. Que mayoritariamente recorre el arco parlamentario de babor a estribor. No es exactamente una jerga que vende humo; es, sobre todo, la expresión de la nada verbal. Es en el fondo un zurullo (dialectalmente furullo) envuelto en papel de plata. Por lo general, las expresiones de chichinabo se utilizan por los aspirantes a renovar, tengan treinta o ciento cincuenta años, el léxico de sus predecesores en el cargo. Nada impide que tales voceadores sean internos, externos o mediopensionistas.

Locuciones cacofónico-tautológicas

Que últimamente se han generalizado ad nauseam, tales como «Haremos lo que haya que hacer» y otras similares que, intentando tranquilizar al público, acaban metiéndole más regomello en el cuerpo. La primacía de este sistema lingüístico lo tienen los gobernantes de unas u otras instituciones.

Locuciones mixtificadoras

Que ya Ortega y Gasset denunció en su famosa conferencia en “Vieja y nueva política” (Teatro de la Comedia, 23 de marzo de 1914). Para mayor abundamiento, Ortega llamó la atención sobre el uso bastardo de la palabra solidaridad. La literatura económica es un buen almacén de estas locuciones mixtificadoras: capitalismo substituido por economía de mercado; despidos de trabajadores como aligeramiento de las plantillas; recortes salariales como subindiciaciones salariales; sindicatos y organizaciones empresariales como agentes sociales. Y otras no menos famosas, que han acabado colonizando el lenguaje de toda la zoología política.   A propósito de esta dislocación intencionada del lenguaje, véase la sarcástica respuesta que el viejo J. K. Galbraith (como si hubiera nacido en Santa Fe, capital de la Vega de Granada) le propina en su libro La economía del fraude inocente [Crítica, 2004]. 

Locuciones de expropiación-apropiación 

Aquí se lleva la palma la sintaxis nacionalista de toda laya. Se trata de un lenguaje circular: se expropia al personal de su condición, se le mete en el magma identitario al tiempo que dicha expropiación, violenta o sutil, queda atrapada  –con o sin redoble de tambores--  por el trapo de la bandera de no importa qué colorainas.  Que, en el fondo, hunde sus raíces en la expropiación y alienación de la persona que trabaja: se la explota mientras se le dice que «todos estamos en el mismo barco». Y como noria da vueltas y vueltas: del caño al coro y del coro al caño. 


Apostilla. Queremos advertir al lector amigo que hemos obviado el lenguaje tradicional: el de la justificación de las promesas incumplidas, el de la mentira incontinente, el de la hipérbole, que tiene su origen en la noche de los tiempos políticos.

Ahora bien, si ustedes quieren algo con más punto de vista fundamentado consulten el libro Las palabras de la política que escribió el maestro Vittorio Foa, ya nonagenario. Lo tienen en http://ferinohizla.blogspot.com.es/

Radio Parapanda.--  GRIEGOS EN UN LABERINTO, enviado especial en Atenas de Punto y contrapunto, Metiendo bulla y En campo abierto.