martes, 30 de septiembre de 2014

MATTEO RENZI, GERENTE DE ITALIA S.A.



«La relación entre política y trabajo ha sido históricamente un rasgo distintivo de la izquierda. Me es difícil pensar  la izquierda y su proyecto fuera de esa relación», afirma Riccardo Terzi en Ridefinire la sinistra a partire del lavoro en Quaderni di Rassegna sindícale, 2000. Un servidor piensa tres cuartos de lo mismo. Pues muy bien, ¿entonces qué pensar del primer dirigente del Partito democratico (italiano) y jefe del gobierno? La cosa viene a cuento por las recientes declaraciones que Matteo Renzi ha hecho en los Estados Unidos. Poca broma: este caballero ha dicho «que quiere hacer en Italia lo que Marchionne ha hecho con la FIAT».  Este era un mensaje implícito en Berlusconi, pero no expresamente dicho. Ahora, Renzi lo hace explícito. Hemos pasado, pues, del demagogo oligárquico al presidente del consejo de administración de Italia S.A.

Mi amigo Fausto Bertinotti ha repetido ad nauseam que el Pd ha cambiado radicalmente su código genético. Francamente, no estoy en condiciones de llevarle la contraria; diré, precavidamente, que no sé hasta qué punto tiene, o no, razón. Sin embargo, afirmo sin prevenciones que Renzi está, a mi juicio, fuera de cualquier tipo de izquierda. Estas declaraciones en Norteamérica son la culminación de una serie de planteamientos que ha hecho públicamente desde que decidió competir por la dirección de su partido. Así pues, pocas sorpresas nos depara.

Ustedes, amigos italianos, no tienen esencialmente un problema con Renzi sino con el carácter del Partido democratico. Vamos a ver: las bases de esta organización estaban avisadas de por dónde podían ir los tiros desde que el caballero anunció que iba por todas. Conocían perfectamente el ajuar que llevaba en su arcón. Y, primero, le escatimaron la confianza, aunque con un treinta y tanto por ciento del apoyo frente a Bersani; después le dieron, en las segundas primarias, una mayoría muy holgada.  

De estas declaraciones se pueden derivar toda una serie de consideraciones. Por ejemplo, un país es ya una empresa; el Gobierno pasa a ser un consejo de Administración; y el conjunto de las instituciones se convierten en franquicias de dicho consejo de administración. Así las cosas, la política ya no está cooptada por la economía sino, dando un paso más, se convierte en un artificio empresarial.  Política y empresa, país y empresa son la misma cosa. Y mutatis mutandi los ciudadanos se convierten en algo que no se cómo definir.

Dicho lo cual, el flamante secretario general del PSOE está avisado.  Cuando Sánchez afirma que Renzi y Felipe González son sus «referentes», ¿somos impertinentes si le preguntamos si mantiene lo dicho en lo atinente al italiano?

Radio Parapanda.--  ESTAMOS (TODOS) EN UN LÍO

lunes, 29 de septiembre de 2014

MÁS SINDICATO EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA




1.--  «Lejos de nosotros la funesta manía de pensar» fue escrita en una carta a cierto rey español, de borbónico trapío, por los claustrales de la Universidad de Cervera.   Es una frase lapidaria que encierra toda una filosofía de secano y que, en cierta medida, explica la historia de España y de los contradictorios avatares de su desarrollo científico y técnico. Hablando con propiedad no sabemos hasta qué punto don Miguel de Unamuno hizo suya esta grotesca idea cuando dejó dicho aquello de «que inventen ellos». Naturalmente ellos eran los europeos.  Ahora bien, seremos indulgentes con el rector de Salamanca por su metafísico y angustioso tormento interior, cosa que no consta (o al menos no lo sabemos) de los clausúrales de Cervera. En todo caso, los divulgadores de estas ideas no las tenían todas consigo. Véase, por ejemplo,  al iracundo padre Alvarado, llamado adecuadamente por sus coetáneos el Filósofo rancio: «Más queremos errar con san Basilio y san Agustín que acertar con Descartes y Newton». Lo que a algunos de ustedes les recordará el  no menos célebre escolasticismo de «es mejor acertar dentro del Partido que fuera de él».


Una de las consecuencias de tan calamitosas ideas ha sido su traslación a «lejos de nosotros la funesta manía de innovar». Que ha recorrido, de igual modo, la historia de nuestro país, según nos explica puntillosamente el libro del profesor Jordi Maluquer de Motes, La economía española en perspectiva histórica.

 

2.--  Este libro nos ha recordado cosas que, de manera dispersa, habíamos almacenado en nuestra ya frágil memoria. A saber, la tradicional marginalidad de la innovación tecnológica en España y su relación con la economía y el desarrollo. La munición que almacena el libro desde el siglo XVIII hasta nuestros días lo evidencia. Empezando por la agricultura, que desde hace trescientos años ha tenido una productividad 25 puntos por debajo de la europea hasta la industria.  De hecho, la disparatada frase de Unamuno es la expresión de una concepción ancestral en nuestros lares y explica nuestro retraso de todo tipo con relación a Europa. Hemos sido el campo de cultivo de lo que manifestó el Filósofo rancio: Vade retro, innovación.  

 

Es cierto que las cosas han cambiado un tanto.  Pero el diferencial con los países de nuestro entorno se mantiene; es más, no se puede decir que la innovación sea una de las preocupaciones de las políticas presupuestarias tanto del gobierno central como de las autonomías, hecha tal vez la excepción del gobierno vasco.  Más todavía, los sedicentes planteamientos estratégicos de los diversos gobiernos (ley de sostenibilidad, cambio de modelo productivo y reforma laboral) han supuesto unos auténticos bodrios sin conexión entre sí y ayunos de vinculación a un proyecto general de innovación. Seguimos, pues, sin un proyecto de innovación. El Filósofo rancio estaría satisfecho.

 

3.— Es cierto que un proyecto de innovación va más allá del hecho tecnológico.  Ahora bien, consciente de ello, y esperando otra ocasión para volver a la carga, nos situaremos sólo en este limitado (aunque importante) aspecto.

 

Entiendo que el principal mecanismo de freno del desarrollo de las empresas españolas es el déficit tecnológico. Decíamos en  Nuestro sistema productivo de hojalata  (2011) que ese tapón se manifiesta en varios datos: 1) la inversión media por habitante en el sector de la innovación media por habitante en España son 318 euros, mientras que en el patio de vecinos europeo son 473 euros; y 2) España ocupa la decimoséptima posición en el ranking europeo de gasto en I + D, por debajo de países como Estonia,  Chequía y Portugal. A pesar de esa cartografía española, el Ministerio de Ciencia ha dejado de de gastar un tercio del presupuesto para I + D, y sin dar explicación alguna de ello. Me quito el sombrero ante estos alumnos del Filósofo rancio. Es de cajón que necesitamos cambiar radicalmente este estado de cosas.  La pregunta es: ¿por dónde empezar? No encuentro otra respuesta que allá por donde la debilidad del hecho tecnológico es más visible y por donde –todo lo indica— es más necesario y, a la vez, urgente, a saber, desde el centro de trabajo y la empresa mediante el instrumento de la negociación colectiva. Ello implicaría una nueva relación de los sujetos negociadores con el hecho tecnológico.

 

En ese sentido, conviene un giro estratégico de la tradicional cultura del sindicalismo confederal. Porque la tradicional distancia que ha habido en España con relación a la innovación tecnológica –la que explica el profesor Maluquer en su libro-- también ha afectado lo suyo a los sindicatos. Hasta tal punto las cosas han sido de ese modo que tan sólo en los momentos crisis de las empresas, los planes de viabilidad de los sindicatos han planteado la innovación tecnológica: una posición justa, pero a la defensiva, y casi in articulo mortis.

 

Tiene razón Joaquim González, una persona que conoce el paño, cuando plantea «… que que debemos impulsar  la innovación en todas y cada una de las plataformas de diálogo: patronales, sindicales y administraciones; crear  instrumentos que impulsen y faciliten la alianza de las pequeñas y medianas empresas  a fin de  mejorar su  tamaño, y tener como objetivo la cooperación innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles» en  No hay política industrial sin innovación útil. Ciertamente, no considero que el adjetivo «útil» sea en este caso un perifollo.

 

En concreto de lo que se trata, a mi juicio, es articular una potente trama de negociaciones en empresas y sectores donde la innovación tecnológica sea el eje central. Quede claro que no nos estamos refiriendo solamente a los sectores industriales sino al conjunto del universo del trabajo, también –por lo tanto y por supuesto— a los servicios y a las administraciones públicas.  Este sería un proceso itinerante sin fecha de caducidad, porque el hecho tecnológico ya no se produce como lo hacía antaño, de higos a brevas. Ya no es un acontecimiento espaciado en el tiempo sino diario. A esa trama contractual, a esos contenidos y a ese itinerario de muy largo recorrido lo llamo Pacto social por la innovación tecnológica. «Útil», naturalmente. De ello he hablado, largo y tendido, en http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/09/la-parabola-del-sindicato.html

 

No abundaremos hoy en la necesidad de simultanear la innovación tecnológica con una profunda reforma de las relaciones laborales en sentido progresista. De ello se ha hablado insistentemente en este blog. Pero sí recalcaremos hasta la saciedad que un proceso de innovación tecnológica sin los correspondientes derechos individuales y colectivos sería una reedición del pensamiento del Filósofo rancio, algo que no encaja convenientemente. 

 

 

 


Radio Parapanda.--  Lo social y lo político por Javier Aristu. Y NO TANTA BANCA, POR FAVOR, de Paco Rodríguez de Lecea. 

domingo, 28 de septiembre de 2014

«El maestro luchando también está enseñando»




Rafael Borràs Ensenyat*

El Presidente autonómico de las Islas Baleares -un tal José Ramón Bauzá-, en uno de los últimos plenos del Parlamento Balear antes de las largas vacaciones veraniegas y en contestación a la oposición parlamentaria, pronuncio la siguiente frase: “Mi modelo no es el de la educación pública y de calidad…”, dándose cuenta de tamaña sinceridad producida, sin duda, por una traición del subconsciente del individuo, se apresuró a completar la frase con una segunda conjunción copulativa en tan corta oración. Añadió: “… y en catalán”.

Que nadie se engañe. El conflicto en torno al Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) que ahora el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha declarado nulo, no es únicamente un burdo intento del Gobierno del PP de arrinconar la lengua que legalmente es “la propia de las Islas Baleares”, es decir, el catalán, del sistema educativo publico y concertado. Es el conflicto de la llamada comunidad educativa (enseñantes en su conjunto, padres y madres de alumnos/as, y estudiantes) contra los recortes que el Gobierno ha aplicado y sigue aplicando a la educación pública. Es cierto que, siendo un conflicto de un profundo contenido igualitario (no hay democracia sin pasión por la igualdad), lo es también a favor de normalizar el uso del catalán en la escuela. En Baleares, el conocimiento y uso de la lengua propia ha devenido en un elemento de cohesión social imprescindible. Sobre este particular ha habido un acuerdo político y social amplísimo. Toda la arquitectura autonómica sobre normalización lingüística de la lengua minorizada, el catalán, se había hecho siempre con consenso unánime en el ámbito político y social. No ha habido ningún problema, excepto los anecdóticos provocados por algunos grupúsculos ultras. Pero al inicio de esta legislatura autonómica el tal Bauzá pactó con estos ultras un cambio radical de política lingüística en todos los ámbitos, desde la función pública, pasando por los medios de comunicación públicos, hasta la escuela. Ha habido resistencias y movilizaciones en todos esos ámbitos, pero ha sido justamente en la escuela donde el tal Bauzá y el PP de Baleares se han encontrado con un autentico muro. El envolvimiento en la bandera del más puro y rancio nacionalismo español no les ha servido para ocultar los recortes en el sistema educativo balear.

Pero ¿Qué es el TIL? En síntesis, es un artefacto antipedagógico que pretende imponer con bastante celeridad (téngase en cuenta que, para este curso 2014-2015, se ha impuesto –o se había impuesto- como mínimo en el primer y segundo cursos del segundo ciclo de Educación Infantil, en toda la Etapa de Primaria, y en el primer y segundo cursos de primer ciclo de la ESO), por encima de los claustros de cada centro educativo, un proyecto lingüístico según el cual las materias deben impartirse un tercio en castellano, otro tercio en catalán y otro en ingles. Hasta esta imposición se había venido funcionando con el llamado “Decreto de mínimos”, en virtud del cual “El Proyecto lingüístico, insertado en el Proyecto educativo, será elaborado por el equipo directivo o por las personas docentes en quienes delegue, que tendrán en cuenta las aportaciones del claustro de profesores y de los otros representantes de la comunidad educativa, y tendrá que ser aprobado por mayoría cualificada del consejo escolar del centro. Hasta llegar a la mitad del cómputo horario, el Proyecto lingüístico especificará qué áreas, además de las que se indican en este Decreto, se impartirán en lengua catalana, propia de las islas Baleares, y cuáles en lengua castellana. Definirá, también, los planteamientos didácticos sobre los cuales se fundamenta la enseñanza de las lenguas y cómo se articula esta enseñanza, y determinará el uso que se hará en el ámbito administrativo y en las comunicaciones.” En definitiva, se trataba de que el alumnado acabara la escolarización obligatoria dominando ambas lenguas oficiales y, progresivamente, fuera avanzando en el conocimiento de una lengua extranjera. Todo ello hecho desde la autonomía de cada centro educativo (la diferencia de situaciones socio- demográficas es brutal) y sin el dirigismo desde arriba que el TIL i, por cierto, la LOMCE, implantan.

Nadie, absolutamente nadie, está en contra del aprendizaje de una lengua extrajera -preferentemente el inglés-, pero es obvio que, en un contexto de tremenda reducción de medios económicos y humanos, es absolutamente imposible, máxime si no se consensúa con quien lo tiene que llevar a la práctica. Salvo que sea a costa, claro esta, de arrinconar la lengua catalana y arrumbar con la calidad de la enseñanza pública ¡Esta es la cuestión!

La oposición a esta imposición es una lucha social que ya dura muchos meses y que combina magistralmente las formas de siempre y las nuevas. En la extensión de la movilización ha sido clave el nacimiento de la Plataforma per una Educació Publica de Qualitat, en la cual participa toda la comunidad educativa, y que inició su labor justo al inicio de los recortes educativos. Más tarde, ha sido determinante el surgimiento de l’Assemblea de Docents que, junto a una ejemplar unidad de acción de los sindicatos CCOO, UGT y STEI, han demostrado una gran capacidad de impulsar y dirigir con criterios de sindicalismo de clase lo que nunca ha sido una pelea corporativista.

Recordemos que, justo al inicio del curso escolar pasado, el TSJIB declaró no ajustada a derecho la Orden de la Consejería de Educación que fijaba el calendario de aplicación del Decreto TIL. Fue un primer triunfo jurídico de los sindicatos que, en la práctica y a la espera de que el Tribunal se pronunciara sobre el Decreto TIL que también había sido impugnado, hacía desaparecer el engendro y permitía que el curso pudiera comenzar con una cierta normalidad, únicamente interrumpida por los efectos y resistencias a los recortes consecuencia del austericidio. Pero el Gobierno Autonómico, en cuestión de hora, aprobó un Decreto Ley –malditos decretos leyes de infausta utilización- por el cual se endurecía el contenido del TIL y que incluía un calendario de aplicación ad hoc. La contestación sindical y ciudadana fue contundente: Una huelga indefinida que duró tres semanas y la mayor movilización ciudadana vivida en Baleares, con 100.000 persona en la manifestación del 29 de septiembre de 2013.

El 23 septiembre de este año se produce el antepenúltimo, hasta hoy, acontecimiento sonado de esta historia: El TSJIB declara por unanimidad la ilegalidad del la norma de aplicación del TIL en el curso escolar 2014-1015. A esta segunda victoria jurídica de los sindicatos y la comunidad educativa en su conjunto, la administración contesta que formulara los pertinentes recursos y que, por tanto, el TIL ¡Se tiene que seguir aplicando “con toda normalidad” en las aulas! Al día siguiente, el TSJIB emite varios autos judiciales en los que advierte que su sentencia anterior es de inmediata ejecución y que el TIL no es de aplicación. Es el penúltimo acontecimiento.

La semana acaba con una crisis de gobierno. Hay cambio de titular en la Consejería de Educación, pero sigue el empecinamiento del tal Bauzá, en aplicar el TIL, a pesar de que la Universidad de la Islas Baleares, los inspectores de educación, los directores de todo el sistema educativo, los sindicatos, todo el mundo jurídico le advierten, directa o indirectamente, de que puede prevaricar.

Voy acabando con dos breves reflexiones que pienso útiles para el pensamiento del sindicalismo confederal.

1.- Esta lucha sindical ha sido un ejemplo de autorregulación del derecho de huelga en un sector de servicios públicos. Más allá de códigos de autorregulación formales, lo importante es la complicidad y la participación con y en el conflicto. Difícilmente se pueden conseguir derechos sociolaborales que no redunden en una mejora de lo público. En este caso la consigna de “El maestro luchando también está enseñando” ha sido asumida por la inmensa mayoría de la comunidad educativa.

2.- El valor del dialogo frente la imposición. Aunque sean muchas las victorias jurídicas y de movilización que acumulan los enseñantes, no hay arrogancia. Al contrario el llamamiento es para el dialogo, se quiere pactar. Son otros los que quieren imponer.

No tengo idea de cómo acabará este conflicto. Pero estoy seguro de una cosa: Sigue siendo posible una identidad colectiva en torno al conflicto social y en defensa de lo público. Los maestros y maestras de las Islas Balares se han convertido en nuestros héroes de hoy, y la camiseta verde en nuestra bandera y emblema.



sábado, 27 de septiembre de 2014

LAS GRIETAS DEL PARTIDO POPULAR Y EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES



El movimiento de las mujeres está de enhorabuena y su alegría está más que justificada. Hablamos,  naturalmente, de la victoria que ha alcanzado tras la retirada del proyecto de ley del aborto que –aunque era una obra de gobierno— se ha llevado por delante al ministro Ruiz Gallardón que había hecho del mismo su preferido juguete teológico. En todo caso, hay que señalar que el Partido Popular no retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada bajo el Gobierno de Zapatero: una vela a Dios y otra al Diablo.

Ahora bien, entiendo que es necesario escarbar más en los orígenes de esta sonada victoria del movimiento de las mujeres. Creo que, sobre todo, es el resultado de unas exigencias, de unas movilizaciones que vienen  de muy atrás. De momento, es preciso referirnos a la presión sostenida de un movimiento de mujeres que supo incidir, en condiciones muy duras y adversas, en las capas tectónicas de la sociedad provocando una cultura laica, confrontándose con la ancestral moral religiosa, que había moldeado una ideología muy extendida.

Vale le pena referirse a que el movimiento de las mujeres siempre fue más por delante que los planteamientos de la izquierda, siempre muy pacata y temerosa de perder apoyos electorales ante el tema de la legalización del aborto. Me permito una evocación personal al respecto: recuerdo el primer mitin del Partido Comunista de España en Santa Fe, capital de la Vega de Granada, en puertas de las primeras elecciones generales, 1977. Un servidor compartía cartel con Rosa María Félix, brillante y combativa universitaria y la joven promesa local Rafael Rodríguez Alconchel. En su fogosa intervención Rosa habló, saliéndose del guión oficial, de la legalización del aborto. Se me pusieron los pelos de punta porque entendía que tal extremismo nos podía jugar una mala pasada. Y así se lo dije. En ese momento yo era también la expresión de (casi) todos los dirigentes comunistas que entendíamos que, en ese aspecto, teníamos que ir con pies de plomo. Pero, Rosa María Félix era la más cabal expresión de lo que iba cambiando vertiginosamente en la sociedad española de la época. No entendíamos, pues, que ese aparente radicalismo era siembra y regadío para obtener nuevos derechos de ciudadanía. Es decir, que se estaba incubando la derrota de una vieja –y ya ridícula--  doble moral y doble contabilidad que venía desde tiempos muy antiguos. Más todavía, aquel radicalismo estaba empezando a agrietar, los arcanos dogmas de las derechas (incluidos los de la iglesia instalada) y, simultáneamente, los cagadudas de la izquierda. Lo hacía desde la compleja e incómoda conllevancia de las mujeres con su propio partido, al menos en ese aspecto.

Desde luego, de aquel potente movimiento de mujeres vienen las grietas del Partido popular. En resumidas cuentas, aquel movimiento de mujeres expresaba de manera contundente el valor y la utilidad de su propia autonomía de proyecto y de trayecto. Ahora podemos decir lo que no vimos en aquella época: el carácter seminal de ese movimiento.

Por otra parte, las propias explicaciones de Rajoy en torno a la retirada de la ley, haciéndose obscenamente el mosquita muerta, no han ido por el camino de la moral sino porque no «hay consenso en la sociedad». Lo que indica implícitamente que, incluso en el territorio de la derecha, las cosas en ese sentido han cambiado. Nos imaginamos el parraque que habrán sufrido  Rouco y sus hermanos.

Sí, es necesario hablar, aunque someramente, de los altos funcionarios de la Iglesia, cuyo campeador más montaraz es el cura mitrado de Alcalá. Pues bien, soy del parecer que nada de lo que están diciendo estos caballeros ensotanados está en clave teológica sino en la del poder, en la pugna interna de la Iglesia católica, apostólica y, por supuesto, romana. Esto es, qué sector de esa creencia tiene la hegemonía de la moral, hecha poder, en los procesos en curso y de cara al futuro. Es decir, si alcanzará más influencia social el saludable reformismo del Papa Francisco o los representantes de las nieves de antaño. Y comoquiera que la gran mayoría de la sociedad ha enviado al ropavejero una gran parte del poder tradicional de la Iglesia, entendida esta como las franquicias de sus altos funcionarios, el exasperado obispo alcalaíno no tiene más remedio que gritar a lo Júpiter Tonante, contra las «estructuras de pecado» de quienes van en dirección opuesta. No es, pues, una cruzada religiosa ad majorem gloria dei sino una batalla por el poder, por la fisicidad del poder: entre el reformismo o el Palmar de Troya. Digamos que la batalla no está zanjada.   

Como tampoco está históricamente zanjada la intención de la religión católica –tampoco en el Islam— «de afirmarse como el único fundamento posible de la comunidad, como el depósito de los recursos morales. De una religión que acepta la democracia sólo como un producto secundario y subordinado».  Son palabras de Riccardo Terzi que, a continuación, aclara: «Hablo de la institución, no del sentimiento religioso». 

En resumidas cuentas, al movimiento de las mujeres le queda todavía mucho camino por recorrer. En todo caso, ahora tiene más aliados en una sociedad más laica. De la que la política está un poco más pendiente, incluidas las martingalas electoralistas; incluida también la parsimonia pusilánime de ciertos partidos que todavía son estúpidamente temerosos de las franquicias de la «cuestión vaticana».   



viernes, 26 de septiembre de 2014

UMBERTO ROMAGNOLI HABLA DE LA REFORMA LABORAL ESPAÑOLA



Una historiografía muy asentada atribuye al derecho del trabajo un rol de pedagogía de masas, sosteniendo, no sin razón, que habría educado a multitud de artesanos desplazados por la irrupción de la gran manufactura y a campesinos no del todo campesinos, en la idea que la cosa más conveniente que se pudiera hacer sería la de no secundar el sentimiento de justicia ofendido por las formas de dependencia impuestas por el capitalismo moderno en  los lugares de producción extraños a los esquemas cognitivos sedimentados en la memoria colectiva de las generaciones precedentes. Al contrario, convenía inventarse el modo de prepararse para luchar contra la desigualdad ridiculizada por George Orwell: respecto de su subordinado, el empleador es “más” igual. Sea en el momento en el que estipula el contrato o bien en la fase de ejecución de la relación que deriva de éste. Por ello el horizonte de sentido en el que se ha desarrollado el derecho del trabajo del siglo XX estaba marcado por la aceptación compartida de una exigencia propia de los países más prósperos y lustrosos protagonistas de la revolución industrial: la de atenuar los efectos de la asimetría estructural que está en el origen de una supremacía de hecho enemiga del principio de igualdad tan querido por la cultura jurídica (no solo) liberal-democrática. Hoy, sin embargo, los neoliberales no pueden oír hablar de ello sin que les acometan mareos. En efecto, aun glorificando la autonomía negocial de los individuos como símbolo y a su vez vehículo de libertad, querrían persuadirnos de que el retorno a un decisionismo empresarial lo menos condicionado posible, y por consiguiente la negación de la contractualidad misma, acabará por beneficiar al propio trabajador.

“Esta – escriben los autores del preámbulo de una importante ley española del 2012 – es una reforma en la que ganan todos porque se propone satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”.
Entonces será por eso que concede al empleador la posibilidad de administrar unilateralmente la relación laboral dando por supuesto, aunque de forma púdicamente velada,  que el contrato sólo vincula al trabajador subordinado, y de adaptar sus cláusulas a la situación de la empresa. En efecto, el empresario tiene la facultad de introducir modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo contractualmente no previstas ni previsibles en el momento constitutivo del contrato. Lo que cuenta es que sean útiles para preservar o aumentar la productividad empresarial y sobre todo que sean decididas por él.

Las decisiones pueden ser adoptadas en una cantidad de materias enunciadas de forma aproximativa por la ley. Desde los sistemas retributivos a la movilidad funcional y geográfica, o la distribución de la jornada laboral. Es cierto que el interesado puede impugnar la decisión y el magistrado ordenar la restitución de la condición injustificadamente cambiada por iniciativa de la contraparte. Pero se puede apostar con seguridad que el trabajador no manifestará nunca su disenso. Ni en la forma de demanda al juzgado, porque los despidos por causas empresariales son facilitados por reglas más permisivas que las señaladas, ni en la forma de dimisión, desincentivada maliciosamente por una indemnización por cese de contrato significativamente inferior a la prevista como indemnización por despido improcedente (20 días de salario en vez de 33, por año de antigüedad).

Si la decisión tiene carácter individual, su ejecutividad se subordina a la previa comunicación al trabajador directamente interesado; si tiene carácter colectivo, para ser ejecutiva, debe ser precedida de un período de consultas con la representación sindical legalmente existente o, si no existe ésta como sucede a menudo en las pequeñas empresas, con una representación ad hoc formada por tres trabajadores “democráticamente elegidos” (¿?) por la plantilla o designados por los sindicatos más representativos, aunque en todo caso y en ausencia de acuerdo, la decisión empresarial producirá los efectos queridos. No parece que la praxis de las modificaciones colectivas con acuerdo pueda difundirse y generalizarse. De hecho, el acuerdo alcanzado equivale a una presunción iuris et de iure de la causa que justifica la modificación, de manera que viene así consolidada.

Es decir que cándido como una paloma y astuto como una serpiente,  el legislador español ha trazado un modelo que no pone límites al dominio de las razones económicas, técnicas, organizativas y productivas evocadas a cada momento, con la reiteración de un mantra. No se ha dado cuenta que con ello ha acabado por decretar la muerte del contrato que instituye la relación de trabajo. A la postre, no hay contrato que se exima del riesgo de circunstancias sobrevenidas que,  siendo diferentes del acontecimiento que haga imposible su cumplimiento, son sin embargo incompatibles con la representación de la realidad que el contratante se ha hecho en el momento en el que ha pactado sus obligaciones. Si bien, a la pregunta “¿quién soporta el riesgo de que la ejecución del contrato de trabajo no se corresponda con las expectativas de éste?” el legislador español responde confiándose por completo a la autodeterminación del empleador. He aquí por qué, en presencia de un corpus de reglas especiales que, como las descritas, se plasman en el principio de la irresistibilidad de las exigencias objetivas de la empresa interpretadas discrecionalmente por el empresario, no se puede sino echar de menos el equilibrio de la tutela que ofrece el derecho común de los contratos. Como hacen todos los Códigos civiles de los distintos países, también el que está vigente en España prohíbe que el aleas contractual se desplace de una de las partes del contrato a la otra, y dispone que el cumplimiento de los contratos no puede ser dejado al arbitrio de una de las partes del mismo.

Una posterior y vistosa excepción al derecho común consiste en la facultad de suspender la eficacia del contrato de trabajo o de reducir las horas trabajadas “mandando a la movilidad” diríamos los italianos, a los empleados en caso de restructuración técnico-organizativa o en casos de coyuntura negativa de mercado provocada por “pérdidas actuales” o incluso meramente “previstas”, con el consenso colectivo – si se alcanza – y en todo caso sin autorización administrativa. La decisión empresarial es objeto de consultas y de un eventual acuerdo colectivo con una representación sindical (también con la “ad hoc”) blindado por ser ininpugnable salvo que esté viciado de fraude o dolo. En su defecto, se notificará a la autoridad pública competente que, a su vez, la comunicará al ente encargado de reconocer la prestación.
Por otra parte la autonomía negocial no solo es despedazada cuando se expresa a nivel individual. Tampoco la autonomía negocial colectiva goza de respeto alguno. Más aún, su despertar tras el largo sueño franquista ha sido turbado por una irrupción comparable a la que realiza el art. 8 de la ley italiana del 2011, pero aún más devastadora (si ello fuera posible).

En efecto, el legislador no se limita a celebrar la apología de la negociación colectiva de proximidad. Tras haber promovido la derogabilidad del convenio colectivo de ámbito superior por parte de la negociación de empresa, que podrá concluirse “en cualquier momento” incluso en ausencia de cláusulas de reenvío en gran número de materias, se regula cuidadosamente la iniciativa empresarial (motivada con las mismas razones que justifican los despidos colectivos) para desaplicar el convenio colectivo en cuya esfera de eficacia entra la empresa al borde de una crisis, aunque esta solamente se presuma. Un nuevo acuerdo volverá a determinar las condiciones de trabajo tras un “período de consultas”. Si no se llega a un acuerdo, las condiciones de trabajo serán fijadas por un laudo pronunciado por un arbitraje obligatorio. ¡Ah, qué no se haría para procurarse la confianza de los mercados!. Si los estados deudores de la UE fueran a la escuela, no habría ninguna duda: el primero de la clase sería España.

El complejo mecanismo que desarticula a los sindicatos a los que se pide que negocien colectivamente aun sabiendo que podría ser un tiempo desperdiciado,  tiene las propiedades de las “reformas estructurales” en la acepción que muestra Wolfgang Streeck: también éste se encuentra pre-ordenado a la finalidad de eludir, marginar y eliminar a los sujetos “de cualquier orden y grado” esto es, in primis,al sindicato, que se oponen a las dinámicas del mercado. Con toda seguridad, el corpulento mecanismo normativo tiene un olor fuerte de inconstitucionalidad, y de hecho impresiona negativamente el confuso razonamiento del Tribunal Constitucional español que, constituido en amplísima medida por magistrados designados por la derecha parlamentaria, ha rechazado los primeros recursos de inconstitucionalidad de la reforma laboral con la impasibilidad del testigo que ve como apalean a un perro que se está ahogando.

En cualquier caso, no me atrevo a hipotizar que incluso esta problemática solución de la reforma española represente una innovación capaz de producir un efecto – imitación en un país como Italia donde los mass media son tan indulgentes (o desinformados) al punto de alabar de manera desmesurada “el modelo español”. Sólo se que la reforma  gusta en primer lugar porque enfatiza la idea de que el despido por motivos inherentes a las exigencias empresariales no es valorado como una extrema ratio a la que se puede recurrir sólo en circunstancias de especial gravedad, sino como una modalidad de gestión ordinaria de la empresa. Gusta también porque reduce de forma significativa el coste de la extinción del contrato de trabajo que haya sido desautorizada por improcedente ante el control judicial. Ahora el coste se aproxima a la media europea. En vez de 45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades, ahora son 33 días con un tope de 24 meses.

Se comprende por tanto por qué los duelistas del debate que se ha vuelto a abrir  sobre el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores italiano reformado por la ley Formero-Monti del 2012 insisten sobre las reglas apenas apuntadas. El caso es que también en Italia tiene éxito la opinión según la cual la recuperación de la economía no puede sino suponer un retroceso de la legalidad en los lugares de trabajo  de la que la readmisión del trabajador injustamente despedido es precisamente parte integrante. Más aún, es su columna central. Tanto lo es que en la enorme área productiva de la que está ausente, la cotidianeidad de la relación laboral se caracteriza por la suspensión de hecho de la tutela legal, porque frente al riesgo de perder fácilmente el puesto de trabajo quien lo ocupa está dispuesto a considerar como un mal menor el sacrificio de todos (o casi) sus otros derechos. Por lo tanto, al arrebatar cualquier legitimidad a la pretensión del empleador de comportarse como señor absoluto del puesto de trabajo, la readmisión constituye la consecuencia más incisiva de la posición que rechaza asignar sistemáticamente prioridad a las exigencias empresariales sobre el interés del empleado a la continuidad de la relación. Pese al énfasis mostrado por el legislador español  su objetividad no es un a priori científico sino el resultado de un cálculo de conveniencia y en consecuencia un juicio sobre la calidad de los intereses en conflicto. Un juicio que, por definición, no es neutral si puede pronunciarlo sólo uno de los interesados. Éste tiene que atribuirse a un sujeto imparcial. Como por definición, lo es el juez, con o sin toga.

¡CATALANS!: Por favor, debatamos antes de que nos pille el tren



Joaquím González Muntadas
Director Ética Organizaciones SL

Hoy podemos decir, sin duda alguna, que la táctica que ha venido desarrollando el movimiento independentista en Catalunya ha sido brillante y que merece un 10, dado que ha conseguido invertir a favor de su causa,  en menos de cuatro años, las encuestas de opinión. 

Ha sabido llegar a los marcos mentales (“frames”, concepto acuñado por George Lakoff, lingüista y profesor de la Universidad de Berkeley, en a su libro “No pienses en un elefante”) de la mayoría de la ciudadanía en Catalunya,  consiguiendo lo más difícil a la hora de construir un proyecto: que, los convocados a la movilización y a la acción,  sientan la épica y el convencimiento de que están haciendo historia. 

Ha sabido aprovechar a su favor los fuertes aires resultantes de la grave crisis económica que vivimos, presentándola no tanto como el resultado de unas malas políticas de derechas o izquierdas, sino como responsabilidad del gobierno español, obviando así toda responsabilidad, con estas políticas, de CiU. Ha sabido aprovechar el desprestigio de los políticos, la indignación por los recortes, el deterioro de la marca España, los errores garrafales y el electoralismo a la hora de tratar los problemas territoriales por parte de las fuerzas políticas y los gobiernos de España. Ha aprovechado también la manifiesta inquina que desprenden los medios de comunicación de la derecha española más extrema hacia Catalunya y los catalanes. Medios que son presentados como la voz de España o de los españoles,  cuando no son más que una minoría,  aunque con potentes altavoces. 

Y, todo hay que decirlo, han contado con la ventaja posicional que representa la ausencia durante meses de la izquierda social y política catalana en el campo de juego del debate. Consecuencia de sus dudas, complejos y contradicciones a la hora de contraponer argumentos y debatir alternativas a la independencia, dejando así el atril a la derecha centralista con argumentos que hacen sonrojar a un demócrata. O en manos de algunos con posiciones que destacan por su extremado ataque a derechos inalienables de la lengua y la cultura catalana, lo que ha representado el mejor regalo para el independentismo.
  
Un silencio, el de la izquierda social y política, que le ha llevado durante demasiado tiempo: a unos contemplar el baile de la fiesta por la independencia desde el balcón con las manos en la cabeza de preocupación  y a otros a responder con medias palabras, argumentando que aún no toca el debate sobre independencia, no toca debatir sí o no. Sentados y tristes en un rincón de la plaza, para que nadie diga que no están con la mayoría social, pero sin bailar, o bailando solos, porque, aunque el cartel de la entrada anuncie "por el derecho a decidir”, la música, la letra, el baile, la alegría y el entusiasmo del público, como repiten insistentemente por la megafonía, responde al son de la independencia.

El otro gran acierto del independentismo, que merece otro diez en táctica, ha sido, cuando se anuncia y se presume por tantos foros la muerte de las ideologías, el haber sabido crear e impulsar instrumentos y plataformas a favor de la independencia que permitieran disimular al partido hegemónico en este proceso, ganando a la vez la prestigiosa y cotizada marca de “trasversales” y de “sociedad civil” y superar, como tantos predican, la tan dichosa división de derechas e izquierdas. Hoy lo que toca y manda es algo más potente y menos terrenal: el patriotismo y  “la libertad de un pueblo”.

Por esto vemos en los balcones, en las fiestas mayores de las ciudades y pueblos, en los pasillos de los institutos o de la universidad de Catalunya, la movilización por la independencia, un movimiento que ha sabido encontrar ese lenguaje positivo y amigable, para los marcos mentales de una sociedad  democrática,  como son “votar es democracia”, “democracia frente a leyes”, “independencia es futuro”, “España es el pasado” y etc, etc.

El mensaje positivo que ha sabido construir el independentismo, debido también a la ausencia de un debate de lo sustantivo sobre la independencia, sus contenidos y consecuencias, merece ser respondido por algo más que las consignas, tristes y grises, como son: la ley, los fiscales y la nada movilizadora “todo está bien y no hay nada que tocar” del Partido Popular. Porque aquellos catalanes que no compartimos la opción de la independencia, que creemos que sería un error, subrayo un error no un delito, necesitamos, porque somos los primeros interesados, se vote o no el 9 de noviembre, que de una vez por todas se abra el debate en serio con propuestas, positivas y también ilusionantes. Contraponiéndole un proyecto real  de reformas profundas que permita un debate real más allá de las emociones y más propio del Siglo XXI en una sociedad moderna, como es Catalunya, que no necesita ir a encontrase a si misma en los romances de tres siglos atrás.

Es urgente abrir el debate real, no se puede secuestrar por más tiempo la discusión  sustancial, que no es otra que el sí o no a la independencia, y ahí están llamados, no pueden esperar más para hablar y dar su opinión, los grandes, medianos y pequeños empresarios, los colegios profesionales, las universidades, las patronales con sus empresas etc. No pueden esperar más los sindicatos para abrir al debate en sus estructuras, con sus afiliados y con los trabajadores en las empresas. 

Debatamos por favor, al menos para evitar que cuando llame a mi puerta algún voluntario de la ANC estas próximas semanas para preguntarme qué Catalunya quiero para el futuro, yo haya podido leer, estudiar y escuchar algo más que la propaganda de colorines de unos y el BOE de otros. 

Por favor, abran los medios de comunicación públicos y privados el debate de lo sustantivo y abandonen el espectáculo en sus tertulias. Elaboren estudios, contrasten  opiniones y análisis. Por favor, comportémonos como un país maduro y democrático.  Guarden los panfletos. Atrevámonos a debatir con rigor y libertad. Debatamos antes que nos pille el tren.
  


jueves, 25 de septiembre de 2014

LA CONSTITUCIÓN QUE YO VOTÉ (Y POR QUÉ AHORA QUIERO VOLVER A VOTAR)


Miquel A. Falguera i Baró, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña


1. Una especie de historia de desamor.

En 1978, cuando se celebró el referéndum de la Constitución yo tenía veinte años. Era un joven militante comunista, que no pudo votar en las elecciones de 1977 porque entonces la edad mínima para hacerlo era de 21 años (lo que se modificó poco antes del referéndum constitucional para incentivar la participación).

Por tanto, mi estreno como votante fue con ocasión de la aprobación de la vigente Constitución, la misma que intento aplicar, con mejor o peor resultado, en mis sentencias.
Debo confesar, sin embargo, que voté a favor sin un pleno convencimiento. Lo hice porque ésa era la consigna del partido. Pero me asaltaban las dudas de si no se podía ir más allá en el pacto constitucional. Reflexionando ahora me doy cuenta de que mi visión era periférica, en tanto que se correspondía con la correlación de fuerzas en Cataluña: aquí sin duda se podría haber ido mucho más allá. Pero ésa no era la realidad en todo el Estado. Ese resquemor fue creciendo con el tiempo en buena parte de la militancia comunista (el runrún de los límites de la transición y los Pactos de la Moncloa) y en gran medida explica la ruptura del PSUC en 1981.

Pero batallitas a parte, cada vez tengo más la sensación de que la Constitución que yo voté no es la misma que la que estoy ahora aplicando, aunque formalmente su redactado sea prácticamente el mismo.
La Constitución que yo voté permitía modelos económicos y sociales como el vigente; pero también otros de planificación económica (art. 131), o basados en políticas expansivas del gasto público. La reforma del 2011, aprobada con predeterminación y alevosía en pleno mes de agosto de 2011 sin refrendo ciudadano, imponiendo límites al gasto público puso fin a esa diversidad de sistemas económicos.
La Constitución que yo voté reconocía el derecho a la libre empresa, exigiendo a los poderes públicos la defensa de la competitividad “y, en su caso, de la planificación” (art. 38): esta última previsión jamás ha sido llevada a término.
La Constitución que yo voté establecía que la propiedad privada tenía una función social (art. 33.1) que debía desarrollarse por el legislador. Ese mandato tampoco nunca se ha llevado a cabo.
La Constitución que yo voté reconocía el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos (art. 47) previendo que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Repito: “impedir la especulación”. ¿Hacía dónde miraban los poderes públicos cuando este país se convirtió en la orgía internacional de la especulación inmobiliaria, lo que nos ha llevado a la situación actual? (en una tónica que vuelve poco a poco a emerger en los actuales momentos).

La Constitución que yo voté consagraba el derecho de participación en la empresa (art. 129.2), en un mandato que permitía ir mucho más allá de la mera audiencia o notificación de documentación vigentes. Y ello en un precepto que, por cierto, preveía que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

La Constitución que yo voté reconocía el derecho al trabajo, como algo más que una declaración genérica del “derecho a trabajar”, en tanto que de su contenido se difería la constitucionalización del núcleo esencial de las tradicionales tutelas iuslaboralistas (art. 35), especialmente en materia de despido. Y, aunque esas tutelas se situaban en un marco de paridad con el derecho a la libre empresa existía una descompensación a favor de las mismas, en tanto que el derecho al trabajo se cohonestaba en determinados supuestos con los derechos fundamentales a la libertad sindical y la huelga, en relación al de negociación colectiva. Ese modelo se ha dinamitado por la reciente STC 119/2014 –respecto a la reforma laboral del 2012- privilegiando los poderes del empleador sobre los derechos de los trabajadores, en aras a una situación de crisis relacionada con la “productividad” de las empresas y resituando a la baja el papel decisorio de la negociación colectiva.

La Constitución que yo voté establecía que “ninguna religión tendrá carácter estatal” (art. 16.3). Sin embargo en múltiples actos oficiales se ofician celebraciones canónicas (e, incluso, en el propio Tribunal Supremo figura una gran cruz) Ello por no hablar de la constante intervención de la Iglesia Católica en la política.

La Constitución que yo voté intentaba dar respuesta al “problema catalán”  (y también  al vasco), hablando en el artículo 2 de “nacionalidades y regiones” y estableciendo un modelo de comunidades autónomas muy similar al ideado en la Constitución republicana de 1931 –legalizando en la práctica el previo reconocimiento de la Generalitat de Cataluña efectuado por el Gobierno de Suárez un año antes-. Sin embargo, tras la LOAPA –cuando aún sonaban los ecos del golpe de Estado del 23-F- el sistema devino simplemente una forma de organización del Estado, sustituyendo las antiguas regiones, diluyéndose en la práctica las exigencias populares en determinadas zonas de reconocimiento de sus singularidades.

La Constitución que yo voté contemplaba en el artículo 122 un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en la práctica se constituía en garante de la independencia de los jueces. Pero progresivamente (especialmente, tras las últimas reformas) dicho órgano ha dejado de cumplir esa función para convertirse en algo así como la delegación del Gobierno en el poder judicial, previos acuerdos politizados en sede parlamentaria.

La Constitución que yo voté regulaba la independencia de jueces y tribunales (art. 117.1) Pero a lo largo de los últimos treinta y cinco años la justicia se ha convertido en la pariente pobre de la democracia, negándosele los medios necesarios para cumplir el mandato constitucional. A ello cabe sumar el sistema de nombramientos de presidencias de órganos colegiados y del Tribuna Supremo, mediatizados por un CGPJ politizado. Y está en el Parlamento un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que somete a todos los jueces y tribunales a los criterios del Tribunal Supremo –lo que impedirá visiones alternativas en la interpretación de normas- o que limita el acceso a las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o las prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A lo que cabe añadir la imposición de una especie de mordaza a las opiniones públicas de los jueces, lo que me lleva a un aviso al editor de este blog: si se aprueba dicho proyecto –cabrá ver cómo evoluciona en las Cortes, tras la dimisión de Gallardón- ya no podré colaborar en sus páginas.

No sigo en la lista de agravios. De hecho, podría ir comparando todos los artículos del texto constitucional con mi lectura juvenil de tres decenios y medio antes y constatar su realidad actual: seguro que en la inmensa mayoría de ellos hay desilusión. Mi relación con la Constitución es como la de aquella pareja que se casan sin mucho convencimiento y que, tras el decurso de los años, constatan cómo sus ilusiones de vida en común se han venido abajo.

2. Reforma o nuevo proceso constitucional

¿Podrían haber ido las cosas de otra forma? Ucronías aparte, es obvio que el actual texto constitucional hubiera permitido otra(s) lectura(s) No en vano nuestra Carta Magna ha sido calificada por los especialista como “abierta”.

De hecho, la citada STC 119/2014 legitima la reforma laboral del 2012 (especialmente por lo que hace a la degradación efectiva de la negociación colectiva respecto a la ley) recordando que en nuestro sistema rige el principio de alternancia política y que, por tanto, no existe una única lectura constitucional.
Ahora bien, ocurre que “otro modelo” tiene en la práctica una evidente dificultad: los Estados precisan de dineros para funcionar (y tienen, además, deuda acumulada) Y quién tiene los dineros –esos enigmáticos “mercados”- exige la puesta en marcha de políticas regresivas en materia social; por tanto, la reversión del pacto del que surgió el Estado del Bienestar –en nuestro sistema: el pacto constitucional- y, en consecuencia, que los ricos sean cada vez más ricos y que se desmantelen las tutelas hacia los menos afortunados.  Una lógica que en la práctica determina que los pactos sociales que se plasmaron en las Constituciones democráticas de los países en los que regía el Estado Social y Democrático de Derecho, deban ser desmanteladas. Un escándalo democrático –en el que juega un papel activo la propia Unión Europea- que se oculta a la ciudadanía o que si se expone en público se plantea como un chantaje ante el que no cabe otra salida (“tranquilizar a los mercados”, “exigencias de la troika”, “carta del Presidente del Banco Europeo”…) Por tanto, y en términos clásicos, algo similar a una oligarquía.

Y a ello cabe sumar la paradoja derivada de la evolución de determinadas culturas políticas. En efecto, aquel modelo “abierto” ha devenido en la práctica “cerrado”, como si le lectura del texto constitucional que se ha ido efectuando en los últimos treinta y cinco años fuera la única posible. Y en ese marco resulta que los que están invocando siempre la Constitución –por ejemplo, el Partido Popular- son los que no la votaron. Recuérdese en ese sentido que los diputados de Alianza Popular en las Cortes constituyentes o se abstuvieron –si no recuerdo mal, el señor Fraga- o votaron en contra (los denominados “cinco magníficos”, todos ellos ministros franquistas) Y si se busca en las hemerotecas aún podrán encontrarse incendiarios artículos de actuales prebostes populares vaticinando los males que nos iba a llevar la aprobación de la Constitución. Esos mismos, tras practicar el entrismo, son lo que hoy blanden nuestra Carta Magna como la razón última que impide cualquier cambio de modelo. Pues bien: ellos no la votaron, yo sí.

En estas últimas semanas el nuevo dirigente del PSOE viene reclamando un cambio de nuestra Constitución. Se trata, obviamente, de la constatación de que el actual texto ha devenido desfasado. Y es ésa una obviedad. Pero cabrá añadir: no sólo en el terreno territorial (“la cuestión catalana”) La Constitución hace aguas porque, en la lectura al fin que ha devenido hegemónica –la de la que no la votaron- ha impuesto un modelo “cerrado” de sus contenidos (con el consenso el algún caso del propio PSOE). Vuelvo a la paradoja: yo hoy no votaría la actual Constitución. Y –como ocurre en las parejas mal avenidas- no creo que sea yo el que haya cambiado…

Pero el problema es que en los actuales momentos no se trata de cambiar algunos contenidos. Se trata de articular otra democracia, más participativa y adaptada a la nueva realidad. O, si se prefiere, superar el actual modelo pseuoligárquico, avanzado en un terreno en que los ciudadanos sean lo que de verdad decidan.


miércoles, 24 de septiembre de 2014

LA BRONCA INTERNA DE CC.OO, EN COCA COLA, EXPLICADA POR ENRIQUE LILLO

Escribe,  Enrique Lillo, responsable del Gabinete Interfederal de CCOO


24 de septiembre de 2014.



Estimado compañero y más aún, camarada y amigo López Bulla:


En primer lugar, te agradezco tu amabilidad personal para permitirme publicar, en tu admirable blog, mis impresiones subjetivas y personales sobre el conflicto social y con una dimensión interna sindical de Coca Cola. A su vez, te describiré también el antecedente de éste que dio lugar al primer enfrentamiento que tuve con la dirección de FEAGRA y con su secretario general Jesús Villar con ocasión del conflicto de Panrico sobre la necesidad o no de interponer recurso de casación contra la sentencia, en mi opinión, confusa y jurídicamente incorrecta, dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

En otro blog amigo, el de Eduardo Rojo Torrecilla, se hacen comentarios muy pertinentes sobre ambas sentencias, la de Panrico y Coca Cola, y a ellos me remito salvo alguna mención que haré específica en cuanto a Coca Cola por ser ésta la materia principal que abordo en este trabajo.

Además, hay que tener en cuenta que junto con aspectos comunes, en ambos casos, como son que los trabajadores principalmente damnificados víctimas del despido colectivo, pertenecen a plantas y fábricas que por su lucha histórica canalizada básicamente por CCOO, han logrado conseguir muy buenos convenios colectivos.

Junto con este aspecto semejante o común, hay otro aspecto sobre el cual creo que hay que reflexionar y profundizar y es el relativo a la compatibilidad o no entre los criterios que inspiran la denostada reforma laboral del 2012, en la que se prima el interés empresarial por la supuesta competitividad y viabilidad de la empresa y la necesaria protección jurídica, incluso constitucional del conflicto laboral y social protagonizado por los trabajadores como el de actividad sindical y negociación colectiva (art. 28.1), huelga (art. 28.2) y estabilidad en el empleo (art. 35) de la Constitución Española.

En ambos casos, el criterio empresarial de selección de los afectados en realidad esconde que resultan damnificados y despedidos los colectivos más sindicalizados que han conseguidos buenos convenios colectivos, trabajadores de Santa Perpetua en Cataluña de Panrico y trabajadores de Casbega en Fuenlabrada Madrid en Coca Cola.

En el caso de Panrico, un criterio de selección esgrimido por los abogados de la empresas y a su vez defendido por el informe de la Inspección de Trabajo, consistía en que el criterio en virtud del cual se seleccionaba a los trabajadores cuyo salario era superior y cuyo coste económico era superior al de otros centros, era un criterio objetivo porque estaba conforme con la defensa de la competitividad y viabilidad de la empresa que exigía inexorablemente la reducción salario y, por lo tanto, el despido de los trabajadores ordinarios que más sueldo tienen.

Esta circunstancia tan relevante, creo que merece un análisis específico e intenso que yo en este momento no tengo ni tiempo ni energía intelectual suficiente como para abordarlo, no obstante quizá más adelante haya que plantearlo en todo su dimensión.

Además de esta selección de trabajadores conflictivos como despedidos por su mayor salario y mejores condiciones convencionales, se acompaña con un hecho relevante y transcendente que hay que poner en el debate sindical y social. Este hecho consiste en la práctica frecuente de todas las auditorias sobre la documentación económica de las empresas en la cual se hace constar que en las memorias económicas de las empresas (que constituye un documento imprescindible junto con el balance, cuenta de resultados, evolución de patrimonio neto y estado de flujo de caja) no está incorporada información sobre las retribuciones de los miembros del consejo de administración y del personal de alta dirección.  

Esta ausencia informativa debe ser muy relevante y además permitiría analizar con mayor detenimiento si es objetivo y compatible con los valores constitucionales de igualdad, justicia y estabilidad en el empleo, que una empresa sacrifique despidiendo a los trabajadores ordinarios que tienen más salario en aras a la viabilidad de la misma y sin embargo en esa misma empresa permanezca la practica de retribuciones muy cuantiosas, muy superiores a los sueldos de los diputados y presidentes de gobierno, tan denostados ahora, a su personal directivo y a sus consejeros, esto constituye un escándalo social y jurídico que debe ser denunciado enérgicamente y que sin embargo no lo está siendo al menos con la intensidad que se debiera.

En ambos casos hay rasgos de semejanza entre un conflicto y otro, el de Panrico y el de Coca cola, como es el relativo a la afectación de trabajadores que sufren el despido y que pertenecen a colectivos que con su lucha histórica de años han conseguido buenos convenios, la diferencia entre un caso y otro es notable.

Esto constituye una explicación parcial del contenido distinto de ambas sentencias.

En efecto, la diferencia es que Panrico estaba en preconcurso mercantil en una situación financiera de pérdidas económicas continuadas según se desprendía de su documentación contable oficial y el conjunto de las embotelladores tenían muchos beneficios y eran muy rentables.

En el caso de Casbega, incluso el mismo día en que empezó el inicio del ERE o el día anterior, se firmó un nuevo convenio colectivo con un incremento salarial y nadie informó ni a la sección sindical de CCOO, muy potente en cuanto a afiliación histórica y  práctica sindical en el centro de Fuenlabrada ni tampoco se informó al comité de empresa ni sobre el ERE ni sobre la existencia de un supuesto grupo laboral de empresas conformado por Casbega y las restantes embotelladoras.

Este extremo de súbita aparición con ocasión del ERE ante los representantes legales de los trabajadores del conjunto de las embotelladores y de CCIP como grupo laboral de empresas, es importante retenerlo en cuanto a sus consecuencias  porque aquí está junto con otras circunstancias como las necesaria protección del derecho fundamental de huelga y de los huelguistas cuando la huelga es convocada por CCOO., lo más relevante del conflicto.

Este segundo aspecto de protección del derecho de huelga, es fundamental puesto que la sentencia de Coca cola considera que se  ha vulnerado este derecho fundamental de huelga y considera además que los protagonistas principales de esta huelga y también del factor coadyuvante en la declaración de la nulidad del despido colectivo, es la participación masiva de los trabajadores de Casbega SA en la huelga desde que fue convocada tras el comienzo del ERE y en la respuesta empresarial (extremo este que significativamente banaliza el recurso de casación interpuesto por el letrado Gayarre, del Bufete Sagardoy), que fue la de sustitución de huelguistas y la del esquirolaje organizativo empresarial, sustituyendo la producción y comercialización que había venido realizado Casbega Fuenlabrada por la producción en otras empresas distintas y creando nuevas líneas de comercialización..

Pues bien, este segundo aspecto se produce en un año en el que CCOO tiene ante si el reto de defensa social, sindical y  jurídica de muchas decenas de imputados por participación en piquetes de huelgas generales.

Ciertamente, en alguna intervención (y a preguntas en asambleas a las cuales he acudido puesto que desde  mis 37 años de intervención jurídica en CCOO muchos de ellos he intervenido junto con el comité de empresa de Casbega y aparte de compartir militancia sindical soy amigo personal de Paco Bermejo, Mercedes Pérez Merino, Juan Carlos Asenjo, portavoz del “Campamento de la Dignidad”, Pulido y  otros más jóvenes como Marcelo y otros muchos), he debido manifestar que nuestro ordenamiento tiene una “laguna”  jurídica en lo relativo a obligar a una empresa a reabrir un centro que decide definitivamente cerrar.

No obstante, esta manifestación parcial efectuada en una intervención amplia, la hice antes de que se celebrara el juicio y se dictara la sentencia del despido nulo con condena a la readmisión de los trabajadores en sus puestos de trabajo de sus respectivas empresas con abono de los salarios de tramitación. Lo que nunca dije, y esto ha sido manipulado, dicho sea con claridad por Jesús Villar y su equipo o parte de su equipo de dirección federal, es que la readmisión a consecuencia de la legalidad del cierre de Fuenlabrada Casbega, pudiera producirse con otras funciones distintas incluso en otras empresas o en otras embotelladoras a las cuales pudieran ser trasladados  trabajadores de Casbega que han sido despedidos y que tienen a su favor una declaración de nulidad del despido.

Este hecho, en mi opinión, es el origen de la bronca interna en CCOO que no se debe ni se puede esconder. El conjunto de las embotelladoras y su abogado así me lo comunico a mi, no reabriría el centro de Fuenlabrada bajo ningún concepto ante lo cual, yo, verbalmente siempre le he transmitido que las sentencias están para cumplirlas y que como dicen los trabajadores en el “Campamento”, que deben ser readmitidos en su centro y deben percibir los salarios de tramitación y, con posterioridad, una vez readmitidos, la empresa podrá negociar o adoptar decisiones.

Esta consideración también,  es fundamental porque ni la documentación aportada ni ningún estudio de plan industrial alguno establece con un mínimo de objetividad que la producción de Fuenlabrada que nutre de Coca Cola a toda la zona centro de España, que es una de las mayor consumo, deba ser cerrada. Como muy bien dice la sentencia esto es una apreciación subjetiva del informe realizado por el consulting “Estudio Económico” que es un consulting vinculado a Cristóbal Montoro en su nacimiento y en su propio desarrollo, según informaciones del diario elpublico.es.

Además, hay que tener en cuenta que en la planta de Fuenlabrada, la embotelladora Casbega ha realizado importante inversiones y renovaciones tecnológicas, en consecuencia no solo cabe dudar sobre la objetividad del cierre de Fuenlabrada sino que existe un conjunto de hechos como los descritos, que permiten deducir razonablemente que el motivo por el cual se cierra Casbega Fuenlabrada es el castigo a quienes se atrevieron a reivindicar y luchar por un buen convenio colectivo, el mejor de todas las embotelladoras, sin dudas.

Más aún, este criterio subjetivo empresarial de castigar a los más reivindicativos, es decir, a los  que tienen un poder sindical real en la empresa, se refuerza si tenemos en cuenta que las adhesiones voluntarias e individuales  a las propuestas de bajas indemnizadas, prejubilación o traslados, realizados unilateralmente por la  empresa conseguidas a través de presiones intimidatorias sutiles o directas de los respectivos departamentos de recurso humanos de las mismas, donde menos ha habido y han sido escasas, han sido precisamente en Casbega Fuenlabrada.

Más aun, el número de despidos de quienes no han firmado ningún documento individual con la empresa, se concentra básicamente en Casbega Fuenlabrada.


Esta manipulación realizada por el secretario general de FEAGRA, Jesús Villar, acerca de que el cierre es irreversible y que, por tanto, hay que pactar el traslado a otras empresas del grupo laboral, implica la admisión no del criterio jurídico de la sentencia sino del criterio jurídico de Iván Gayarre del Bufete Sagardoy, explicitado en su recurso de casación...