sábado, 31 de marzo de 2012

LA VIOLENCIA DE LOS FERNÁNDEZ-BOYS EN LA HUELGA GENERAL






La foto muestra la carga policial frente al ayuntamiento de Albacete. Don Luis Collado, jurista, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha y editor de la prestigiosa editorial Bomarzo, es zarandeado por los fernández-boys.



Hacía muchos años que no se veía una actuación general de las fuerzas policiales tan desmesurada e intimidatoria como lo sucedido durante el día de la huelga general. Naturalmente son órdenes del ministro Fernández que, ya siendo gobernador civil de Barcelona, hizo de las suyas. Recuerdo perfectamente la brutal carga policíaca contra la marcha de los trabajadores de Lemmerz desde Manresa hasta Barcelona en medio de un descampado. El hijo de Agustí Prats, el gran dirigente del textil –me disculpo porque no me acuerdo del nombre de pila de Prats Jr.— dejó fotografiado el ensañamiento policial contra un centenar de pacíficos manifestantes. Lo puedo decir alto y claro porque yo estaba allí y mis espaldas son testigos de algunos porrazos.

Diversas son las derivadas que se desprenden del mandato ministerial de zurrar la badana a los manifestantes. Que, de manera esquemática, pongo en circulación. Primero, hacer visible que el derecho constitucional de huelga y manifestación es algo que se tolera discrecionalmente por parte de la autoridad gubernativa. Segundo, esta contingencia –administrada por la porra y el correaje—equipara el conflicto social a mera cuestión de orden público. Tercero, a mayor abundamiento (y para explicitar el alboroto) se recurre a los alumnos del Cojo Mantecas para que armen tal gresca que permita a los fernández-boys intervenir antidemocráticamente a destajo.   

Pero hay en todo ello una operación estratégica, esto es, que especialmente las capas medias se alejen de quienes ejercen la protesta y se echen en brazos de un orden, que por otra parte es el que provoca su empobrecimiento gradual: el orden del neoliberalismo de Estado. Más todavía, se trata de una opción que conduciría a desvirtuar los bienes democráticos de la huelga y la manifestación a través de leyes y reglamentaciones que, al menos su germen, ya están en la cabeza de Fernández y del consejero catalán Puig, el nuevo Dencás a quien Gerald Brenan, en su libro "El Laberinto español", le atribuye una súbita connivencia con la derecha española, singularmente con José María Gil-Robles.

Por otra parte, el sindicalismo confederal –al tiempo que denuncia, y lo está haciendo, todo ello--  debería reflexionar a fondo sobre los piquetes que pone en marcha en estas grandes solemnidades. No es la primera vez que lo digo: repetiré tres cuartos de lo mismo que manifesté en el Primer congreso de Comisiones Obreras de Catalunya, allá por el año de gracia de 1978. Estos instrumentos esporádicos, los piquetes, deben ser sólo y solamente mecanismos pacíficos de información y extensión de la huelga. De una huelga que está convocada para el conjunto asalariado.

De ahí que no entienda la obsesión que, en pocos casos, tienen algunos piquetes en paralizar el pequeño y pequeñísimo comercio. Cuestión diferente son las grandes superficies y los grandes almacenes. Pero eso es cosa diferente de la tabernilla de la esquina o de la mercería de la plaza que se empeña en abrir ese día. El sindicalismo ha convocado a una huelga general de trabajadores asalariados, no a esos sectores de comerciantes. ¿Que no quieren ir a la huelga?  Allá ellos y su compromiso con la población huelguística: se toma nota y durante mucho tiempo se compra en otros lugares.

Vamos a ver si reflexionamos atentamente sobre la obsesión (legítima, por supuesto) que tenemos con ciertos grandes almacenes que, en cada huelga general, acabamos de manera no exitosa. Digamos las cosas con claridad: el mejor piquete para que hagan huelga –pongamos que hablo de El Corte Inglés--  es crear pacientemente organización sindical. ¿Qué es difícil? Por supuesto, pero ese es nuestro desafío democrático y nuestra responsabilidad como organización. Es difícil, ciertamente, quebrar la hegemonía del amarillismo en esos sectores. Pero esa es sobre todo nuestra obligación.

Radio Parapanda. Habla Gabriel Jaraba:   Éxito rotundo de la huelga general



viernes, 23 de marzo de 2012

SINDICATO Y POLÍTICA (Continuación del debate)


Continúa el diálogo sobre Sindicato y Política que nos traemos entre manos Carlos Mejía, Isidor Boix y un servidor, ahora a propósito de Sigue la conversa con Isidor Boix y Pepe López Bulla, publicado en el blog de Carlos Mejía 



Querido Carlos, de entrada –y como no podía ser menos-- compartimos la necesidad de que el sindicato disponga de normas como elemento de expresión de su auto-nomía. Que haya reglas para cerrar ventanas a quienes piensen de manera diferente me parece detestable. Como igualmente detestable lo es que unas determinadas normas puedan servir para abrirles la puerta a quienes están dentro. Pero eso no invalida la premisa mayor. Porque las reglas son un elemento imprescindible para la convivencia en el interior del sindicato y, de igual manera, para normar su relación, como sujeto extrovertido, con el “exterior”. Estoy hablando de normas para procurar que en la casa sindical exista una mayor acumulación de democracia participativa, no para restringirla, ni tampoco para deslucirla. Repito, democracia substancialmente participativa. 

 Me interesa recordar que por lo general en España en los convenios de empresa la consulta es casi siempre vinculante a la hora de decidir la firma (o no). Esto es, por así decirlo, algo así como un derecho consuetudinario. Es en la mayoría de los convenios sectoriales (de ramo) donde se producen situaciones diversas: en la mayoría de los casos la firma o el rechazo es acordada por asambleas de delegados o consultas de otro tipo. Pero todavía estamos lejos en mi país de la experiencia italiana de nuestros compañeros metalúrgicos de la FIOM que firman o no tras un referéndum general de los trabajadores del sector. Esta es una norma estatutaria. Dos son los elementos que me impulsan a proponer que también debería reglarse esta cuestión en el sindicalismo español, quiero decir en sus estatutos. 


Dos elementos que están íntimamente conectados. De un lado, lo dicho: la necesidad de mayor acumulación de democracia substancialmente participativa; de otro lado, lo que mencioné en la anterior ocasión: en España el convenio tiene efectos erga omnes, esto es, afecta a todos los asalariados ya sean afiliados o no. Digamos, pues, que el sindicato tiene el monopolio del poder contractual. Comoquiera que esto es así, es de cajón que debería abrirse un canal de comunicación participativa con aquellos que no están afiliados y que directamente no han dado un mandato para que se negocie en su nombre. Cambiando de tercio: el Estatuto de Comisiones Obreras señala que es incompatible detentar un cargo sindical y un cargo político, siempre y cuando coincidan con el mismo nivel de representación. Me explico: un miembro del comité ejecutivo de un determinado partido no podría formar parte del organismo similar del sindicato (por ejemplo, de su comisión ejecutiva). Siempre y sólo siempre se trata de incompatibilidades del mismo, digámoslo así, rango. Reclamo la paternidad española de las incompatibilidades. Mis dolores de cabeza me costó, y todavía recuerdo las conversaciones en Roma, en los descansos de la reunión del Comité Central del Partido Comunista de España (junio de 1976), sobre ello con  el legendario Cipriano García, que no abría la boca sobre este particular, y con Isidor Boix que en aquellos entonces no compartía esa idea. 


Nunca –ni en aquellos entonces, ni después, ni ahora-- planteé ni nadie planteó posteriormente que la cuestión de las incompatibilidades fuera en negativo. Esto es, para interrumpir en absoluto la permanencia de los dirigentes más políticos (tampoco los menos políticos) en el sindicato. No era, insisto, un planteamiento en negativo. Por lo demás, precisamente para que al dirigente sindical no se le pasara por su cabecita engancharse al sillón per in secula seculorum propuse (se aprobó primero en Cataluña en 1980 y mucho más tarde en toda España) que los mandatos tuvieran una vigencia establecida. Por ejemplo, un secretario general no podía permanecer en el cargo más de dos mandatos con prórroga de uno más si las condiciones eran excepcionales. También esto me costó otros dolores de cabeza que sobrellevé con buen humor y ciertas dosis de retranca. 


 Querido Carlos, en todo caso me interesa decir que no estoy en condiciones de proponer las incompatibilidades ni la duración de los mandatos con carácter universal. Por una razón fácilmente de entender: no tengo los conocimientos suficientes (ni siquiera necesarios) para proponerlo fuera de Europa. Este déficit es, por otra parte, lo que me impide entrometerme en la amable controversia entre Isidor y tú sobre las cuestiones latinoamericanas. Finalmente (quiero decir por ahora) deseo recalcar que estas conversaciones me devuelven a la juventud, vamos que me quitan años. O sea, que cuando os leo a Isidor y a ti se me quitan los achaques.

jueves, 22 de marzo de 2012

LA NOVEDAD DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 M



Andreu Mas-Colell es el Conseller de Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Es Míster Retallades (recortes). Estamos hablando de un hombre, formado en los Estados Unidos, que dejó una brillante carrera de investigador en el campo de las Matemáticas y de la Economía para, tras ser fichado por Jordi Pujol en 1999, pasar a la arena política. Sin ningún tipo de retranca la ciencia perdió una eminencia, pero la política catalana ganó un refuerzo considerable para reorientar su tradicional aislamiento cultural en aras del cosmopolitismo neoliberal. Y así Míster Logaritmos pasó a ser Mister Retallades. 


 Lo nuevo en este Mas-Colell político es el abandono del estatuto epistemológico de la ciencia para abrazar los anacolutos de la política. Por ejemplo, ahora es capaz de formular esta concepción (sin intentar disfrazarla de teorema): Era de noche, y sin embargo llovía. Pues bien, este caballero se ha quedado tan pancho tras afirmar que “si dentro de dos años no se crea empleo habrá que plantearse una segunda reforma laboral”. Mister Logaritmos hubiera dicho, desde su cátedra, “si esta reforma laboral no es capaz de crear empleo tendremos que investigar a qué se debe y proceder en consecuencia”. Es lo que hubiera dicho un científico. Pero Mister Recortes no está ni siquiera por aplicar el método de la falsación popperiana, ni por la vieja tarea de la dialéctica error – acierto. Lo suyo ahora es el contagio de don Paco Martínez Soria que elevó a los altares a don Erre que Erre. 


En suma, el tránsito de la investigación hacia la ideología extremista. Digamos que, en esas circunstancias, Mas-Colell es el punto de fusión entre los nicodemitas convergentes (neoliberales de día, soberanistas de noche) y los ex ejecutivos de ciertas empresas multinacionales que hoy se pasean a cuerpo juncal por el Consejo de Ministros del gobierno español. En resumidas cuentas, en tiempos pasados las políticas de Jordi Pujol con relación a los asuntos económicos y sociales eran de mero acompañamiento. En esta ocasión, la novedad ya no es el acompañamiento sino la más rotunda coincidencia en los objetivos mediatos e inmediatos. Esta es la novedad que debería tener en cuenta la respuesta que tenemos ya muy cerca: pongamos que hablo de la huelga general del día 29, el próximo jueves.

Radio ParapandaBruno Trentin e il sindacalismo europeo Antonio Lettieri

martes, 20 de marzo de 2012

UNA HUELGA NECESARIA FRENTE A UNA REFORMA CONTRALABORAL ILEGÍTIMA



La modificación de las normas laborales que ha impuesto el Partido Popular es un ataque frontal contra el modo de entender la democracia que emergió en el pacto constituyente de 1978 y que cristalizó en la Constitución. Es ilegítima, tanto por su contenido como por su forma, además de que conculca Convenios de la OIT ratificados por España y es de más que dudosa constitucionalidad en varios aspectos. Atenta contra la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Esta cláusula encierra la idea de que la libertad no es posible sin avanzar en el camino de igualdad. No es retorica hueca, es mera constatación del dato histórico de que la desigualdad, aún reconociéndose la igualdad formal ante la ley, conlleva explotación y sojuzgación a los poderes privados. La finalidad del Derecho del Trabajo es buscar una cierto equilibrio entre la posición social y económicamente  desequilibrada del empresario y del trabajador. Para ello la ley imponía límites infranqueables a la voluntad contractual en materias esenciales para evitar sobreexplotación de la persona que trabaja. La Constitución, por su parte, protege la dimensión colectiva del trabajador, al sindicato y reconoce  el derecho fundamental de huelga y el de negociación colectiva como instrumentos de defensa de la dignidad de los trabajadores amenazada en la directa relación individual. Como fruto de esa protección la ley reconoce así mismo la eficacia del convenio colectivo. Por último, la tutela judicial efectiva se ofrece a los trabajadores al dotar al juez de lo social de jurisdicción para la solución de las controversias con los empresarios. Todos esos elementos han sido seriamente cercenados.


Con esta reforma contralaboral se le ha dotado al empresario de un extraordinario poder de disposición unilateral sobre elementos esenciales de la relación de trabajo como la determinación y cuantía del salario, aspectos importantes del tiempo de trabajo, la movilidad funcional y geográfica y, en fin, despido. Se ha limitado de modo extraordinario el campo de acción y la eficacia del convenio colectivo, con lo que muchos trabajadores quedarán sin la cobertura de un convenio sometidos al poder unilateral del empresario. Se ha reducido la indemnización por despido y, lo que es más grave, se debilitado la exigencia de una causa justa para despedir. Por último, la formulación legal deja un espacio casi nulo al juez de lo social para decidir a sobre la justificación o no de la decisiones empresariales.  Es una contrarreforma que consagra una vuelta al feudalismo empresarial que con el advenimiento de la democracia ya se consideraba pasado. Pues no, en una terrible regresión de nuevo está  aquí, como el dinosaurio.

En el siglo XVI Juan Luís Vives advertía que la fuerza de los más grandes reyes caería de inmediato si sus vasallos les sustrajeran su apoyo. La clase dominante solo puede seguir siéndolo en tanto en cuanto su sistema de valores, sus ideas, sean también dominantes.  Las técnicas para conseguirlo se han desarrollado mucho en nuestros días a partir, entre otras, de las enseñanzas del ministro nazi de propaganda, Goebbels. No es de extrañar que ante esta gran regresión en la historia el PP haya desplegado sus poderosos medios de persuasión. Merece la pena destacar que sus voceros apenas entran en el análisis del contenido de esta reforma (cuanto más se conoce, más se rechaza), sino que hacen una llamada a un acto de fe colectivo para que la ciudadanía crea que servirá para crear empleo. Defender la dignidad del trabajo, como hacen los sindicatos, es, según el PP, atacar a los desempleados, pero lo sorprendente es que lo que se ofrece  sea que para ser empleado haya que ser sobreexplotado. Ese ya es un mensaje para todos, empleados y desempleados: todos tienen que someterse a la disciplina del señor de la empresa, que para eso está investido de una racionalidad económica incuestionable que le dice cómo usar la mercancía trabajo.

Establecido el anterior dogma de fe el siguiente paso es anatematizar a los críticos, como con la simpleza y el autoritarismo que la caracteriza hace, entre tantos otros, la sra.  De Cospedal. Las protestas, según ellos son injustificadas porque la reforma, de la que se oculta su contenido, ha sido adoptada por un partido que ha recibido el apoyo electoral masivo de la población. Este argumento es profundamente falaz por tres motivos cuanto menos. En primer lugar el PP recibió 10.500.000 votos, mientras que el anterior gobierno del PSOE había obtenido en 2008 11.000.000 de votos. El que con menos votos se pueda obtener la mayoría absoluta solo es achacable al arte de birlibirloque de la ley electoral, no, es claro, a un mayor consenso social. Por cierto que ese mayor número de votos del anterior partido del gobierno no impidió al PP desarrollar una agresiva campaña de desgaste en las Cortes y fuera de ellas, en donde sus medios afines no dudaron (ni dudan) en recurrir a la mentira, el insulto y otros recursos propios de regímenes fascistas.

En segundo lugar porque en democracia la legitimidad del Parlamento no la única legitimidad. Los sindicatos, en concreto, como bien claro establece el art. 7 de nuestra Constitución, son piezas esenciales de nuestro sistema institucional (el art. 7 está en el Título Preliminar) y están para defender los intereses de los trabajadores. Uno de los problemas de las democracias representativas es la gran distancia que existe entre representantes y representados y, por lo mismo, se trata de mejorar su calidad reconociendo otras legitimidades que actúan por otros mecanismos, como son la concertación social o el recurso a la expresión directa, a la huelga y manifestaciones, cuando es necesario.

En tercer lugar porque el Gobierno y su partido, con un acuerdo bajo la mesa con la organización empresarial, han actuado de mala fe cegando la vía de la concertación y ocultado al pueblo los contenidos de esta contrarreforma. Pocas semanas antes de que se dictase el RD-L 3/2012 lo sindicatos confederales (mayoritarios en este país de modo abrumador según las recientes elecciones acabadas en diciembre de 2011)) firmaron con la CEOE el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en el que arbitraban unas prudentes medidas para adecuar las relaciones laborales a los tiempos de crisis, que incluían moderación salarial y flexibilidad interna negociada. Ese Acuerdo ha saltado por los aires porque el Gobierno lo desconoció y aplicó esta contrarreforma de manera urgente no justificada, que tenía previamente preparada, y que fue ocultada a la ciudadanía en la campaña electoral.

La Sra. De Cospedal se preguntaba qué les decían los sindicatos a los parados. Es muy claro, les dicen que hay que defender la dignidad del trabajo ante un ataque tan duro como este que pone en peligro los valores de la democracia. En cambio el PP, fiel servidor de la más rancia oligarquía, les dice que, como meros portadores de una mercancía de usar y tirar, deben doblegarse a los dictados de los patrones.


Joaquín Aparicio Tovar

domingo, 18 de marzo de 2012

SOCIALISTAS ESPAÑOLES Y LA REFORMA LABORAL



Hay una especie de encandilamiento de los socialistas españoles con sus primos hermanos, los socialistas galos. El primer espada del socialismo catalán, tras su vuelta de París, ha declarado que necesitamos un triunfo de François Hollande en las próximas elecciones. Como dijo alguien: bien está lo que bien parece. Y sin embargo, …

… y sin embargo hay algo que no cuadra completamente. Por ejemplo, ¿qué impide a los socialistas españoles contagiarse de un buen cacho de la declaración de intenciones del amigo francés? En teoría podrían recuperar una parte de la confianza que, tiempo hace, le fue otorgada. Por otra parte, ¿dónde está escrito que una deseable victoria electoral de Hollande se traduzca en una mejoría de de los socialistas españoles? Sobre todo si éstos se mantienen en posiciones poco mordientes. Estar en ese atentismo podría recordar aquella vieja práctica que dejó dicha don Indalecio Prieto, aquello de esperar y ver que recuerda toda persona medianamente informada.

Se me dirá que algo parece haber cambiado en en el socialismo español poniendo como ejemplo su postura claramente adversa a la putativa reforma laboral. Y es cierto, no voy a negarlo. Ahora bien, un agudo observador como Antonio Baylos ha observado que la posición del PSOE es “de acompañamiento”. Menos da una piedra, diría el castizo. Pero dicho acompañamiento  no es lo que debería auto exigirse el socialismo español. No es todavía una postura aproximadamente suficiente.

Quede claro: no estoy planteando que los socialistas españoles actúen como sindicalistas. Pero sí deberían acercar su testimonio programático a lo que plantea el sindicalismo confederal. Tampoco estoy planteando que hagan y digan lo mismo que hace y predica Izquierda Unida, pero sí podrían escorarse más a lo que esta formación requiere. El mero acompañamiento encierra una paradoja: la derecha les llamará pancarteros (un día de estos haré un elogio de la pancarta), pero una parte de la ciudadanía verá –tal vez con poco fundamento— que es por el qué dirán.

Tengo para mí que la posición de largo recorrido que tome el PSOE en torno a la contra reforma laboral definirá el carácter de primer partido de la oposición. Si es por el qué dirán es de cajón que, gane o no Hollande, correrán el peligro de seguir en el Limbo; si hay algo más de acompañamiento cabe la hipótesis de una aproximación a lo que predica el primer dirigente galo.   

     

Radio Parapanda ¿IMPORTA LO QUÉ DICEN LOS JURISTAS DEL TRABAJO SOBRE LA REFORMA LABORAL?

sábado, 17 de marzo de 2012

SINDICALISMO Y POLÍTICA EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA



Conversaciones en Colomers.  Reflexiones sobre sindicalismo y política durante la transición a la democracia en España 


 José Luis López Bulla* 


 Posiblemente de todas las polémicas internas que tuvimos en Comisiones Obreras la más omniabarcante fue la iniciada por Isidor Boix en el tardofranquismo, concretamente la que revisitamos en Colomers, en casa del inolvidable amigo y compañero Carles Navales que nos dejó en el verano pasado. Navales fue un destacado dirigente sindical y confieso que todavía no me he acostumbrado a no contar con él, especialmente en nuestras comidas de los jueves junto a Manolo Gómez Acosta. El libro de nuestras conversaciones en Colomers es básicamente un sentido homenaje a la memoria del amigo. 

 Digo que aquella polémica fue la más omniabarcante porque comprendió prácticamente toda una serie de paredes maestras del movimiento organizado de los trabajadores tanto en su vertiente política como en la sindical. Estas paredes fueron: a) el carácter del sindicalismo; b) la relación entre el partido --vale decir, el PCE y el PSUC-- y el sindicato (fundamentalmente Comisiones Obreras); c) la unidad sindical orgánica, a través de un Congreso sindical constituyente; y d) la huelga general como motor de arranque de la huelga nacional. Cuatro temas que son de tal envergadura que me cuesta situar dónde está la función. Hasta tal punto que tengo la impresión que cada una de ellas se convierten simultáneamente en funciones y variables las unas de las otras. Por lo demás, en aquellos entonces siempre tuve la impresión, que todavía no se me ha disipado, que el partido (a partir de ahora mientras no diga lo contrario será indistintamente el PCE y el PSUC) tenía una posición errática por lo menos hasta la salida de la cárcel de Marcelino Camacho y sus compañeros cuando ya la controversia prácticamente estaba en su final. Como es sabido aquello tuvo un desenlace desgraciado para Isidor Boix aque fue apartado del grupo dirigente del PSUC. 

 De hecho el peso de aquella polémica tuvo principalmente su epicentro de Cataluña. Aquí estaba Isidor ejerciendo puestos de alta responsabilidad política, también como orientador de la lucha en SEAT; y aquí, además, “residía”, por así decirlo, la dirección de Comisiones Obreras de España tras la detención de Marcelino y el grupo dirigente en Pozuelo de Alarcón en 1973. La primera consideración que quiero hacer es que tan famosa polémica no debería ser juzgada, aunque sí analizada, con los inevitables ojos de hoy. Por ejemplo, la posibilidad de realizar el congreso sindical constituyente que abriera la puerta a un sindicato unitario o la misma factibilidad de la huelga nacional. Sería, a mi entender, un ejercicio de mera ucronía y, por lo tanto, inútil. La segunda consideración es que, en todo caso, la polémica requeriría una investigación por parte de los historiadores que, se supone, no están contaminados por la pasión de los protagonistas de la controversia.  En todo caso, séame permitido traer a colación que en el grupo dirigente de Comisiones Obreras de Cataluña empezamos a tener algunos indicios de cómo deberían ser algunas cosas y de qué manera enfocar la línea de intervención de aquel movimiento invertebrado de Comisiones Obreras. 


Primero. De manera gradual se va asentando la idea de que aquel movimiento tenía que estructurar lo que llamábamos un sindicalismo de nuevo tipo. Tal vez una caracterización genérica un tanto pretenciosa pero que tenía voluntad de disponer de unos rasgos distintivos con relación al sindicalismo tradicional español. A saber, la independencia del sujeto sindical con relación al partido lassalleano (comunista, socialista, socialdemócrata o de otra condición) como elemento de forja de la unidad sindical. Por supuesto, la independencia de los empresarios, y –algo novedoso— la independencia del Estado al margen de su caracterización social. Esto es, también independiente del Estado socialista. Se trata de una serie de elementos que ya figuraban en la Declaración de la Asamblea de Orcasitas (Madrid) en la primavera de 1967. 

Se trataba de unos rasgos que nada tenían que ver con la relación orgánica de Ugt con relación al PSOE ni con el apoliticismo de la CNT. Nuestra concepción no era, por así decirlo, accidentalista: en el caso de que no consiguiéramos la unidad sindical también valía. Pero nosotros durante mucho tiempo no consideramos que fuera imposible la unidad sindical. De hecho la unidad en los centros de trabajo y la unidad social de masas parecía consolidar nuestro deseo que fatalmente fue un espejismo. Tal vez nuestra idea se basaba en el protagonismo real que tuvo el movimiento invertebrado de Comisiones Obreras, que hegemonizaba (empleo este concepto de manera consciente) la acción sociopolítica contra la Dictadura. Pero en realidad lo hacíamos subestimando la potente influencia de la socialdemocracia europea, concretamente la alemana. En resumidas cuentas, aquí no era posible un Pacto de Roma sindical como parecía desprenderse indirectamente del documento que íbamos a discutir en el convento de los Oblatos cuando la detención de Marcelino Camacho y sus compañeros. Otro aspecto de no menor interés fue el atinente a la huelga general política como elemento central de la huelga nacional. Tampoco se hizo, aunque es necesario recordar que, salvo Italia, en el tardo-franquismo se desarrolló el movimiento huelguístico más potente de toda Europa. Me aventuro a proponer una explicación de por qué no pudo ser. 

 El comunismo español, que había roto definitivamente con el movimiento guerrillero, propuso como eje de ruptura con el franquismo dos grandes ejes: la reconciliación nacional y la huelga general política, también como elementos para crear un amplio abanico unitario de fuerzas políticas. Vale la pena recordar que una de las variables de la lucha pacífica para derrocar el franquismo era la acertada posición del aprovechamiento de los medios legales (y su combinación con los extralegales), uno de los cuales fue el entrismo en el sindicalismo vertical. Siempre se ha dicho que fue Stalin quien convenció al PCE de la necesidad de esa línea de comportamiento, pero siempre se ha querido ignorar que Joan Peiró –en plena dictadura primorriverista-- había predicado esa estrategia. De hecho la presión popular fue crucial para la complicada gestación y posterior desarrollo de estructuras unitarias en el terreno político. Ahora bien, es inobjetable que no se produjo la huelga general política ni su acompañante la huelga nacional. Mi explicación es la siguiente: el PCE necesitaba el mayor movimiento de masas para agregar nuevos sujetos políticos hacia la ruptura con el franquismo. Cuando esa unidad parecía –digo parecía— que se iba a concretar el elemento central dejó de ser (en esa estrategia) la movilización de los trabajadores. Lo preeminente era ahora, como elemento central, la unidad política. En esa tesitura estaba cantado que la huelga general política no estaba en la centralidad del PCE, de ahí su difícil posibilidad de ejecución. 

 Segundo. Hace tiempo que se dice que la transición política fue o una martingala o una traición. Lo chocante del asunto es que se enjuicia la cuestión a partir de las dificultades de hoy. Es como si la transición lo hubiera condicionado todo. Los problemas que posteriormente hemos tenido en España no son la consecuencia de la transición sino de la gestión política que se ha ido haciendo posteriormente en ese ya largo itinerario. Y esencialmente del cambio de paradigma, presidido por la innovación-reestructuración de los aparatos productivos y de servicios (de la economía toda) en el nuevo contexto de la globalización. Es cierto que no hubo ruptura en los términos que concibió el Partido Comunista de España. Pero si nos atenemos al fondo de la cuestión –precisamente la solución al dilema central que planteó el PCE, esto es, o democracia o dictadura— es claro que la balanza la inclinamos hacia la primera. Por lo demás conviene no olvidar que sí hubo ruptura neta en el terreno sindical, aunque no se diera el famoso congreso sindical constituyente que creara un sindicato unitario. 

 Tercero. Me interesa constatar que algunas de las prácticas sindicales que propusimos en aquellos tiempos de Cronos se han ido abriendo paso. Por ejemplo, la más llamativa es la infatigable búsqueda y consolidación de la independencia sindical y la definitiva ruptura de lo que se dio en llamar la correa de transmisión. Ahora, en todo caso, lo que convendría resolver es de qué manera el sindicalismo y la política de izquierdas son capaces de compartir diversamente, desde la independencia de cada sujeto, el mismo paradigma de defensa y promoción del Estado de bienestar y promoción de los bienes democráticos que han conseguido la pareja de hecho más famosa del siglo XX: el sindicalismo y el Derecho del Trabajo. La cita del día 29 debería ser un paso en esa dirección. La segunda cuestión que sigue pendiente es la construcción de un sindicato unitario.

 Si la correa de transmisión es, como creo, inexistente; si el partido lassalleano ha pasado a la historia; si CC.OO. y UGT comparten la misma afiliación en el sindicalismo global; si los retos que los trabajadores tienen pendientes siguen estando ahí… ¿tiene sentido el mantenimiento de dos organizaciones sindicales en España? Sé que esto provoca algunos sarpullidos en los grupos dirigentes de ambas familias que rutinariamente se acogen a la rancia excusa de que todavía no hay condiciones subjetivas para ello. De seguir así es de cajón que nunca habrá tales condiciones. Y nada más. Tan sólo me queda añadir un emocionado recuerdo hacia el amigo y compañero Carles Navales; todavía no me ha acostumbrado a no poder departir con él cosas tan diferentes como los problemas sindicales, las cosas de la política y nuestra mutua admiración a la Niña de la Puebla, aquella que cantó aquello de los Campanilleros por la madrugá


 * Primer borrador del texto de mi intervención en el coloquio que tendrá lugar en Ca l’ Ardiaca el próximo día 26 de marzo en compañía de Isidor Boix. En dicho acto se presentará el libro Conversaciones en Colomers. Reflexiones en torno al sindicalismo y política durante la transición política española (Germanía, 2012), coordinado por Javier Tébar.

jueves, 15 de marzo de 2012

SINDICALISMO Y POLÍTICA (Sigue el debate)




Nota. En esta entrada se da continuidad al debate entre Isidor Boix y Carlos Mejía sobre la relación entre sindicalismo y política (1). 



Estimados Isidor y Carlos:

Estoy en pensando en los contenidos de vuestra fraternal controversia acerca de lo que genéricamente podríamos llamar la relación entre el sindicalismo y la política. A mi juicio el debate que habéis abierto me parece importante y oportuno. Importante por sus contenidos, con notables contrastes en vuestras posiciones, y oportuno por muchas razones sobre las que no me entretengo. Con vuestro permiso me tomo la libertad de entrar en esa discusión que siempre me ha parecido fascinante.

Utilizáis los términos “dependencia” y, en su respuesta, Isidor habla de “interdependencia”. Mientras que digiero el contenido global de la discusión  me permito introducir algunas variables en la función central de lo que habéis dicho hasta la presente. En concreto, plantearé algunos asuntos de la autonomía sindical, entendida en esta ocasión como conjunto de reglas propias, de normas obligatorias y obligantes del sindicalismo, esto es, como auto nomós. Por una razón, en lo atinente a la independencia o interdependencia,  las normas estatutarias de la casa sindical suelen ser genéricas y tres cuartos de lo mismo se puede decir de los códigos de comportamiento, que tanto pueden servir para un cosido como para un planchado. Así pues, ¿podemos convenir que una condición –no digo suficiente, pero sí necesaria— de la personalidad del sindicato en su relación (independiente o interdependiente) con la política es su capacidad de crear unas normas que garanticen su propia personalidad.

Entro en materia: ¿necesita el sindicato entrar en una fase de mayor acumulación de democracia, esto es, ser un sujeto que frecuente con más asiduidad y claridad los hechos participativos? Comoquiera que la pregunta es retórica, es decir, la respuesta es afirmativa, voy derecho al grano.

Primero. Soy del parecer –y lo he escrito en anteriores ocasiones— que hay que fijar unas reglas (insisto: obligatorias y obligantes) que definan el vínculo entre la estructura sindical y el conjunto de trabajadores en todo el itinerario de cualquier tipo de negociaciones, ya sean convenios de cualquier ámbito o las que denominamos en nuestra jerga de concertación. Hablo de vínculo entre estructuras y los trabajadores porque en todos aquellos países donde el sindicato negocia con efectos erga omnes los afectados por la firma de lo acordado deberían pintar algo. Téngase en cuenta que tener el monopolio de la negociación por ley debe tener algún contrapeso.

Hasta ahora nos hemos acostumbrado a que los grupos dirigentes elaboren la plataforma reivindicativa –con mayor o menor acierto--  a palo seco.  Y se podría decir lo mismo del momento de la firma o de la ruptura de negociaciones. Con una salvedad chocante que parece ser un vicio muy extendido: para decir que no vale la opinión de Pedro y Pablo (dos personajes imaginarios en este caso, pero reales en la vida misma), mientras que para responder afirmativamente hay quien exige un baño democrático. Tres cuartos de lo mismo ocurre cuando hay que convocar el conflicto: para llamar a la huelga nos basta con la decisión tomada por Antonio y Agustín (dos personajes también imaginarios en estos casos), para desconvocarle se exige también otro baño democrático. ¿Por qué introduzco en vuestra discusión estos temas? Por la sencilla razón de que el conflicto no es algo contingente a las necesidades de la política; el conflicto se hace en función de lo que el sindicato interpreta con su propia cabeza y en interés de los trabajadores. También porque el carácter híbrido de la negociación colectiva (que expresa parcialmente la alternatividad del sujeto social) tampoco es algo contingente a las necesidades de la política. 

Segundo. Siempre me batí porque existieran normas acerca de las incompatibilidades entre el cargo sindical y el cargo político. Esto es, que una misma persona no pudiera ostentar simultáneamente puestos de dirección sindical y dirección política en el partido al que se pertenece. Me fueron las cosas fáciles en Catalunya, aunque no tanto (porque tardó lo suyo) en el conjunto de España. Al final se consiguió yo creo que por agotamiento y, todo hay que decirlo, sin mucho entusiasmo. En honor a la verdad esto de las incompatibilidades está ahora asumido de manera natural. La pregunta es: ¿no es esto también un elemento que simboliza (o que puede simbolizar) la independencia del sindicato?

Acabo (provisionalmente): la ausencia de normas para determinados aspectos repercute en un poder discrecional de los grupos dirigentes en todas sus expresiones, y en cierta medida despotencia el interés colectivo en la necesaria democracia participativa del sindicato. Así las cosas, la tendencia del cuius regio eius religio (los súbditos deben tener la religión del príncipe) no puede consolidarse más sino que, al contrario, debe ser enviada al círculo infernal dantesco que corresponda.

Como diría nuestro Anselmo Lorenzo, Vuestro en la Idea, JLLB




Isidor Boix http://lopezbulla.blogspot.com/2012/03/sindicato-y-la-politica-sigue-la.html

miércoles, 14 de marzo de 2012

SINDICATO Y POLÍTICA: SIGUE LA POLÉMICA BOIX - MEJÍA

En torno a la relación autorreforma sindical y dependencia de la política, Carlos Mejía respondió a un artículo de Isidor Boix. La respuesta de Carlos la publicamos en este mismo blog en SOBRE LA AUTOREFORMA SINDICAL, LA DEPENDENCIA POLÍTICA. Ahora Isidor replica a Carlos Mejía. 


Isidor Boix 




 En su blog el compañero Carlos Mejía, dirigente de la CGTP peruana, responde (http://www.sindicalistas.net/2012/03/sobre-la-autoreforma-sindical-la.html) a mi artículo (http://iboix.blogspot.com/2012/02/la-autoreforma-en-el-sindicalismo.html) sobre la autoreforma que se ha planteado el sindicalismo latinoamericano y que, como método y objetivo, seguramente sería una buena propuesta para el sindicalismo global. 

Responde Carlos particularmente a mi afirmación de que considero como principal problema del sindicalismo latinoamericano su “dependencia de la política”, entendiendo que tal dependencia se manifiesta de forma distinta en los diversos países y en una doble dirección: del sindicalismo respecto de la política y de ésta respecto de aquel. Entiendo que más allá de si existe o no “dependencia” y el concepto de la misma, puede ser de interés profundizar en la evidente, inevitable, y no necesariamente negativa, relación entre ambos, para luego corregir, superar, sus posibles, y quizás inevitables, consecuencias negativas. Por ello voy a plantearlo en términos de “interdependencia” para ayudarnos a discutir sobre esta relación y para, al mismo tiempo, superar las “dependencias” en uno u otro sentido. 

 Señala Carlos diversas situaciones que entiende avalan su desacuerdo con mi tesis sobre la negativa dependencia. Coincido con prácticamente todas sus observaciones aunque en mi opinión apuntan más bien a carencias que deberíamos superar, sin resolver sus causas. Por ejemplo su dura crítica a la ORIT, que esencialmente comparto, tiene el principal defecto en mi opinión de formularla de forma unilateral, en la medida que es en buena parte expresión de la “guerra fría” y debería por ello ir acompañada de una consideración similar al sectarismo contrario, también evidente, aunque es ciertamente éste el que recibió brutales agresiones de las dictaduras latinoamericanas apoyadas por la CIA, en ocasiones con la complicidad de la ORIT. Pero ser víctima no garantiza tener razón, lo que deberíamos recordar en las demasiadas veces que se plantea esta cuestión. Por suerte hoy la Confederación Sindical de las Américas, la CSA, con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional, la CSI, está jugando un importante papel para superar esta negativa historia y avanzar hacia la unidad del sindicalismo americano a partir de su decidida voluntad de hacer algo esencial: sindicalismo de clase, es decir del colectivo de la clase trabajadora. Con una apostilla: el concepto de “clase”, que considero característica esencial del sindicalismo, tiene en si mismo un carácter claramente corporativo al expresar la existencia de un colectivo social con lógicamente intereses colectivos como tal y cuya definición y reivindicación desde el propio sindicalismo constituye uno de sus rasgos esenciales, más allá de los intentos de definirlos desde otros colectivos autoerigidos en vanguardia del mismo. 

 Pero no es mi objetivo, y estoy convencido que tampoco el de Carlos, pasar cuentas a la historia, sino partir de ésta para intentar entenderla, no olvidando sus posibles lecciones, para avanzar en el objetivo de construir el sindicalismo global que necesitamos. 

 Para ello considero como cuestión esencial en la relación entre sindicalismo y política, entre sindicato y partido, profundizar en las características de estas dos formas de organización y acción colectiva. Porque la naturaleza del sindicato como “organización de intereses” de un colectivo, la clase trabajadora, le diferencia profundamente del partido como colectivo organizado en torno a un proyecto ideológico, a unas propuestas “políticas” que tienen como objetivo alcanzar el apoyo mayoritario de la sociedad, de una sociedad interclasista, aunque en su planteamiento se parta de los supuestos intereses de una parte de ésta, de la clase trabajadora por parte de los partidos que se reclaman de la misma. 

 La relación partido-sindicato, sindicato-partido, podría ser conceptualmente distinta según se pretenda la construcción democrática o revolucionaria del futuro . Y es ahí también donde debe integrarse la reflexión sobre la necesaria “acción política” del sindicalismo. Una acción que en mi opinión debe partir de los intereses concretos del colectivo de la clase en cada momento y no de la estrategia del partido, incluso de la del partido que puede haber jugado o esté jugando un papel determinante en el impulso de la actividad sindical. En una vieja, aunque quizás aún de interés, discusión nuestra en los años 70, sobre el “eurocomunismo” diferenciábamos entre “partido dirigente” y “partido dominante”, con el concepto de “dirección” (por parte de los que apostábamos por la ruptura con el estalinismo) como aportación de ideas, de propuestas, de estímulo de la discusión, y a la vez mediante el impulso de la más amplia democracia de masas, sin prácticas conspirativas internas. 

 Es desde esta perspectiva que quiero recuperar otra faceta de este debate: considero que el sindicalismo no debe plantearse la transformación de la sociedad desde un proyecto de futuro, desde la utopía, sino que debe contribuir, contribuye, a su efectiva transformación a partir del planteamiento, y la acción, de defensa de los intereses y reivindicaciones en cada momento de un colectivo tan importante en nuestras sociedades como es la clase trabajadora, el colectivo de los asalariados. 

 Y hablando de sindicalismo global, me permito recuperar una de mis referencias, como es la necesidad de considerar cuál es el colectivo, y cuales sus intereses, en los diversos ámbitos en que deberíamos considerar la clase trabajadora con los colectivos de la misma que en cada uno se constituyen. Porque no es lo mismo el ámbito nacional que el regional-continental, o el mundial. Las evidentemente heterogéneas condiciones de trabajo, salariales y otras, generan necesariamente distintas consecuencias. Serán distintos los intereses inmediatos que derivan de su distinta ubicación en las cadenas de producción de las multinacionales. Pero precisamente por estas diferencias es necesario saber encontrar, establecer, los intereses comunes en los diversos ámbitos para, en torno a ellos, concretar las reivindicaciones comunes, integradoras, movilizadoras, en cada ámbito. Porque son éstas las que posibilitan una movilización unitaria y solidaria en dicho ámbito. 

 No es éste aún un tema resuelto, aunque en Europa hemos empezado a comprobar las consecuencias de su indefinición. Hemos desarrollado bastantes “jornadas de acción europeas”, pero han sido más bien jornadas de acciones nacionales coordinadas, coincidentes en una fecha, con escasa conciencia de movilización unitaria europea, pues para ella, y para que sea eficaz, son necesarios interlocutores europeos, interlocutores empresariales e institucionales con los que negociar acuerdos en el ámbito en el que se plantean los objetivos, objetivos europeos. La historia sindical nos enseña que las movilizaciones conscientes en un determinado ámbito acaban por contribuir a la creación de interlocutores en dicho ámbito. Por ello precisamente conviene subrayar que por importantes que hayan sido las “euromanifestaciones”, no pueden ser, como han sido hasta ahora, la más elevada expresión de la movilización sindical europea. No se ha asumido aún de forma clara en el sindicalismo europeo la necesidad de avanzar hacia nuevas y más claras formas de acción sindical europea aunque la crisis está demostrando que en la política económica de cada país lo determinante es la política económica europea que decide la “troika”. El reciente artículo conjunto de los Secretarios Generales de los sindicatos españoles, franceses, italianos, belgas y alemán algo avanza en este sentido. 

 Volviendo a las consideraciones de Carlos Mejía, no estoy muy seguro de que las experiencias que nos cita de relación entre sindicato y partido sean tan positivas. Argentina (CGT y peronismo), Méjico (CTM y PRI) o Brasil (CUT y PT), apuntan ciertamente a experiencias de un interés indudable, y muy distintas entre sí, en torno a las cuales me gustaría conocer las reflexiones de sus propios protagonistas y su incidencia en las condiciones de vida de los trabajadores de cada país y en posibles procesos de transformación social y de profundización democrática. Reconozco sin embargo que, en su diversidad, tales experiencias me suscitan ciertas dudas. No comparto en cambio su consideración de que en Europa el problema radique en la “distancia entre el sindicato y los partidos de izquierda” como una causa de la supuesta realidad de que “los trabajadores en Europa votan a la derecha”. Interesantes a tal efecto serían las experiencias de los procesos de autonomía sindical respecto de los partidos de referencia, y el examen de las tensiones que han comportado o comportan, como sería el de CCOO respecto de las organizaciones comunistas, o el de la UGT respecto del PSOE, así como en Francia, Alemania o Gran Bretaña. Éste sería ciertamente otro debate de interés, aunque no tan alejado del latinoamericano sobre la autoreforma. 

 Una observación en relación con las lógicas tensiones entre sindicato y partidos, aún cuando éstos se consideren “hermanos” y tengan incluso raíces comunes en su historia. En una sociedad democrática me parece inevitable, y además lógico y saludable, que cuando llega al gobierno el partido al que de una u otra forma apoya el sindicato, se produzcan tensiones entre ambos. Y ello debe ser así entre otras razones, o como razón esencial, porque el gobierno debe atender a intereses comunes que resultan de la síntesis de los de los diversos colectivos que integran la sociedad (de una sociedad, como todas las que la historia de la humanidad conoce hasta ahora, interclasista), mientras que el sindicato debe defender los intereses de la clase trabajadora, que, aunque mayoritaria, no puede pretender monopolizar el gobierno del país. 

 Algo de esto hemos vivido en España con los gobiernos del PSOE, experiencias similares se han visto en Europa (Gran Bretaña, Alemania, Italia, …) y estoy convencido que algo en este sentido han vivido, y están viviendo, en Latinoamérica las relaciones sindicato-partido en los países democráticos en los que partidos de izquierdas han llegado al poder. Una cuestión que subraya la necesaria, aunque no fácil, autonomía mutua de partido y sindicato, de sindicalismo y política de gobierno. Me atrevería a afirmar que los gobiernos de izquierdas necesitan la tensión con los sindicatos para avanzar en sus propuestas de progreso y para que, desde la recíproca autonomía, ambos puedan desempeñar a fondo sus cometidos. Conviene por todo ello seguir con interés el desarrollo del debate latinoamericano sobre su autoreforma, así como las iniciativas sindicales que de él resulten, porque se trata no sólo de la construcción del sindicalismo en esta importante región mundial, sino, sobre todo, porque supone una parte esencial en la construcción del sindicalismo global. Y, también, porque podría constituir una positiva referencia para el revulsivo que necesita sin duda el sindicalismo europeo y que podríamos también reivindicar como nuestra “autoreforma”. Termino estas notas agradeciendo de nuevo al amigo y compañero Carlos Mejía mantener abierta la puerta del diálogo, de la polémica, sin miedos y sin anatemas, porque se trata de un tema en el que todos estamos interesados y para el que todos hemos de reconocer que no tenemos, porque probablemente no exista, la fórmula que nos resuelva las dudas. Y, desde las dudas, hagamos el esfuerzo de profundizar en los temas que de ellas derivan. En todo caso creo que hemos avanzado ya en algo, y es en el planteamiento del problema, lo que no deja de ser una imprescindible condición para resolverlo.

 Radio Parapanda. Esta respuesta se puede encontrar en el blog http://iboix.blogspot.com

viernes, 9 de marzo de 2012

EL SINDICATO EN LA SITUACIÓN ACTUAL




Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.


Pocas dudas quedan ya --después del desconcierto inicial-- sobre los motivos últimos del R Decreto-Ley 3/2012. Y, obviamente, no se trata del empleo: la ineficacia de esa norma a dichos efectos la comprende hasta un impúber. La ocupación, en realidad, se ha usado como la gran excusa para acabar de imponer un sistema de relaciones laborales que desarbola -¿definitivamente?- el modelo surgido en la configuración del Estado del Bienestar y consagrado en las Constituciones europeas.

Se trata, claramente, de favorecer en forma descarada la capacidad de decisión unilateral del empresario en el contrato de trabajo, en detrimento de la negociación colectiva y del poder del sindicato (disposición del contenido del convenio a través de un arbitraje forzoso –de dudosa constitucionalidad-, nuevo régimen de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, menor capacidad de los jueces de control de los despidos, desaparición de la autorización administrativa en los ERES, etc.). Y, se trata, además, de proseguir en la tendencia hacia la redistribución negativa de rentas (menores costes de despido, desaparición de la ultractividad, posibilidad de convenios de empresa no controlados por los ámbitos sectoriales, nueva regulación de los contratos de aprendizaje, etc) En definitiva, lo que se pretende es disminuir sensiblemente las exigencias constitucionales de igualdad sustantiva -–y de los agentes sociales y los instrumentos jurídicos necesarios para ello--, que aparecieron en las constituciones modernas por el temor al “peligro rojo” en la postguerra. Por tanto, el fin último de la nueva norma es nítidamente ideológico –el neoliberalismo- y nada tiene que ver con el empleo.

No deja de ser significativo, en ese sentido, que cuando estalló la crisis –y va para cuatro años- todo el mundo comprendió que su origen se hallaba, precisamente, en esas políticas neoliberales de desigualdad. Se alzaron entonces algunas voces reclamando la “refundación del capitalismo” y mayores regulaciones. ¡Qué poco duraron esas reflexiones!. Los poderosos siguieron exigiendo más que nunca que les devolvieran el trozo del pastel (junto con los intereses correspondientes) que habían tenido que soltar en su día por el peligro revolucionario. “Cautivo y desarmado el ejército rojo”, ningún sentido tenía ya para ellos seguir pagando prestaciones sociales para los menos favorecidos y seguir manteniendo el pacto welfariano de distribución de rentas, de poderes y de participación casi codecisoria en la fijación de las condiciones de trabajo. La nueva regulación laboral obedece nítidamente a esta tendencia.

Por eso he calificado al RDL 3/2012 en otro artículo coetáneo a estas líneas como un “golpe de estado constitucional”. Ya sé, como me indica José Luís López Bulla, que eso suena como un oxímoron. Pero cabrá recordar que con esa expresión política se intenta definir el punch legal de determinados sectores que muta sensiblemente los valores y el ordenamiento social, sin cambiar aparentemente el marco constitucional.

De esta forma, tras la reforma laboral, el papel central de la negociación colectiva y su eficacia vinculante decae (art. 37.1 CE). El juego de fuerzas en la empresa se ve muy sensiblemente alterado a favor de los poderosos –lo que parece ir en contra del mandato constitucional de avance hacia la igualdad efectiva del art. 9.2 CE-. Y, lo que es más significativo, el papel privilegiado del sindicato (artículo 7 CE) en la configuración del modelo social se atenúa, si no, desaparece. No ha hecho falta modificar la Carta Magna (al menos, de momento), pero es obvio que el panorama que aparece ahora dista mucho del mapa en su día diseñado por aquélla y votado por los ciudadanos y aplicado por jueces y tribunales hasta la fecha. Y, como dije en una entrada anterior de este blog, EFECTIVAMENTE, UNA AGRESIÓN ESTA REFORMA LABORAL, lo peor es que de aquí a poco tiempo querrán más – ya están reclamando una Ley de Huelga, mientras día sí, día también se desprestigia pública y alevemente al sindicato-. De nuevo se impondrá el chantaje al ciudadano: “la reforma del 2012 no ha sido útil para crear empleo”, nos dirán: “hay que seguir aún más por ese camino”. No será la última, ha dicho el presidente de la CEOE.

En esa tesitura me parece que un evidente efecto de la nueva regulación –junto con la tendencia de recortes sociales, otra cara de la misma moneda- va a ser en plazo relativamente breve un notorio impacto sobre la paz social. Cabrá recordar que, a diferencia de las convulsas dos medias centurias de fines del siglo XIX y principios del XX, el pacto social welfariano comportó una  (relativa) “Pax augusta” en la exteriorización del conflicto social, que, lógicamente, se basaba en una más justa redistribución de rentas y de poderes. El retorno de propietarismo y la implantación del neodarwinismo social neoliberales van a tener efectos aún más devastadores en la igualdad y ello generará un obvio incremento del conflicto.

Y ése es un escenario previsible tras el RDL 3/2012. Así, por ejemplo, se afirma sin recato en su Exposición de Motivos (Exposición de Motivos que es el discurso político neoliberal más obsceno jamás publicado en el BOE… algunos dicen que porque esa es la parte que leerán los “mercados”) que se suprime la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo porque por esa vía se conseguían por los trabajadores indemnizaciones  “por encima de la legalmente prevista para este despido“. A lo que cabe añadir que en una parte muy significativa las amortizaciones por la actual crisis se han efectuado hasta ahora a través del denominado “despido exprés”, es decir, sin salarios de tramitación pero con la indemnización máxima, que ahora desaparece, mientras se suprimen salarios de tramitación y se reduce significativamente la indemnización por despido.

Pues bien, me parece razonable llegar a la conclusión que hasta ahora la relativa paz en la tramitación de un expediente de regulación de empleo y en los procesos de reestructuración de empresas en general se obtenía a cambio de mayores indemnizaciones. La famosa frase: “vale, yo me voy pero con el máximo de pasta”. Ahora eso no será así. Item más: desaparece la presión de la Administración a fin de que la empresa opte por medidas no tan traumáticas como las extinciones de contratos (reducciones de jornada, suspensiones contractuales, modificaciones contractuales o traslados), lo que presumiblemente comportará más despidos. El modelo “pasta por paz social” parece haber pasado a la historia, si se tienen en cuenta tanto la referida desaparición de la intervención administrativa, como el menor coste del despido y las amplias competencias decisorias de los empleadores. Es, por tanto, altamente previsible que los despidos colectivos vayan ahora acompañados de fuertes conflictos.

A conclusiones similares cabrá llegar en relación a otros aspectos, como la capacidad del empleador de descolgarse de prácticamente todas las condiciones contractuales del convenio, la mayor facilidad para suscribir convenios de empresa, el incremento de la posibilidad de modificar  condiciones establecidas en acuerdos y pactos de empresa, etc. La indignación y el malestar de las personas asalariadas se va a incrementar.

Ese aumento de la conflictividad va a significar un presumible colapso de la jurisdicción social, con el agravante de que hace apenas unos meses el ámbito de competencias de la misma se ha visto notablemente incrementado tras la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que en paralelo se haya incrementado el número de magistrados de dicho orden jurisdiccional. Si hasta ahora –aún y con la crisis- la rapidez solutoria de los conflictos sociales era realmente razonable en España, parece lógico colegir que un futuro inmediato el número de asuntos se va a incrementar exponencialmente, lo que causará inevitables demoras y dilaciones –que no harán otra cosa que enturbiar más la situación conflictiva-. Y, aunque ese escenario tiene obvias consecuencias económicas y de productividad –amén de afectación al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva- ello no parece afectar en demasía a los teóricos economicistas neoliberales, más preocupados, como siempre, en el coste de los salarios.

Sin embargo, lo que realmente me azora en ese negro futuro no ése aspecto jurisdiccional, aunque me afecte directamente. Lo que me preocupa es la posición del sindicato en ese nuevo y previsible paradigma. En efecto, cabrá recordar que el sindicato era, en el modelo welfariano, también un agente de paz social. El modelo del sindicalismo-conflicto (por su alternatividad en el poder de la empresa) pasó hace años a la historia, al ser sustituido por el sindicato como agente de negociación y participación en la empresa y del sindicato como agente de concertación frente al Gobierno. La cultura del sindicalismo en los últimos sesenta años --un poco menos aquí, por la anomalía del franquismo-- ha sido la de la intermediación entre los poderes públicos y empresariales y los trabajadores. Ciertamente, representaba a éstos y se constituía en su voz, pero, a la vez, el sindicato era también un dique ante el conflicto latente de la situación de dependencia y un freno al movimientismo desestructurado. El sindicato, por tanto, mediaba en el conflicto social, a fin de obtener ganancias –-o soluciones menos malas, en función de doña Correlación de Fuerzas-- para sus representados. Por tanto, su fin último, su lógica, su cultura, era la de la negociación, de tal forma que el conflicto no era más que un instrumento para dichos fines. Una forma de presión para mantener el estatus quo de fuerzas imperante.

Sin embargo, ese elemento de contención del conflicto tenía una clara contrapartida: el sindicato era un sujeto constitucional altamente legitimado, con una fuerza significativa, con capacidades legales de canalización del conflicto. Así, en la empresa, como en las mesas de negociación de convenios y de concertación con los poderes públicos. Y sobre ese papel, sin duda relevante y eje central de los modelos constitucionales post-Weimar, se ha construido buena parte de la cultura del sindicato en los últimos decenios (es decir, su forma de pensar, su estructura, sus valores y sus cuadros dirigentes)

Aunque yo era muy joven aún recuerdo el cambio –y las divergencias- que supuso en su día el pase del sindicato-conflicto forjado en las Comisiones Obreras del franquismo al sindicato-negociación del modelo constitucional. Sin embargo, en esa tesitura la novación cultural fue relativamente simple, por un obvio motivo: las conquistas obtenidas por los trabajadores en general. Aunque existieran sectores que quedaran fuera de esa tendencia positiva, resultó evidente que los asalariados, como colectivo, fueron los grandes beneficiados del nuevo modelo de fuerzas que el originario diseño constitucional comportó. Y aunque ciertamente existieron movimientos al margen del sindicato, su importancia en términos temporales- –más allá de alguna situación puntual o algún sector- ha sido irrelevante. El interés colectivo prevaleció sobre el de las minorías. Y era lógico que así fuese.

Sin embargo, esta cultura compositiva se sustentaba, como he dicho, en el “quid pro quo” de las competencias que el Estado reconocía al sindicato, especialmente a los llamados “más representativos”. Pero es aquí donde incide el RDL 3/2012: en la medida en que “degrada” el papel del sindicato en la empresa frente al empleador, le encorseta su capacidad de control de las condiciones contractuales y de la igualdad en el colectivo asalariado a través de la negociación colectiva y le niega su capacidad de concertación frente al poder público (el propio RDL se pasa por el forro el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva y el Empleo y es publicado en el BOE sin la más mínima consulta previa a los agentes sociales, todo ello acompañado de una fuerte presión mediática de deslegitimación de las organizaciones de trabajadores)

Por tanto, mucho me temo que buena parte de la lógica cultural del sindicato-negociador se puede ver gravemente alterada en forma inmediata. El descontento de muchos asalariados por la pérdida de derechos y tutelas generará conflicto. Y su organización, el sindicato, ya no tiene las capacidades legales y de composición anteriores.

Haría bien el sindicato en no olvidar que el conflicto es previo a la propia organización. Así lo demuestra la historia. El conflicto social –-la lucha de clases-- se deriva de la situación de dependencia y de ajenidad en el trabajo de los asalariados. Y el sindicato no es nada más que el instrumento de articulación colectiva de los intereses de éstos en el conflicto. No es el protagonista principal del conflicto, sino su mero gestor.

Cada vez hay más luces rojas encendidas, que ponen en evidencia la aparición de agentes, aún poco definidos, de canalización del malestar social ante el nuevo paradigma neoliberal. Agentes que ven al sindicato como una pieza más del sistema. Y no les falta razón: el sindicato era una pieza del sistema, porque en dicha condición salían beneficiados los trabajadores. Pero lo era con su alteridad propositiva, con sus valores propios y con unos objetivos específicos, como la defensa de sus representados. No deja de ser sintomático que, ante ese fenómeno emergente, el sindicato no ha respondido con comprensión, razonamiento y diálogo, sino –aunque no siempre- con la cierta altivez, del que va sobrado.

En esa tesitura me parece imprescindible y urgente el cambio de chip en el sindicato. No digo que se tenga que volver a la lógica del sindicato-conflicto; sin embargo, habrá que reconocer que la cultura hasta ahora imperante del sindicato-negociador se ha visto fuertemente socavada. Que las reglas del juego han cambiado bruscamente y que las armas de las que antes disponía el son ahora menos y menos eficientes.
Ello debe comportar -–aunque me meta en camisa de once varas: acepto que es una intromisión ilegítima por mi parte-- un profundo debate sobre cómo resituar la cultura de la organización en la nueva situación, su estructura y sus instrumentos de intervención en el conflicto. Y, especialmente, los mecanismos de participación y de representación.

Y, por otra parte, quizás ha llegado el momento de plantearse los ejes centrales de los valores alternativos que el sindicato representa. Porque éste ya no puede seguir invocando el principio “pacta punt servanda” respecto al acuerdo social welfariano. Guste o no, ese pacto ya no está en vigor, porque su contraparte ya no lo cumple. Y quizás sería bueno imitar a los neoliberales, es decir, volver a los orígenes. Empezar a revindicar los valores del trabajo frente al propietarismo. Empezar a discutir el poder en la empresa más allá de simples mecanismos de participación “light”, “responsabilidades sociales” y demás zarandajas. Empezar a diseñar un nuevo modelo de articulación entre la empresa –qué produce y cómo produce- y la sociedad y sus necesidades. Y empezar a pensar en nuevas formas de internacionalismo moderno. Sí, las “plumas” que el sindicalismo se dejó abandonadas en el pacto welfariano. Y dónde digo sindicato puede leer ustedes, si gustan, también Izquierda.



LAS NOVEDADES DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 M

Pekín (Mayo de 1982) con Serafín Aliaga, Juan Pérez y un oculto por la cámara: Juan Ignacio Marín


Parece obvio que estamos en puertas de la huelga general más importante que se haya dado en nuestro país. Intentaré explicar por qué, en mi opinión, esto es así, y nada tiene que ver con la recurrencia de que cada convocatoria (me refiero a las anteriores) era la más alta ocasión que vimos los sindicalistas.

Es de cajón que las anteriores convocatorias se encaminaban a la defensa de aspectos muy importantes, aunque parciales. Que fueran de esta índole (parciales) no le quita grosor a la cosa. En estos momentos lo que está en juego son dos cosas de gran calado: 1) la condición asalariada tal como la hemos conocido hasta ahora, y 2) los instrumentos --reconocidos como bienes democráticos-- de la arquitectura del sujeto social que ve cómo se agreden sus paredes maestras. Esta es, tengo para mí, la discontinuidad de la situación actual y, por ende, lo radicalmente nuevo de esta huelga general del 29 de marzo.

La patronal lo ha dicho con claridad: esta reforma no será la última. Así pues, es de cajón que estamos frente a una ofensiva en toda la regla. Que de manera indisimulada se expresa por parte del presidente del Banco Central Europeo: hay que acabar con el modelo social europeo. Esto es, hay que hacer astillas derechos y la condición de vida del mundo del trabajo. La intención es la ruptura definitiva de los antiguos equilibrios (siempre asimétricos, todo hay que decirlo) que relacionaban el sistema capitalista con la democracia liberal mandando al limbo a los sujetos organizados consecuentemente democráticos: a los sindicatos, a la socialdemocracia y a las formaciones políticas que están a su izquierda.  Por su puesto, también al conjunto de movimientos sociales de signo progresista.

Es en ese cuadro donde se explica lo que ha dicho el presidente de Mercadona: “Tenemos que trabajar como los chinos” y no precisamente lo que, en otros tiempos, era más común, esto es, “trabajar como los alemanes”. Trabajar como los chinos no es una metáfora: es hacerlo sin derechos ni instrumentos; trabajar como los alemanes es hacerlo con garantías democráticas.  Así pues, todo indica que el sistema-empresa no está dispuesto a que el sindicalismo juegue su papel, quiere reducirlo –si es que no tiene más remedio--  a un sujeto técnico, a algo parecido a una gestoría para solventar los problemas del papeleo.

En todo caso –¡oído, cocina!— esta operación contra el sindicalismo es el resultado de un fracaso. Digámoslo lentamente: es el resultado del fracaso de no haber podido convertirle en una comparsa que acompañara la gestión empresarial de manera acrítica; el resultado del fracaso de no haberle podido destruir con la creación de los sindicatos de empresa. 

Apostilla. Cada día, de cara al 29, recordemos aquello de “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”.

Delenda est Carthago.