Confieso
que no lo sabía: en España hay unas doscientas cincuenta mil personas (250.000)
con prerrogativas judiciales. De ellas 17.600 son aforados políticos. Saco la
información de La Vanguardia de hoy.
Se trata de una gigantesca cofradía que está protegida por una serie de
artificios jurídicos. Aquí, por lo que se ve, está aforado hasta el apuntador.
O sea, hay más protegidos que muertos en las novelas de don Marcial Lafuente Estefanía. En concreto, decenas y
decenas de miles de altos funcionarios, dirigentes de organismos del Estado y, por supuesto, una considerable parte de la
llamada clase política.
Se
trata de una cantidad que no tiene parangón con la de los países de nuestro
entorno, cuyos aforados se pueden contar con los dedos de la mano. Es, además
de irracional, absurda. Tales extremos me llevan a la siguiente conclusión: se
trata de un corporativismo de la noblesse
d´etat, que pone en tela de juicio que los demás seamos aproximadamente
iguales ante la ley. Más todavía, dicha figura –el aforamiento-- se ha convertido en (casi) una impunidad. El
gallinero patrio pretende, así las cosas, proteger a sus aves de corral.
Pedro Sánchez ha propuesto un considerable baldeo de
los aforados. Sólo los referidos a la política. Queremos confiar en que no
habrá un paso atrás, aunque la medida requiere una reforma puntual de la
Constitución. De momento, a Casado le ha dado un ataque de alferecía. Lo que, ciertamente,
representa la anomalía de dicho partido con relación a los de su parentesco
europeo. Todo parece indicar que, en esa cuestión, estarán en solitario en el
Parlamento. La limpieza del palo del gallinero no se compadece con los
postulados del Partido
Popular. Aborrecen el zotal.
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