Relaciones entre el “centro” y la “periferia” de los partidos

Primer tranco

Dos casos parecen emblemáticos en la complicada relación entre el centro y la periferia de los partidos políticos, como se ha puesto de manifiesto más recientemente con el caso de los pactos electorales. De un lado, los socialistas valencianos han trabajado conjuntamente con Compromís y Podemos con la idea de enhebrar un acuerdo que se tradujera en una lista única para el Senado; desde la dirección federal del PSOE se puso el grito en el cielo, y tajantemente dijeron que ni hablar del peluquín. De otro lado, el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida –que comportaría la inclusión en la lista de Almería del ex general-jefe del Estado Mayor don Julio Rodríguez como cabeza de cartel--  ha sido contestado furiosamente por la organización provincial del partido de Alberto Garzón.

En efecto, no podemos sacar las cosas de madre ya que son dos casos aislados que no conviene sobredimensionar. Sin embargo, partiendo de ello, parece necesario insinuar algunas consideraciones de lo que, amablemente, podríamos titular como una parte de la convivencia en el interior de los partidos y coaliciones.

¿Hasta qué punto hay un exceso de poder en los grupos dirigentes centrales? ¿Hay un determinado grado de cantonalización en las organizaciones territoriales que se confronta con ese hipotético poder central? Si no existe ni lo uno ni lo otro, ponemos punto final y a otra cosa, mariposa. Ahora bien, si tales interrogantes tienen algún fundamento, necesitamos proseguir en estas cuestiones.

Segundo tranco

Partimos de las siguientes premisas: los estados mayores centrales tienden siempre a extralimitarse en sus funciones, siguiendo aquella (antigua) máxima romana de «quien puede lo más, puede lo menos»; las periferias, por su parte, no sólo se resisten a la extralimitación de lo que les viene encima, sino incluso, en no pocas ocasiones, se confrontan contra el ejercicio amparado estatutariamente y, por tanto, legítimo de sus órganos superiores; así como cada centro tiene su periferia, toda periferia es centro de otras periferias, repitiéndose en estos casos las mismas o parecidas tensiones. Se trata de unas tensiones más frecuentes que nunca y tienen que ver, en gran medida, con la pérdida de calcio del partido, cualquiera que sea, y su tendencia, cada vez más acelerada, a ser cuerpos líquidos, en el sentido que Zygmunt Bauman le da a lo ´líquido´. O sea, en la medida que el sujeto, político o social que sea, va perdiendo su carácter mineral, las tendencias a la extralimitación de sus estructuras superiores hacia abajo (sístole) provocan la reacción contraria hacia arriba (diástole). Me atrevo a proponer esta hipótesis:  este comportamiento ya no tiene vuelta atrás, y es ya de poco sentido llamarle conflicto. Una aproximación a resolver estas situaciones, que hasta la presente solían llamarse conflictos, está en nuevas reglas de participación normada, obligatorias y obligantes.

Nuevas normas que, especialmente, delimiten las atribuciones y poderes de cada estructura, sea central o periférica, donde ya no vale la vieja ley de los romanos («quien puede lo más, puede lo menos»), que es una fuente de, ahora sí, conflictos. Lo que, a su vez, exigiría su correspondiente manera de cómo elaborar esas reglas. Y, entre ellas, el establecimiento de quórums razonables para que una consulta sea considerada válida. Nota bene: los quórums deben fijar porcentajes de participación, según la importancia de los temas a decidir, y los quórums para validar los resultados de esa participación. Por ejemplo, no es admisible, en buena lid, que la abstención –máxime cuando se llama a la militancia a pronunciarse--  sea superior al cincuenta o sesenta por ciento  y dicha consulta sea considerada válida. Una consulta que está viciada por un alto nivel de abstención, que supera en mucho la mitad del censo, es auto invalida en sí misma.

Tercer tranco

Ya se ha dicho la antipatía que nos produce esa práctica política del «quien puede lo más, puede lo menos». Mientras se mantenga, explícita o implícitamente, los partidos políticos serán un problema para sí mismos. Y, por extensión, para la vida política general. Porque se acaba configurando un sistema cesarista o bonapartista que socaba los cimientos del edificio democrático.