Enrique Fossoul*
El Partido Popular se presentó a las
elecciones con un programa electoral plagado de “rayas rojas”, la mayoría
referidas a los servicios públicos tradicionales que, pronto empezaron a “pisotear”
más que superar, apoyándose en la justificación de la crisis económica y del
volumen de la deuda pública, “ambas herencia del PSOE”, cita favorita de
dirigentes peperos y tertulianos derechistas, o del tan manido “nos lo demanda la Troika ” para evitar el
rescate.
Pero la realidad es muy distinta. El
PP, en lo que se refiere a lo público, en general, se está limitando a cumplir
lo que denominaremos su “programa oculto”, dictado por los empresarios que, por
cierto, son los únicos que están obteniendo beneficios directos e indirectos de
la fuerte crisis que nos viene golpeando desde 2008 y, más intensamente, desde
el giro antisocial del gobierno Zapatero en mayo de 2010, animado por la
orientación neoliberal de los ministerios económicos, en especial el de Elena
Salgado.
Si observamos los constantes
pronunciamientos públicos de la
CEOE , tanto del anterior Presidente, hoy vecino de Bárcenas
en Soto del Real, como del actual, así como del autodenominado Consejo
Empresarial para la
Competitividad , lobby económico-financiero cuya tarea central
es visitar La Moncloa
para “acompañar” a los dos últimos presidentes del gobierno en sus decisiones
económicas, podemos entender lo bien que el actual gobierno del PP sirve a los
intereses privados en su estrategia de convertir lo público en un negocio muy
rentable para el sector privado, reduciendo la inversión pública, transfiriendo
mayores ayudas a este sector o, lisa y llanamente, privatizando sectores
básicos como la sanidad, la enseñanza, la ayuda a la dependencia, etc. o
atacando el sistema público de pensiones.
Más en concreto es interesante, al
respecto, leer con detenimiento el denominado “Un programa de ajuste y
crecimiento para la próxima legislatura”, publicado el 10 de noviembre de 2011
(diez días antes de las elecciones legislativas y en plena campaña electoral)
por el Círculo de Empresarios, en el que apuesta por “un plan de choque
integral y creíble de política económica” basado en tres ejes: la consolidación
fiscal, la reforma laboral y la normalización del crédito.
En el marco de la consolidación fiscal,
como un mantra, incluyen “una reconversión de la estructura de la Administración ” en
la que destacan una reducción del número de ayuntamientos, fusionando y
suprimiendo departamentos administrativos; o, el cierre de empresas públicas y
entes públicos.
El PP, abrió un proceso de “reflexión y
consenso”, que al fin y a la postre careció de ambos, con la creación de la Comisión de Reforma de
las Administraciones Públicas (CORA), presidida por la Vicepresidenta del
Gobierno, cuya función era la de informar el conjunto de reformas a abordar en
las administraciones públicas y que, en síntesis, están suponiendo el repliegue
de los servicios y bienes prestados desde la esfera pública, sostenido en el
convencimiento ideológico de que las administraciones pueden ser una nueva
fuente de beneficios para la gestión privada.
El final del trayecto va dejarnos unas
administraciones públicas más débiles, con mucho menor volumen de empleo
público y, en consecuencia, con menor capacidad de cubrir los servicios que
demanda la ciudadanía.
Un efecto que se va a notar en el
conjunto de lo público, pero que va a repercutir con mayor intensidad en las
administraciones locales, es decir en los ayuntamientos a los que, por medio de
la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ,
se les reduce su margen de actuación y se les condiciona su gestión en base a
criterios económicos insuficientemente contrastados.
En este sentido hay que recordar que
los ayuntamientos, en gran medida y durante muchos años, eran las únicas
administraciones que la ciudadanía las sentía como próximas, no solo porque en
las elecciones municipales es en las que se valora más a los candidatos y las
candidatas, en cuanto a su gestión concreta, que a los partidos o candidaturas
en las que se presentaban, sino también porque los servicios públicos que éstos
prestan cubrían sus demandas y necesidades.
Y un segundo instrumento debería haber
sido la reforma de las haciendas locales que asegurara la suficiencia
financiera de éstas.
Esta doble ausencia ha provocado dos
efectos indeseables: el primero la invasión o solapamiento de competencias que
se han venido definiendo de forma incorrecta como “funciones impropias”; el
segundo que los ayuntamientos en su financiación se han tenido que supeditar en
exceso a los ciclos económicos y especialmente en el ciclo expansivo, ya
agotado, vinculado a la “burbuja inmobiliaria” se han centrado y potenciado
excesivamente las actividades vinculadas a la gestión y ordenación del suelo,
asistiendo a verdaderas aberraciones urbanísticas de sobra conocidas.
Esta situación le ha servido al PP de
coartada para abordar una reforma, a todas luces injusta y discriminatoria, que
en el fondo supone una contrarreforma de la Ley de Bases que hasta ahora regulaba las
administraciones locales. Una reforma que, consideramos anticonstitucional
porque pone en cuestión injustificadamente la autonomía local definida
constitucionalmente y no considera, en ningún momento las variables de
proximidad, de participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como
enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios
establecidos en la Carta
Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado español
el 20 de enero de 1988.
En resumen, la Ley ser justifica sobre premisas
falsas, sobre cifras manipuladas y solo se entiende en un marco ideológico y
político que trata de desmontar, en la actual legislatura y “con excesivas
prisas”, el conjunto de la estructura del Estado construida precariamente en la Constitución de 1978.
Los primeros pasos, en esa línea, se
dieron con la modificación constitucional del artículo 135 de la Constitución sobre
“techo de gasto”, pactada por el PSOE y el PP al dictado de la Troika , cuestionando la
autonomía financiera de las administraciones públicas, impidiendo su
endeudamiento para cubrir sus necesidades de gestión y las demandas de
servicios públicos de la ciudadanía, e impidiendo que muchas de ellas puedan
cumplir con sus funciones y competencias.
La posición de la FSC al respecto siempre ha
sido proclive a abordar la “pendiente” reforma de las administraciones
públicas, basada en criterios de eficacia y eficiencia, incluyendo la tan
anunciada modernización, pero sobre bases reales y datos contrastados.
A este respecto hemos venido denunciando
la paralización excesiva del proceso de construcción del Estado de las
autonomías, con una Administración General del Estado que, en muchas de sus
funciones y servicios, aún funciona como Administración Central, con algunas
Comunidades Autónomas que reproducen el esquema centralista de la Administración Central
respecto a sus Ayuntamientos, especialmente los más pequeños y periféricos, y
con unos ayuntamientos aún pendientes de que se complete el mandato
constitucional que les permita cubrir adecuadamente sus funciones.
Por ello hemos emitido informe negativo
en torno al Proyecto elaborado por la
CORA y nos hemos opuesto a la Ley de “reforma” de las administraciones locales.
Tras un largo e intenso trabajo con los
grupos parlamentarios hemos conseguido unificar la postura de rechazo de la
mayoría de grupos parlamentarios, alcanzando el compromiso de que la ley sea
modificada con otra mayoría parlamentaria y hemos apoyado la iniciativa de la Confederación Estatal
de Asociaciones de Vecinos, apoyada posteriormente por la Cumbre Social , de
rodear los Ayuntamientos para manifestar públicamente nuestra oposición a esta
contrarreforma.
Al mismo tiempo hemos iniciado una
campaña en defensa de lo público, bajo el lema “Es tuyo, es público, ¡sálvalo!”
entendiendo que los servicios públicos, que son parte esencial del modelo
social europeo, son fruto de la presión social, y su mayor desarrollo se ha
demostrado eficaz a la hora de paliar los efectos de la crisis y por ello
creemos necesario llamar a la conciencia de la ciudadanía para responder con
contundencia a los recortes del Gobierno en el sector público.
Defender los servicios públicos y el
acceso a los mismos en condiciones de igualdad a todos ellos es la piedra angular
del Estado del Bienestar. En este sentido rechazamos que la crisis económica y
las evidentes dificultades derivadas para el gasto público sean utilizadas para
reducir la capacidad de prestación de servicios públicos. Por el contrario,
creemos necesario reconstruir la estructura fiscal del Estado, en sentido
amplio, para atender y reforzar los servicios públicos.
Para la FSC es imprescindible, por último, la existencia
de un número suficiente de empleados y empleadas públicas, al contrario de lo
que defiende la derecha, la CEOE
y el Círculo de Empresarios. Empleo público bien formado y con unas condiciones
de trabajo que garanticen la calidad y la eficiencia de los servicios que
prestan a toda la ciudadanía porque son un factor fundamental para la cohesión
social y territorial y la igualdad de oportunidades-
Asimismo, es imprescindible garantizar
el papel de los poderes públicos y su intervención en la economía, en la
sociedad y en la prestación de los servicios básicos independientemente de los
costes derivados de las diferencias geográficas y socioeconómicas, apostando
por reforzar los controles sobre las decisiones y la gestión de los poderes
públicos y garantizando la presencia de unos servicios públicos universales,
equitativos, con criterios de calidad y eficiencia en su gestión y
financiación.
En momentos
de crisis lo público no puede desaparecer o retroceder, sino que debe
convertirse en motor del necesario relanzamiento de la actividad económica que
nos permita la recuperación económica y salir de la crisis por una puerta más
digna que la que nos indican los conservadores.
* Enrique Fossoul es secretario
general de FSC – CC.OO.
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