La movilización a ras de tierra

Estaba cantado que el acto de ayer en Madrid desbordara ampliamente el aforo del salón de actos Marcelino Camacho de Madrid en comprometida defensa del derecho de huelga y de solidaridad con los 8 de Airbus, según las pautas que explicita el manifiesto LA HUELGA NO ES UN DELITO. Como no podía ser de otra manera, dicho acto estaba apoyado por los diversos sindicatos europeos y la propia CES.

 

Este acontecimiento es una primera respuesta a dos elementos que se entrecruzan: el intento de demolición de una serie de derechos, poderes y controles del sindicalismo confederal y de la criminalización del ejercicio de los mismos. Sabemos el objetivo de esta operación: reducir al sindicato  a una especie de sujeto técnico que acompañe acríticamente los gigantescos cambios que se están dando desde el ecocentro de trabajo y en toda la economía. Que liquide la capacidad de alternativa y de proyecto del movimiento organizado de los trabajadores, volviendo al tiempo de la «servidumbre voluntaria, a la subalternidad forzada.   

 

El acto de Madrid era, pues, pertinente y necesario. Pertinente por la gravedad del inminente juicio contra los 8 de Airbus y centenares de sindicalistas acusados y condenados por ejercer el derecho de huelga; necesario porque está recordando a los partidos políticos que la cuestión social no debe ser una quisicosa en estos momentos de configuración de la nueva legislatura parlamentaria. Porque cuando se acosa el derecho de huelga hasta esos extremos se está provocando una democracia mellada. Con todo, el acto de Madrid merece unas reflexiones de acompañamiento.

 

El sindicalismo no debe contentarse con el acto celebrado en Madrid. Lo digo porque he tenido siempre la impresión de que los grandes acontecimientos  que se celebran en Madrid tienen a “representar” –y en buena medida lo son—al conjunto de las organizaciones confederadas. Pero dicho acontecimiento, por importante que sea, no contabiliza el estado de ánimo  de estas organizaciones confederadas. Por lo que la participación de los trabajadores del resto del país no tiene su necesaria visibilidad ni el conjunto de la organización sindical es plenamente protagonista. De ahí la mayor descentralización de cualquier tipo de acciones.

 

Quiero decir concretamente lo siguiente: la acción colectiva por la reconquista de los derechos, poderes y controles que han sido laminados –y ahora la solidaridad con los 8 de Airbus— debería extenderse a todos los lugares de España. O, lo que es lo mismo: que en cada ámbito territorial se haga algo similar al importante acto madrileño.

 

Sería una presión popular solidaria y, a la vez, podría ser entendida como una exigencia al nuevo cuadro político de derogación de la legislación que ha provocado la erosión de esos derechos, poderes y controles sindicales y sociales, reforzando la propuesta de las diversas fuerzas políticas que prometieron durante la campaña electoral el envío de la reforma laboral (y otras) a la papelera.