Bruno Estrada*
La modernización de un país significa la capacidad de
afrontar conjuntamente, por parte de la gran mayoría de la sociedad, los
diferentes retos que va encontrando a lo largo de su historia. Por eso la
modernización de una sociedad está profundamente vinculada a la profundización
de la democracia, a la existencia de instituciones, normas y costumbres que
canalicen adecuadamente las demandas de los diferentes grupos sociales, de
todos, no solo de lo que tienen un mayor poder económico.
En el ámbito laboral unas relaciones
laborales modernas son las que permiten que las empresas y los trabajadores afronten
los nuevos retos tecnológicos, productivos, de internacionalización desde la regulación política del conflicto capital/trabajo,
lo que facilita, aunque no garantiza, el consenso social, en la medida
que son tenidos en cuenta los intereses de todos.
Desde la Revolución Industrial hasta bien avanzado el
siglo XIX las relaciones laborales se caracterizaron por estar basadas en el
poder unilateral de los propietarios de los medios de producción. Progresivamente,
según fue avanzando el siglo XIX y sobre todo durante la primera mitad del
siglo XX, el conflicto desregulado fue definiendo las relaciones laborales en
el mundo capitalista desarrollado. La acumulación de fuerzas generada por los
trabajadores permitió una gradual regulación política del conflicto, no exenta
de pasos atrás. La reglamentación de las relaciones laborales, de las
condiciones de trabajo y el impulso del desarrollo del Estado del Bienestar
(salario indirecto para los trabajadores) fueron posibles porque las
organizaciones de los trabajadores impulsaron la participación política, las
elites económicas entendieron que, para mantener parte de sus privilegios,
tenían que negociar.
Tras la segunda guerra mundial en varios países capitalistas
desarrollados (Reino Unido, Austria, Alemania, y sobre todo Suecia) la
regulación política del conflicto capital/trabajo fue dando lugar a sistemas de
relaciones laborales en las que el dialogo y la cooperación entre trabajadores
y empresarios tuvieron un papel creciente. Sin que el conflicto dejase de
existir se logró canalizarlo, con indudables beneficios para el conjunto de la
sociedad en términos de incremento de la productividad, de extensión de la
demanda interna gracias a la mejora del poder adquisitivo de millones de
trabajadores y de creación de empleo con derechos.
Los cambios sucedidos desde finales de los años ochenta del
pasado siglo, desde la caída del Muro de Berlín, hasta la actualidad no deben
hacernos volver hacía un modelo de relaciones laborales decimonónico y caduco,
basado en el conflicto desregulado, cuando la principal aportación del trabajo
al proceso de industrialización era su fuerza bruta como fuente de energía,
sino a profundizar en la modernización y democratización de las relaciones
laborales que ha tenido lugar en los países más desarrollados. Hay que tener en
cuenta que el creciente peso de actividades industriales avanzadas y del sector
servicios en estos países hace que la principal aportación de los trabajadores
al proceso productivo esté cada vez más relacionada con sus capacidades
intelectuales, en relación a la innovación tecnológica, y emocionales, en
relación a la comercialización y la gestión en equipo, y que, para el pleno
desarrollo de esas capacidades, los sistemas de incentivos que fomenten una
mayor implicación en el proceso productivo sean determinantes. Como dice la Fundación Europea
para la Mejora
de las Condiciones de Vida y Trabajo: “las propias empresas reconocen que la
participación de los trabajadores es un elemento determinante en la generación
de riqueza”.
Parece bastante evidente que principal
reto al que se enfrenta en la actualidad la sociedad española, con casi seis
millones de personas en paro, es la lucha contra el desempleo. Por eso, resulta
muy interesante analizar los efectos que la modernización de las relaciones
laborales en esos países tuvo en la creación de empleo.
En 1975 los economista suecos Gosta Rehn y Rudolf Meidner, miembros de
sindicato LO, propusieron la creación de “Fondos Colectivos de Asalariados”
como una forma de enfrentarse a los tres principales problemas de la economía
sueca en ese momento: que se consumía más que se producía, que las inversiones
eran muy bajas y que había un exceso de capacidad productiva, problemas que
actualmente tienen la economía española. Influenciados por Keynes y James
Meade, entendieron que para mantener un crecimiento económico con altos niveles
de empleo y baja inflación debía tenerse muy en cuenta la interrelación entre
el bienestar social y la financiación empresarial. El sistema de regulación del
conflicto propuesto ambos economistas conformaba tres espacios:
- Una Mesa de negociación
salarial a nivel nacional que permitiera reducir las presiones inflacionistas y el desempleo, lo que implicaba
una cierta restricción salarial
por parte de los trabajadores, sobre todo de los que tenían mayor poder de negociación, a cambio de un
creciente salario indirecto cubierto mediante servicios
públicos y una mayor participación en la gestión de la empresa.
- Un Estado del Bienestar
que desarrollara ambiciosos programas públicos de educación, sanidad y vivienda, financiado con impuestos progresivos sobre el trabajo y el capital.
- Fondos Colectivos de Asalariados, para
democratizar el proceso de inversión. La moderación
salarial, sobre todo de los trabajadores con mayor cualificación, tenía como contraprestación la cesión de
acciones de las empresas a un
Fondo, mediante un impuesto sobre beneficios que las empresas pagaron emitiendo más acciones. Estos Fondos eran un inteligente mecanismo para que los “beneficios extraordinarios” que las
empresas obtuvieran de la
moderación salarial no fueran a engrosar la renta de los accionistas, que en gran parte no se
reinvierten productivamente en la empresa,
sino, como hemos visto en la
crisis financiera internacional, que entran
a formar parte del circuito financiero-especulativo. Estos Fondos, stock- options que la empresa debía obligatoriamente
repartir entre todos los trabajadores, debían ser gestionados de forma
colectiva por organismos de representación de los trabajadores.
El sindicato LO consiguió que en 1984 el gobierno de Olof Palme aprobara
una ley que si bien no tenía en cuenta todas las propuestas de Meidner si
recogía su filosofía. En el periodo en el que los Fondos de Asalariados
estuvieron vigentes, desde 1984 hasta 1990, el Ingreso Nacional Bruto per
capita de Suecia calculado por el Banco Mundial (anteriormente PIB per capita)
se multiplicó por dos, pasando de representar en 1984 el 77% del INB per capita
estadounidense al 110% en 1990. El desempleo en Suecia en 1990 alcanzó la
ridícula cifra del 1,7%.
La derrota del Partido Socialdemócrata Sueco en 1991, ocurrida tras el
asesinato del carismático líder Olof Palme, supuso el desmantelamiento de los Fondos
Colectivos de Asalariados, que habían alcanzado un volumen total de 2.000
millones de euros, un 7% del total de acciones cotizadas en la Bolsa sueca, que se
reconvirtieron en fondos de pensiones.
Junto al mencionado desarrollo del Estado del
Bienestar, la creación de Fondos
Colectivos de Asalariados, al incentivar una mayor reinversión del capital en las empresas, gracias al mayor peso de los
intereses de los trabajadores en su gestión, tuvo importantes efectos en la
creación de empleo porque: 1) redujo la dependencia
de las empresas suecas de capitales excesivamente
volátiles, cuyo único objetivo es obtener una revalorización inmediata de la
inversión a costa de los resultados productivos a medio plazo, lo que precariza
el empleo y hace más frágiles a las empresas en una coyuntura recesiva; 2) permitió una mayor estabilidad en la gestión y, por
tanto, en la financiación de proyectos tecnológicos e inversores de largo plazo
que permiten que las empresas logren cierto poder de mercado en actividades con
un proceso productivo globalizado; 3) mejoró la productividad de las
empresas, ya que esta depende en gran medida de la reinversión de los
beneficios en I+D, en la modernización de los bienes de equipo y en la
formación de los trabajadores; 4) en empresas multinacionales reforzó el efecto
sede, facilitando en ellas la concentración de la parte de su actividad, o del
proceso productivo, de mayor valor añadido.
Asimismo, en épocas de crisis
la mayor capacidad de influencia de los intereses de los trabajadores en la
empresa evita que el empleo sea la variable residual de ajuste, ya que
incentiva el desarrollo de nuevos mecanismos de flexibilidad interna para
adecuar los costes laborales a la evolución de la demanda, como son las
reducciones temporales de jornada y salarios.
En nuestro país así lo entendieron los gestores de CAF
(Construcciones Auxiliares de Ferrocarril), una empresa española con alto grado
de internacionalización y de innovación tecnológica, que cotiza con toda
normalidad en Bolsa, cuando en 1994 ofrecieron el 18% del capital a los
trabajadores, porcentaje que en 2008 se incrementó hasta el 29,5%
En términos agregados se puede observar que los países con mayor
productividad son aquellos en los cuales los derechos de participación de los
trabajadores en la gestión de las empresas capitalistas son mayores, según la
clasificación del Instituto de Estudios Laborales Avanzados de la Universidad de
Amsterdam (AIAS) en esos países, los comités de empresa tienen derechos de
co-decisión en relación con fusiones, adquisiciones, inversiones y
desinversiones.
Una mayor participación colectiva de los trabajadores en la gestión de
la empresa plantea un moderno modelo de relaciones industriales que canaliza el conflicto
capital/trabajo hacia escenarios en los que ambas partes ganan, ya que supone una mayor corresponsabilidad entre los
sindicatos y las direcciones de las empresas.
Este modelo fue reclamado públicamente por UGT en 1987 al gobierno de
Felipe González, mediante una ley que creara fondos de inversión generadores de
empleo, similares a los Fondos de Asalariados suecos, aunque finalmente dicha
ley no fue desarrollada por el gobierno del PSOE por miedo a dar un excesivo
poder a los sindicatos, y particularmente a CCOO, según han reconocido personas
implicadas en la gestión de aquel gobierno. Parece que ya ha llegado el momento
en que las fuerzas políticas y sociales progresistas de nuestro país empiecen a
plantearse la modernización de las relaciones laborales con una mayor amplitud
de miras que en el pasado.
* Bruno Estrada López
Economista. Director de Estudios de la Fundación 1º de mayo.
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