El
Tribunal Supremo ha quedado a la altura del betún como una aljofifa. El Alto
Tribunal ha sido rotundamente desautorizado
por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las cosas de palacio, también en
aquellas latitudes de Naciones Unidas, van despacio, pero al final la
festividad de san Martín también le llega a la justicia española.
Es
el desgraciadamente célebre caso Baltasar Garzón.
Que fue juzgado (y condenado a 11 años de inhabilitación) sin garantías por un
tribunal que no era competente, ni independiente, ni imparcial. Así lo
sentencia el Tribunal de la ONU. Que exige, además, borrar los antecedentes
penales de Garzón y su debida compensación económica.
El
Tribunal Supremo está en coplas. No han hecho el ridículo sino una opción
consciente, premeditada a la caza de un juez ímprobo. La democracia española
tiene un problema con estos jueces,
empeñados en que se quiten los candados del sepulcro del Cid.
Esa
sala del TS merece en más amplio y enérgico reproche social. Para estas
situaciones propongo un neopalabro: provaricación. He dicho provaricación:
aquel que dicta una sentencia sabiendo que va contra la ley y lo hace a
sabiendas y queriendas. O sea, no confundan provaricación con prevaricación. Aunque son de la misma familia.
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