lunes, 4 de noviembre de 2013

LA CONTRARREFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Enrique Fossoul*

El Partido Popular se presentó a las elecciones con un programa electoral plagado de “rayas rojas”, la mayoría referidas a los servicios públicos tradicionales que, pronto empezaron a “pisotear” más que superar, apoyándose en la justificación de la crisis económica y del volumen de la deuda pública, “ambas herencia del PSOE”, cita favorita de dirigentes peperos y tertulianos derechistas, o del tan manido “nos lo demanda la Troika” para evitar el rescate.

Pero la realidad es muy distinta. El PP, en lo que se refiere a lo público, en general, se está limitando a cumplir lo que denominaremos su “programa oculto”, dictado por los empresarios que, por cierto, son los únicos que están obteniendo beneficios directos e indirectos de la fuerte crisis que nos viene golpeando desde 2008 y, más intensamente, desde el giro antisocial del gobierno Zapatero en mayo de 2010, animado por la orientación neoliberal de los ministerios económicos, en especial el de Elena Salgado.

Si observamos los constantes pronunciamientos públicos de la CEOE, tanto del anterior Presidente, hoy vecino de Bárcenas en Soto del Real, como del actual, así como del autodenominado Consejo Empresarial para la Competitividad, lobby económico-financiero cuya tarea central es visitar La Moncloa para “acompañar” a los dos últimos presidentes del gobierno en sus decisiones económicas, podemos entender lo bien que el actual gobierno del PP sirve a los intereses privados en su estrategia de convertir lo público en un negocio muy rentable para el sector privado, reduciendo la inversión pública, transfiriendo mayores ayudas a este sector o, lisa y llanamente, privatizando sectores básicos como la sanidad, la enseñanza, la ayuda a la dependencia, etc. o atacando el sistema público de pensiones.

Más en concreto es interesante, al respecto, leer con detenimiento el denominado “Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura”, publicado el 10 de noviembre de 2011 (diez días antes de las elecciones legislativas y en plena campaña electoral) por el Círculo de Empresarios, en el que apuesta por “un plan de choque integral y creíble de política económica” basado en tres ejes: la consolidación fiscal, la reforma laboral y la normalización del crédito.

En el marco de la consolidación fiscal, como un mantra, incluyen “una reconversión de la estructura de la Administración” en la que destacan una reducción del número de ayuntamientos, fusionando y suprimiendo departamentos administrativos; o, el cierre de empresas públicas y entes públicos.

El PP, abrió un proceso de “reflexión y consenso”, que al fin y a la postre careció de ambos, con la creación de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presidida por la Vicepresidenta del Gobierno, cuya función era la de informar el conjunto de reformas a abordar en las administraciones públicas y que, en síntesis, están suponiendo el repliegue de los servicios y bienes prestados desde la esfera pública, sostenido en el convencimiento ideológico de que las administraciones pueden ser una nueva fuente de beneficios para la gestión privada.

El final del trayecto va dejarnos unas administraciones públicas más débiles, con mucho menor volumen de empleo público y, en consecuencia, con menor capacidad de cubrir los servicios que demanda la ciudadanía.

Un efecto que se va a notar en el conjunto de lo público, pero que va a repercutir con mayor intensidad en las administraciones locales, es decir en los ayuntamientos a los que, por medio de la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se les reduce su margen de actuación y se les condiciona su gestión en base a criterios económicos insuficientemente contrastados.

En este sentido hay que recordar que los ayuntamientos, en gran medida y durante muchos años, eran las únicas administraciones que la ciudadanía las sentía como próximas, no solo porque en las elecciones municipales es en las que se valora más a los candidatos y las candidatas, en cuanto a su gestión concreta, que a los partidos o candidaturas en las que se presentaban, sino también porque los servicios públicos que éstos prestan cubrían sus demandas y necesidades.

La Constitución recoge explícitamente que “El Estado se organiza territorialmente en municipios…”, añadiendo que “Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. El consenso constitucional debía haberse completado con una doble legislación, para reforzar o hacer real esa autonomía, la determinación de competencias y funciones de las administraciones locales, en relación con las correspondientes al Estado y a las Comunidades autónomas, que debía haberse concretado en un proceso de segunda descentralización, una vez completado, aunque de forma imperfecta como estamos viendo en estos últimos meses, el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas.

Y un segundo instrumento debería haber sido la reforma de las haciendas locales que asegurara la suficiencia financiera de éstas.

Esta doble ausencia ha provocado dos efectos indeseables: el primero la invasión o solapamiento de competencias que se han venido definiendo de forma incorrecta como “funciones impropias”; el segundo que los ayuntamientos en su financiación se han tenido que supeditar en exceso a los ciclos económicos y especialmente en el ciclo expansivo, ya agotado, vinculado a la “burbuja inmobiliaria” se han centrado y potenciado excesivamente las actividades vinculadas a la gestión y ordenación del suelo, asistiendo a verdaderas aberraciones urbanísticas de sobra conocidas.

Esta situación le ha servido al PP de coartada para abordar una reforma, a todas luces injusta y discriminatoria, que en el fondo supone una contrarreforma de la Ley de Bases que hasta ahora regulaba las administraciones locales. Una reforma que, consideramos anticonstitucional porque pone en cuestión injustificadamente la autonomía local definida constitucionalmente y no considera, en ningún momento las variables de proximidad, de participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado español el 20 de enero de 1988.

En resumen, la Ley ser justifica sobre premisas falsas, sobre cifras manipuladas y solo se entiende en un marco ideológico y político que trata de desmontar, en la actual legislatura y “con excesivas prisas”, el conjunto de la estructura del Estado construida precariamente en la Constitución de 1978.

Los primeros pasos, en esa línea, se dieron con la modificación constitucional del artículo 135 de la Constitución sobre “techo de gasto”, pactada por el PSOE y el PP al dictado de la Troika, cuestionando la autonomía financiera de las administraciones públicas, impidiendo su endeudamiento para cubrir sus necesidades de gestión y las demandas de servicios públicos de la ciudadanía, e impidiendo que muchas de ellas puedan cumplir con sus funciones y competencias.

La posición de la FSC al respecto siempre ha sido proclive a abordar la “pendiente” reforma de las administraciones públicas, basada en criterios de eficacia y eficiencia, incluyendo la tan anunciada modernización, pero sobre bases reales y datos contrastados.

A este respecto hemos venido denunciando la paralización excesiva del proceso de construcción del Estado de las autonomías, con una Administración General del Estado que, en muchas de sus funciones y servicios, aún funciona como Administración Central, con algunas Comunidades Autónomas que reproducen el esquema centralista de la Administración Central respecto a sus Ayuntamientos, especialmente los más pequeños y periféricos, y con unos ayuntamientos aún pendientes de que se complete el mandato constitucional que les permita cubrir adecuadamente sus funciones.

Por ello hemos emitido informe negativo en torno al Proyecto elaborado por la CORA y nos hemos opuesto a la Ley de “reforma” de las administraciones locales.
Tras un largo e intenso trabajo con los grupos parlamentarios hemos conseguido unificar la postura de rechazo de la mayoría de grupos parlamentarios, alcanzando el compromiso de que la ley sea modificada con otra mayoría parlamentaria y hemos apoyado la iniciativa de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, apoyada posteriormente por la Cumbre Social, de rodear los Ayuntamientos para manifestar públicamente nuestra oposición a esta contrarreforma.

Al mismo tiempo hemos iniciado una campaña en defensa de lo público, bajo el lema “Es tuyo, es público, ¡sálvalo!” entendiendo que los servicios públicos, que son parte esencial del modelo social europeo, son fruto de la presión social, y su mayor desarrollo se ha demostrado eficaz a la hora de paliar los efectos de la crisis y por ello creemos necesario llamar a la conciencia de la ciudadanía para responder con contundencia a los recortes del Gobierno en el sector público.

La FSC considera que mantener el Estado del bienestar y la protección social, especialmente en momentos de crisis, requiere también la conciencia de su necesidad y la movilización de la sociedad, para lo cual es necesario visibilizar esos servicios públicos que deben prestar las administraciones públicas, para evitar que se conviertan en parte del negocio privado y sean defendidos por una ciudadanía con derechos que se niega a ser meros clientes o usuarios de la iniciativa privada y en total ausencia de cualquier control democrático de lo público.

Defender los servicios públicos y el acceso a los mismos en condiciones de igualdad a todos ellos es la piedra angular del Estado del Bienestar. En este sentido rechazamos que la crisis económica y las evidentes dificultades derivadas para el gasto público sean utilizadas para reducir la capacidad de prestación de servicios públicos. Por el contrario, creemos necesario reconstruir la estructura fiscal del Estado, en sentido amplio, para atender y reforzar los servicios públicos.

Para la FSC es imprescindible, por último, la existencia de un número suficiente de empleados y empleadas públicas, al contrario de lo que defiende la derecha, la CEOE y el Círculo de Empresarios. Empleo público bien formado y con unas condiciones de trabajo que garanticen la calidad y la eficiencia de los servicios que prestan a toda la ciudadanía porque son un factor fundamental para la cohesión social y territorial y la igualdad de oportunidades-

Asimismo, es imprescindible garantizar el papel de los poderes públicos y su intervención en la economía, en la sociedad y en la prestación de los servicios básicos independientemente de los costes derivados de las diferencias geográficas y socioeconómicas, apostando por reforzar los controles sobre las decisiones y la gestión de los poderes públicos y garantizando la presencia de unos servicios públicos universales, equitativos, con criterios de calidad y eficiencia en su gestión y financiación.

En momentos de crisis lo público no puede desaparecer o retroceder, sino que debe convertirse en motor del necesario relanzamiento de la actividad económica que nos permita la recuperación económica y salir de la crisis por una puerta más digna que la que nos indican los conservadores.



* Enrique Fossoul es secretario general  de FSC – CC.OO. 

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