El Ministerio de Trabajo cumple 100 años

Los cien años del Ministerio de Trabajo y la evolución del Estado social en España

José Babiano Mora
Javier Tébar Hurtado,

El pasado viernes 8 de mayo, se firmaba un acuerdo entre sindicatos y patronal en España, auspiciado por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para la prolongación, hasta finales del próximo mes de junio, de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), una medida de extraordinario calado social y político en medio de la pandemia y la crisis sanitaria que vivimos hoy. Este nuevo paso en la recomposición del Diálogo Social se producía el mismo día en que se cumplían 100 años de la creación del Ministerio de Trabajo. Algo que ha pasado desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación. En efecto, el Ministerio de Trabajo se puso en marcha el 8 de mayo de 1920 y, desde el punto de vista político, representó un paso fundamental  en la asunción del trabajo como parte del núcleo de las políticas públicas propias del Estado en España.
       

 Los procesos de industrialización que arrancan en torno a 1750, la subsiguiente formación de la clase obrera a lo largo del ochocientos, los conflictos sociales recurrentes y el despliegue de las organizaciones propias de la clase obrera (asociacionismo sindical, mutualismo, cooperativas y partidos políticos) constituyeron un desafío al nuevo orden liberal burgués durante la consolidación del nuevo capitalismo industrial. Las llamadas “clases peligrosas” fueron percibidas por las clases dominantes como un problema al que hacer frente desde el punto de vista político. El llamado “problema social” marcó el último tercio del siglo XIX y propició una revisión sobre el fenómeno de la pobreza por parte del pensamiento económico del liberalismo doctrinal dominante. La idea inicial de responsabilizar a los individuos de su condición material apelando a su condición moral, dio paso a una visión que asumió una necesaria corrección de las condiciones económicas y sociales propias de la pobreza que afectaba al mundo del trabajo a partir de algún tipo de intervención del Estado liberal.
       

El maquinismo industrial, exponiendo a riesgos físicos al ejército de obreros necesarios para su funcionamiento y la transformación jurídica que representó el contrato de trabajo, como alquiler de servicios y como algo negociable y separado de la persona, se reveló, según Alain Supiot, “mortífera para las nuevas clases trabajadoras, hasta el punto de poner en peligro la reproducción de la población obrera de los países industrializados” (Supiot, 2014). Añádase a ello la condición media de la vivienda obrera. De manera que la noción liberal del trabajo como mercancía –digamos con Polany, “mercancía fictícia”, puesto que el trabajo tiene la peculiaridad de que al acabar la jornada se marcha a su casa a descansar- llevó a los poderes públicos a considerar que la pobreza de los asalariados debería remediarla la caridad, pero en ningún caso el Estado. Lo que si debería remediar el Estado era el orden público, manteniendo a raya a las “clases peligrosas”.
       

Sin embargo esta idea de la “cuestión social” se mostró insostenible por la razón apuntada por Supiot. Una pléyade de higienistas y reformadores sociales comenzaron en las décadas finales del XIX a sugerir un giro en el tratamiento de esta cuestión, de modo que, tal como señala el propio Supiot, se “hiciera económica y políticamente sostenible la explotación del trabajo como una mercancía” (Supiot, 2014).
       

Así las cosas, desde los estados se impulsaron diferentes políticas para hacer frente a la “cuestión social”, que no era otra cosa que un eufemismo para referirse al “problema obrero”. En el caso de la Alemania “Guillermina”, el paternalismo definió el impulso dado por el canciller Otto von Bismarck a políticas de previsión y seguros sociales con el fin de cimentar la unidad de Alemania y ante la presión de un potente y organizado movimiento obrero socialista (partido y sindicato). En el caso británico, la relectura del “nuevo liberalismo” incorporó una visión social del funcionamiento del mundo industrial, concebido más como sistema que como resultado de decisiones individuales, tal como planteó entre otros, destacadamente, el economista liberal William Beveridge en la primera década del siglo XX. En el caso de la Tercera República francesa, Léon Bourgeois combatió el pauperismo obrero a través de una versión del liberalismo social, el denominado “solidarismo” y la creación de incipientes estructuras de servicios públicos a través del entramado mutualista.

Por otro lado, la Iglesia católica contribuyó también a esta reorientación hacia el intervencionismo estatal en la “cuestión social” a través de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, base de la llamada doctrina social de la iglesia, extendida a través del mundo asociativo católico como una acción social reformadora y enfrentada al movimiento obrero, que ejerció su influencia entre las élites conservadoras remisas a los cambios.
       

Esta panoplia de iniciativas influyó en el conjunto de países europeos, configurando una primera etapa en la institucionalización del mundo del trabajo y de los sistemas de protección social que caracterizaron al Estado-providencia.
       

En el caso de España, los orígenes de las políticas de la llamada “cuestión social” se produjeron en la época de la Restauración (1874-1931). Durante ese periodo la configuración del sistema de turno marcó la vida política del país, con el establecimiento de un bipartidismo que daba la alternancia en el gobierno al Partido Conservador de Cánovas del Castillo y al Partido Liberal de Sagasta.
       

Desde el Instituto Libre de Enseñanza, influenciado por la peculiar filosofía del krausismo alemán, se impulsaron los primeros estudios y en 1881 Gumersindo de Azcárate, uno de sus más destacados miembros, elaboró el “Resumen de un debate sobre la cuestión social”. En 1883 conservadores y liberales crearon la Comisión de Reformas Sociales como organismo encargado del estudio de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, con la finalidad de proponer reformas del Estado liberal español sobre este asunto. No obstante, desde las propias filas del conservadurismo se mostró una fuerte resistencia ante este tipo de reformas, contribuyendo de esta forma a retrasar la aprobación de las primeras normas legales (seguros de accidentes de trabajo, regulación y limitación del trabajo de mujeres y niños), que fueron aprobadas en 1900. El trabajo de aquella Comisión daría origen en 1903 a la creación del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) y también del Instituto de Reformas Sociales (IRS). En el IRS se halla el origen de la Inspección de Trabajo, creada en marzo de 1906 con el cometido de velar por el cumplimiento de las normativas laborales (Espuny, 2006).
       

En el cambio de siglo todos los países occidentales adoptaron un nuevo régimen de responsabilidad ante los accidentes laborales. No obstante, la sacudida que representó el inicio de la Primera Guerra Mundial interrumpió esta línea de evolución. Durante la propia guerra y en particular durante la etapa de posguerra se abrió un ciclo huelguístico que afectó al conjunto de países europeos, con ritmo e intensidad dispar pero creciente. En virtud del Tratado de Versalles, firmado el 11 de abril de 1919 se impulsó la creación de la Sociedad de Naciones en junio, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tomando como base la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores fundada en Basilea en 1901. La OIT, constituida en Washington entre octubre y noviembre de 1919 se concibió como un organismo tripartito especializado en los asuntos del mundo del trabajo y las relaciones laborales, al objeto de  establecer convenios y recomendaciones de carácter internacional.
       

Por otro lado, la creación en noviembre de 1918 de la República de Weimar representó un punto de inflexión, en la medida en que implicó una  ruptura con el paternalismo bismarckiano. De esta forma se establecían las bases del derecho del trabajo moderno. La relación entre el iuslaboralismo y el sindicalismo tuvo aquí su enlace formal (Romagnoli, 1997). El fracaso de Weimar como signo de una época marcada por el ascenso del fascismo, pero también como matriz de las bases conceptuales de un Estado garante de la democracia social que todavía no vio la luz.
       

En España el final la Primera Guerra Mundial, a pesar de la neutralidad española en la contienda, dio lugar a un trienio de intensa conflictividad laboral (1917-1920) y a un clima de violencia política y enfrentamientos entre patronal y sindicatos durante la etapa del llamado “pistolerismo” que se prolongó hasta 1923. En febrero de 1919 se inició la huelga de la Canadiense (por su nombre Barcelona Traction, Light and Power Company), dirigida por la CNT y que dio lugar a una huelga general de 40 días. El 3 de abril, en plena huelga, el gobierno del conde de Romanones aprobó el Real Decreto que limitaba la jornada laboral a ocho horas la jornada máxima de trabajo.

Esta normativa laboral marcó un hito, aunque su aplicación no fue efectiva ni inmediata. Así mismo, como hemos dicho anteriormente, un paso más en la regulación de las relaciones de trabajo fue la creación del Ministerio de Trabajo el 8 de mayo de 1920. No obstante, durante estos años se produjo el languidecimiento en la actividad del Instituto de Reformas Sociales que, después del golpe de estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923 y del proyecto de estado corporativo impulsado por el dictador, liquidaron el IRS en 1925 y sellaron el final de esta primera etapa de política pública sobre la cuestión social.
       

La Segunda República significó un salto cualitativo de la legislación social y laboral. Hasta tal punto que suele admitirse que es a partir de la obra legislativa republicana cuando puede hablarse de Derecho del Trabajo en España, debido a la cantidad y calidad de dicha obra. Esta legislación tuvo lugar durante el llamado primer bienio, entre 1931 y 1933, siendo ministro de trabajo el dirigente sindical Francisco Largo Caballero. De todas maneras la legislación laboral del primer bienio se encontró con una fortísima resistencia patronal organizada. También recibió la crítica de la CNT debido a que la central anarcosindicalista creía que la legislación del primer bienio adolecía de un sesgo favorable al sindicato socialista.
       

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió el Estado garante de la democracia social. Pergeñado durante la República de Weimar (Baylos, 2014), quedó recogido en la constitución alemana de 1949, en la que se
define como un estado social y democrático de derecho. Pero si las raíces doctrinales del Derecho del Trabajo se sitúan en Alemania, la creación de un sistema universal de Seguridad Social y un Servicio Nacional de Salud como segundo pilar del Estado social moderno, fue concebido en el Reino Unido. A su vez, la construcción jurídica e institucional de una teoría de los servicios públicos corresponderían a la tradición de la Francia republicana,  donde se concreta la tercera pata del Estado social. Su pleno desarrollo tuvo lugar a partir de 1945, con la llamada Declaración de Filadelfia de 1944, cuando el 10 de mayo se proclamó la primera Declaración Internacional con vocación de universalidad, complementándose al mismo tiempo los acuerdos de los que había nacido la OIT en la primavera de 1919 (Supiot, 2011).
       

Mientras se construía el Estado social identificado con el Estado del Bienestar de posguerra en buena parte de las sociedades europeas, en España la dictadura franquista retomó aspectos del corporativismo de
tipo social primorriverista, incorporando elementos del modelo propio de sus aliados nazi-fascistas. Con el primer Gobierno franquista, constituido el 30 de enero de 1938, el Ministerio de Trabajo pasó a denominarse Ministerio de Organización y Acción Sindical, bajo los preceptos del recién aprobado Fuero del Trabajo, inspirado en la Carta del Lavoro mussoliniana. El trabajo pasó a concebirse de modo coercitivo, eliminando las libertades y derechos colectivos; es decir, los derechos de libre sindicación, negociación colectiva y huelga. Y ello muy a pesar de que la huelga llegó a estar reconocida normativamente, pero su ejercicio resultó imposible debido a las trabas administrativas interpuestas.
       

En la esfera de las relaciones laborales el Estado franquista fue siempre enormemente intervencionista, actuando con una lógica disciplinaria. Para ello se dotó de un aparato especializado y de una legislación igualmente especial. En 1938 ya había instituido un tribunal especializado, la Magistratura de Trabajo, que sustituyó a los Jurados Mixtos republicanos y que estuvo destinada tanto a aliviar las tensiones laborales por la vía individual, como a proporcionar un mecanismo disciplinario a las empresas. Acabada la guerra -y aún antes, en los territorios ocupados-, el Gobierno se erigió en la única autoridad a la hora de regular las relaciones laborales y de dictar las condiciones de trabajo, mediante las Reglamentaciones de Trabajo de índole sectorial, así como los salarios. Con el segundo gobierno formado por Franco en agosto de 1939, de nuevo el Ministerio pasó a denominarse de Agricultura y Trabajo, y finalmente recuperó su nombre inicial con el cambio de gobierno de mayo de 1941, con el nombramiento del falangista José Antonio Girón de Velasco como su titular. Además, la dictadura había puesto en marcha otra institución laboral. Así, a partir de 1940 creó la Organización Sindical Española (OSE), un organismo subordinado al Gobierno en el que de manera obligatoria quedaron afiliados tanto los trabajadores como los empresarios y cuyo propósito no era otro que el control de la mano de obra. En la cúspide de ese aparato especializado se situó siempre el Ministerio de Trabajo, de donde no sólo dimanaba la normativa sobre condiciones de trabajo y salarios, sino que a partir de 1958, tras la Ley de
Convenios Colectivos Sindicales, controlaba y tutelaba una negociación colectiva sui generis en el seno de la OSE  (Babiano, 1998). El régimen franquista no concibió los convenios como resultado de una transacción entre las partes, cuya existencia no reconocía, sino más bien como un acto administrativo que generaba normas (Baylos, 2017). Además, el Gobierno siempre se reservó la posibilidad de intervenir en esta peculiar negociación colectiva, mediante decretos de congelación salarial o de supresión de los convenios, además de dictar Normas de Obligado Cumplimiento para el caso de que las partes no llegasen a un acuerdo.

Fue a partir de la transición de la dictadura a la democracia en España cuando se produjeron cambios que establecieron una cesura en el modelo de relaciones laborales. El Real-Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, así como la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre la regulación del Derecho de Asociación Sindical (Pérez Amorós, 2009), regularon los derechos de huelga y sindicación, si bien con claras limitaciones por lo que se refiere a los empleados públicos.  Asimismo, se produjo en mayo la ratificación por parte del Gobierno de España de los convenios 98 y 87 de la OIT (libertad sindical, derecho de sindicación y negociación colectiva). Sin embargo, la extinción de la afiliación sindical obligatoria se decretaría con posterioridad, el 2 de junio, y fue todavía más tarde, con un Real Decreto de 6 de diciembre, cuando se declaró la extinción de las estructuras del Sindicato Vertical (Beneyto, 2000: 44).
       

Tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, la Constitución de 1978 en su artículo 1 dejó definida España como un “Estado democrático y social de Derecho”. De igual modo y también en el Titulo Preliminar, quedó  “constitucionalizado” el sindicato en el articulo 7 y al mismo nivel que los partidos políticos (articulo 6) como piezas fundamentales del orden constitucional. Igualmente, los derechos de sindicación, huelga (artículo 28) y negociación colectiva (artículo 37), fueron recogidos en el Título I dedicado a los Derechos Fundamentales. De manera que el sindicato adquiere la forma del centauro, tomando prestada la metáfora formulada por el jurista Romagnoli: por un lado, la “representatividad” de orden general para negociar desde convenios colectivos a determinados acuerdos sobre cuestiones sociales y, por otro lado, su combinación con la “representación” que le da su arraigo entre el conjunto asalariado (Romagnoli, 2015).
       

De todas maneras, la codificación de los derechos individuales y colectivos del trabajo, así como el asentamiento de los sindicatos en el ordenamiento jurídico democrático resultaron más tardíos que en el caso de los derechos civiles y políticos, por cuanto los primeros tardaron en normativizarse (Pérez Rey, 2016; Babiano & Tébar, 2016). Y no sólo eso, sino que, aunque aprobada la Constitución, hasta la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980, el Gobierno intervino en la negociación colectiva, razón por la cual fue denunciado ante la OIT.  Luego, la Ley de Libertad Sindical se aprobó en 1985 y al año siguiente la Ley de Cesión del Patrimonio Sindical Acumulado. En 1991 se promulgó la Ley de Creación del Consejo Económico y Social, un órgano consultivo de participación de los agentes sociales, previsto en el texto constitucional.
       

En 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó el Ministerio de Trabajo, ascendiendo a esa categoría lo que era antes una Dirección General. De ese modo el nuevo departamento pasó a denominarse Ministerio de Empleo. Fue una manera de degradar institucionalmente el trabajo, como objeto de regulación y tutela, en consonancia con el orden neoliberal. Significó asimismo eliminar la dimensión colectiva que el sustantivo “trabajo” confiere a las relaciones laborales. Esta deriva gubernamental fue corregida en el Gobierno surgido de la moción de censura de 2018.

Dejémonos de alegrías ante la crisis

Vamos a dejarnos de pollas, ni siquiera las que están en vinagre (1). El presidente de la Junta de Andalucía, el minimalista Moreno Bonilla, acusa a Pedro Sánchez de crear agravios comparativos por discriminar a Granada y Málaga que no pasan a la fase 1. Otros presidentes de comunidades autónomas se sienten molestos por la recentralización que suponen las medidas del gobierno central. Y hay quien tira de argumentos pintorescos como ha hecho la ´virginal´  Ayuso: porque haya accidentes de coches no vamos a prohibir la circulación. Tres cuartos de lo mismo sucede en Italia. Así pues, la pugna centro – periferia también está a la orden del día en estos «tiempos del cólera».

Hurguemos en el problema: ¿estamos, en este caso ante el conflicto político que  tensiona la relación entre el centro y las periferias? En mi opinión, la raíz del problema está en los intereses económicos y comerciales. Quiero decir, en la presión corporativa que gremios y asociaciones empresariales están ejerciendo contra los dirigentes autonómicos. Alegría, venga alegría. Lo peor –dicen alocados y sin fundamento— ya ha pasado. Pero hoy hemos sido advertidos: el diario barcelonés La Vanguardia, poco amigo de estridencias, mientras no se trate de la señora Colau, informa en portada del repunte de los contagios en Corea, que vueve a cerrar bares, clubs y discotecas, y, en las páginas interiores, del repunte en Alemania.  Más responsabilidades y menos lagrimicas. Más seriedad, sobre todo, ya es chocante que quienes estuvieron distraídos –excesivamente distraídos--  con el asunto de la carne mechá, pongan ahora el grito en el cielo.

Más responsabilidad y menos poner el rabillo del ojo en las contiendas electorales. Un dirigente político no puede decir que es justo hablarle en necio al vulgo para darle gusto, como dijo que hacía Lope de Vega. A muchos de ellos les falta el coraje del gran Jordi Cazaña (en la foto), macizo de la militancia de CC.OO., dirigente sindical en la Maquinista  Terrestre y Marítima. Cuando hablaba  Cazaña el personal sabía de antemano que no iba a decir lo que a la gente le gustaba. Siempre fue el más respetado.  

1)     «Dejarse de pollas» es un ideoloecto de la Vega de Granada, referido a esas gallináceas llamadas también pollas. Su sabor, aunque estén anegadas en vinagre,  es extraño, de manera que no vale la pena meterse en la charca para cazarlas.

El sindicato dando el callo

CC.OO. y UGT (en adelante, el sindicato) están dando el callo. También le CEOE que, presionada socialmente, ha tenido que acompañar a las organizaciones sindicales en los recientes acuerdos alcanzados (1). Mientras el sindicato está por la labor, Casado cacaseno anda zascandileando de bronca en bronca hasta su afonía final. Este sujeto –mitad hombre, mitad lobo--  tiene un problema en su dolencia: no sabe si acudir al médico o al veterinario, al psiquiatra  o al albéitar.

A mi entender, el trabajo de estos días de los llamados agentes sociales no está teniendo la repercusión pública que cabría esperar. La noticia, ya lo sabemos, no es la tarea de arrimar el hombro sino que Casado muerda o intente morder a diestro y siniestro. Tampoco los analistas del sosiego se acuerdan de esta actividad contractual  del sindicato. Es una actividad de negociaciones que podríamos calificar de «defensa» ante la gigantesca agresión de la pandemia. Negociaciones, pues, en el primer tiempo. Que, además y sobre todo, estarían preparando el terreno para el segundo tiempo: el de las negociaciones  del pacto por la reconstrucción. Se está dando un anticipo. A ver quién tiene bemoles, cuando llegue la hora, de negar la participación del sindicato en la mesa de negociaciones.     

1)      https://elpais.com/economia/2020-05-08/trabajo-alcanza-un-principio-de-acuerdo-con-agentes-sociales-para-ampliar-los-ertes-hasta-el-30-de-junio.html

La «septimana horribilis» de Casado

1.--- Aznar propone y Casado cacaseno dispone.  El hombre que se fue a Marbella exigió leña al mono aprovechando la coyuntura: dijo percatarse de una creciente desafección por parte de la gente a las medidas del Gobierno contra el coronavirus. Su monecillo chocó los talones, se llevó la mano a la sien derecha y respondió «¡a la orden!». Aznar propone y Casado se come los errores del marbellí. Tres cuartos de lo mismo de lo que ocurre entre Waterloo y su monaguillo. Digamos que no se es un político de derechas si no se tiene quien le ayude a decir misa. Si no es así no se tiene fuste.

El atolondramiento de Casado le ha llevado a un doble fracaso. Los dos han sido espectaculares. De un lado, creyó que iba a noquear a Pedro Sánchez en el último debate en el Congreso de los Diputados y no sólo resultó lo contrario sino que, además, se le escapó Ciudadanos; de otro lado, en la Comunidad de Madrid se ha dado la situación política más esperpéntica que se recuerda. Conclusión provisional: Pedro Sánchez sale fortalecido y Casado debilitado y en ridículo.

La exigua presidenta de la comunidad de Madrid era, según dicen, partidaria de no precipitarse en la salida del estado de alerta. Pero –tras la orden de su Cacaseno en jefe--  cambia de postura. Dimite, entonces, la máxima responsable de Salud que se niega a estampar la firma de petición al Ministerio de pasar a la fase 1. Ayuso no se arredra y comete el pecado mortal menos aconsejable del Derecho Administrativo: presenta la petición sin firma y sello. Ni en tiempos del general Narváez, el famoso espadón de Loja, se hubiera admitido dicho disparate administrativo. Además, a cosica hecha. Consejo de aquel Miguel Angel Rodriguez, hoy colocado cabe Ayuso. Con un sueldo de 93.855 euros del ala como sueldo, según afirma El Plural. 

En resumen, una semana horrible para estos dos liantes. Como la que deseo a mi peor enemigo. 

2.---  Se ha creado la comisión interparlamentaria para abordar los problemas de la situación económica y social. La preside un político temperado, fogueado en mil escaramuzas, Patxi López.  No tengo el más mínimo reparo. Ahora bien, visto desde el tendido de Sol me creo en la obligación de advertir: ese grupo tiene sólo y solamente la responsabilidad de hacer propuestas para abordar la situación, y no para convertirse en un chiringuito de ataque al Gobierno.

Por lo demás, quiero llamar la atención de lo que sigue: esa comisión interparlamentaria no es, no debe ser,  la substitución del Pacto nacional por la reconstrucción, que –como hemos dicho en otras ocasiones, y no es ocasión de cansar al paciente lector— es lo fundamental.

Volantazo de Ciudadanos y la baraka de Pedro Sánchez

1.--- El minimalista vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, tiene una historiada carrera política: pocas fuerzas políticas le quedan por militar. Hombre de acendrada versatilidad. Por eso ha sorprendido la poquedad de sus recientes declaraciones con relación a la prórroga del estado de alarma. Concretamente le hemos oído decir lo siguiente: «Pedro Sánchez no merece la prórroga del estado de alarma pero españoles y andaluces la necesitan» (1) Su biografía oficial reza que estudió Relaciones Laborales. Pues bien, a un caballero que ha recorrido diversas organizaciones políticas y que, además, tiene estudios –acabados o no, falta por aclarar--  le es exigible unas declaraciones con más prosopopeya.

Tan minimalista personalidad nos advierte que Pedro Sánchez no merece la prórroga del estado de alarma, como si ello redundara en un beneficio personal del presidente del gobierno. Es posible que el primer profesor de Relaciones Laborales de este Juan Marín le hubiera llamado la atención por una expresión de este tipo. Aunque pudiera ser que, en los códigos de los viejos galápagos políticos, dicha frase pudiera tener sentido. Pero, comoquiera que el pintoresco Toni Cantó también la ha repetido, es de suponer que su origen es el Servicio Central de Dimes y Diretes de Ciudadanos.

Arrimadas da un giro: no se limita a abstenerse sino que –afirma, tras una negociación con Pedro Sánchez--  vota a favor de la prórroga. El sector girautizado del partido pone el grito en el cielo y su almuédano abandona la organización. Hay que calmar a la abnegada militancia cuyas braguetas han sido excesivamente calentadas. Hay que enfriar esas portañuelas. Es preciso avanzar hacia una zona templada, posiblemente como recomendación de algunos poderes fácticos o contrafácticos, para que la coalición gubernamental tenga otra composición.

Pero, además, las palabras de Marín y Cantó –a pesar del sentido surrealista--  son un intento de hacerle un tolano a los de Casado cacaseno, que ignora la necesidad de los españoles –y también los andaluces-- de la prórroga del estado de alarma.  El Servicio Central de Dimes y Diretes de Ciudadanos autocelebra su vivaz ingenio.

2.---  El panorama de extraño. Pero, con todo, lo más extraño es que desde este chocante panorama Pedro Sánchez y el gobierno de coalición progresista son más fuertes que antes de la última sesión del Congreso de los Diputados. Casado observa que se le pueden escapar de la mano los de Arrimadas y, a la vez, puede decirles a los de ERC que son menos imprescindibles. Un viejo amigo, Toni Cuadras, me dice por guasap: «Pedro Sánchez tiene baraka». (Cuadras es el primero a la izquierda de la segunda fila) 

1) https://m.europapress.es/andalucia/noticia-marin-prorroga-estado-alarma-pedro-sanchez-no-merece-andaluces-necesitan-20200506122625.html

CARTA ABIERTA A GUY RYDER, Director General de la OIT

POR UNA NUEVA Y MEJOR NORMALIDAD

Escriben Isidor Boix Lluch y José Luis López Bulla

Estimado Guy Ryder:

Después de leer tus comentarios en la página de la OIT (“¿Nueva normalidad?¡Una normalidad mejor!”^[1]), los dos --veteranos sindicalistas que suscribimos estas líneas-- hemos decidido escribirte por nuestra coincidencia con los objetivos que apuntas y, a la vez, por lo que entendemos que sugieren, así como por lo que a nuestro entender les falta.

Consideramos que hay que superar un método demasiado extendido aún entre personas representativas de instituciones nacionales, supranacionales y globales, que se limitan a explicar sobre lo que debería hacerse, lo que deberían hacer los demás, obviando sus responsabilidades y situándose como meros espectadores.

En este nuestro mundo, inmerso en una evidente y grave crisis multiforme, el Director General de la OIT no es, no puede, ni debe, ni considerarse, como un mero espectador. La Organización Internacional del Trabajo tiene que desempeñar un papel clave en la construcción de esta “nueva normalidad”, precisamente para que sea una “normalidad mejor”.

El carácter tripartito de la OIT supone una particular ventaja en relación con otras instituciones supranacionales, pues la presencia de las organizaciones sindicales y las empresariales junto a los gobiernos puede contribuir a alcanzar un consenso, una síntesis de intereses, que dé una respuesta a las crisis que vaya más allá de volver a la situación anterior a las últimas, las provocadas por la pandemia del Covid-19.  

Cuando en la mayoría de países se plantean “pactos de reconstrucción” con esa o similar denominación, pero, al mismo tiempo, se apunta con razón que la pandemia ya no es un fenómeno particular de algunos o muchos países, sino un problema global, sería necesario entender que la más eficaz respuesta sólo puede ser global. Debe ser global. Y ahí es donde la OIT debería jugar un papel clave.

En España somos muchos los que coincidimos que, en la anunciada negociación para un Pacto de Reconstrucción Nacional, los agentes sociales, patronal y sindicatos, pueden jugar un papel muy importante y contribuir decisivamente a que la mesa institucional alcance un adecuado Acuerdo para tal fin.

Consecuentemente con ello proponemos, que la tripartita Organización Internacional del Trabajo tome la iniciativa para un PACTO GLOBAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, asumiendo que se trata de superar varias crisis interrelacionadas, como son las derivadas de la pandemia, de la emergencia climática, del trabajo “indecente”, de los riesgos nucleares, … Seguramente puede afirmarse que ninguna de ellas tiene una clara solución si no se abordan conjuntamente.

Terminamos estas notas subrayando de nuevo nuestra coincidencia con los objetivos que apuntas e insistiendo en la necesaria iniciativa y protagonismo de la organización que diriges.

Cordialmente,

Barcelona, 6 de mayo de 2020

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^[1] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743462/lang--es/index.htm?shared_from=shr-tls&fbclid=IwAR0mU64fWWqprKRv4EfOyzXTmCkHzNufh7uH3rlBAG04jGPipCheTz2pNtg

El fracaso de ese cacaseno de Casado

Dos elementos centrales ocupan la actualidad: el debate parlamentario y la declaración del Tribunal Constitucional alemán. Es decir, un asunto doméstico y otro europeo que, al fin y al cabo, es también doméstico.

1.---  Diversos analistas venían pintando la cosa con ciertos aires tenebristas y algunos editoriales parecían cansados de su responsabilidad en la hora presente. Unos y otros parecían anunciar que el Gobierno fracasaría en su propuesta de prolongar el estado de alerta. Aunque yo me malicio que dichas posiciones no tenían tanto el aire de pronosticar como de influir subliminalmente en el deterioro del Gobierno.

Contaban razonablemente con la temeraria fogosidad de ese cacaseno de Pablo Casado, cuyo lema es «Al enemigo, ni agua». Pero, deficientes huelebraguetas, no percibieron que de algunas baronías del PP venían otros olores. Cierto, no de apoyo a Pedro Sánchez, pero sí de prevención a arriesgarse a malas consecuencias de un imprudente final del estado de alarma. Hasta Moreno Bonilla, minimalista presidente de la Junta de Andalucía, no quería verse en más coplas. Con todo, tiene importancia la declaración del barón gallero: «Entiendo que el Gobierno se tome su tiempo». Casado al borde del ataque de alferecía. 

Casado y sus adictos de fila, recluidos en el sancta sanctorum de Génova, corrían el peligro de, por fas o por nefas, ir por una orilla y sus barones por otra. Oído, cocina: una cosa es dar coces cuando no se tienen responsabilidades de gobierno y otra, bien distinta, es apechar con la realidad cuando se tiene bastón de mando. O Casado no entendió los mensajes que le venían de la periferia o aquél no logró convencerlos. 

Comentaristas y editorialistas de hule y pexiglás que tampoco olieron que en Ciudadanos empezaba a haber cansancio de minifundio. Y que algunos se atrevieran a indiciar a Inés Arrimadas un suave movimiento hacia la moderación, que seguramente será un pellizco de monja a los de Casado. Si Casado le niega el agua a sus enemigos, Arrimadas está dispuesta (no sabemos hasta cuándo) a darle agua de Lanjarón. En todo caso, lo más importante es el fracaso de un Casado alborotador: sus barones se le han subido a los faldones y Arrimadas le devuelve, por ahora, el rosario de su madre.

Del independentismo, que durante esta pandemia intenta lucir pecho pero no inteligencia, ya hablamos ayer. Y quien desee más grita le remito al Desierto de los tártaros, blog enigmático que se comenta en can Boadas (Barcelona), casa Cornelio (Sevilla), Bar Chiquilín (Santa Fe) y las tascas de la calle Huertas (Madrid). O sea, https://desiertodelostartaros.com/

2.---  La sentencia del Tribunal Constitucional alemán censura las compras de deuda del Banco Central Europeo. Y, sobre chispa más o menos, establece que el Bundesbank debe dejar de comprar deuda pública si antes de tres meses el BCE no justifica antes toda una serie de medidas. No ha tardado en responder la Comisión Europea, recordando que «el derecho europeo tiene primacía». Claro que sí, añadimos nosotros desde nuestra condición de afamados legos en la materia. Pero –con o sin primacía--  el cisco está montado en plena pandemia. Más todavía, desde nuestra probada indocumentación en la materia, alzamos la voz –tal vez, imprudentemente--  y decimos que el follín está montado y sentada la referencia para los euroescépticos con o sin mando en plaza. Amigos con la cabeza convenientemente amueblada me dicen que «sólo es un problema para el gobierno alemán». Pero, a mis ochenta años, me digo que todo problema para el gobierno alemán acaba siendo un problema para Santa Fe y sus alrededores. 

ERC del caño al coro y del coro al caño

Primer tranco

Esquerra Republicana de Catalunya es un conjunto de retales de los que es muy difícil sacar un traje. Por otra parte, nunca ha tenido un sastre capaz de hacer encajar tan abigarrado conjunto de piezas. No es cosa de ahora, se diría que está en su genoma. En esas condiciones es francamente difícil que sea un partido serio. Partido lo es, en todo caso. Cosa que le diferencia de los permanentemente post convergentes, que son una partida. La diferencia entre partido y partida es harto conocida. ERC, partido; partido que, cuando debe tomar grandes decisiones, le entra un tembleque o más bien jindama –mitad miedo, mitad cobardía--  que le provoca irse de vareta por la pata abajo.

El mundo del independentismo catalán tiene, visto a grandes rasgos, una militancia que puede ser indistinta bien en ERC o en la partida de Waterloo. Es una feligresía que tiene creencias cuasi religiosas en un dios pagano abstracto, Cataluña, que es una mezcla embarullada de gentes –preferentemente de la ceba--  ritos, leyendas, historias inventadas, ríos, montañas (sagradas o profanas) y demás prosopopeya, romántica o surrealista. Ese independentismo ha crecido por varios motivos: una curia que ha sabido crear la posibilidad de solución inmediata del pleito histórico con Madrid; el alimento político de no pocos cuadros, procedentes de la izquierda que se sintió derrotada; y las torpezas, algunas no irrelevantes, de la política española con alternado mando en plaza. En ese comistrajo se juntaron el independentista pata negra; el socialdemócrata que no tuvo un Bad Godesberg que llevarse a la boca; el prosoviético cuya ideología ya le parecía viuda; el de las astillas del viejo árbol psuquero, que se le fugó el eurocomunismo al séptimo cielo. Así, pues, el independentismo es una mezcla irregular de calostros de distinta denominación de origen.

Segundo tranco

No es de extrañar, así las cosas, los meandros viejos y nuevos de este partido poco serio. El miércoles, si no cambia de postura, votará contra el Gobierno de coalición progresista. Es el partido que va continuamente, como decimos en Parapanda del caño al coro y del coro al caño. No piensa votar favorablemente, ni siquiera abstenerse ante la propuesta del gobierno de prolongar el estado de alarma. Su argumento es vecino a lo que plantean las derechas, tanto las carpetovetónicas como las de sus íntimos enemigos los post post post convergentes. Hay que erosionar al gobierno progresista en primera derivada. Debilitarlo, conseguir que se rompa la coalición. Podemos en Madrid –según los de Junqueras— ya no es lo que era, y los Comunes en Barcelona son un incordio. ¿Eso de la provincia? Agua de cerrajas. No conviene un gobierno fortalecido por la gestión real de la pandemia. Se necesita un gobierno flaco constantemente interferido por unos socios que como dijera el Dante conforme la fiera va comiendo le entra más hambre. «E dopo´l pasto ha piú fame che pria».

ERC partido carcomido por miedos al qué dirán. Y permanentemente acollonado por lo que haga y parezca que haga, por lo que diga y parezca que diga el hombre de Waterloo. Oriol Junqueras, que ha demostrado que era verdad que su partido no tiene remedio.  

Contra el sindicato vale todo, lo sabemos

El diccionario de la RAE define “badulaque”, en su primera acepción, como «afeite compuesto de varios ingredientes, que se usaba en otro tiempo» y, en segunda, como «persona informal y poco juiciosa». Tengo que decir que la palabra me vino a la cabeza durante la celebración de este primer 1º de Mayo en confinamiento y después de tropezarme con la publicación de la artículo de un historiador llamado Sergio Gálvez, titulado “Mirando al norte: el movimiento obrero español ante el espejo del sindicalismo francés” y publicada en un medio digital (1). Al verlo pensé, bien, se habla de trabajo y del sindicato en los medios de comunicación, además en un medio digital  interesante y que promete
como es “Nortes”, detrás del que está Diego Díaz, otro joven historiador con el que tuve oportunidad de departir en Pineda de Marx cuando Diego estaba haciendo su tesis doctoral. Al menos aquí se apuesta por tratar un binomio, trabajo y sindicato, habitualmente maltratado por el periodismo de este país.

Sin embargo, la desilusión fue mayúscula. Conforme iba leyendo el artículo que me había enviado  Vicente Millán González una sensación de vergüenza ajena me fue invadiendo. El texto se presentaba como la luz en la oscuridad y agua en el desierto. Aparecía a ojos del lector como la fórmula magistral con patente y firma que prometía la curación de todo
mal –el ungüento de Fierabrás--  pero que a vueltas y revueltas ofrecían la misma solución de siempre.

Promesas ambiciosas llenas de errores de bulto, referencias a datos, cifras y fuentes con la que se pretendía dar seriedad a frases rimbombantes. En definitiva, nos presentaban a la mesa un comistrajo de argumentos para estómagos de consumo garbancero.

El autor publicó no hace mucho un voluminoso estudio sobre este asunto, en el que entre cosas interesantes que cabe considerar, también nos demostraba que su relación con la brevedad es como la del agua con el aceite. Observé que, como ya había hecho en el libro, aquí persistía de nuevo en declarar el fin de las “luchas de clase”, al parecer sólo en España, tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988.  De esto se deduciría el constructo seudoteórico de una “extraña derrota” del movimiento obrero, que no tiene ni tanto de “extraña” ni tanto de “derrota final”. Los enterradores tienen esto. Uno llega y decreta el final de la lucha de clases, rematando un supuesto clavo en un inexistente ataúd prefabricado.

La primera impresión de la lectura de este artículo publicado el sábado tratando el tema del sindicalismo en este país me hizo preguntarme: pero ¿cómo se pueden afirmar tantos errores en tan poca extensión de escritura? Algo sorprendente conociendo la relación que mantiene este autor con la síntesis, que como he dicho antes se acerca mucho a la misma que tiene el agua con el aceite. Pero entrando en más detalle de lo allí planteado llegué a una primera conclusión: ¿Cómo puede hacerse una comparación entre modelos sindicales europeos sin ningún tipo de criterio, debiendo conocer que la pluralidad de modelos y su contraste es más que notorio? Es decir, sabiendo o debiendo saber que las formas de representación y representatividad en cada caso son notablemente diferentes; conociendo o debiendo conocer que los itinerarios históricos y nacionales no pueden orillarse del examen de la cuestión. Pero además, adobando los argumentos utilizados con el uso de unas cifras que, cuando menos, son cuestionables y presentándolas como las últimas y definitivas. Ignorando el trabajo, de años y de calidad, de otros investigadores dedicados al asunto en proyectos de investigación de largo aliento: Ramon Alós, José Babiano, Pere Benyeto, Pere Jódar, Javier Tébar y un largo etcétera. Pontificando sobre el bien y el mal que ha hecho el sindicalismo confederal. Utilizando los tópicos y lugares comunes sobre la “traición” de la burocracia sindical y envolviéndolos en una vestimenta supuestamente con manufactura de sastre experto y, como en el cuento de los Hermanos Grimm, asegurar al final que ha matado 7 de un golpe.

Efectivamente, son muchos los golpes que ha dado el analista que no ofreció sus opiniones el pasado sábado, 1º de Mayo y Día Internacional de los Trabajadores, pero son golpes que reciben sus propios dedos en un uso negligente de un martillo imaginario, utilizado en un bricolaje rápido y sobre un tema que da muestras de evidente desconocimiento. El golpe mortal, el definitivo, dejando de lado otros de menor cuantía, es la historia que se sostiene sobre éxito del modelo sindical francés, es el más exitoso y robusto para la práctica de las luchas de clases (¿pero no habíamos quedado que ya se decretó el fin de la lucha de clases?). En opinión del articulista, el sindicalismo francés y en concreto el de la CGT es el modelo a imitar, es el sindicalismo del futuro..., frente a un escuálido sindicalismo español que han enterrado la cabeza en el foso del capitalismo. El argumento, se plantea como evidente: el sindicalismo francés ha hecho en comparación con el español un número superior de huelgas generales y punto redondo. ¿Cuál es el resultado de las huelgas generales convocadas en Francia? Qué más da. ¿Cuáles son las conquistas sindicales obtenidas en cuanto a representación y representatividad? Qué importa esto ¿Qué resultados materiales son los logrados hasta el momento? El capitalismo francés, como todo capitalismo es malísimo, pero no es tonto... ¿cuál es el número de huelgas protagonizadas por el sindicalismo español? Mucho menos que el francés según el autor, claro está.

Debe quedar claro que no estoy planteando una confrontación entre nosotros, sindicalistas españoles, y los franceses. Estoy, eso sí, confrontando los argumentos de este historietista del que se le puede atribuir sesgo ideológico, en el sentido que Marx daba al término: la deformación de la realidad en la mente. 

Pero cómo se pueden amontonar tantas imprecisiones y errores en tanto poco espacio escrito. No puedo dejar de pensar que algo más que un prejuicio debe tener este analista y experto del asunto al afirmar lo que afirma. Algunos axiomas empleados en su artículo hoy simplemente son anacrónicos: a más huelgas generales, más lucha de clases (pero ¿no habíamos quedado que se decretó el fin de la lucha de clases el siglo pasado?)

Para no cansar en exceso, debo concluir que este artículo que nos aconsejaba mirarnos en el espejo francés sugiere, de manera burda,
algo que es evidentemente una trampa: habla de mayor número de huelgas sin hacer referencia a cuál es el número de derrotas sufridas. Cae en la “trampa de la homogeneidad”, en la que Bernabé --con un intención seguramente distinta o no, vaya usted a saber--  cayó con su libro “la trampa de la diversidad”. De trampa a trampa, cabe añadir que el significado de la huelga general no es -¿qué sentido tendría la propia lógica y naturaleza de la Historia?- el mismo que hace ahora 100 años o bien 30. Seguir estableciendo en base a la huelga exclusivamente la fortaleza, la voluntad o el proyecto del sindicalismo es simplemente propio de un mal truco de cartas. Es no entender que, tal como al parecer pudo plantear el abogado y líder republicano catalán Francesc Layret durante las primeras décadas del siglo XX, “cuando los trabajadores hacen huelga no es porque no quieran trabajar, sino porque quieren hacerlo en mejores condiciones”. Es frivolizar sobre un hecho que forma parte consustancial de la historia de la clase obrera y sus organizaciones, quienes a base de lucha y esfuerzo tomaron conciencia de que en busca de la revolución, encontraron los derechos. Minusvalorar los derechos conquistados, a pesar de que desde hace tiempo el neoliberalismo, paso a paso, los ha amenazado y amenaza hoy, es simplemente una frivolidad de pose postrevolucionaria.

Las críticas al sindicalismo, sea español o europeo, son por completo legítimas, es más son necesarias para su propio fortalecimiento. Hacer una caricatura de lo que representa en un momento como el vendaval pandémico que estamos viviendo no es sólo una frivolidad, es propio de una actitud de badulaque, informal e inconsistente. O bien cabe pensar que el objetivo no es otro que seguir siendo el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. 

  1)    https://www.nortes.me/2020/05/01/mirando-al-norte-el-movimiento-obrero-espanol-ante-el-espejo-del-sindicalismo-frances/?fbclid=IwAR2-oMfVbQL27griLwdq_SxeUukFN9BGRxu-ILULHPcJsmEwxon-EvB5b7U

¡Abajo el gobierno de la Generalitat de Cataluña!

Por enésima vez, desde las altas estancias del independentismo cátaro, se pasan los límites de lo tolerable e incluso de la legalidad. El jefe de prensa del consejero de Interior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, abre a posibilidad de un conflicto bélico para conseguir la independencia (1). Tuiter, siempre tuiter. En estos tiempos de pandemia la preocupación es ésta: organizar un conflicto bélico por la inependencia. Manuel Gómez Acosta, tirando de sus ancestros de la Vega de Granada, ha dicho con elegante malafoyá en su cuenta de Facebook: «.TV3 aún no ha informado de cómo será el operativo militar que piensan poner en marcha...»

Un diario, tan poco amigo de estridencias como La Vanguardia, se ha referido a ello, se supone por la gravedad del caso. «Quizás es un enfoque que no hemos pensado y funcionaría». Retórica: quizás no lo ha pensado. Ya no tan retórico: “y funcionaría”.  Ese Piqué, no obstante, se cura en salud y no indica en qué dirección funcionaría.

Primera consideración en cadena: siendo grave lo que dice este caballerete, lo más tremendo es que es el conceller es todo oídos ante lo que dice; y siendo esto grave también todavía es más tremendo que ambos estén en los alrededores inmediatos de Quim Torra, el putativo presidente de la Generalitat. El conceller y el Torra no han dicho ni oxte ni moxte hasta el particular. Todo lo máximo le insinuarán al escribidor que borre los tuiters. Al menos para acallar a los Mossos de l´ Esquadra que han expresado su malestar por dicho escrito.

Segunda consideración: la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto. Sin contemplaciones, ni melindres.

Tercera consideración: esto no es un desliz de un cabra loca,  es la expresión de lo que considera una buena parte del gobierno catalán, a saber, los herederos de aquella Convergència del 3 por ciento, hoy ya declarada judicialmente como partido corrupto.

Gobierno dimisión. Delenda est Torra.

De aquel hacendado que vio cómo sus tierras se convertían en minifundio

¿Ustedes se imaginan que, una vez pasada esta pandemia, los científicos se limitaran a levantar acta sin más de los destrozos que ha provocado y obviaran el estudio de su naturaleza, origen y todas esas cosas? No pasará porque la comunidad científica es gente seria. ¿Ustedes se imaginan que un edificio recién construido se viniera abajo y el arquitecto no indagara las causas? Lo sentimos, aquí no tenemos suficiente información. ¿Ustedes se imaginan que un hacendado viera con perplejidad que su latifundio por razones misteriosas se ha convertido de repente en un minifundio y no tuviera curiosidad de saber qué ha sucedido? Ni sabemos, ni contestamos.

Ciudadanos está celebrando su asamblea congresual por vía telemática. Se ha presentado lo que, en jerga política, se llama «Informe de situación». En concreto, la situación del minifundio que es en la actualidad Ciudadanos, el partido en el que algunos ilustrados pusieron todas sus esperanzas.

El informe de situación es un repertorio de tapas variadas sin ninguna relación entre ellas y se destaca porque no hay el más mínimo asomo de explicación de por qué el partido perdió en las últimas elecciones 47 diputados. Un batacazo de estas características apenas si es referido en la ´situación´ del partido. Y, peor todavía,   el agotamiento de aquel fenómeno nuevo que fue «el surgimiento por el centro de una nueva formación, que presumía de modernidad, innovación y ruptura de los marcos tradicionales de la política conservadora» (1).

Se han contentado con explicar que la dimisión de Albert Rivera es la mejor prueba de la autocrítica. Es un argumento peligroso porque no nos dice por qué la Arrimadas se pone al frente del partido, teniendo como responsabilidad el seguidismo del que fuera su jefe.  Ciudadanos, lo que pudo haber sido y no fue. Que había venido al mundo –decían cayendo en deliquio--  para renovar a fondo la política española y la regeneración de España. Ciudadanos que, en menos que canta un gallo, se ha contagiado de los contravalores de lo peorcito de la política: esconder la cabeza dentro del sobaco.  Mientras siga en esa cochinera no levantará cabeza.     

       1)   Robert Deglané en https://desiertodelostartaros.com/