PODER E INFLUENCIA DEL SINDICALISMO

José Luis López Bulla 

En su reciente artículo, ¡ADELANTE, SINDICATOS!, Quim Gonzálezseñala entre otras cosas de gran relevancia lo siguiente: «Es preciso reflexionar sobre por qué las organizaciones sindicales son vistas muchas veces como organizaciones ancladas en el pasado, poco innovadoras, con escasa conexión con los jóvenes y casi nula relación con los trabajadores cualificados o con responsabilidad en las empresas. Los porqués de que nuestros sindicatos sean sólo o esencialmente reconocidos por su discurso político general y por su protagonismo en la concertación social central, autonómica y local. Y los porqués de que la influencia sindical sea percibida casi exclusivamente por su peso institucional, y sea sólo desde este espacio donde aparecen en los medios de comunicación» (1). Aclaro: he puesto la palabra «influencia» en cursiva (que no estaba en el original) para llamar la atención de lo que será el hilo conductor de mi razonamiento, a saber: la diferencia entre «influencia» y «poder». La una y la otra son términos familiares, pero no quieren decir exactamente lo mismo.

 

Podríamos definir, aunque sea esquemáticamente, el «poder» como la capacidad de dirigir o impedir las acciones actuales o futuras de otros. Y, también de forma somera, convenir en que la «influencia» intenta cambiar la percepción de la situación en sí, pero no la situación. Lo que nos llevaría a considerar la «influencia» como una subcategoría del «poder». El poder está en la primera división; lainfluencia está en segunda.  Conviene precisar, no obstante, que no hay desdoro alguno en el concepto y la palabra influencia. Es de cajón que nadie, en su sano juicio, impugnaría que el sindicalismo fuera influyente, en ser más influyente.

 

Por otra parte, el mismo Quim González nos apremia a dar respuesta a lo siguiente: saber «los porqués de que la influencia sindical sea percibida casi exclusivamente por su peso institucional, y sea sólo desde este espacio donde aparecen en los medios de comunicación». Vale la pena que se recalque --como he hecho tomándome esa licencia--  el término «exclusivamente» para enfatizar lo que es una obviedad: la influencia del sindicalismo se ha dado, a lo largo de su reciente historia, en el terreno institucional. Pero ya hemos hablado de la diferencia entre poder e influencia.  Lo que nos recuerda la siguiente paradoja: decimos que el sindicato es un sujeto que nace en el centro de trabajo, pero su influencia se opera exclusivamente en el terreno institucional. Ciertamente, no sería un sujeto influyente en ese ámbito si no contara con una base que, desde abajo, lo propiciara, pero ello no impugna la mayor.

 

Pues bien, ya nos orientemos a   “reinventar o repensar el sindicalismo” o, como dice Quim de una manera más austera a “adaptarlo a las nuevas exigencias” nos conviene darle vueltas a la cabeza a lo siguiente: ¿queremos circunscribir nuestra influencia sólo en el perímetro de lo institucional? Sabemos la respuesta a tan retórica pregunta: no, no queremos que solamente esté ahí la voz del sindicalismo. Pues bien, así las cosas, parece evidente que –en ese itinerario de situar la alteridad sindical en las nuevas exigencias--  es preciso que el sindicalismo se radique de verdad en el centro de trabajo que constantemente está mutando, y sea la expresión del trabajo que cambia aceleradamente. Del trabajo en todas sus diversidades. Sólo (y solamente) de ahí saldrá el «poder». Dispensen el símil tosco: de jugar en primera división. De ahí debe surgir el proyecto, en el bien entendido que un proyecto no es un zurcido.

 

Ello comportaría plantearse muy seriamente, entre otras cosas, qué representación es la más adecuada en el centro de trabajo. Mantenernos en el tran tran de lo que tenemos no nos lleva a vincular adecuadamente la relación entre influencia y poder.

 

(1) http://lopezbulla.blogspot.com.es/2013/11/adelante-sindicatos.html

ALGUNAS REFLEXIONES AL HILO DE LOS COMENTARIO DE QUIM Y JOSÉ LUIS

Ramon Alós 14/11/13

Una de las consecuencias de nuestra era digital es la sobreacumulación de mensajes y textos que diariamente nos invade, lo que ha dado pie a un cierto aprendizaje de generar filtros, que nos llevan a descartar o realizar lecturas rápidas y en diagonal. Hoy me ha llegado el texto de Quim González ¡Adelante, sindicatos! y debo decir que rápidamente me he involucrado en su lectura, con sus interrogantes, y no sólo, qué plantea. Uno de ellos se refiere a una cuestión que hace tiempo me preocupa, que es la imagen del sindicato entre los trabajadores.

Quisiera aportar unos datos al debate, que recoge José Luis. Según la última Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, del 2010, el conjunto del colectivo asalariado (con empleo) valora en un 4,8 la representación y defensa de sus intereses por parte de los sindicatos, en una escala que va de 0 (muy mal) a 10 (muy bien); valoración que se reduce a 3,8 entre los asalariados de los centros de trabajo sin representación sindical y aumenta a 5,2 cuando ésta está presente. Es decir, el sindicato sólo y modestamente “aprueba” cuando se le conoce. En este último caso, sin embargo, la valoración va claramente de menos a más conforme entre los trabajadores aumenta el conocimiento de la actividad sindical. Romper barreras para aproximar la actividad sindical parece, pues, una tarea primordial, al objeto de ganar y extender legitimidad. Cabe considerar, además, que según la Seguridad Social en España en el año 2011 había cerca de un millón de empresas con menos de 6 asalariados, excluidos por tanto de la posibilidad de elegir representantes.  De los asalariados con empleo que teóricamente podrían elegir sus representantes, sólo la mitad han sido convocados, pues la otra mitad está en empresas o centros de trabajo sin representación unitaria. Eso sí, cuando los trabajadores son llamados a elegir a sus representantes, participa aproximadamente un 70% (o lo que es lo mismo, un 30% se abstiene). Si agregamos unas y otras informaciones, podemos concluir, en números aproximados, que no llega a uno de cada tres los asalariados con empleo que han votado en los procesos de elecciones sindicales.

He insistido en la referencia a asalariados con empleo, pues obviamente quienes están en paro, así como los falsos autónomos, no participan en las elecciones sindicales. Todo ello me permite decir que el sindicato en España tiene una baja afiliación, una audiencia moderada, sólo elevada allí donde los trabajadores son convocados a participar, y una influencia muy elevada dado el sistema de extensión de cobertura de los convenios colectivos. En otras palabras, la actividad del sindicato llega prácticamente al conjunto asalariado, pero son pocos los que participan (votando) y tienen conocimiento directo del sindicato, y menos aún los que se comprometen.

Sin duda, el sistema que en su día se diseñó, que da un plus de representación a los sindicatos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como señaláis. Entre muchos otros, si por un lado permite que la actividad del sindicato llegue a cualquier empresa, sin necesidad de tener organización o representación en la misma, por otro estimula el comportamiento del gorrón.

Pero, ¿puede plantearse que la actividad del sindicato debería alcanzar sólo a sus afiliados? Desde luego, de entrada podría decirse que elimina el efecto gorrón, aunque deberá matizarse. Dos ejemplos de nuestro entorno pueden ser interesantes, Portugal y Alemania. En ambos la legislación se acerca al modelo del sindicato que actúa para sus afiliados. En Portugal, sin embargo, suele suceder que el empresario negocia con el sindicato que considera oportuno, lo que genera o puede generar enormes tensiones cuando se trata de un sindicato minoritario. En Alemania el sindicato llega a acuerdos con el empresario, y estos acuerdos suelen hacerse extensivos al conjunto de la plantilla; en fin, como en España, sin nuestro automatismo legal.

CCOO legal se organizó en una paridad entre estructuras federativas y territoriales.  Poco a poco las territoriales perdieron espacio dentro de la organización, y las federaciones entraron en un proceso de fusiones. Pero a mi entender, no se ha dado en el clavo de qué adaptaciónorganizativa se necesita. Por supuesto, yo no lo sé. Es mucho más fácil ver problemas que soluciones. Y entre los problemas a los que debe hacer frente el sindicato, destacaría los siguientes, todos ellos derivados de los profundos cambios que afectan al trabajo.

1.                 España tiene un tejido empresarial formado por un gran número de muy pequeñas empresas y de microempresas, que dan empleo a una parte importante de asalariados (y autónomos).  La proporción de estas empresas ha ido en aumento, y todo apunta que seguirá aumentando. ¿Cómo se estructura la representación sindical en dichas empresas?

2.                 Siendo muy esquemático, puede decirse que algunos asalariados tienen empleos de larga duración y otros, sobre todo jóvenes y no tan jóvenes, tiene empleos de breve duración, alternan de empleo a empleo, cuando no de empleo a paro. Si para los primeros las condiciones de empleo en su centro de trabajo son importantes, así como las mejoras que consiga el sindicato, para los segundo lo son bastante menos. Sus expectativas de mejora creo pasan básicamente por encontrar otro empleo mejor, no por la mejora de condiciones en un centro de trabajo que saben abandonarán. La mejora de sus condiciones de empleo no se percibirá, pues, como fruto del sindicato, sino de los contactos personales y de los pasos que cada uno dé para conseguir un empleo mejor. En otras palabras, “una mejora de mi salario lo conseguiré si consigo un empleo mejor”, en otra empresa. Por supuesto, la acción tradicional del sindicato ha ido orientada, y bien, a los primeros, a los asalariados con empleos de mediana o larga duración.

3.                 La subcontratación es un fenómeno ampliamente extendido y de múltiples dimensiones. Muchos procesos productivos están extremadamente fragmentados, nacional e internacionalmente. A menudo resulta una tarea más que ardua identificar qué es una empresa, cuáles son sus límites. En otros casos resulta difícil saber quién es el empresario, entendiendo por tal quien toma las decisiones que afectan al empleo. Es sabido que en una obra (un edificio) pueden trabajar más de cien empresas, que en un hospital pueden convivir también numerosas empresas, adscritas a 6 o 7 convenios colectivos distintos (y con más de una federación sindical implicada). Y la subcontratación también tiene su expresión territorial, cuando numerosas empresas distribuidas en un territorio trabajan para otra. ¿Cómo se representa los intereses del conjunto de trabajadores que, desde actividades parecidas o distintas, trabajan para una misma empresa y que dependen de las decisiones de esta última?

Me ha interesado señalar sólo estas tres cuestiones para resaltar tres ejes que me parecen deberían considerarse para, como dice Quim, adaptar el sindicalismo:

1.                 Hoy el sindicato tiene que ser diverso, organizativamente hablando, y con “menos paredes” que separen sus estructuras internas. Apuntaría que debería ser más confederal y menos federal; y estas últimas más maleables. Por supuesto, las federaciones tienen un importante papel, pero, por poner un ejemplo, ¿tiene sentido que intervenga más de una federación “autónomamente” en un mismo centro de trabajo en el que, como ocurre en numerosos casos, conviven varias empresas?

2.                 Creo que las estructuras territoriales son importantes, pues desde ellas se puede llegar mejor a pequeños centros de trabajo en polígonos industriales, o simplemente en zonas de aglomeración de pequeñas empresas, de diversas actividades.

3.                 La acción institucional del sindicato resulta hoy más esencial que en el pasado. Para quienes transitan de un empleo a otro, también para quienes trabajan en microempresas, no será la acción sindical en la empresa sino fuera de la misma la que pueda aportar derechos. En este sentido incidir en la legislación es importante, también intervenciones sindicales que contribuyan a mejorar la “empleabilidad”, como la formación, el tránsito a mejores empleos, etc.

MODELO SINDICAL Y LEY DE FINANCIACIÓN DE LOS SINDICATOS

Miquel Á. Falguera i Baró. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Recientes informaciones mediáticas han venido a poner en evidencia uno de los agujeros negros de nuestro modelo de relaciones laborales. Me refiero al cobro por el sindicato de sus servicios en los procesos de reestructuración, generalmente despidos colectivos. Es decir, la percepción de una retribución compensatoria de su asesoramiento bien sea de los trabajadores no afiliados afectados (generalmente, por las mejoras de las indemnizaciones), o de la propia empresa o, incluso, a través de fondos públicos.

Es esa una realidad respecto a la cual todos miramos hacia otro lado, aunque también todos conocemos su existencia. Quizás porque estéticamente se trata de algo “feo”. Muy feo. Pero esa negativa “a ver”  tal vez obedezca a otra razón más profunda: no poner en el candelero del debate nuestro modelo de libertad sindical.

Esas antiestéticas prácticas de cobro lo que ocultan, en realidad, es una contradicción: si el sindicato asesora en los procesos de reestructuración y nuestro modelo tiende por definición hacia la baja afiliación, son las personas que cotizan –que hacen el esfuerzo de detraer de sus cada vez más magros salarios la cuota asociativa- las que están financiando el asesoramiento a los no afiliados.

Nuestro modelo sindical –que hunde sus raíces como tal “modelo” en la inercia del franquismo- se basa en la fuerte representatividad que conlleva que los sindicatos deban revalidar su implantación en el conjunto asalariado cada cuatro años a través de las elecciones sindicales (en un modelo imperfecto, plagado de corruptelas por el imperio de la pequeña y pequeñísima empresa en nuestra realidad productiva). Pero, en cambio castiga la representación, esto es: la fuerza del sindicato en relación directa a sus afiliados.

El discurso hegemónico repite en todos sus foros (que son muchos y poderosos) que los sindicatos españoles tienen muy poca representación, en relación a otras experiencias similares a la nuestra. Y es ésa una constatación que cala también entre la ciudadanía. Pues bien, cabrá referir que la baja afiliación es cierta, nos guste o no (al menos, respecto a los modelos septentrionales europeos). Pero ocurre que nuestro modelo de libertad sindical incentiva la no afiliación. En efecto, en esas otras experiencias el trabajador es representado ante el empresario por el sindicato al que cotiza; y el convenio que firma el sindicato –con algunas salvedades, en función del país- sólo se aplica a los afiliados. En otras palabras: el no afiliado no se come un colín, está totalmente indefenso si no se une a la organización que representa sus intereses. En el Estado español, por el contrario, la persona no afiliada goza de la representación de los representantes unitarios y el convenio se le aplica igual que a quien cotiza. Por eso he afirmado antes que el sistema español incentiva la no afiliación: ¿para qué pagar una cuota si voy a tener las mismas tutelas que el tipo de al lado que es un pagano? Es por eso que cuándo oigo eso de que “en España menos de una quinta parte de los trabajadores está afiliada”, siempre exclamo “Déu n’hi do!”. No deja de ser sorprendente que en las descritas condiciones una de cada cinco personas esté dispuesta a pagar por lo mismo que obtiene el resto de asalariados gratis.

Pues bien, en los procesos de reestructuración (situaciones traumáticas en las que la empresa propugna un cambio a peor de las condiciones contractuales, la suspensión del contrato o la reducción de jornada, el descuelgue del convenio o, frecuentemente, el despido) la Ley privilegia formalmente en la actualidad la capacidad de intervención del sindicato, bien sea en forma directa (en tanto que las secciones sindicales con mayoría en los órganos de representación tienen primacía negocial), bien indirecta (con la posibilidad de representación por el sindicato en lugar de una comisión “ad hoc”, cuando no existen representantes en la empresa y así lo decide la mayoría de los trabajadores) Es decir, que la Ley otorga al sindicato la representatividad de todos los trabajadores afectados, estén o no estén afiliados. A lo que cabe añadir, además, que cuando negocian los organismos unitarios (delegados de personal o comités de empresa) en la mayoría de los casos interviene el sindicato como asesor, bien a través de sindicalistas, bien mediante sus servicios técnicos.  

Pues bien, esos procesos de reestructuración tiene evidentes costes (desplazamientos, material, estudios, retribuciones de las personas que intervienen, especialmente abogados y economistas). Y de esa participación se benefician (aunque finalmente se opte por la solución “menos mala”) todos los trabajadores, afiliados o no. Sin embargo, su coste a través de la cotización sólo lo pagan los afiliados.

La desproporción entre lo que la Ley exige al sindicato (que directa o indirectamente represente a todos los trabajadores) y los medios de lo que le dota –esencialmente, las cuotas- es evidente. Y ello no ocurre únicamente en relación a dichos procesos de reestructuración: también pasa en la propia negociación colectiva en todos los sentidos –tanto por lo que hace a los convenios colectivos, como respecto a cualquier manifestación de la misma, especialmente los acuerdos de empresa-. Los afiliados soportan con sus cuotas toda esa actividad, sin apenas privilegios compensatorios –apenas el trámite de audiencia al delegado sindical, en las pocas empresas en las que, por los requisitos legales, existen, en el caso de despidos y sanciones-

En esa tesitura caben tres escenarios: a) o se hace pagar al no afiliado por el costo de dicho asesoramiento; b) o el Estado (que es el que impone el modelo descompensado) subvenciona al coste añadido del modelo de representatividad universal; o c) se cambia el modelo.

Bueno, ciertamente es posible otro escenario: seguir igual que hasta ahora e ir capeando el temporal. Pero me permitirán que les indique que eso es suicida. Y ello porque cada vez se hace más evidente la clara descompensación de fuerzas entre los aparatos técnicos empresariales y los sindicales. En un despido colectivo, tanto en su fase de negociación como en el caso de una demanda contra la decisión extintiva, la empresa aporta peritajes, auditorias, memorias y otros documentos similares –que no son, por definición, neutros-, sin que los trabajadores están en condiciones (más allá del esfuerzo abnegado de los escasos abogados y economistas con los que cuentan los sindicatos o los despachos especializados) de situarse en una condición de paridad de armas. Y tengo para mí que esa limitación de recursos técnicos no afecta sólo a los expedientes de regulación de empleo, sino que también explica buena parte de la pobreza de contenidos y defectos técnicos de todas las manifestaciones de la negociación colectiva. Y, por ende, en el terreno de formular alternativas más globales que el día a día. Seguir igual, por tanto, conlleva situar al sindicato en el terreno de la subalternidad propositiva y analítica respecto al empleador y la patronal.

Pues bien, el pago del no afiliado por los servicios del sindicato resulta muy problemático. Y ello porque nuestra Constitución no reconoce sólo el derecho positivo a la libertad sindical –fundar o afiliarse a un sindicato-, sino también el negativo (no afiliarse) Y aunque ciertamente hacer pagar por un servicio a quién no abona la cuota asocitativa no tiene porqué conllevar coacción alguna de dicho derecho negativo, ocurre que la doctrina judicial mayoritaria ha hecho desde siempre una lectura equiparadora , ya desde el extinto Tribunal Central de Trabajo en una inercia que sigue hasta la fecha. Es más, cabrá recordar el ruido mediático que despertó la inclusión en el Proyecto de la LOLS el canon de negociación en relación a los convenios, que finalizó con la STC 98/1985, afirmando que no resultaba admisible “la imposición del canon a reserva de la voluntad en contrario, y sin que se pueda exigir tampoco una manifestación negativa de voluntad, que supondría, sin duda, una presión sobre el trabajador”. Traduzco: “el no afiliado paga por los servicios del sindicato sólo si quiere”, Pues bien: ¿qué trabajador despedido va a pagar al sindicato al que no pertenece voluntariamente una parte de la mayor indemnización que la intervención de éste le ha significado? ¿Qué trabajador que ha tenido la suerte, gracias a los oficios del sindicato, de permanecer en la empresa va a compensar la actividad sindical? Alguno habrá… pero pocos.

Por otra parte, cabe seguir manteniendo el modelo de subvenciones a los sindicatos. De hecho, como se explica en este mismo blog, (DISCREPO DE UNA PROPUESTA DE CC.OO, MI SINDICATO) mi viejo amigo Fernando Lezcano ha propuesto en nombre del sindicato una Ley específica al respecto. En todo caso, deberá recordarse que existen ya esas subvenciones (incluso, en relación directa al asesoramiento), aunque cada vez su cuantía –especialmente, en los últimos años- se ha ido reduciendo progresivamente, por motivos no tanto imputables a la crisis sino a ideologicismos neoliberales. Se repite así eso de los “sindicatos subvencionados”, en una lógica que cala entre los ciudadanos, guste o no. En todo caso, no deja de ser sintomático que esos voceros apenas digan nada de las mucho mayores aportaciones de caudales públicos a los partidos políticos  y sus fundaciones (con el trato privilegiado a la aznariana FAES) Debe recordarse que la Constitución sitúa en su título preliminar a partidos y sindicatos al mismo nivel. Y que la Ley exige mucho más a un sindicato que a un partido político en su actividad de representatividad. Por cierto, tampoco apenas nada se dice de las subvenciones a patronales, aunque en su caso la representación se basa en la afiliación y, por tanto, gozan del poder que les ofrecen las aportaciones de sus socios (más cuantiosas, por obvios motivos, que la de los trabajadores)

Ahora bien, aunque es cierto que una Ley serviría para dar transparencia a esas aportaciones públicas (al menos en teoría) y podría tener una evidente didáctica entre los ciudadanos, no es menos cierto que dejar los medios de ejercicio de la representatividad al albur de la idiosincracia del partido gobernante (y más en esos tiempos) no deja de presentar evidentes problemas, en especial la pérdida de alternatividad del sindicato.

Nos queda, por tanto, una tercera vía: un cambio en el modelo de libertad sindical, que privilegie la afiliación. No se trata de romper la eficacia general del convenio (los iuslaboralistas llevamos treinta y cinco años peleándonos por discernir qué es eso de la “fuerza vinculante” de los convenios del artículo 37,1 de la Constitución), pero quizás ha llegado el momento de situar la representación en la empresa privilegiando al sindicato, interno y externo, como interlocutor ante el empleador. O empezar a pensar en las delegaciones de atribuciones de los organismos unitarios al sindicato. Cualquier medida que haga, en definitiva, que estar afiliado sea más rentable que no estarlo. Sólo entonces crecerán las cuotas y, por tanto, los medios. Y, en consecuencia, el contrapoder del sindicato en la empresa y en la sociedad.

Es cierto que vivimos unos tiempos en que el sindicato está puesto en entredicho por el pensamiento hegemónico dominante, en base a una supuesta ideología que en realidad –como toda ideología- no oculta más que visiones de clase. El sindicato –y su apéndice: el Derecho del Trabajo- se encuentra en el punto de mira de esa ideología, en tanto que es el máximo obstáculo para la reversión de rentas y poderes a favor de los más poderosos que se pretende y, con todo, aún sigue siendo el mayor dique de solidaridad en medio del individualismo reinante.

Sin embargo, aún en esa correlación de fuerzas dominante cabrá preguntarse si la mejor estrategia sigue siendo defender lo que existe y no dar un salto hacia delante (con el riesgo que ello comporta) en una alternatividad propia.

Lo otro es poner parches calientes de un modelo que cada vez tiene más deficiencias. Y no sólo en materia de financiación.

UNA LECTURA CRÍTICA DE LA CONFERENCIA DEL PSOE

He tenido la oportunidad de leer de cabo a rabo el texto programático que los socialistas están discutiendo este fin de semana en Madrid. Agradezco al amigo Carlos Combalía que me lo enviara hace ya algunas semanas. Así es que he tenido tiempo para sacar algunas conclusiones provisionales a la espera de ver en qué acaba el evento. De momento no entraré en la pormenorización de las propuestas del texto programático (eso lo dejaremos para otra ocasión) sino en dos cuestiones de orden general.

Primera. --  Aunque los redactores han procurado no dejarse nada (o pocas cosas) en el tintero es evidente que se trata de una vasta elaboración en toda una serie de materias, económicas, sociales, políticas y culturales que, también de momento, no valoraré. Sin embargo, en esta primera consideración me interesa sacar a colación a C.B. Macpherson. El mismo que en La democracia liberal y su época se interrogaba lo siguiente: «¿Qué tipo de Estado hacía falta para este tipo de sociedad?» (1). O, lo que es lo mismo, qué tipo de Estado hace falta para el mejor acomodo posible de las propuestas de los socialistas.

Me explico: el grupo dirigente del PSOE ha estado desacertado en no situar la «cuestión federal» en el texto programático. De manera que no es posible saber en qué eje de coordenadas se inscriben sus propuestas. Entiendo, pues, que no será útil esta conferencia porque –para evitar una cuestión tan espinosa en ciertos sectores, ¿solamente en las vacas sagradas?--  establece una escisión entre las propuestas (ya planteadas) y el «modelo de Estado que hace falta» (todavía por definir). Pongamos que hablo de lo siguiente: de la reforma fiscal en un Estado federal y sus implicaciones en las políticas de welfare en dicho Estado federal.

Segunda.--  De una atenta lectura se constatan dos cosas: a) una ausencia de jerarquía de las propuestas y, por tanto, una cierta confusión de prioridades; y b) una absoluta desatención por los vínculos y compatibilidades entre todas y cada una de las propuestas. Esto último es un vicio generalizado de la política y, ¿por qué no decirlo?, de las propuestas de los sujetos sociales, incluido el sindicalismo confederal. Es como si las diversas variables de un polinomio algebraico no estuvieran vinculadas entre-sí. O, como he dicho en otras ocasiones: un conjunto de tapas variadas (por magníficas que fueran) no conforman un menú. Que la política no es una ciencia exacta (o ni tan siquiera una ciencia, sino un artificio) no impugna la mayor. 

Apostilla.--  La verdadera apuesta por el federalismo de los socialistas se verá cuando su literatura programática encaje, con los menos chirridos posibles, en el tipo de «Estado que se necesita». Y la sostenibilidad de las mismas se verá a prueba tras el establecimiento de los vínculos y compatibilidades de todas ellas entre sí, esto es, de la consistencia del polinomio.  

(1)    C.B. Macpherson en La democracia liberal y su época. (Ciencia política, Alianza Editorial, página 50)

«NO ES EL FIN DE LOS RECORTES SINO EL FINAL DE LOS NUEVOS RECORTES»

De una parte, el gobierno del Partido popular está haciendo estragos utilizando cañonazos; de otra parte, sus injustas medidas están provocando un rechazo generalizado que, sobre todo, se mide a través de una presión sostenida de la ciudadanía, siendo el sindicalismo confederal la punta de lanza de tal proceso. De un lado, el gobierno catalán (sostenido anfibiamente por ERC, esto es, formalmente en la oposición y virtualmente en el gobierno) está llevando a cabo, desde que está en la dirección del país, un proceso no menos descarnado, aunque sus formas parecen (o son percibidas como) de guante blanco; de otro lado, entiendo que no hay relación entre la gravedad de tales medidas y el grado de respuesta de la ciudadanía y de los sujetos sociopolíticos que las sufren.

Veremos qué pasa a partir de ahora en Cataluña ante las nuevas medidas que se propone llevar a cabo el gobierno de CiU y sus socios, que tienen el uniforme de la oposición para no infundir sospechas.

Veamos: los continuados recortes que se han hecho desde 2011 han llevado a retroceder una década en gasto social. Desde hace dos años los tijeretazos han representado un 22 por ciento. Y, concretando, ahí aparece este dato desolador: en Educación se ha operado, en los últimos cuatro años, una caída del 21 por ciento. Para 2014 --«no es el fin de los recortes, sino el fin de los nuevos recortes», ha dicho el Consejero del negociado económico, Mas-Colell, el hombre de Minessota--  Educación perderá 260 millones de euros, afectando a las guarderías y otros; el presupuesto universitario se desploma en un 17 por ciento, amén de cifrarse en una caída en los últimos años de un 29 por ciento. Perdonen la náusea de tanto número.

Digamos que los recursos de apoyo a la industria caen a la mitad, de un lado; y, de otro, la pérdida del Servicio Catalán de Empleo baja al 45 por ciento. Sin embargo, se dobla el dinero para los gastos de diplomacia (sic), al tiempo que se reduce en un 71 por ciento lo destinado a las organizaciones no gubernamentales. 

En resumidas cuentas, un monumental disparate que está siendo tratado –es mi particular percepción--  de manera pusilánime.

Así las cosas, recurro a la metáfora del «delenda est Convergència». Metáfora, he dicho metáfora.      

MÁS SOBRE LA LEY DE FINANCIACIÓN DE LOS SINDICATOS

Nota aclaratoria. He mantenido una correspondencia con Carlos Peña, a través de facebook, con motivo de mi artículo Discrepo de una propuesta de CC.OO. mi sindicato. Y, de común acuerdo, hemos pensado en publicarlo en este medio. Allá va.  

 

Carlos Peña.-- Leyéndote me da la impresión que vinculas la ley de financiación del sindicalismo con los posibles peligros de pérdida de independencia del sindicato y el riesgo de su “institucionalización”. ¿Acierto?

 

JLLB.--  Tal vez no haya sabido explicarme mejor, Carlos. Pero no era esa mi intención; es más, de una atenta lectura no se desprende lo que tú apuntas. Yo veo las cosas de la siguiente manera: no veo eso ni ese peligro ni el riesgo que tú crees haber leído.

 

Carlos Peña.--  Te aseguro que no tengo el vicio de leer aviesamente las cosas. Explícate, pues.

 

JLLB.--  El proceso sostenido de movilizaciones que lleva el sindicalismo, desde 2008 hasta hoy, desmiente radicalmente que haya pérdida de independencia y autonomía; ni siquiera merma, Carlos. Por otra parte, pienso de esta manera: una ley de financiación de los sindicatos, aunque me provoque antipatía, no necesariamente implica la pérdida ni la merma de independencia  (ni, consecuentemente, de institucionalismo) del sindicato. De la misma manera que sin ley de financiación el sindicato puede  no ser independiente y caer en el institucionalismo. Ha habido organizaciones sindicales que, sin dicha ley, no son independientes y han caído en el institucionalismo. Así es que la independencia y el institucionalismo o sus contrarios no están ligados implícitamente a una ley de financiación del sindicalismo que, repito, me es antipática.

 

Carlos Peña.--  Entonces, ¿dónde está el misterio, José Luis?

 

JLLB.--  En esto: dando por sentado que dicha ley se pide para tener más recursos, se descuida la reflexión central de cómo el sindicato debe contar con más instrumentos organizativos, incluidos los financieros. O se deja de lado lo que los economistas llaman el «coste de oportunidad» o, si se prefiere, el  valor de la mejor opción no realizada. Quiero decir que, mientras estás amparado por una ley de financiación de los sindicatos, no investigas de qué manera encuentras la mejor opción para financiarte autónomamente, a través de tus propias fuerzas. Y si me permites, te diré que estás retrasando la posibilidad de la autorreforma sindical. Que sea capaz de aprehender la pluralidad compleja del conjunto asalariado, esto es, las diversidades de toda esa miríada de tantísimas situaciones diferentes en sus condiciones de trabajo, en el desempleo, en los sexos, generaciones y territorios.  

 

Carlos Peña.--  Además, dicha propuesta se ha planteado en el peor momento posible: la complicada situación de los ere´s andaluces…

 

JLLB.--  Es cierto, pero eso querría decir que hay momentos oportunos para plantearla, y en mi caso impugno la mayor.

 

Carlos Peña.--  Ya te entiendo, José Luis, pero el mundo de las apariencias también cuenta.

 

JLLB.— Por supuesto. Pero entiendo que la mejor manera de combatir esas apariencias pasa por saber exactamente –no tenemos estudios al respecto, Carlos— cómo nos perciben, con la mayor aproximación posible, los trabajadores no inscritos al sindicato. Es decir, cómo nos ve esa pluralidad compleja.

 

Carlos Peña.--  Por otra parte esa campaña antisindical está alcanzando tonos asfixiantes.

 

JLLB.--  Hasta donde yo recuerdo siempre hubo, en estado de latencia o de manera soterrada, una campaña antisindical. Precisamente por mantener el tipo de sujetos independientes y no institucionalizados. Lo nuevo es el carácter agresivo (casi criminalizante) de dicha campaña. Y en ese sentido vale la pena diferenciar el eructo de la caverna y sus islas adyacentes de aquellas críticas, razonables o no tanto, que se nos dirigen por motivos contingentes.  Oye, Carlos: ten compasión de mí; son las tantas de la noche y uno ya tiene unos años…

 

Carlos Peña.--  Nada, nada. Buenas noches y agradecido. Saluda a Roser de mi parte.

 

JLLB.--  Sea. Condiós.

 

LA CONTRARREFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Enrique Fossoul^*

El Partido Popular se presentó a las elecciones con un programa electoral plagado de “rayas rojas”, la mayoría referidas a los servicios públicos tradicionales que, pronto empezaron a “pisotear” más que superar, apoyándose en la justificación de la crisis económica y del volumen de la deuda pública, “ambas herencia del PSOE”, cita favorita de dirigentes peperos y tertulianos derechistas, o del tan manido “nos lo demanda la Troika” para evitar el rescate.

Pero la realidad es muy distinta. El PP, en lo que se refiere a lo público, en general, se está limitando a cumplir lo que denominaremos su “programa oculto”, dictado por los empresarios que, por cierto, son los únicos que están obteniendo beneficios directos e indirectos de la fuerte crisis que nos viene golpeando desde 2008 y, más intensamente, desde el giro antisocial del gobierno Zapatero en mayo de 2010, animado por la orientación neoliberal de los ministerios económicos, en especial el de Elena Salgado.

Si observamos los constantes pronunciamientos públicos de la CEOE, tanto del anterior Presidente, hoy vecino de Bárcenas en Soto del Real, como del actual, así como del autodenominado Consejo Empresarial para la Competitividad, lobby económico-financiero cuya tarea central es visitar La Moncloa para “acompañar” a los dos últimos presidentes del gobierno en sus decisiones económicas, podemos entender lo bien que el actual gobierno del PP sirve a los intereses privados en su estrategia de convertir lo público en un negocio muy rentable para el sector privado, reduciendo la inversión pública, transfiriendo mayores ayudas a este sector o, lisa y llanamente, privatizando sectores básicos como la sanidad, la enseñanza, la ayuda a la dependencia, etc. o atacando el sistema público de pensiones.

Más en concreto es interesante, al respecto, leer con detenimiento el denominado “Un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura”, publicado el 10 de noviembre de 2011 (diez días antes de las elecciones legislativas y en plena campaña electoral) por el Círculo de Empresarios, en el que apuesta por “un plan de choque integral y creíble de política económica” basado en tres ejes: la consolidación fiscal, la reforma laboral y la normalización del crédito.

En el marco de la consolidación fiscal, como un mantra, incluyen “una reconversión de la estructura de la Administración” en la que destacan una reducción del número de ayuntamientos, fusionando y suprimiendo departamentos administrativos; o, el cierre de empresas públicas y entes públicos.

El PP, abrió un proceso de “reflexión y consenso”, que al fin y a la postre careció de ambos, con la creación de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), presidida por la Vicepresidenta del Gobierno, cuya función era la de informar el conjunto de reformas a abordar en las administraciones públicas y que, en síntesis, están suponiendo el repliegue de los servicios y bienes prestados desde la esfera pública, sostenido en el convencimiento ideológico de que las administraciones pueden ser una nueva fuente de beneficios para la gestión privada.

El final del trayecto va dejarnos unas administraciones públicas más débiles, con mucho menor volumen de empleo público y, en consecuencia, con menor capacidad de cubrir los servicios que demanda la ciudadanía.

Un efecto que se va a notar en el conjunto de lo público, pero que va a repercutir con mayor intensidad en las administraciones locales, es decir en los ayuntamientos a los que, por medio de la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se les reduce su margen de actuación y se les condiciona su gestión en base a criterios económicos insuficientemente contrastados.

En este sentido hay que recordar que los ayuntamientos, en gran medida y durante muchos años, eran las únicas administraciones que la ciudadanía las sentía como próximas, no solo porque en las elecciones municipales es en las que se valora más a los candidatos y las candidatas, en cuanto a su gestión concreta, que a los partidos o candidaturas en las que se presentaban, sino también porque los servicios públicos que éstos prestan cubrían sus demandas y necesidades.

La Constitución recoge explícitamente que “El Estado se organiza territorialmente en municipios…”, añadiendo que “Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. El consenso constitucional debía haberse completado con una doble legislación, para reforzar o hacer real esa autonomía, la determinación de competencias y funciones de las administraciones locales, en relación con las correspondientes al Estado y a las Comunidades autónomas, que debía haberse concretado en un proceso de segunda descentralización, una vez completado, aunque de forma imperfecta como estamos viendo en estos últimos meses, el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas.

Y un segundo instrumento debería haber sido la reforma de las haciendas locales que asegurara la suficiencia financiera de éstas.

Esta doble ausencia ha provocado dos efectos indeseables: el primero la invasión o solapamiento de competencias que se han venido definiendo de forma incorrecta como “funciones impropias”; el segundo que los ayuntamientos en su financiación se han tenido que supeditar en exceso a los ciclos económicos y especialmente en el ciclo expansivo, ya agotado, vinculado a la “burbuja inmobiliaria” se han centrado y potenciado excesivamente las actividades vinculadas a la gestión y ordenación del suelo, asistiendo a verdaderas aberraciones urbanísticas de sobra conocidas.

Esta situación le ha servido al PP de coartada para abordar una reforma, a todas luces injusta y discriminatoria, que en el fondo supone una contrarreforma de la Ley de Bases que hasta ahora regulaba las administraciones locales. Una reforma que, consideramos anticonstitucional porque pone en cuestión injustificadamente la autonomía local definida constitucionalmente y no considera, en ningún momento las variables de proximidad, de participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado español el 20 de enero de 1988.

En resumen, la Ley ser justifica sobre premisas falsas, sobre cifras manipuladas y solo se entiende en un marco ideológico y político que trata de desmontar, en la actual legislatura y “con excesivas prisas”, el conjunto de la estructura del Estado construida precariamente en la Constitución de 1978.

Los primeros pasos, en esa línea, se dieron con la modificación constitucional del artículo 135 de la Constitución sobre “techo de gasto”, pactada por el PSOE y el PP al dictado de la Troika, cuestionando la autonomía financiera de las administraciones públicas, impidiendo su endeudamiento para cubrir sus necesidades de gestión y las demandas de servicios públicos de la ciudadanía, e impidiendo que muchas de ellas puedan cumplir con sus funciones y competencias.

La posición de la FSC al respecto siempre ha sido proclive a abordar la “pendiente” reforma de las administraciones públicas, basada en criterios de eficacia y eficiencia, incluyendo la tan anunciada modernización, pero sobre bases reales y datos contrastados.

A este respecto hemos venido denunciando la paralización excesiva del proceso de construcción del Estado de las autonomías, con una Administración General del Estado que, en muchas de sus funciones y servicios, aún funciona como Administración Central, con algunas Comunidades Autónomas que reproducen el esquema centralista de la Administración Central respecto a sus Ayuntamientos, especialmente los más pequeños y periféricos, y con unos ayuntamientos aún pendientes de que se complete el mandato constitucional que les permita cubrir adecuadamente sus funciones.

Por ello hemos emitido informe negativo en torno al Proyecto elaborado por la CORA y nos hemos opuesto a la Ley de “reforma” de las administraciones locales.

Tras un largo e intenso trabajo con los grupos parlamentarios hemos conseguido unificar la postura de rechazo de la mayoría de grupos parlamentarios, alcanzando el compromiso de que la ley sea modificada con otra mayoría parlamentaria y hemos apoyado la iniciativa de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, apoyada posteriormente por la Cumbre Social, de rodear los Ayuntamientos para manifestar públicamente nuestra oposición a esta contrarreforma.

Al mismo tiempo hemos iniciado una campaña en defensa de lo público, bajo el lema “Es tuyo, es público, ¡sálvalo!” entendiendo que los servicios públicos, que son parte esencial del modelo social europeo, son fruto de la presión social, y su mayor desarrollo se ha demostrado eficaz a la hora de paliar los efectos de la crisis y por ello creemos necesario llamar a la conciencia de la ciudadanía para responder con contundencia a los recortes del Gobierno en el sector público.

La FSC considera que mantener el Estado del bienestar y la protección social, especialmente en momentos de crisis, requiere también la conciencia de su necesidad y la movilización de la sociedad, para lo cual es necesario visibilizar esos servicios públicos que deben prestar las administraciones públicas, para evitar que se conviertan en parte del negocio privado y sean defendidos por una ciudadanía con derechos que se niega a ser meros clientes o usuarios de la iniciativa privada y en total ausencia de cualquier control democrático de lo público.

Defender los servicios públicos y el acceso a los mismos en condiciones de igualdad a todos ellos es la piedra angular del Estado del Bienestar. En este sentido rechazamos que la crisis económica y las evidentes dificultades derivadas para el gasto público sean utilizadas para reducir la capacidad de prestación de servicios públicos. Por el contrario, creemos necesario reconstruir la estructura fiscal del Estado, en sentido amplio, para atender y reforzar los servicios públicos.

Para la FSC es imprescindible, por último, la existencia de un número suficiente de empleados y empleadas públicas, al contrario de lo que defiende la derecha, la CEOE y el Círculo de Empresarios. Empleo público bien formado y con unas condiciones de trabajo que garanticen la calidad y la eficiencia de los servicios que prestan a toda la ciudadanía porque son un factor fundamental para la cohesión social y territorial y la igualdad de oportunidades-

Asimismo, es imprescindible garantizar el papel de los poderes públicos y su intervención en la economía, en la sociedad y en la prestación de los servicios básicos independientemente de los costes derivados de las diferencias geográficas y socioeconómicas, apostando por reforzar los controles sobre las decisiones y la gestión de los poderes públicos y garantizando la presencia de unos servicios públicos universales, equitativos, con criterios de calidad y eficiencia en su gestión y financiación.

En momentos de crisis lo público no puede desaparecer o retroceder, sino que debe convertirse en motor del necesario relanzamiento de la actividad económica que nos permita la recuperación económica y salir de la crisis por una puerta más digna que la que nos indican los conservadores.

^{* Enrique Fossoul es secretario general  de FSC – CC.OO.} 

DISCREPO DE UNA PROPUESTA DE CC.OO, MI SINDICATO

José Luís López Bulla 

No comparto la propuesta que ha hecho, recientemente,  mi sindicato, CC.OO., de la necesidad de una ley de financiación de los sindicatos.  Más todavía, pienso que la argumentación que ha dado el compañero Fernando Lezcano no me parece sostenible: «una ley de financiación de los sindicatos, al margen de la Ley de Transparencia, para regular el sistema de financiación de estas organizaciones a fin de que dejen de estar "siempre bajo sospecha"».

Pregunto: ¿qué tiene que ver la necesidad de dicha ley con el hecho de evitar estar siempre bajo sospecha? Entiendo que, si se me permite la amable impertinencia, es un paralogismo que no guarda relación con la (probada) capacidad intelectual de Fernando, cuya maestría conocemos desde hace muchísimos años. Concreto: Lezcano y su equipo sacaron de la marginalidad a la Federación de Enseñanza de Cataluña a mediados de los años ochenta. Más tarde, no menos brillante ha sido (y sigue siendo) su papel al frente de la secretaría y como portavoz de la Confederación. De manera que le es exigible la congruencia entre la propuesta y su justificación. Así es que yo veo las cosas de otra manera.

Cuando se pide una ley de financiación de los sindicatos es porque se tienen dificultades financieras. Y cuando se argumenta que es para evitar el hecho de «estar siempre bajo sospecha» se está enrareciendo el problema. Un sujeto crítico, que está expresando continuamente su alteridad, siempre estará sometido a la presión organizada de ser tildado como sospechoso de tener cosas ocultas por parte de aquellos que se sienten atacados o vigilados por aquél. Es decir, se trata de meterle en el cajón de la corrupción a través de los infundios sobre unos inexistentes pecados sindicales que brillantemente refuta Javier Aristu en el blog de culto, En campo abierto.  

 

El sindicato debe tender gradualmente a la autofinanciación. Lezcano reconoce que «actualmente más del 50% de los ingresos de CC.OO. proceden de las cuotas de sus afiliados». Lo cual es, en efecto, inquietante. Y sobre esa preocupación conviene escarbar: ¿el problema está en una afiliación insuficiente? ¿se encuentra, tal vez, en la desproporción entre recursos que siempre serán finitos y las cada vez mayores exigencias del sindicalismo, que parece que sean “infinitas”? ¿o puede que sea en ambas?.  

 

Hemos apostado –y creo que es una apuesta impecable— por un sindicato general. Lo que, entre otras cosas, quiere decir que no hace distingos formales entre afiliados y no afiliados. Eso no se puede cambiar, al menos en el terreno de la negociación colectiva y el conjunto de las prácticas contractuales porque es el resultado de aceptar el monopolio de la negociación colectiva, fijado por ley. Pero, simultáneamente, nos encontramos, así las cosas, en que nuestra limitada capacidad de representación doméstica (el conjunto afiliativo) tiene que sostener la representatividad de todos los trabajadores. Es evidente que dicha asimetría nos crea problemas. Pero es en ese estadio donde estamos y no en otro. No estamos, pues, en un cuadro (que sería indeseable) donde los convenios colectivos y el conjunto de las prácticas contractuales afectaran sólo a los afiliados. Más todavía, aceptar esta situación significaría automáticamente la pérdida del monopolio del poder contractual erga omnes, de un lado y, de otro, la desaparición del carácter de sindicato general.

 

¿Una ley de financiación de los sindicatos es la solución? Entiendo que no, y quienes me conocen saben que siempre he estado en contra. Mis motivos siempre fueron, y los mantengo, éstos: los recursos financieros que vendrían impedirían entrar en la búsqueda de las razones de fondo. A saber, la baja afiliación al sindicalismo confederal (que no debe confundirse con el importante nivel de representatividad universal);  el, tal vez, desproporcionado barroquismo de las estructuras; o la obstinación en la creencia de que las soluciones administrativas (léase la fusión de federaciones) es una solución.

 

Lo que entiendo decir es que la cuestión financiera guarda una estrecha relación –como no puede ser de otra manera— con la «forma sindicato», como cuestión determinante del proyecto sindical, la sobriedad en la administración de los recursos financieros y la percepción que el conjunto asalariado tiene de todo ello, especialmente el potencialmente afiliativo. Aunque cabe la posibilidad que un servidor vaya errado.  

 

SALARIOS FLEXIBLES Y RECORTADOS, SALARIOS RÍGIDOS Y POR LAS NUBES

El Servicio Catalán de la Salud (Catsalut) tiene un plan: blindar los salarios de los altos cargos. Se trata de restituir una parte del sueldo que han perdido al  no poder cobrar los complementos variables que estableció la Ley de Presupuestos de 2012, amén de convertir en complemento fijo una parte de la retribución anual que estos cargos (la casta) cobraban como variable, aproximadamente un 10 por ciento para los mandos ordinarios y un 15 por ciento los superiores. No hace falta afirmar que para unas cosas no existe dinero mientras que para otras ahí está la mano del rey Midas para lo que haga falta.

Para la mayoría del personal, la receta mágica es la motosierra; el becerro de oro, sin embargo, para la casta. Pero hay algo más: para la mayoría se teoriza ad nauseam (y se acompaña con las correspondientes prácticas) la flexibilización de los salarios y para la casta se pone en marcha la más rotunda  y generosa rigidez. ¿Puede argumentar el consejero Andreu Mas-Culell, el hombre de Minessota, estas (aparentes) paradojas? Para un servidor no hay duda: para la gran mayoría está la conculcación de los derechos y los privilegios a mansalva para la casta.  O, lo que es lo mismo, las dos montañas sagradas en pugna: Mont Saint Pelerin para la plebe; Montserrat para la casta.

Como es natural, los sindicatos han puesto el grito en el cielo desde el Sindicat de Metges hasta los confederales. Lo que todavía no nos ha llegado es la postura de Esquerra Republicana de Catalunya. Que esté empeñada en otros graves asuntos, no le impediría decirnos cuatro cosas al respecto, digo yo. Si calla es que otorga. Y aplica, posiblemente, la recomendación de cierto prócer de la vieja Lliga Regionalista de Catalunya, Lluis Duran i Ventosa, que afirmó con algo más que picardía que «todo el problema de Cataluña radica en esto: en que los hombres de la izquierda sean o no capaces de comprender que su misión es la de constituir  la vanguardia de la burguesía». Que puede encontrarse en el libro del famoso periodista republicano Manuel Chaves Nogales ¿Qué pasa en Cataluña? (Almuzara, 2013).