sábado, 18 de abril de 2015

La contumaz ilegalidad del Partido Popular



Les sugiero que lean atentamente el artículo que ha publicado el eminente jurista sevillano don Javier Pérez Royo en El País con fecha de hoy, Preguntas para el fiscal general (1).  A buen seguro que no quedarán defraudados.


Hace tiempo que vengo dándole vueltas al asunto que plantea Pérez Royo. Pues bien, todo lo que se me ocurría era considerado como una estridencia. Alguien, con fama de echao p´ alante llegó a echarme en cara que estaba planteando una especie de hágase justicia y explote el mundo.  O, lo que es lo mismo, que mi remedio era peor que la enfermedad. Y es que los autodidactas tenemos la tendencia de meternos en camisa de once varas y, ocasionalmente, fabricar disparates. Pero viene el profesor Pérez Royo, que tiene merecida fama de temperado, y restituye mi autoestima. Y no se anda con gaitas: «El partido que utilice medios tipificados como delito es ilegal y debería cancelarse su inscripción en el registro». ¿Se trata de una propuesta radical? Respuesta: es la coherencia de la lógica jurídica entre el quebranto de la ley y lo que establece la norma, en este caso, la Constitución y la mismísima Ley de Partidos políticos.

Ahora bien, resarcidas mis inquietudes por la doctrina Pérez Royo, me interesa tirar el hilo de ese descomunal ovillo. Bien está que se aplique la ley al Partido Popular, pero es preciso escarbar todavía más en ello. Si se demostraran las acusaciones del Juez Ruz acerca de la ilegalidad de la financiación del mencionado partido, ¿en qué situación quedan los resultados de las elecciones que, desde esa ilegalidad, dieron la victoria al partido? ¿podemos considerar legales la composición de los parlamentos, sus leyes y disposiciones de todo tipo? No hay duda que se trata de filosofía moral. Pero, ante todo y sobre todo, es una cuestión que vincula los medios ilegales utilizados para las diversas contiendas electorales y las disposiciones que, desde esa ilegalidad, se pusieron en marcha. Repito, es un problema moral y, sobre todo, de coherencia de la legalidad democrática, que ha sido conculcada ab initio. En esa tesitura todo lo que ha hecho el Partido popular es ilegal. Incluso si hubiera legislado que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.




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