EFECTIVAMENTE, UNA AGRESIÓN ESTA REFORMA LABORAL

Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“La reforma laboral será muy agresiva”, dijo en un foro internacional un ministro español. La verdad es que el uso de esta última palabra me sorprendió cuando la oí. Según el DRAE, en castellano el término tiene varias acepciones, a saber: “Dicho de una persona o de un animal: Que tiende a la violencia”, o “Propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás” o “Que implica provocación o ataque”. Ya sé que en inglés –idioma en el que hablaba nuestro preboste- “agressive” se puede entender también en el lenguaje de los negocios como “enérgico” o “intenso”. Pero visto lo publicado en el BOE del sábado 11 de febrero creo que nuestro alto funcionario estaba hablando en español cañí: cualquiera de de las acepciones expuestas por el DRAE es aplicable al R Decreto-Ley 3/2012, de 2 de febrero.

Nos hallamos, en efecto, ante la reforma más profunda de nuestro modelo de relaciones laborales desde hace casi veinte años –en concreto, desde la llamada reforma laboral de 1994-. Y, precisamente por la trascendencia de los cambios, llama mucho la atención que en este caso se haya roto una de las reglas no escritas del pacto welfariano: que las modificaciones de modelo se discuten previamente, antes de elevarse a rango de Ley entre los agentes sociales y el Ejecutivo. Es cierto que el actual gobierno había urgido a patronal y sindicatos desde antes de su toma de posesión para que consensuaran cambios normativos. Pero quiero llamar la atención sobre el carácter estrictamente bilateral de esos contactos: el Ejecutivo –y ésa es la diferencia- nunca se mojó en el tema. Y no es ésa una cuestión baladí: no es lo mismo que un gobierno diga a los empresarios y los sindicatos: “quiero cambiar el mercado de trabajo en este sentido, negociémoslo entre todos”; o que diga: “pacten ustedes lo que quieran, si no llegan a un pacto –o, incluso, aunque lo hagan como ha sido el caso, al menos en ámbitos de negociación colectiva- yo impondré mi modelo a través del rodillo de mi mayoría absoluta”. Esto último no es negociar en forma tripartita: es un simple Diktat que convierte a los agentes sociales en simples amanuenses. Una práctica autoritaria, alejada de nuestro modelo constitucional.

Desde ese punto de vista, el hecho de publicar en el BOE un sábado una reforma de este calado y recibir a los agentes sociales el lunes siguiente para ver qué piensan me parece –al margen de los contenidos del R Decreto-Ley- lo más escandaloso de este proceso. Se trata de una ruptura en toda regla, de las reglas del juego de poderes que conforman el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Y es una práctica que llama poderosamente la atención si se tiene en cuenta que una semana antes se había publicado el R Decreto-Ley 2/2012, sobre el saneamiento del sector financiero; norma ésta que –como se desprende varias informaciones de prensa- sí había sido más o menos hablada y consensuada con los principales Bancos y Cajas de Ahorro –sobre todo, con una de estas últimas, según las malas lenguas-. ¿Por qué se consensúan con las entidades financieras las normas que les afectan y no se hace mismo con patronal y sindicatos? Que yo sepa, las primeras no están contempladas en el Título Preliminar de nuestra Constitución, a diferencia de los agentes sociales.

Y no me valen las famosas excusas de urgencia por la delicada situación económica de este país. Primero, porque la técnica legislativa del R Decreto-Ley 3/2012 es bastante buena, pese a la complejidad de la modificación –es decir, no se improvisó: hace tiempo que estaba redactado-. Y, segundo, porque de las crisis no se sale sólo con cambios normativos, sino especialmente con consensos: o todos los ciudadanos ven claro un horizonte de mejora, o difícilmente se les puede pedir que se esfuercen y hagan renuncias de derechos. Si el futuro que se diseña es peor que el anterior, ¿para qué se esforzar los trabajadores en alcanzarlo? Pues bien, la marginación de los sindicatos en la conformación del nuevo marco normativo determina, a la postre, la de los asalariados. Su alejamiento y ajenidad del marco regulador de las relaciones laborales.

Ciertamente las empresas son los principales instrumentos de generación de riqueza real en nuestra sociedad –aunque es ésa una obviedad que debería haberse recordado en plena orgía especulativa hace unos años- Pero las empresas no son nada sin sus trabajadores. La riqueza de verdad –no la derivada de la usura y la codicia- se crea sobre el trabajo, como la experiencia humana pone de manifiesto en todas sus etapas históricas y modos de producción.

Por tanto, regular el mercado de trabajo a favor de los empresarios dejando la salida de la crisis únicamente al “espíritu emprendedor” es un error de calado. Se puede tener muchos ciudadanos con dicho espíritu, pero sin el esfuerzo de los trabajadores no se saldrá de la crisis. De ahí que, más que nunca, cualquier cambio en las relaciones laborales ha de ser compensado. Porque en ese ámbito rige el principio de suma cero: lo que en un cambio normativo pierden unos, lo ganan otros. Y eso es precisamente lo que se deriva del R Decreto-Ley 3/2012. Se trata, ni más ni menos, que de plasmar en el BOE las reivindicaciones históricas de la patronal. Sin prácticamente contrapartidas para los trabajadores. Y la justificación de ello es la necesidad de crear empleo.

Quizás sea porque me estoy haciendo mayor. Pero tengo en demasiadas ocasiones la impresión de que el discurso dominante en la política –en diestra y, ¡ay!, una parte significativa de la siniestra-, los media y una buena porción de la ciudadanía se asemeja al de un sectario que obtenga fondos haciendo de trilero en las Ramblas barcelonesas.

Lo de “sectario” viene por la imposibilidad material de discutir los mantras sagrados que devienen verdades absolutas por su reiteración expositiva (“lo privado funciona mejor”, “bajar impuesto es bueno para la economía”, “menos Estado y menos regulación, etc.) Y la asimilación a la figura del trilero porque todos sabemos que el juego está trucado: lo que se dice no es, en realidad, lo que se pretende. La última “ratio” de las políticas económicas y sociales actuales (la reversión de rentas en relación al modelo welfariano, favoreciendo a las clases opulentas, como afirmaba el maestro Josep Fontana en sus reflexiones “Más allá de la crisis” publicadas en este blog hace unos días) se oculta formalmente, aunque todo el mundo sabe cuál es su objeto (1). La aplicación de los dogmas ha llevado a una evidente realidad: el incremento de la desigualdad en la distribución de rentas entre los ciudadanos, no sólo en los países “ricos”, también a escala planetaria (el famoso uno por ciento, que se ha enriquecido con el neoliberalismo) Es decir la corrupción de la noción de democracia integral –por la limitación del concepto únicamente a su vertiente libertaria- que surge de Platón y Aristóteles y conforma las Constituciones modernas. La causa última de la actual crisis –más allá de las diversas manifestaciones en los distintos países- reside en esas políticas de desigualdad. Sin embargo, se sigue profundizando impúdicamente en ellas, cómo si a un enfermo de cáncer de pulmón se le recomendara continuar fumando.

Pero es que, además, la experiencia de casi treinta años de reformas laborales pone en evidencia lo evidente: las leyes no crean empleo. En este período de tiempo hemos asistido a experimentos legislativos variados –fomento de la contratación temporal, fomento de la contratación a tiempo parcial, contratos de fomento de la contratación indefinida, etc- Y ninguno de esos cambios ha sido útil para crear empleo. 

En la Exposición de Motivos del R Decreto-Ley 13/2012 se afirma, con claridad que en España se “ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas” –lo que es indudablemente cierto- para señalar, a continuación, la causa: “La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español. Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura”. Es decir, los trileros sectarios establecen el diagnóstico que el paro desmesurado que por aquí campa es causa de las tutelas del Derecho del Trabajo. ¿No será que nuestra diferencia con otros países reside en el erróneo abandono de la producción en sectores con más valor añadido y la suicida apuesta casi única por la construcción? ¿No será que si uno ha jugado la carta de un modelo productivo basado en la burbuja inmobiliaria, cuando ésta revienta el impacto sobre el empleo es extraordinario?

Es la situación económica y  social y el modelo productivo la que determina la creación de empleo, no las leyes. Como bien ejemplarifica mi amigo Manolo Luque: ¿Cómo se explica que con la misma normativa en Euskadi el desempleo no llegue al doce por ciento? ¿No será porqué allí no se ha desmantelado el sector industrial con el mismo afán que en otros territorios, con un fuerte entramado de pequeñas empresas? A lo que cabrá añadir que los países septentrionales europeos tienen un índice de desempleo mucho menor, pese a que los trabajadores y los sindicatos ostentan mayores tuteles, competencias e intervencionismos. La triste singularidad de nuestro país no es de problemas estructurales del mercado de trabajo, sino de modelo productivo. Pero eso es algo de lo que los trileros sectarios no quieren oír hablar.

En esa tesitura el empleo se convierte en la gran excusa de la nueva y significada reversión de poderes en la empresa y en la sociedad, entronizando el poder del empresario (y, por ende, de los poderosos), capidisminuyendo las competencias de las personas asalariadas y ninguneando a los sindicatos. Porque de lo que se trata, de verdad, no es crear empleo. Todos sabemos dónde está la bolita: en el cubilete que esconde la reversión del pacto de rentas del Welfare; por tanto, proseguir en la senda de la desigualdad. Y qué mejor momento para dar un golpe de timón que en medio de una enorme crisis sistémica, con un sindicato débil por el incremento del paro y su constante deslegitimación mediática y con una izquierda desarbolada y carente de la más mínima propuesta alternativa.

Esa es la lógica del R Decreto-Ley 3/2012 y no, el empleo. Y aunque reiteradamente su Exposición de Motivos reclame que se trate de un cambio normativo equilibrado en el que ganan trabajadores y empresarios, la simple lectura del contenido de dicha norma pone en evidencia su fin último: dotar de mayores poderes a los empleadores, incrementar la desigualdad contractual entre las partes y reducir el papel de los mecanismos compensadores de la desigualdad, significativamente la negociación colectiva y el sindicato. 

Pero reitero: eso nada tiene que ver con la crisis y el empleo, sino con el intento de reversión del modelo welfariano que se plasma en nuestra Constitución (cada vez más alejada de su espíritu original, ahora que contiene referencias a la austeridad). No está de más recordar que buena parte de las medidas ahora adoptadas eran bandera reivindicativa de patronal y de sectores académicos y mediáticos en la época de las vacas gordas. Y que el modelo al que se acusa de rígido no fue óbice para un exponencial crecimiento del empleo –eso sí: basado en la construcción y actividades anexas-, que exigió mano de obra barata, esencialmente foránea.

Pero es inútil intentar hablar racionalmente con sectarios. En el BOE del pasado sábado se recogen las viejas reivindicaciones de la patronal: se consagra el fin de la intervención administrativa en los despidos colectivos y en las suspensiones contractuales y de reducción de jornada, se veta a los jueces el control finalista de dichas medidas, se abarata el despido para todos, se suprimen los salarios de tramitación, se impone un concepto de flexibilidad unidireccional y autoritario, se permite la disponibilidad por el empresario de lo pactado en convenio colectivo y se permite el descuelgue universal del contenido del convenio y ya no sólo respecto al salario. Y se añaden otras medidas que no habían sido reclamadas: así, se permite que las ETT actúen como agencias de colocación, se crea un nuevo contrato que permite al empresario –además de percibir incentivos fiscales de hasta 3000 euros y embolsarse el cincuenta por ciento de la prestación de desempleo que percibía el trabajador contratado- despedir como si fuera un período de prueba –es decir, sin indemnización, ni control judicial- durante el primer año, ser permite realizar contratos de aprendizaje con la misma persona para distintas profesiones, se permite que los trabajadores a tiempo parcial puedan hacer horas extraordinarias, etc.

Sin duda, el sueño húmedo de un neoliberal. En definitiva, la ruptura del ya precario equilibrio de fuerzas entre empresarios y trabajadores y la capidisminución del poder del sindicato y del convenio. Con todo, eso no es lo peor. Lo peor es que, como ha pasado con todas las reformas impuestas anteriores, cuando de aquí pocos años se ponga en evidencia que esta reforma no ha servido para crear empleo, querrán más. ¿Por qué no, ya puestos, prohibir los sindicatos y la negociación colectiva?... ¿es qué no alteran la libre competencia, como afirmaban los liberales decimonónicos?

Y mientras la democracia se degrada, la izquierda sigue en sus trece. Unos, haciendo congresos cuyo eje central era la elección de un líder y no de renovación de ideas. Otros, confiando en la instauración de la III República. Y los de más a la izquierda reclamando la defensa del Estado del Bienestar del que abominaban hasta hace pocos días.

¿Por qué no habré nacido yo sueco?

(1) http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/mas-alla-de-la-crisis-habla-josep.html

Radio Parapanda. La reforma laboral: salarios de tramitación. Escribe Rafael López Parada. 

LA REFORMA LABORAL EN LA DEMOCRACIA AUTORITARIA

Homenaje a la mezzo soprano belga Rita Gorr (qed)

Se reproduce la entrevista que me hizo El Correo de Parapanda ayer mismo.

Correo de Parapanda (CP). El otro día usted, en su blog, le dió un cogotazo al diputado Duran i Lleida…  (1)

José Luís López Bulla. Efectivamente, así es. Duran intentó contraponer el “interés general” con la posible convocatoria de una huelga contra la putativa reforma laboral que ha sido aprobada por Decreto ley. Como elemento de choque le recordé que sin el ejercicio de la huelga,  él no hubiera sido nunca diputado, y que –a lo máximo que hubiera llegado— era a Procurador en Cortes. Para un lector inteligente era claro que me estaba refiriendo a que, sin la acción colectiva de los trabajadores durante la Dictadura, no se habrían conseguido las libertades democráticas.

CP. Pero el interés general …

JLLB.  Algo realmente chocante en ese diputado que es uno de los más conspicuos y eficaces representantes de los lobbys corporativos que, en su discurso, aparecen disfrazados de interés general para no infundir sospechas.  Unos lobbys que consideran que los derechos son variables dependientes de los mercados. Que tendencialmente se están convirtiendo en la única fuente de legitimación de las relaciones sociales: tanto de la acumulación ilimitada como de la máxima explotación, precarización y desvalorización del trabajo.

CP. Oiga, oiga, son palabras durísimas.

JLLB. Bueno, tres cuartos de lo mismo les dijo el mismísimo presidente Lyndon Johnson: apóstoles de la codicia.  En todo caso, es de cajón que Duran pretende confrontar su concepción de interés general con el constitucional derecho al ejercicio de la huelga. Esta es una idea tan interesada como ademocrática. O, por mejor decir, adscrita a una democracia autoritaria, una categoría a la que dicho diputado, aunque no sólo él, se ha ido deslizando de manera lábil. Que, especialmente, se ha reanudado con la aprobación de esta enésima reforma laboral que permite la socialización de lo arbitrario.  

CP. ¿Lo de democracia autoritaria no es ésta una formulación excesivamente radical?

JLLB. Claro que sí, siempre que se entienda “radical” como estar en la raíz del argumento. Veamos, esta democracia deconstruye simultáneamente derechos y las garantías para el ejercicio de los mismos. Es un elemento más de lo que el prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina acertadamente “la deconstitucionalización del sistema”.  

CP. Concrete un poco más a qué se refiere, si no le importa.

JLLB. En primer lugar, lo ya referido anteriormente: la deconstrucción de los derechos y sus garantías para el ejercicio de los mismos. ¿Le parece poco? Y, en segundo lugar a la invasión de intervenciones políticas –tanto del Gobierno como del Parlamento--  en aquellos terrenos que son “indecidibles para cualquier mayoría”, en ese “coto vedado” del que habló el mismísimo Norberto Bobbio. Esto es, quién no puede decidir y qué cosa no debe decidirse. Porque todas las instituciones tienen vínculos y limitaciones constitucionales. Hablando en plata: hay un territorio donde ni siquiera el Parlamento está autorizado a intervenir. Y no me dirá usted que Bobbio era un extremista.

De ahí que ahora cobre más valor la declaración de los juristas europeos reunidos en Canarias en noviembre de 2008 cuando exigían “la necesidad de que Europa vuelva a sus valores constitutivos. Y, por tanto, la necesidad de readecuar nuestras instituciones jurídicas a los valores democráticos íntegros; esta es la mejor manera de consolidar la cohesión social y de luchar contra las desigualdades que han conducido al crack del sistema” (2). Nótese que estas personalidades hablan de “valores democráticos íntegros”.  

CP. Entonces …

JLLB. Entonces, aparece claro que el intento de contraponer la huelga al interés general no sólo es abusivo sino un exponente diáfano de la democracia autoritaria.

CP. Podría hablarse de un conflicto de intereses entre Duran y … 

JLLB. Yo veo las cosas de otra manera: yo no creo que pueda hablarse de un conflicto de intereses, sino de una abierta e indisimulada primacía de los intereses privados que defienden el diputado Duran y el Partido Popular sobre los intereses públicos que representan los derechos, esos bienes democráticos, que forman parte de los “valores democráticos íntegros”. 

CP. Me imagino que lo dicho forma parte de la charla que usted dará dentro de un rato en el Círculo Cultural Schumpeter …

JLLB. Sí, pero antes echaré cigarrito porque ahí dentro no dejan  fumar, ¿tiene usted candela?

(1) UNA SUGERENCIA PARA LAS PRÓXIMAS MOVILIZACIONES

(2) HABLAN LOS MAGISTRADOS EUROPEOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

COMENTARIOS SOBRE LA REFORMA LABORAL DEL 2012

Rafael López Parada, Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla - León

A petición de los gestores de este blog (1), voy a iniciar una serie de comentarios breves sobre los aspectos más destacados de la reforma laboral practicada mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, publicada en el BOE de ayer 11 de febrero.

Hoy quiero hacer una introducción general. A mi juicio existían tres posibilidades de reforma, no excluyentes entre sí:

a) La primera y más obvia era seguir profundizando sobre las líneas generales que han recorrido las reformas laborales desde 1994/1997 hasta 2011, esto es: -facilitar y abaratar el despido de trabajadores fijos, recortando levemente la posibilidad de recurso a mano de obra temporal; -flexibilizar las condiciones de trabajo, disolviendo la fuerza vinculante de la negociación colectiva de sector; -privatizar las actividades de colocación y empleo;

b) La segunda era la vía específicamente alemana de la Agenda 2010 del canciller Schroeder, esto es, desregular completamente la subcontratación y la cesión de trabajadores, reducir el ámbito de aplicación de los convenios colectivos y permitir, aprovechando la ausencia de un salario mínimo interpofesional, la aparición de un fuerte contingente de mano de obra empobrecida, con salarios ínfimos (mini-jobs incluidos), al lado de los trabajadores protegidos por los convenios colectivos y que componen la fuerte clase media alemana. Una buena parte de esos trabajadores, que ocupan los empleos poco cualificados (pero también los puestos auxilares en las cadenas industriales), son inmigrantes, además de los alemanes del Este. En España esa vía no se había ensayado jurídicamente, pero sí de facto durante más de una década, por la presencia de una mano de obra inmigrante masiva en muchos sectores de poca cualificación sometida a condiciones de trabajo ilegales por obra y gracia de su total inseguridad jurídica en las condiciones de residencia y trabajo. Ocurre que esa vía ha quebrado, porque el problema en España no es proporcionar mano de obra barata a las empresas, sino crear empresas y empleo para la mano de obra nacional, algo muy distinto en el fondo.

c) La tercera, que para mí hubiera sido la lógica (la llevo defendiendo desde mitad de los noventa) y la que de verdad hubiera sido revolucionaria, consistía en actuar sobre la segmentación del sistema de relaciones laborales, generalizando la tarificación por horas, instaurando un contrato único con una indemnización de despido igual para todos los contratos (más baja, desde luego, que la prevista hasta ahora para el despido improcedente, de 45 días por año) y suprimiendo al mismo tiempo todo tipo de bonificaciones y ayudas públicas, sustituyendo las mismas por un sistema objetivo de contabilización como pasivo (provisiones para gastos futuros) en las empresas el importe acumulado de las indemnizaciones a las que tienen derecho los trabajadores en activo, o sea algo parecido a la llamada “mochila austríaca”, pero con matizaciones. El problema es que ello implica suprimir los contratos temporales y convertir a todos los trabajadores en fijos, pero con una indemnización por despido sensiblemente más baja que los actuales fijos. Y entonces las dos grandes decisiones a tomar serían el importe de esa indemnización por despido (la reforma laboral de 2010 insinuaba que sería de 12 días por año, que podría satisfacer a la patronal, pero que objetivamente es muy baja cuando desde 1997 la que se venía apuntando es de 33 días por año, que es la que finalmente se ha adoptado en la última reforma laboral que comentamos) y la situación de todos los trabajadores fijos anteriores a la reforma, algunos con mucha antigüedad, a los que la patronal querría ver afectados de alguna manera por la reducción de sus indemnizaciones. Esta vía se había insinuado en la reforma laboral de 2010, pero sin llegar a desarrollar realmente sus principales instrumentos, debido a las dificultades financieras existentes.

Pues bien, finalmente, después de semanas de desconcierto y filtraciones, la elegida ha sido la primera vía, la más conservadora, esto es, la senda continuista de las reformas laborales de las dos décadas anteriores. En este sentido avanzo mi opinión de que la reforma laboral de 2012 no es sino la continuación y consolidación de las reformas laborales de 2010 y 2011 del Gobierno Zapatero, hasta el punto de que en gran parte no hace sino añadir detalles sobre aquéllas y desarrollar sus consecuencias lógicas. Es, respecto a aquéllas, una reforma menor, salvo por la decisión, no prevista hasta ahora, de abaratar el despido de los trabajadores con contrato fijo anterior a la reforma por la vía de suprimir casi en todo caso los salarios de tramitación en el supuesto de despido improcedente y de rebajar sus indemnizaciones futuras, de manera que la antigüedad que acumulen a partir de ahora se pagará en caso de despido a 33 días, aunque la antigüedad acumulada hasta ahora se siga pagando a 45. La reforma en ese punto es dura, es cierto, pero le ocurre lo mismo que a la reforma de la pensión de jubilación por la Ley 27/2011 (posiblemente la reforma más dura y radical de los dos últimos años del Gobierno Zapatero): los efectos de esta rebaja de la indemnización no se dejarán notar sensiblemente en las indemnizaciones hasta dentro de cuatro o cinco años, cuando es de esperar que la crisis haya pasado.

La otra novedad, que yo creo que el Gobierno tendrá que corregir en la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley, es la supresion del control administrativo para las suspensiones de contrato y reducciones temporales de jornada. Esa medida me parece que amenaza gravemente a los fondos públicos del desempleo y además crea todo un problema para las empresas grandes y medianas que gestionaban sus dificultades temporales mediante EREs de suspensión, que van a ir a reclamar al Gobierno la vuelta del ERE tradicional o algo similar para protegerse de un aluvión de demandas judiciales que imposibilite una sensata aplicación de los mismos.

Por lo demás la reforma, aunque envuelta en una apariencia de dureza y agresividad posiblemente necesaria para satisfacer los instintos “sanguinarios” de los mercados y del BCE, lo que hace es ahondar detalles de reformas anteriores e incluso sistematizar (creo que con buena técnica jurídica) elementos que ya estaban presentes en la legislación laboral, especialmente los introducidos por las reformas laborales de los dos últimos años, aunque muchas veces no hubiesen sido aplicados.

En sucesivos comentarios iré abordando los detalles.

(1)      blog: xanerrasti.wordpress.com   Que, a partir de ahora, aparece conectado desde esta bitácora. 

UNA SUGERENCIA PARA LAS PRÓXIMAS MOVILIZACIONES

Sería muy deseable que los sindicalistas estudiaran a fondo el potente artículo de Antonio Baylos, concretamente  UNA REFORMA LABORAL “CLASISTA”: ANTISINDICALIDAD Y... que aparece en el blog del catedrático del Derecho del Trabajo.  Se trata de una apertura de tripas de las intenciones del empresariado español, a mi juicio, se ha convertido de manera unilateral en legislador implícito. Por otra parte tal vez valga la pena indiciar algunos de los problemas que para la economía española puede tener esta cascada de contra reformas que por su durísimo diapasón tienden a ser estructurales.

Por lo demás, vale la pena traer a colación la obsesión del empresariado orgánico español en no atender verdaderamente el quid de la cuestión: su propio modelo productivo, el verdadero análisis de los mecanismos de freno que obliteran el eficiente desarrollo de su particular centro de trabajo. Y, a partir de ahí, elaborar un proyecto que pueda ser general y, a la vez, negociado con el sindicalismo confederal. La obsesión de ser legisladores implícitos de manera unilateral, apoyándose sólo en una actitud legiferante, les lleva a un camino de estancamiento y a una falta de competitividad. A mi juicio es lo que, además, interesa tanto a Merkel como a Sarkozy que verían definitivamente despejado la competencia del Sur y concretamente la española. Que concretamente se reduciría a un balneario de Sol y playa, amén de un almacén de productos: una nueva división del trabajo en una Europa de países galgos y otra de países tortuga o, tal vez, cangrejos.  

En base al anterior razonamiento (la necesidad de un modelo productivo eficiente y propulsor de competitividad) estimo conveniente que, en las próximas movilizaciones, se ponga el debido énfasis en ese detalle.  En primer lugar porque conviene; y, en segundo lugar, porque es una manera de taparle la boca a ese Duran i Lleida que, por enésima vez, afirma que “la huelga no puede ir en contra del interés general”.   Que oculta que, por esa razón, históricamente nunca hubiera podido ser diputado, aunque sí procurador en cortes.    

  

¿QUÉ PASA CON EL 15 M?

Consell Nacional de CC.OO. de Catalunya. Iglesia de Montserrat. Diciembre de 1975

Posiblemente el Movimiento 15 de Mayo se encuentre en estado de latencia. A estas alturas no acierto a comprender las razones de su ocultamiento. Sí sé que los movimientos sociales, por lo general, tienen unas biografías intermitentes, pero en este caso ignoro los motivos de este (tal vez, aparente) reflujo. Que sinceramente deseo y espero sea momentáneo. Así es que recurro a quienes tienen mayor información que expliquen a qué se debe esta bajamar. Porque los motivos que hicieron surgir tan rico, difuso y complejo movimiento no sólo siguen vigentes sino que se han agravado de manera paroxística. Que el movimiento vuelva a las plazas públicas –o donde estime conveniente, por supuesto— es de primera necesidad.

He oído algunas sandeces por esos mundos de dios. Gente con alma de izquierda chuchurría afirma que “esos niñatos han vuelto a la casa de papá”; gente con espíritu de izquierda de pexiglás, compitiendo con la otra de manera cutre, me explica que “conseguidos los objetivos de quitar al PSOE del palacio se han disuelto como un azucarillo en el agua”. Una porfía de obscenidades en una confluencia de resquemor ante un movimiento que, afortunadamente, no controlan. 

Son tiempos difíciles, está claro. Pero he visto un comentario en un blog hermano,  LA MANIFESTACIÓN DE MADRID Y SIR PERCIVAL,  que responde cabalmente a lo que está sucediendo. Dice exactamente: “… también esperan tiempos difíciles para el gobernante que no quiere oír lo que los ciudadanos en la calle quieren decir”. Y, entre ellos, sería necesario que la voz del 15 M volviera a estar presente, ahora, en este Termidor que quiere campar con total impunidad.

Posiblemente están reflexionando que es algo muy conveniente, no sólo para ellos sino para todo lo que se está moviendo.

MÁS TODAVÍA SOBRE EL "DESPRESTIGIO" SINDICAL

Ternura paternal. Mi amigo y su hijita. 

A propósito del artículo que publicamos Manel García Biel y un servidor hace unos días acerca del “desprestigio” de los sindicatos, algunos comentaristas han afirmado que los datos que dábamos (esto es, los resultados de las elecciones sindicales) no lo expican todo. A ese todo, por mi parte, no hay objeción. Pero quienes así argumentan no añaden nada más, con lo que la opinión responde sólo a impresiones. Ahora bien, es posible que si tales resultados demostrasen un fiasco sindical serían tenidos en cuenta. En ese sentido, los datos serían convincentes. Lo que, en el primer caso, sería algo más que una picardía argumental.

A los datos hay que recurrir para lo bueno y para lo peor. Es lo que nos enseñaron en tiempos antiguos: el análisis concreto de la situación concreta. Por ejemplo, cuando mi sindicato (o cualquier otro) sufre un revés electoral en un centro de trabajo hay que convenir que, allí mismito, se había producido un desprestigio a la altura aproximada del nivel de su derrota. Si, por el contrario, la cosa es al revés, ¿habrá que afirmar que también está desprestigiado?  ¿Qué forma de razonar es esa?

Por otra parte, es sabido que los comicios electorales se celebran en un periodo de tiempo alargado. Es decir, de manera itinerante. Pues bien, ¿qué vínculo, que no imaginario, habría entre el mentado desprestigio y los resultados itinerantes de las elecciones sindicales? Porque, a decir verdad, el razonamiento lógico tiene sus “servidumbres”? Uno de ellos es, por ejemplo, encontrar como defectuoso el siguiente razonamiento: era de noche y, sin embargo, llovía. O, lo que es lo mismo: los trabajadores votan masivamente al sindicalismo confederal y, sin embargo, están desprestigiados.

Se dice que otro baremo, que no tuvimos en cuenta García Biel y un servidor son los bajos niveles de afiliación sindical. Lo que es, en efecto, una gran verdad. Pero ello no impide que pongamos sobre la mesa lo siguiente: es verdad, hay una afiliación a todas luces insuficiente. Pero el caso es que la afiliación se incrementa, que no desciende. Si descendiera habría que pensar, claro que sí, en sus motivos: uno de los cuales podría ser, en ese caso, el real o imaginario desprestigio sindical. Pero, como se ha dicho, los datos van en otra dirección. ¿Qué por qué hay una afiliación insuficiente? A mi juicio, porque el comité de empresa es el sujeto principal de la acción colectiva en el centro de trabajo, cosa que impide objetivamente  que el sindicato incremente substancialmente los niveles de adhesión directa al sindicato en tanto que sindicato. Pero esto es harina de otro costal.

Por supuesto, en una discusión de cualquier calibre (también en esta acerca del desprestigio sindical que afirman algunos) tienen cabida las impresiones, pero no cuentan con  la fuerza de los datos, especialmente cuando se disponen de ellos. Yo, sin ir más lejos, no me pondría en manos de un galeno que me dijera, sin más, que tiene la impresión de que lo mío no es apendicitis (cosa que, por cierto, me ocurrió); y, sin embargo, al día siguiente me ingresaron en el Hospital con un ataque de apendicitis que casi la palmo. Allí me la quitaron, pero antes el equipo médico (el doctor Pérez y la doctora Cuadrado), observó los datos, los datos, los datos, los datos. Y también los datos.      

Radio Parapanda.

TIEMPOS DIFÍCILES. (I) PARA LA DEMOCRACIA TIEMPOS DIFÍCILES (II) PARA EL DERECHO DEL TRABAJO

MÁS ALLÁ DE LA CRISIS (HABLA JOSEP FONTANA)

      

Josep Fontana*.  

De lo que quisiera hablarles no es tanto de la crisis actual como de lo que está ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia. Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo. 

     Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.

     Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.

     Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.

     En un articulo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.

     Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones –en 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy. 

     Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.

     Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.

     La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.

     Asi se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante).

     En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible; pero cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph Stiglitz publicó un artículo que se titualaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”, donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe, protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban cuenta de que esto ocurría también en su propio país.

       Este del 1 por ciento ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas. Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que es en realidad el 0’1 %, esto es el uno por mil de los norteamericanos, los que concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son estos del 1 por mil?, se pregunta ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo? No. En su mayor parte son dirigentes de compañías (...) o ganan el dinero en las finanzas”.

     Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.

     Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, escrito para la “United States Chamber of Commerce”, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al “sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación.

     El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuasen con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación”.

     Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años”. Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la “United States Chamber of Commerce”, que pretende ser hoy “la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas”. Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

     No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la aactuación constante de los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Las 30 mayores compañías gastaron entre 2008 y 2010 más en esto que en pagar impuestos.

     ¿Que ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora”. “La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos”.

     Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales, donde apenas pagan impuestos. Un estudio de noviembre de 2011 concluye que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han pagado en los tres años últimos más que un 18’5 % de sus beneficios. Pero es que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004 los 400 americanos más ricos han pasado de pagar un 29 por ciento de sus ingresos a tan sólo un 18 por ciento, mucho menos que los pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz "Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aun más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington”.

     Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es la desregulación de la leyes que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial. Un estudio reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de 2008.

     Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó  durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en operaciones financieras de riesgo.

     Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea Finanzas, seguros y negocio inmobiliario). Una desindustrialitzación semejante se ha producido en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que puede suceder si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la situación de una economía en que “la demanda doméstica será probablemente escasa en muchos años (...), mientras los consumidores se esfuerzan en hacer frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.

     Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido industrial tradicional, contamos con una considerable industria de propiedad extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea que nos ha tocado el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford, o Renault se vengan a fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector financiero.

     La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se ha producido la crisis -en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España- el estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates multimillonarios; pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro.

     Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del estado, y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de esta política.

     Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta Krugman: “En el primer acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la crisis”. ¿Piensan ustedes que esta es una historia exótica, que sólo puede referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate “mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace, ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es, que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está ocurriendo hoy en los Estados Unidos.  

     Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico. Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”. 

     Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en Estados Unidos y en la “eurozona”, concluye que:

     “Aunque evitar el gasto público exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación. Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”.

       Más contundente aun es la opinión que Krugman ha expresado esta misma semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista (…) os podía haber dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.

     No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo mejorando (esto es disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior del estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es cómo remediar el problema que para el sistema bancario representan las grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.

     No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson: “No hay ninguna necesidad (...) de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo (...). Una crisis de la deuda permite a la la élite financiera doméstica y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad”.

     Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europa y el FMI están poniendo en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.

     Este comienza a ser también el caso de España, donde la prensa anuncia que el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya toda esta historia de la austeridad. Tanto que la tasa de paro es del 23%, mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más austeridad para estrujar su economía cada vez más”. Y ello, añade, “para reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran Bretaña”.

     Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial”  que “público” de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los bancos europeos, que les está obligando a deshacerse de activos, crea buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de enero pasado –y el hecho mismo de que un periódico conservador publique este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra burguesía- no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte compran empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito, a lo cual se añade que las medidas de recapitalización impuestas a los bancos les han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en Bruselas: “De aqui a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a extranjeros”.

     Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son prioritarios.

     Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street dice: “La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los pobres; y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad los “super-ricos” no sólo se sienten ajenos a todos estos, sino que en el fondo los desprecian.

     Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro a que nos conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte, que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36’5 por ciento en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de los niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38 por ciento respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar las pagas millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a cobrar más de veinte millones de dólares.

     Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala Robert Reich: “Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario para comprar lo que la economía es capaz de producir (...). El resultado es la generalización del estancamiento y del paro”. Un memorándum de la Reserva Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70 por ciento de la economía nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.

     Este planteamiento sobre el interés general no afecta sin embargo a los intereses inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación, con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de 2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe con el título de Plutonomía, al que de momento se prestó poca atención, hasta que, cuando comenzó a hacerse famoso, Citigroup se preocupó de eliminarlo por completo de la red.

     El informe proponía el término “plutonomía” para designar los países en que el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que es importante”. Opinaban, además, que las fuerzas que habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte años últimos era probable que continuasen en los años próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o servicios a los ricos.

     Su conclusión final era: Hemos de preocuparnos menos de lo que el consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer. Esta es simplemene una cuestión de matemáticas, no de moralidad, concluían.

      Y debían tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo (o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos pra los que “un bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente. LVMH –o sea Louis Vuitton Moët Hennessy- creció en un 13% en la primera mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada recientemente en la prensa nos dice que mientras la matriculación de automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83’1 por ciento.

      “En algún momento –habían avisado los analistas de Citigroup- es probable que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos mantendremos una extrecha observación de los acontecimientos”.

      La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios de la derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres... En la actualidad hay en Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba bastante actividad reciente com para servir para esta finalidad. Más del 10 por ciento de ciudadanos norteamericanos no tienen estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que normalmente votan por los demócratas, incluyendo un 18 por ciento de votantes jóvenes y un 25 % de los afroamericanos.

     Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de occidente. Como los Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que les dan el poder –a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos- han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas, (…) que mantienen la ficción de que esta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes”.

     Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama “la transición de Europa de la socialdmeocracia a la oligarquía financiera”, los efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera doméstica y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad (...) para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia”. A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es “un golpe de estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros” (no sé si será oportuno recordar que nuestro actual ministro de economía procede del sector bancario norteamericano).

     Hay un aspecto de estos problemas en el que nos conviene reflexionar. Randall Wray sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente como para haber provocado por si sólo este desastre, sino que ésta fue simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero. Lo más grave de esta interpretación –advierte- es que, dado que estas causas profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor. 

     Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica –esto es, como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales-, ya que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no es más que una consecuencia de la gran divergencia.

       ¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentmente, un primer nivel de urgencia en que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.

     Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de que para la generación que ahora tiene entre 20 y 30 años no va a haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia social que las inspira.

     Como demostró la gran depresión de los años treinta, cuando eran muchos los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el futuro era de la economía planificada por el estilo de la de la Rusia soviética, la capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.

     El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana.

     Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el estado del bienestar incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o nos resginamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalisno depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.

     No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar mansamente las consecuencias de su error.

      Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la izquierda –una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la socialdemocracia de las terceras vías- elabore nuevas formas de lucha y de mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los hombres y las mujeres solo se han conseguido a través de las luchas colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros: que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que habremos merecido.  

* Texto íntegro de la conferencia pronunciada en León por el profesor Fontana que, salvo pequeñas variaciones, es la misma que dictó en la sede de Comisiones Obreras de Catalunya en el consell de Comfia.                         

                     

UNA PARTE DE LA HISTORIA DE COMISIONES OBRERAS

Se nos ha muerto nuestra Georgina, viuda de nuestro Tito Márquez. Georgina Villanueva nació en Cella (Teruel) en 1932. Su infancia está trágicamente marcada, como tantas personas, por la guerra civil y la posguerra. Su padre, militante ugetista, fue fusilado nada más estallar la guerra; su madre huyó, con sus hijos, a la zona republicna, a Mora de Rubielos. Más tarde, Georgina decidió marchar a Barcelona. Trabajó durante muchos años en la empresa textil Fabra i Coats, la mítica “Can Mamella”, que entonces contaba con una plantilla de más de 4000 personas, mayoritariamente mujeres. Su compromiso le llevó a ser elegida repetidamente enlace sindical y a formar parte de la comisión obrera de la fábrica y también a ingresar en el PSUC en aquellos tiempos. Se casó con Tito Márquez, una de las figuras legendarias de la historia de las Comisiones Obreras de Catalunya. Georgina era un símbolo para todos nosotros.

Lo que nunca se dijo –ni ella lo mencionó nunca— fue que guardaba, vaya usted a saber dónde, los dineros clandestinos, que eran cuatro chavos, de Comisiones Obreras desde 1973 a 1977. Y de lo que nunca presumió fue que en su casa (Nou Pins, 9, Barcelona) se fraguó un enorme volumen de acciones y movilizaciones contra la dictadura franquista. Y de lo que tampoco hizo gala fue que, acompañando a Tito, repartió por todas las estafetas los periódicos de Comisiones Obreras a lo largo y ancho de Catalunya. De manera que una parte muy destacada de lo que hoy es el sindicato se debe a Georgina.  Ahora está con su marido: en la historia del sindicalismo.