domingo, 16 de julio de 2017

El referéndum improbable


Autor: Pedro López Provencio


Comí hace poco con unos amigos y mantuvimos una larga sobremesa. Casi todos ellos estaban convencidos de que la independencia es lo mejor que nos puede suceder a los catalanes. Es decir a los españoles que tenemos fijada nuestra vecindad administrativa en Cataluña. Y manifestaban que la secesión se produciría algún día posterior al 1 de octubre. Día del referéndum anunciado por el Gobierno de la Generalitat. Que aún no ha sido convocado formalmente.

Hablamos largo y tendido sobre los pros y los contras. Con argumentos que se acompasaban más a las virtudes teologales, de la fe y de la esperanza, que a realidades objetivables. Sobre la de la caridad no me parece que se remase en la misma dirección. Casi todo fueron buenos deseos y mejores propósitos. A alguno, eso, le parecían certezas inmutables. Preguntados por si aún pudiese haber margen de negociación me dijeron que solo la considerarían aceptable si incluía el derecho de autodeterminación.

Como quiera que yo mostrase un claro escepticismo y una casi seguridad en que ese referéndum no se celebraría, casi me conminaron a que concretase y argumentase de qué forma se podría impedir. Aunque esa exigencia me pareció extravagante, pues la carga de la prueba recae habitualmente sobre quien afirma que algo sucederá y no sobre quien duda de que suceda, les di mis opiniones al respecto. Que les invito a compartirlas de forma resumida.

Teóricamente se podrían contemplar tres escenarios. Dependiendo de quién ostente el poder de impedirlo. En este caso la Administración General del Estado, con el Gobierno en su cúspide.

El primero es imposible en la España actual. Sucedería si mandase alguien parecido a quien ordenó reprimir la insurrección obrera ocurrida en Asturias en el mes de octubre de 1934. Se sofocaría la “sublevación” con la intervención del ejército y la participación de  legionarios y regulares. La figura correspondiente al imaginario sería ver a los tanques entrando por la Diagonal.

El segundo es también altamente improbable. Ocurriría si hubiese instalado en el país un régimen parecido al policial. O con un PP ultramontano con mayoría absoluta. Posiblemente intentarían impedir el acto material de la votación mediante la intervención de las fuerzas de orden público. Se podría imaginar a un policía intentando arrancar las urnas de las manos de unos heroicos ciudadanos que tratarían de impedirlo.

El tercer escenario es el que seguramente está sucediendo. Al parecer ostentan la dirección los Abogados del Estado. Mientras no se produzcan actos definitivos no hacen nada. Mientras haya anuncios y propaganda hacen caso omiso. Pero emiten “avisos a navegantes”. En caso de que se adopte alguna decisión legislativa o administrativa, que se estime contraria a la Constitución, la recurrirán ante la Jurisdicción competente. Cuando se gasten, paguen o usen recursos públicos en algo que no se acomode a la legalidad declarada vigente por los Tribunales, se les exigirá la reparación patrimonial pertinente a los responsables concretos. Las acciones u omisiones contrarias a la Constitución y las leyes pueden ser objeto de las querellas que estime pertinentes el Ministerio Fiscal. En su momento y en su caso se emitirían las Sentencias correspondientes. La imaginación nos puede llevar a ver a los agentes de la autoridad entregando, a los posibles presidentes y miembros de las mesas electorales, una notificación en la que se les advierta de las responsabilidades en que pudieren incurrir si firman las actas de constitución, las de escrutinio y los otros documentos correspondientes a un acto que se estima ilegal.

La mayor parte de los comensales consideraron bastante verosímiles mis conjeturas. Y bastante improbable la celebración de un referéndum que merezca tal denominación.

14 de julio de 2017 


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