MÁS ALLÁ DE LA CRISIS (HABLA JOSEP FONTANA)

      

Josep Fontana*.  

De lo que quisiera hablarles no es tanto de la crisis actual como de lo que está ocurriendo más allá de la crisis: de algo que se nos oculta tras su apariencia. Para explicarlo necesitaré empezar un tanto atrás en el tiempo. 

     Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.

     Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.

     Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.

     En un articulo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.

     Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones –en 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy. 

     Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.

     Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por esta razón, años de conmmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.

     La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.

     Asi se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante).

     En las primeras etapas este proceso tal vez resultaba poco perceptible; pero cuando sus efectos se fueron acumulando acabaron despertando la conciencia de una desigualdad social en constante aumento. En mayo de 2011 Joseph Stiglitz publicó un artículo que se titualaba: “Del 1%, para el 1% y por el 1%”, donde decía que los norteamericanos, que estaban contemplando cómo se producían en muchos países, por ejemplo en los de la primavera árabe, protestas contra regímenes opresivos que concentraban una gran masa de riqueza en las manos de una élite integrada por muy pocos, no se daban cuenta de que esto ocurría también en su propio país.

       Este del 1 por ciento ha sido uno de los lemas principales de los movimientos de ocupación que se han desarrollado en diversas ciudades norteamericanas. Pero Krugman ha hecho un análisis aún más afinado que muestra que es en realidad el 0’1 %, esto es el uno por mil de los norteamericanos, los que concentran la mayor parte de esta riqueza. “¿Quiénes son estos del 1 por mil?, se pregunta ¿Son heroicos emprendedores que crean lugares de trabajo? No. En su mayor parte son dirigentes de compañías (...) o ganan el dinero en las finanzas”.

     Los resultados a largo plazo de la gran divergencia, que se iniciaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña en los años setenta y se extendió después a Europa, transformaron profundamente nuestras sociedades. Las consecuencias de una inmensa redistribución de la riqueza hacia arriba no sólo se han manifestado en el empobrecimiento relativo de los trabajadores y de las clases medias, sino que han dado a los empresarios una influencia política con la cual, a partir de ese momento, les resulta cada vez más fácil fijar las reglas que les permiten consolidar su poder.

     Esta redistribución hacia arriba no es el resultado natural del funcionamiento del mercado, como se pretende que creamos, sino el de una acción deliberada. Su origen es netamente político. El primer programa que inspiró este movimiento lo expresó Lewis Powell en agosto de 1971 en un “Memorándum confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa”, escrito para la “United States Chamber of Commerce”, que se encargó de hacerlo circular entre sus asociados. Powell denunciaba el riesgo que implicaba el avance en la sociedad norteamericana de ideas contrarias al “sistema de libre empresa”, expuestas no sólo por extremistas de izquierda, sino por “elementos totalmente respetables del sistema”, e insistía en la necesidad de combatirlas, sobre todo en el terreno de la educación.

     El memorándum tenía una primera parte sobre la amenaza que representaban los “estudiantes universitarios, los profesores, el mundo de los medios de comunicación, los intelectuales y las revistas literarias, los artistas y los científicos”, y proponía planes de ataque para limpiar las universidades y vigilar los libros de texto, para lo cual pedía a las organizaciones empresariales que actuasen con firmeza. No me ocuparé ahora de esta batalla de las ideas, que ha llegado hoy al extremo de proponer la eliminación de la escuela pública, sino de otra parte del memorándum que tendría consecuencias más inmediatas y trascendentales. Powell advertía: “No se debe menospreciar la acción política, mientras esperamos el cambio gradual de la opinión pública que ha de conseguirse a través de la educación y la información. El mundo de los negocios debe aprender la lección que hace tiempo aprendieron los sindicatos y otros grupos de intereses. La lección de que el poder político es necesario; que este poder debe cultivarse asiduamente y que, cuando convenga, hay que usarlo agresivamente y con determinación”.

     Para emprender este programa se necesitaban organizaciones empresariales potentes, que dispusieran de recursos suficientes. “La fuerza reside en la organización, en una planificación y realización persistentes durante un período indefinido de años”. Este llamamiento a la lucha política tuvo efectos de inmediato en la actividad de las asociaciones empresariales y sobre todo de la “United States Chamber of Commerce”, que pretende ser hoy “la mayor federación empresarial del mundo, en representación de los intereses de más de 3 millones de empresas”. Estas asociaciones no solo emprendieron grandes campañas de propaganda, sino que acentuaron su participación en las campañas electorales a través de Comités de Acción Política, en una actividad que ha aumentado considerablemente desde 2009, tras la decisión del Tribunal supremo Citizens United, que ha liberalizado las inversiones de las empresas en la política, en nombre del derecho a la libre expresión (esto es, considerando a las empresas como personas y atribuyéndoles los mismos derechos). La gran cuantía de recursos proporcionados por los empresarios explica, por ejemplo, que la United States Chamber of Commerce invirtiese en las elecciones norteamericanas de 2010 más que los comités de los dos partidos, demócrata y republicano, juntos.

     No se trata tan sólo de donativos para las campañas, sino también de formas diversas de pagar sus servicios a los políticos, entre ellas la de asegurarles una compensación cuando dejan la política. Y, sobre todo, de la aactuación constante de los llamados “lobbyists”, que atienden las peticiones de los políticos. En el pasado año 2011 se calcula que las empresas han gastado 3.270 millones de dólares en atender a los congresistas y a los altos funcionarios federales. Las 30 mayores compañías gastaron entre 2008 y 2010 más en esto que en pagar impuestos.

     ¿Que ha conseguido el mundo empresarial con este asalto al poder? En julio del año pasado, Michael Cembalest, jefe de inversiones de JPMorgan Chase, escribía, en una carta dirigida tan sólo a sus clientes, que se conoció porque la descubrió un periodista, que “los márgenes de beneficio han conseguido niveles que no se habían visto desde hace décadas”, y que “las reducciones de salarios y prestaciones explican la mayor parte de esta mejora”. “La compensación por el trabajo está en los Estados Unidos en la actualidad al mínimo en cincuenta años en relación tanto con las cifras de ventas de las empresas como del PIB de los Estados Unidos”.

     Otro beneficio indiscutible ha sido la disminución de sus contribuciones al sostén del estado. El peso político creciente de las empresas ha conducido a la situación paradójica de que éstas escapen a la fiscalidad por la doble vía de negociar recortes de impuestos y exenciones particulares, y de tener libertad para aflorar los beneficios en las subsidiarias que tienen en paraísos fiscales, donde apenas pagan impuestos. Un estudio de noviembre de 2011 concluye que el conjunto de las 280 mayores empresas de los Estados Unidos no han pagado en los tres años últimos más que un 18’5 % de sus beneficios. Pero es que una cuarta parte de éstas han pagado menos del 10%, y 30 de las más grandes no han pagado nada en tres años, sino que encima han recibido devoluciones. Lo que se dice de las empresas se aplica también a los empresarios: de 1985 a 2004 los 400 americanos más ricos han pasado de pagar un 29 por ciento de sus ingresos a tan sólo un 18 por ciento, mucho menos que los pequeños comerciantes o los trabajadores a sueldo. Y cuando Obama pretendió que quienes ganasen más de un millón de dólares al año pagasen el mismo tipo que el ciudadano medio norteamericano, no consiguió que el congreso aprobase la medida. Como ha dicho Stiglitz "Los ricos están usando su dinero para asegurarse medidas fiscales que les permitan hacerse aun más ricos. En lugar de invertir en tecnología o en investigación, obtienen mayores rendimientos invirtiendo en Washington”.

     Hay un tercer aspecto de estos beneficios que es la desregulación de la leyes que controlan algunos aspectos de la actividad empresarial. Un estudio reciente de dos economistas del Fondo Monetario Internacional, que han analizado el papel de las contribuciones económicas de las empresas en la política, llega a la conclusión, que les leo literalmente, de que “el gasto realizado está directamente relacionado con la posibilidad de que un legislador cambie de postura en favor de la desregulación”. Esto, que en el sector de la industria les ha permitido reducir, o incluso anular, los gastos relacionados con el control de la polución, ha tenido en la actividad financiera unas consecuencias que son las que han conducido directamente a la crisis de 2008.

     Gracias a la supresión de controles sobre sus actividades, que culminó  durante la presidencia de Clinton, las entidades financieras pudieron lanzarse a un juego especulativo con derivados y otros productos de alto riesgo, que parecían más propios de un casino de juego que de la banca, mientras los dirigentes de la Reserva Federal estimulaban el optimismo de los especuladores, rebajando los tipos de interés y animando al público a que gastase, a que comprase casas con créditos hipotecarios e invirtiese en operaciones financieras de riesgo.

     Esta fiebre especuladora se producía en un país que, como resultado de su desindustrialización, estaba convirtiendo en una actividad fundamental el sector FIRE (Finance, Insurance and Real Estate; o sea Finanzas, seguros y negocio inmobiliario). Una desindustrialitzación semejante se ha producido en Gran Bretaña, que de ser “la fábrica del mundo” quiso convertirse en “el banco del mundo”, y que vive ahora con la angustia de lo que puede suceder si pierde esta gran fuente de exportación de servicios, teniendo en cuenta la situación de una economía en que “la demanda doméstica será probablemente escasa en muchos años (...), mientras los consumidores se esfuerzan en hacer frente a sus deudas y el gobierno batalla por reducir el déficit presupuestario”.

     Nuestra situación es más compleja, ya que si bien hemos perdido el tejido industrial tradicional, contamos con una considerable industria de propiedad extranjera a la que proporcionamos trabajo barato, o sea que nos ha tocado el papel de receptores de la industria que otros países más prósperos deslocalizan, y que conservaremos mientras les sigamos garantizando salarios bajos. Lo cual me mueve a preguntarme cómo se explica que, si el trabajo de nuestros obreros es poco competitivo, como se argumenta para proponerles rebajas de sueldos y derechos, Volkswagen, Ford, o Renault se vengan a fabricar coches aquí. En lo que sí nos vamos pareciendo a las economías avanzadas es en el peso dominante que ha adquirido entre nosotros el sector financiero.

     La influencia política adquirida por los empresarios explica por qué, cuando se ha producido la crisis -en Norteamérica, en Gran Bretaña o en España- el estado ha corrido a salvar las empresas financieras con rescates multimillonarios; pero no ha hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro.

     Lejos de ello, lo que se ha hecho, para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del estado, y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit del presupuesto, lo cual, como veremos, resulta imposible a partir de esta política.

     Merece la pena escuchar esta historia como la cuenta Krugman: “En el primer acto los banqueros se aprovecharon de la desregulación para lanzarse a una especulación desbordada, hinchando las burbujas con préstamos incontrolados; en el segundo las burbujas estallaron y los banqueros fueron rescatados con dinero de los contribuyentes, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias, y en el tercero, los banqueros decidieron emplear el dinero que habían recuperado en apoyar a políticos que les prometían bajarles los impuestos y desmontar las pocas regulaciones que se habían impuesto tras la crisis”. ¿Piensan ustedes que esta es una historia exótica, que sólo puede referirse a los Estados Unidos? Pues no; nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria desbordada, hinchada con los créditos que concedieron bancos y cajas de ahorro. Ahora estamos en el segundo acto, el del rescate “mientras los trabajadores sufren las consecuencias”. Nos queda el desenlace, ese tercer acto que, si no se hace algo para evitarlo, será parecido: esto es, que se recuperarán los bancos, pero no los puestos de trabajo, tal como está ocurriendo hoy en los Estados Unidos.  

     Nadie ignora que la austeridad es incompatible con el crecimiento económico. Peter Radford lo sintetiza en pocas palabras: “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”. 

     Una revisión del pasado demuestra que la política de austeridad nunca ha funcionado y que no tiene sentido en la situación actual. Lo sostiene, por ejemplo, Richard Koo, economista jefe del Nomura Research Institute de Tokio, quien, tras haber analizado comparativamente la crisis económica de los años treinta, las décadas perdidas de Japón y la crisis actual en Estados Unidos y en la “eurozona”, concluye que:

     “Aunque evitar el gasto público exagerado es el modo adecuado de proceder cuando el sector privado de la economía está en plena forma y maximiza los beneficios, nada resulta peor que la restricción del gasto público cuando un sector privado en mal estado está reduciendo sus deudas”. Actuar sobre una economía que ahorra pero no invierte reduciendo el gasto público no hace más que agravar su situación. Koo sostiene que la crisis, que empezó en el sector inmobiliario estadounidense, sigue siendo una crisis bancaria, que ha acabado contagiando a la economía y a las cuentas públicas, y que pensar que estos problemas se resuelven “con una sobredosis de ajustes” y con reformas constitucionales “es un completo disparate”.

       Más contundente aun es la opinión que Krugman ha expresado esta misma semana: “Lo más indignante de esta tragedia es que es totalmente innecesaria. Hace medio siglo, cualquier economista (…) os podía haber dicho que austeridad en tiempos de depresión era una muy mala idea. Pero los políticos, los entendidos y, siento decirlo, muchos economistas decidieron, sobre todo por razones políticas, olvidar lo que sabían. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su deliberada amnesia”.

     No ha sido la deuda pública la causa de la crisis de los países del sur de Europa. Un análisis de las cifras de las últimas décadas muestra que los problemas de estos países no proceden de un exceso de gasto público, sino que son una consecuencia de la propia crisis. Un análisis de la relación que ha existido entre la deuda pública y el PIB de estos países, demuestra que estuvo mejorando (esto es disminuyendo) hasta 2007. El endeudamiento posterior del estado es consecuencia de las cargas que ha asumido como consecuencia de la crisis bancaria, no de un exceso anterior de gasto público. Si leen ustedes la prensa, fijándose en los datos que ofrece y no en la doctrina que predica, verán que lo que realmente preocupa a nuestros gobernantes es cómo remediar el problema que para el sistema bancario representan las grandes inversiones inmobiliarias efectuadas en años de euforia en que estas fantasías se estaban financiando con nuestros ahorros.

     No importa que economistas galardonados con el Premio Nobel, como Stiglitz y Krugman, condenen la política de austeridad. Porque resulta que, en realidad, esta política beneficia a los mismos que han causado el desastre y favorece la continuidad de su enriquecimiento. Como dice Michael Hudson: “No hay ninguna necesidad (...) de que los dirigentes financieros de Europa impongan una depresión a la mayor parte de su población. Pero es una gran oportunidad de ganancia para los bancos, que han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo (...). Una crisis de la deuda permite a la la élite financiera doméstica y a los banqueros extranjeros endeudar al resto de la sociedad”.

     Los resultados se pueden ver ya en la experiencia de Grecia, donde las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europa y el FMI están poniendo en peligro el propio crecimiento económico, y tienen unas durísimas consecuencias sociales: los suicidios y el crimen aumentan, la masa de los nuevos pobres está integrada por jóvenes que no encuentran trabajo y por personas de media edad que han perdido el suyo, mientras faltan en los hospitales los medicamentos esenciales, incluyendo las vacunas, lo que puede conducir a que resurjan allí la poliomielitis o la difteria.

     Este comienza a ser también el caso de España, donde la prensa anuncia que el PP se propone ahorrar este año 6.000 millones en medicamentos. Como dice Peter Radford: “¡Que se lo digan a los españoles! Ellos han probado ya toda esta historia de la austeridad. Tanto que la tasa de paro es del 23%, mientras las medidas que lo han producido no han conseguido frenar el déficit público, que está a punto de superar el límite del 8% que el gobierno español se había fijado como objetivo. ¿Se imaginan lo que ocurrirá ahora? Que los españoles van a ver aumentar su sufrimiento. Están insistiendo en más austeridad para estrujar su economía cada vez más”. Y ello, añade, “para reducir un déficit que es menor que el de los Estados Unidos o el de Gran Bretaña”.

     Una reflexión adicional acerca del carácter más “empresarial”  que “público” de la crisis nos la puede proporcionar una información publicada por el New York Times el 25 de diciembre pasado, que nos advierte que la crisis de los bancos europeos, que les está obligando a deshacerse de activos, crea buenas oportunidades de negocio para las empresas financieras norteamericanas que, a pesar de sus problemas, están lanzándose a comprar en Europa. En efecto, en un artículo publicado en La Vanguardia del 15 de enero pasado –y el hecho mismo de que un periódico conservador publique este tipo de análisis demuestra el desconcierto reinante entre nuestra burguesía- no sólo se explica que los fondos de inversión norteamericanos se han lanzado a comprar “gangas” europeas, como empresas y bancos devaluados por la propia política de austeridad, sino que se nos dan las razones: “La crisis bancaria europea está beneficiando a los fondos extranjeros que aguardan a las puertas de Europa”. Por una parte compran empresas que han perdido valor porque los bancos se niegan a darles crédito, a lo cual se añade que las medidas de recapitalización impuestas a los bancos les han forzado a “vender activos por un valor de billones de euros”. Wim Butler, del Citi Group, no dudó en decir en una conferencia pronunciada en Bruselas: “De aqui a unos años todos los bancos europeos pertenecerán a extranjeros”.

     Las políticas restrictivas han llegado a tal punto de irracionalidad que desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha comenzado a advertir a los dirigentes políticos europeos: “En la medida en que los gobiernos piensan que deben responder a los mercados, pueden ser inducidos a consolidar demasiado aprisa, incluso desde el simple punto de la sostenibilidad de la deuda”. Como ustedes saben, el presidente actual de nuestro gobierno ya ha dicho, cuando se aprestaba a rendir pleitesía a la señora Merkel, que lo primero es cumplir con el deber de sanear los bancos y reducir el gasto público: los puestos de trabajo, los hospitales o las escuelas no son prioritarios.

     Hay razones que ayudan a entender la inhumanidad de este capitalismo depredador. Richard Eskow, que trabajó en un tiempo para Wall Street dice: “La gente que sufre por los efectos de los presupuestos austeros no son de la clase de los que [estos capitalistas] conocen personalmente, sino que se trata de empleados públicos, como maestros, policías, bomberos o funcionarios de programas sociales; de gente que necesita de ayudas del gobierno, como los pobres; y de otros de la clase media que han tenido la temeridad o de hacerse viejos o de sufrir una incapacidad”. En realidad los “super-ricos” no sólo se sienten ajenos a todos estos, sino que en el fondo los desprecian.

     Lo ocurrido en los últimos años en la sociedad norteamericana, que fue la primera en implantar estas reglas, nos indica la clase de futuro a que nos conduce a todos la austeridad. Dos noticias de prensa publicadas alrededor de la Navidad del año pasado ilustran sus dos caras. Sabemos, por una parte, que la “paga” de los dirigentes de las 500 mayores empresas aumentó en un 36’5 por ciento en 2010, al propio tiempo que aumentaba en 1.600.000 el número de los niños norteamericanos sin hogar, lo que representa un aumento de un 38 por ciento respecto de 2007. El año pasado, el de 2011, no ha sido tan bueno para los negocios de Wall Street; pero sabemos ya que esto no va a afectar las pagas millonarias de los dirigentes de Citigroup o de Morgan Chase, que van a cobrar más de veinte millones de dólares.

     Los empresarios son conscientes de que el aumento de la desigualdad es nefasto para el crecimiento económico, en términos globales. Como señala Robert Reich: “Con tanta parte de los ingresos y de la riqueza concentrada en los más ricos, la amplia clase media no tiene ya el poder adquisitivo necesario para comprar lo que la economía es capaz de producir (...). El resultado es la generalización del estancamiento y del paro”. Un memorándum de la Reserva Federal norteamericana de 4 de enero recuerda que el 70 por ciento de la economía nacional depende del gasto de los consumidores, y que la recuperación no será posible si no aumenta la capacidad de consumo de la clase media.

     Este planteamiento sobre el interés general no afecta sin embargo a los intereses inmediatos de los más ricos, puesto que una reducción global del crecimiento no implica una reducción simultánea de sus beneficios, que han seguido aumentando. Y se están, además, adaptando a la nueva situación, con la esperanza de obtener cada vez mayores beneficios. El 16 de octubre de 2005 Citigroup, la mayor empresa financiera del mundo, publicaba un informe con el título de Plutonomía, al que de momento se prestó poca atención, hasta que, cuando comenzó a hacerse famoso, Citigroup se preocupó de eliminarlo por completo de la red.

     El informe proponía el término “plutonomía” para designar los países en que el crecimiento económico se había visto promovido, y en gran medida consumido, por el pequeño grupo de los más ricos. Sostenía que “el encarecimiento de los activos, una participación creciente en los beneficios y el trato favorable por parte de gobiernos partidarios del mercado han permitido a los ricos prosperar y capitalizar una proporción creciente de la economía en los países de plutonomía”. Lo ilustraba con las cifras de la desigualdad de la distribución de la riqueza en los Estados Unidos, que comentaba con estas palabras: “No tenemos una opinión moral acerca de si esta desigualdad de los ingresos es buena o mala; lo que nos interesa es que es importante”. Opinaban, además, que las fuerzas que habían llevado a este aumento de la desigualdad en los veinte años últimos era probable que continuasen en los años próximos. De lo cual había que deducir que se crearía un entorno positivo para la actividad de empresas que vendiesen bienes o servicios a los ricos.

     Su conclusión final era: Hemos de preocuparnos menos de lo que el consumidor medio vaya a hacer, ya que la conducta de este consumidor es menos relevante para el agregado final, que de lo que los ricos vayan a hacer. Esta es simplemene una cuestión de matemáticas, no de moralidad, concluían.

      Y debían tener razón, porque sabemos que las empresas de bienes de lujo (o, como se dice en el negocio, de “bienes para individuos de un valor extremo”, que The Economist nos aclara que son aquellos pra los que “un bolso de 8.000 dólares es una ganga”) están aumentando espectacularmente. LVMH –o sea Louis Vuitton Moët Hennessy- creció en un 13% en la primera mitad de 2011 con ventas de 10.300 millones. Una noticia publicada recientemente en la prensa nos dice que mientras la matriculación de automóviles disminuyó en su conjunto en España en el año 2011, la excepción han sido los de lujo, cuya matriculación ha aumentado en un 83’1 por ciento.

      “En algún momento –habían avisado los analistas de Citigroup- es probable que los trabajadores se opongan al aumento de beneficios de los ricos y puede haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados”, pero “no vemos que esto esté ocurriendo, aunque hay síntomas de crecientes tensiones políticas. De todos modos mantendremos una extrecha observación de los acontecimientos”.

      La ofensiva empresarial no se limita, por otra parte, a buscar ventajas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político. En los Estados Unidos se está tratando de dificultar el acceso al voto a amplias capas de la población que se consideran poco afines a los principios de la derecha: ancianos, minorías étnicas, pobres... En la actualidad hay en Norteamérica 12 estados que han introducido medidas restrictivas del derecho a votar (otros 26 las están gestionando), la más importante de las cuales es la exigencia de un documento de identidad como votante, para cuya obtención se exige la presentación de documentos como el carnet de conducir o la acreditación de una cuenta bancaria. No sin problemas. En julio de 2011 el documento le fue negado en Wisconsin a un joven, con el argumento de que el comprobante de su cuenta de ahorro, que presentaba como identificación, no mostraba bastante actividad reciente com para servir para esta finalidad. Más del 10 por ciento de ciudadanos norteamericanos no tienen estas identificaciones, y la proporción es todavía mayor entre sectores que normalmente votan por los demócratas, incluyendo un 18 por ciento de votantes jóvenes y un 25 % de los afroamericanos.

     Pero la amenaza a la democracia no necesita formularse con medidas legales de limitación del voto, porque el camino más efectivo es el control de los políticos por parte de la oligarquía financiera. Robert Fisk hacía recientemente una comparación entre las revueltas árabes y las protestas de los jóvenes europeos y norteamericanos en un artículo que se titulaba “Los banqueros son los dictadores de Occidente”, en que decía: “Los bancos y las agencias de evaluación se han convertido en los dictadores de occidente. Como los Mubarak y Ben Alí, creen ser los propietarios de sus países. Las elecciones que les dan el poder –a través de la cobardía y la complicidad de los gobiernos- han acabado siendo tan falsas como las que los árabes se veían obligados a repetir, década tras década, para ungir a los propietarios de su propia riqueza nacional”. Los partidos políticos, afirma Fisk, entregan el poder que han recibido de los votantes “a los bancos, los traficantes de derivados y las agencias de evaluación, respaldados por la deshonesta panda de expertos de las grandes universidades norteamericanas, (…) que mantienen la ficción de que esta es una crisis de la globalización en lugar de una trampa financiera impuesta a los votantes”.

     Michael Hudson, profesor de la Universidad de Missouri, que había sido analista y asesor en Wall Street, denuncia en un texto sobre lo que llama “la transición de Europa de la socialdmeocracia a la oligarquía financiera”, los efectos de las políticas de austeridad: “Una crisis de la deuda facilita que la élite financiera doméstica y los banqueros extranjeros endeuden al resto de la sociedad (...) para apoderarse de los activos y reducir el conjunto de la población a un estado de dependencia”. A lo que añade que la clase de guerra que se extiende ahora por Europa tiene objetivos que van más allá de la economía, puesto que amenaza convertirse en una línea de separación histórica entre una época caracterizada por la esperanza y el potencial tecnológico, y una nueva era de desigualdad, a medida que una oligarquía financiera va reemplazando a los gobiernos democráticos y somete a las poblaciones a una servidumbre por deudas. El resultado es “un golpe de estado oligárquico en que los impuestos y la planificación y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros” (no sé si será oportuno recordar que nuestro actual ministro de economía procede del sector bancario norteamericano).

     Hay un aspecto de estos problemas en el que nos conviene reflexionar. Randall Wray sostiene que la crisis norteamericana de 2008 no la causó la insolvencia de las hipotecas basura, porque su volumen no era suficiente como para haber provocado por si sólo este desastre, sino que ésta fue simplemente la chispa que desencadenó un incendio cuyas causas profundas eran el estancamiento de los salarios reales y la desigualdad creciente, que empujaban a la economía lejos de una actividad centrada en la producción hacia otra esencialmente financiera, dedicada al manejo del dinero. Lo más grave de esta interpretación –advierte- es que, dado que estas causas profundas no sólo no se han remediado, sino que son más graves ahora que en 2008, pudiera ocurrir que una chispa semejante, como la insolvencia de uno de los grandes bancos norteamericanos o un problema grave en la banca europea, volviera a iniciar una nueva crisis, tal vez peor. 

     Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica –esto es, como un problema que obedece a una situación temporal, que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales-, ya que esto conduce a que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que después resultarán irrecuperables. Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. Y que la propia crisis económica no es más que una consecuencia de la gran divergencia.

       ¿Qué hemos de hacer? Hay, evidentmente, un primer nivel de urgencia en que resulta obligado luchar por salvar los puestos de trabajo y los niveles de vida. El Banco de España se ha encargado de comunicarnos hace pocos días que lo que vamos a tener este año, y muy probablemente el siguiente, es más recesión y más de seis millones de parados. Cuesta poco imaginar la cantidad de EREs y de recortes que esto va a implicar, lo que nos va a obligar a muchos esfuerzos puntuales para salvar todo lo que se pueda.

     Pero lo que revela la naturaleza especial de la situación actual es el hecho de que para la generación que ahora tiene entre 20 y 30 años no va a haber ni siquiera EREs, sino una ausencia total de futuro. Y eso sólo podrá resolverse con una política que vaya más allá de la defensa inmediata de nuestras condiciones de vida, para enfrentarse a las políticas de austeridad y que, sobre todo, se proponga acabar con el gran proyecto de la divergencia social que las inspira.

     Como demostró la gran depresión de los años treinta, cuando eran muchos los que pensaban que el viejo sistema capitalista se había acabado y que el futuro era de la economía planificada por el estilo de la de la Rusia soviética, la capacidad del capitalismo para superar sus crisis y rehacerse es considerable.

     El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que debe ser en todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana.

     Lo que nos corresponde resolver con urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo regulado, con el estado del bienestar incluido, como se había conseguido cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces en el debate sobre la política social, o nos resginamos a seguir sufriendo bajo la garra de un capitalisno depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales.

     No es que no haya signos esperanzadores de resistencia. No cabe duda de que las ocupaciones de plazas y las manifestaciones de protesta van a volver a brotar esta primavera, empujadas por la desesperación. Pero lo más importante es saber si la experiencia de los efectos combinados de los recortes y del aumento de las cargas servirá para devolver el sentido común a quienes dieron el voto a una derecha que prometía soluciones y se limita ahora a pedirnos sacrificios, o si sus votantes se resignarán a aceptar mansamente las consecuencias de su error.

      Pienso que es urgente, para dar sentido y coherencia a las protestas, que la izquierda –una izquierda real que nazca de más allá de la traición de la socialdemocracia de las terceras vías- elabore nuevas formas de lucha y de mejora, ahora que ya hemos aprendido que la idea de que el progreso era el motor de la historia es un engaño y que los avances para el conjunto de los hombres y las mujeres solo se han conseguido a través de las luchas colectivas. La semana pasada me pidieron en un diario de Barcelona que opinase acerca de cómo sería dentro de cinco años este capitalismo con el que nos ha tocado vivir. Y lo que respondí fue que eso dependía de nosotros: que lo que tengamos dentro de cinco años será lo que habremos merecido.  

* Texto íntegro de la conferencia pronunciada en León por el profesor Fontana que, salvo pequeñas variaciones, es la misma que dictó en la sede de Comisiones Obreras de Catalunya en el consell de Comfia.                         

                     

UNA PARTE DE LA HISTORIA DE COMISIONES OBRERAS

Se nos ha muerto nuestra Georgina, viuda de nuestro Tito Márquez. Georgina Villanueva nació en Cella (Teruel) en 1932. Su infancia está trágicamente marcada, como tantas personas, por la guerra civil y la posguerra. Su padre, militante ugetista, fue fusilado nada más estallar la guerra; su madre huyó, con sus hijos, a la zona republicna, a Mora de Rubielos. Más tarde, Georgina decidió marchar a Barcelona. Trabajó durante muchos años en la empresa textil Fabra i Coats, la mítica “Can Mamella”, que entonces contaba con una plantilla de más de 4000 personas, mayoritariamente mujeres. Su compromiso le llevó a ser elegida repetidamente enlace sindical y a formar parte de la comisión obrera de la fábrica y también a ingresar en el PSUC en aquellos tiempos. Se casó con Tito Márquez, una de las figuras legendarias de la historia de las Comisiones Obreras de Catalunya. Georgina era un símbolo para todos nosotros.

Lo que nunca se dijo –ni ella lo mencionó nunca— fue que guardaba, vaya usted a saber dónde, los dineros clandestinos, que eran cuatro chavos, de Comisiones Obreras desde 1973 a 1977. Y de lo que nunca presumió fue que en su casa (Nou Pins, 9, Barcelona) se fraguó un enorme volumen de acciones y movilizaciones contra la dictadura franquista. Y de lo que tampoco hizo gala fue que, acompañando a Tito, repartió por todas las estafetas los periódicos de Comisiones Obreras a lo largo y ancho de Catalunya. De manera que una parte muy destacada de lo que hoy es el sindicato se debe a Georgina.  Ahora está con su marido: en la historia del sindicalismo. 

¿LOS SINDICATOS DESPRESTIGIADOS? Respuesta al diputado Alberto Garzón

José Luís López Bulla y Manel García Biel

Alberto Garzón, Economista y Diputado de IU, ha publicado en su blog sus Primeras impresiones de la reforma laboral. Es posible que sus comentarios hayan herido la sensibilidad de no pocos sindicalistas que siempre somos tan propensos al berrinche cuando no nos doran la píldora. Pero, a buen seguro, habrá otros que pensarán detenidamente las palabras del diputado por Málaga. Comoquiera que el berrinche no lleva a ningún lado, nosotros dos –sindicalistas eméritos-- nos ponemos a considerar atentamente lo que dice el diputado Garzón.

Afirma nuestro hombre que los sindicatos están desprestigiados. Esta es una visión recurrente que también campa por algunos caminos de las izquierdas. Y a la que se ha dado respuesta en Las injustas criticas a los sindicatos. Pero, a nuestro juicio, no se compadece con los datos. Y, francamente, los tozudos datos expresan algo diferente. Tomaremos como elemento la situación catalana, a falta de otra documentación. Aquí han participado en los comicios 1.324.124 trabajadores. Se han elegido 56.768 delegados, cuya proporción a los sindicatos mayoritarios es la que sigue: 24.150 de Comisiones Obreras (42,61%), 23.365 para Ugt (41,22%), 2283 para Uso (4,02%) y 1259 para Cgt (2,22%). Habrá que añadir que el nivel de participación en los centros de trabajo supera, por lo general, el noventa por ciento. Lo que indica que el abstencionismo es, en estos escenarios, bastante irrelevante.

La primera conclusión es que la representación del sindicalismo mayoritario es muy significativa. Pero no lo es como impresión abstracta sino en concordancia con los datos. Y de ellos podemos sacar pacíficamente otra conclusión: no se da tan abultada confianza representativa a quien está desprestigiado. Es más, ¿alguien se ha parado a pensar que, precisamente en ese contexto de recurrente ataque inmisericorde al sindicalismo, los trabajadores responden renovando su confianza en él? Sugerimos que el diputado Garzón discurra sobre el particular y, en base a tan clara documentación de la representatividad sindical, aclare qué relación debe establecerse entre los resultados electorales y su idea del desprestigio sindical.       

En lo atinente a sus primeras impresiones sobre el acuerdo recientemente firmado poco hay que decir. El diputado Garzón tendrá sus motivos legítimos para mostrar su desacuerdo como, en sentido contrario, el diputado Coscubiela lo ha hecho.  Dicho lo cual, no compartimos lo que en su artículo nos dice  Alberto Garzón y que transcribimos de seguida.

Por eso yo veo dos opciones interesantes para los sindicalistas. La primera, aceptar que no hay una relación de fuerzas suficiente como para enfrentar el poder abrumador de la derecha. Eso conllevaría negociar todo lo posible y comenzar una estrategia de reorganización que permita recuperar fuerzas y plantear una ofensiva en los próximos años. La segunda opción, renunciar a negociar y aceptar que es mejor que se gobierne por decreto a participar en un proceso que te hiere. La negociación te hace partícipe, y es una guerra que nunca se ganará en las actuales condiciones. Así, un plan estratégico debería pasar por reconstruir la base social reconcilíandote con ella.

Ninguna de las dos opciones interesantes que plantea nos parecen convenientes.

¿Qué quiere decir exactamente aceptar (sic) que no hay una relación de fuerzas suficiente para enfrentar el poder abrumador de la derecha? Si se refiere al cuadro político institucional no podemos contradecirle. Ahora bien, esa aceptación no se traduce mecánicamente a “lo social”, donde –incluso en estos momentos, y otros peores— la autonomía de dicho espacio (aunque no absoluta) permite una acción colectiva no despreciable a través del ejercicio del conflicto. Que no está al albur de las contingencias y necesidades de ningún partido, incluso de las izquierdas. Efectivamente, el dato de la mayoría absoluta generalizada del Partido popular condiciona la acción del sindicalismo confederal, pero no lo cancela.

La segunda opción no tiene sentido. Renunciar a negociar y esperar que se legisle por decreto o es una broma o algo disparatado. Es cierto que ahora se negocia a la contra, como se ha dicho en  SALIR DE ESTE TIPO DE REFORMAS. Pero incluso en este estado de defensa –y precisamente por ello--  el acuerdo ha ido, en algunos aspectos notables, en dirección opuesta a lo que se pretendía. Que se legisle por decreto a la espera de tiempos mejores sería acompañar al gallo de Morón. Es más, querido diputado, ¿acaso no pondrías el grito en el cielo si el PP gobierna por decreto y no negocia nada con vosotros en sede parlamentaria? Pues, entonces, no vemos las razones para no hacer el sindicalismo confederal tres cuartos de lo mismo. Se nos dirá que lo importante son los contenidos. Justo. Pero es ahí donde discrepamos de la valoración que has hecho, querido diputado.  

SALIR DE ESTE TIPO DE REFORMAS

Celebrando el 65 aniversario de Angel Rozas. Junto a Angel están Gregorio López Raimundo y Miquel Falguera.

  

Si hemos afirmado repetidamente que la (pretendida) intencionalidad de las reformas laborales no aborda las causas de la crisis; si hemos dicho por activa, pasiva y perifrástica que sus contenidos no influirán en la creación de puestos de trabajo… hemos de convenir que el sindicalismo confederal debería proponerse en los hechos salir de esas coordenadas que, desde hace tiempo, son un círculo vicioso. Esto es, hay que zafarse de una situación en la que estamos a la contra. A la contra de frenar lo peor. En esa lógica de “respuesta” se inscribe el reciente acuerdo; en todo caso, dejaré las cosas claras: si un servidor hubiera estado en la mesa de negociaciones habría firmado el acuerdo.

Ahora bien,  a mi juicio, lo que debe abordarse como problema de fondo son los mecanismos de freno que taponan el centro de trabajo que, hoy por hoy, se corresponden fundamentalmente con déficit de innovación tecnológica en nuestro país o, si se prefiere de manera más general, con nuestro  modelo  productivo.  Algo de esto escribí el 2 de junio del año pasado: 1) la inversión media por habitante en el sector de la innovación media por habitante en España son 318 euros, mientras que en el patio de vecinos europeo son 473 euros; 2) España ocupa la decimoséptima posición en el ránking europeo de gasto en I + D, por debajo de países como Estonia, Chequía y Portugal. A pesar de esa cartografía española, el Ministerio de Ciencia ha dejado de de gastar un tercio del presupuesto para I + D. Así las cosas, se sigue la consigna de Unamuno: “que inventen ellos”. De manera que no es abusivo decir que nuestro sistema productivo es pura farfolla, especialmente debida a la garrulería de una  gran mayoría de empresarios y mánagers de probada estirpe chusquera.

Y sobre el mismo particular –esto es, sobre las características de nuestro modelo productivo-- dejó claro Antonio Gutiérrez con sus razonadas críticas en oposición a las medidas  sedicentemente reformistas de José Luís Rodríguez Zapatero (1). De los planteamientos de Gutiérrez, a mi juicio, no se han sacado las oportundas conclusiones, todavía. Por otra parte, tras la firma de la enésima reforma no tardará mucho tiempo en aparecer otro atracón de propuestas para otra nueva reforma laboral: es la misma lógica que aquel animal dantesco que, tras la comida, tenía más hambre todavía.  Por lo demás, tras esta reforma son muchas las voces que alertan que, como en anteriores ocasiones, la mayoría parlamentaria deconstruya a peor lo acordado recientemente. Y, así las cosas, como es natural (y obligado) volveremos a estar a la contra. Esta situación de estar a la contra lima, ciertamente, mayores desaguisados, pero no se vincula a la creación de puestos de trabajo, ni permite regenerar la economía; tampoco indica que tengamos un proyecto propio. Estamos zurciendo los desperfectos que organizan quienes se amparan en los mercados.

Un proyecto no es un zurcido.  Un proyecto puede ser el conjunto de medidas factibles contra el paro y la crisis, que hace tiempo anunció Toxo, capaz de establecer los vínculos y compatibilidades entre todas sus propuestas. Y, dentro de ese proyecto, debe caber inexcusablemente un Pacto por la innovación tecnológica, donde a mi juicio está la madre del cordero. Con una amplia negociación colectiva, a todos los niveles, como soporte de dicho pacto. Por supuesto, la patronal no está por la labor, está a la espera de de que se amplíe la desforestación de los derechos sociales. Pero la batalla debe librarse en ese estadio: entre la negativa de los empresarios y las propuestas obligadas del sindicalismo confederal.  Que, a partir de ahora, no debería ser la reedición del tipo de  (sedicentes) reformas como las que se vienen dando desde hace muchos años.     

(1)         Sí, pero no, de Antonio Gutiérrez Vegara en El País

Radio Parapanda.

LA FUNCIÓN DE LA LEY LABORAL Y LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. (UNA REFLEXIÓN DE MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE)

POPULISMOS EN EUROPA

Nota. Nuestro amigo Riccardo Terzi nos envía este texto en esclusiva para el blog. Se trata de su intervención en el debate sobre los populismos en Europa en el Forum della rivista de politiche sociali.

Riccardo Terzi

Tengo una cierta desconfianza con la palabra “populismo” porque me parece que está cargada de ambigüedad e indeterminación, y creo que es de escasa utilidad en el análisis de los procesos políticos.  Y, sin embargo, no se puede dejar de hablar de ella, dada la extraordinaria difusión que ha tenido en el debate político corriente y en la producción periodística; de modo que se trata en todo caso de valorar su contenido, su significado y sus implicaciones.  En el gran contenidor del populismo se se hacen entrar de nuevo fenómenos políticos muy diferentes, y también opuestos entre sí, por lo que se tiene la impresión de que se trata no de una explicación o interpretación de la realidad, sino de un fácil expediente al que se recurre cuando no hay ninguna explicación.  Populismo se convierte en todo aquello que se escapa de nuestras categorías interpretativas, todo lo que desafía nuestra racionalidad e irrumpe en nuestra realidad contemporánea con aquellos rasgos inquietantes de lo irracional o subversivo. 

Hay siempre  una connotación despreciativa que se acompaña a la definición de un fenómeno como el populista. En el análisis científico se substituye así el juicio ético-moral. El populismo es lo negativo que debe ser combatido, es el subfondo de violencia e intolerancia che vuelve a emerger en nuestras sociedades civilizadas, es la fuerza destructiva de los impulsos primarios que debe estar bajo el control de la razón. Por otra parte, cualquier definición del populismo implica como introducción un reconocimiento del concepto “pueblo”, aunque aquí nos encontramos en el universo de una pluralidad de significados e interpretaciones.

En primer lugar está el modelo de la democracia pleibiscitaria: en ella el pueblo se reconoce en su líder, sin mediaciones, sin instituciones intermedias, con una relación directa, con una investidura de confianza total que no soporta límites, reglas y garantías. En este modelo el protagonista no es el pueblo sino exclusivamente el jefe carismático en el que el pueblo se abandona. Más que populismo se trata de liderismo, de personalización de la política, de autoritarismo, porque todo el sistema político debe estar en función del ejercicio concentrado del poder sin los obstáculos y los retrasos de los procedimientos democráticos. En esta lógica, el obstáculo a abatir es todo el aparato de las instituciones de mediación y garantía para que resplandezca la figura del líder con toda su potencia, el único que está unido al pueblo en una simbiosis de tipo místico. Los ejemplos que ilustran esta situación son múltiples y recurrentes.  

Berlusconi, en Italia, intentó adoptar este modelo, pero eso se ha dado más en las intenciones y declaraciones verbales que en los hechos reales porque los contrapesos institucionales han continuando, bien o mal, funcionando. Sin embargo, no se trata de una innovación porque la historia ha estado repetidamente atravesada por experimentos de tipo autoritario y porque, también en nuestro mundo civilizado está la tendencia a la concentración y a la degeneración del poder, por lo que la obligación de las constituciones es construir un eficaz sistema de defensa. El berlusconismo no es más que un episorio de esta perenne dialéctica de la historia. Así pues, bajo este perfil no ha ocurrido nada nuevo, y el concepto de populismo no tiene otro valor más que el de registrar nuevamente hasta qué punto el mecanismo autoritario aparece siempre tras la retórica del pueblo.  Si hay un líder, un jefe, es porque el pueblo lo corona. Y el proceso siempre es ambivalente con una mezcla de poder arbitrario y consenso, de constricción y adhesión. Lo nuevo es la aparición de esta ideología autoritaria del poder en el corazón de Europa que parecía estar inmunizada de estas tentaciones. Pero Europa es ya un campo de batalla donde todo puede suceder.

En la democracia autoritaria el pueblo sólo existe como fuerza pasiva, como multitud indiferenciada, incapaz de una propia iniciativa, ý la política se reduce al mecanismo de identificación con la figura del líder. Naturalmente existen en la realidad diversos posibles grados de este fenómeno, así como puede ser extremadamente diferenciado el concreto contenido social de dicho modelo, que no es de por sí ni de derechas ni de izquierdas, sino solamente la dilatación extrema de la discrecionalidad del poder independientemente de su proyecto político.  Pero el resultado es, en todo caso, la pasividad de las masas, la negación de cualquier autonomía de la sociedad civil, ya que todo el poder de decisión está concentrado en un sólo punto, y toda la veleidad de autonomía asume un carácter subversivo.

El uso moderno de los medios de comunicación y de su potencia manipuladora introduce una variante que tiene sólo el valor de potenciar los instrumentos de control de la opinión pública sin determinar un cambio de la estructura de fondo del poder. Lo que cambia es sólo la disponibilidad de los instrumentos más penetrantes que siempre están puestos al servicio del poder, pero ahora esta situación se está modificando en parte con el paso de la televisión a las redes de Internet que es, por su naturaleza, abierta a una pluralidad de sujetos y ofrece un cuadro de informacines extremadamente vasto y diferenciado con escasas posibilidades de ser controlado preventivamente. Por ello no comparto el énfasis en la llamada democracia mediática o en la telecracia, porque en estas teorías se cambia la causa por el efecto.  No son los medios el lugar del poder, ellos son sólo  un instrumento, cuyo uso y efectos son dependientes de la estructura del poder: autoritarios si el poder es autoritario, abiertos y plurales si el poder está organizado sobre bases democráticas. 

Una segunda tipología del populismo se encuentra en todas aquellas representaciones políticas e ideológicas que conciben el pueblo como el único depositario de los valores positivos, como el custodio de la tradición, la sabiduría original, la identidad profunda de la nación en oposición a las élites, oligarquías, la casta de los políticos e intelectuales. En este caso, el uso del término populismo aparece como más apropiado porque sobre el pueblo recae el acento, siendo su ser el depositario de todo que merece ser salvaguardado.  Pero, ¿en esta segunda acepción qué es el pueblo? Sólo es un concepto abstracto, ideológico que prescinde de sus articulaciones internas, del pluralismo de sus intereses y de sus culturas, es la idealización de una comunidad originaria a la que se debe defender de todas las contaminaciones, de todo aquello que desde el exterior se la puede envenenar. 

En el caso de la Lega Nord, en Ialia como en otros muchos análogos movimientos xenófobos europeos, el cemento que contiene es el fundamentalismo étnico, la idea de una comunidad cerrada, centrada en sí misma que no admite ninguna interferencia del exterior, ninguna autoridad ni ninguna regulación de orden superior.  Se trata de un intento desesperado de resistencia y autodefensa frente al proceso de globalización que hace saltar todos los confines tradicionales y pone en movimiento una gigantesca mezcla de poderes, culturas y formas de vida. 

El problema del nuevo orden mundial, que se debe construir, de la relación entre lo global y lo local, entre lo que es común y debe permanecer distinto y autónomo es un problema real de grandisimo alcance. Pero es poco realista y regresiva la respuesta de estos movimientos comunitarios que tienden sólo a construir barreras, clausuras e intolerancias allí donde se trata, por el contrario, de dar una forma democrática y abierta a nuestra convivencia.

El resultado de esta operación tiene inevitablemente un carácter autoritario ya que la comunidad es un todo indiferenciado que no reconoce ninguna dialéctica interna, reproduciéndose así la delegación en un jefe carismátivco para que sea el exclusivo garante de la comunidad.  Por ello se hace posible una convergencia entre las dos formas políticas que, hasta aquí, hemos analizado entre el modelo plebiscitario y el comunitario, ya que ambos se injertan en una raíz común: en la crisis de la democracia política y en su estructura social individualizada. El mecanismo es el mismo: una masa atomizada y dispersa que encuentra su unidad aparente en una forma externa, en una autoridad, en un mito.  Y cuando estas dos tendencia consiguen dar vida a un bloque conservadofr se producen profundos efectos devastantes ya sea ora en el ordinamiento democrático ora en la  consciencia colectiva del país. Es lo que ha ocurrido en Italia en los últimos años. El fundamento de todas estas formas es la fragilidad individual en la época del individualismo difuso. Es una dialéctica que merece ser estudiada atentamente y que se refiere toda la relación entre lo individual y lo colectivo. 

El yo sólo se realiza en la relación con el otro, y tiene necesidad de un nosotros en el que pueda reconocerse. Sucede, así en los casos que hemos considerado hasta ahora, que el individualismo zozobra en su negación ya que confía en la figura carismática del jefe o en el mito de la comunidad étnica.  El nosotros, en este caso, no viene dado de una efectiva relación interpersonal sino de una proyección imaginaria, por un mito que subre en apariiencia la soledad impotente de la vida individual. En la fijación al mito se encuentra un sentido, una identidad aparente dentro de una representación de la realidad de tipo conflictual donde se encuentra la amenaza de un enemigo que estructura la existencia, un enemigo que puede tomar las formas más diversas (los poderes fuertes, los inmigrados, la burocracia, la magistratura, el fantasma del comunismo) y, en todo caso, es el deseo de un objetivo en el que descargar toda la agresividad de las pulsiones insatisfechas. Es el antiguo mecanismo del chivo expiatorio, me diante el cual se reconstruye el orden de la comunidad, según el estudio profundo de René Girard, que ha observado la última conexión entra la violencia y lo sagrado.  

Cuando se abaten sobre nuestras sociedades el viento de la crisis, la incertidumbre y la precaridad vuelven a tomar fuerza los antiguos rituales del sacrificio y se fabrica, así, la imagen de un enemigo, tanto si es real como imaginario. Y, como siempre ha sucedido, la violencia se desencadena sobre el objetivo más fácil y más débil.  Es lo que está tomando forma en Europa: la caza del extranjero, del musulmán, el enemigo que acecha nuestras tradiciones, nuestras raíces cristianas. Lo sagrado y la violencia vuelven a unirse.  Es finalmente un caso muy diferente de los que hemos analizado hasta ahora y está representado por aquellos movimientos de autonomía de la sociedad civil que se contraponen a la política institucionalizados y al sistema de partidos. Es todo un archipiélago de movimientos y asociaciones que encuentran en la red su principal instrumento de comunicación y organización, dando lugar también a algunas movilizaciones de masas así en Italia como en otros países. El perfil puede ser más o menos radical, pero en el fondo siempre está la idea de que sólo un movimiento de abajo, de auto organización social puede dar una respuesta a los problemas actuales del mundo globalizado, mientras la política tradicional, de derechos o de izquierdas, está empantanada y comprometida, es una pelota en nuestro tejado de la que debemos liberarnos. Tiene algo en común con los populismos que hemos descrito ya que también en este caso el objetivo polémico es todo el sistema institucional de la democracia representativa. Sin embargo, es de signo opueta el proceso cultural y psicológico de estos movimientos porque aquí estamos en presencia de un individualismo seguro de sí mismo, frecuentemente agresivo que no admite delegación. Que no reconoce autoridad y que no se refugia en el mito sino en su ilimitada autonomía.  Es un fenómeno que tiene, hoy por hoy, un alcance limitado y, sobre todo, una tendencia  fluctuante sin continuidad y carente de sólidas bases organizativas. El referente social es el de los estratos más desarraigados y aculturalizados, es lo que se ha definido como “la capa media reflexiva”, que tiene una vocación cosmopolita y una mirada abierta al mundo sin tener raíz alguna en ninguna identidad territorial concreta. Las afinidades son más aparentes que reales: son diversos los sujetos y diverso es sobre todo el universo cultural de referencia.   Pero es también un signo importante del estado de sufrimiento en el que se encuentran nuestras democracias, y quizá se encuentra aquí el lado más problemático de la situación que no puede ser encarado con una sumaria liquidación moralista. En este caso no se trata del retraso de un pueblo inmaduro, prisionero de sus impulsos primitivos y de sus mitos: es, más bien, la reclamación totalmente insatisfecha de una cualidad política diversa, y este fenómeno se manifiesta ante todo en las jóvenes generaciones cada vez más intolerantes  hacia los rituales de una política paralizante, hecha a golpe de retórica y sin soluciones concretas.  Puede ser alarmante el recelo antipolítico que se manifiesta en algunos caos; puede ser inquietante el crédito totalmente inmerecido de algunos personajes demasiado discutibles que se proponen como los moralizadores del sisetma. Pero aquí estamos ante un mundo real que nom puede ser disuelto con la letanía de las buenas intenciones.   

Como puede verse, el abanico del llamado populismo es extremadamente variado, y es legítimo preguntarse se tiene sentido usar la palabra para fenómenos tan diferentes.  Sería útil una definición más selectiva. De manera que debemos volver al significado de la palabra “pueblo”. Populismo no es cualquier idea que se refiere al pueblo sino la concepción que ve al pueblo como una unidad, como un todo indiferenciado, que es el depositario de los valores de la tradición, como raíz de nuestra identidad. En este sentido, esta representación se contrapone a todo lo que divide la unidad mística del pueblo: las clases sociales, los partidos, las diversas ideologías. Esta sería una definición más selectiva.  Así que debemos volver al significado de populismo y a la negación del pluralismo, de la dialéctica, del conflicto en nombre de una identidad originaria, de una pertenencia a la comunidad en la que cada cual tiene su papel prefijado, precisamente porque se trata sólo de conservar el  orden constituido. Se trata de la estabilidad y el orden contra la fuerza disgregante de las facciones de partido y el principio de autoridad, contra la disolución de las libertades individuales y el dominio de la moral oficial, contrfa toda forma de herejía y desviación.  El concepto de pueblo queda así distorsionado, y pierde toda la concreción de sus articulaciones internas. Deja de ser una estructura sociológica abierta, suceptible de las combinaciones más diferentes para convertirse en el objeto de una devoción, de una unión mística.   Queda sólo la pertenencia, esto es, el estar anclado a un dado objetivo, natural en el que se disuelve  toda capacidad de elección autónoma. 

Si usamos este criterio interpretativo el campo del populismo queda rigurosamente circunscrito, y en Italia sólo la Lega –aunque parcialmente— se corresponde a esta definición con la variante decisiva del cambio del culto comunitario de la dimensión nacional a la local, con la invención del mito de la Padania.  Pero, en realidad, también la Lega es un universo más movido y variado, con fuertes contradicciones internas como lo demuestran los recientes acontecimientos políticos, pudiendo mantener su fuerza expansiva sólo si consigue desprenderse de  sus orígenes, desarrollando una política más dinámica   y representar una mayor demanda social, no encerrándose en el localismo angosto y primitivo de los valles alpinos.  Pero lo que importa, más allá del academicismo, es es comprender el sentido general del proceso histórico en curso, y así podremos ver cómo la nebulosa del populismo, en sus más variadas significaciones, es sin embargo representativa de un cambio real que está atravesando nuestras sociedades más desarrolladas. No se trata sólo de ideología, de formas de consciencia, sino de algo que encuentra su fundamento y razón de ser en la realidad. 

Hay que partir del hecho que representa la creciente fragmentación social, tendente a disolver las tradicionales identidades colectivas, los bloques sociales, las pertenencias de clase para dar lugar a una estructura cada vez más fluida e indefinida en sus contornos. En ese proceso se arruina la relación enrte lo individual y lo colectivo, entre el yo y el nosotros,  y la sociedad entera se configura como una retícula estrechamente complicada de relaciones individuales sin un centro coordinador, sin una estructura consolidada. Sobre ese proceso se inserta la ideología neoliberal que reasume en la famosa afirmación de la señora Thatcher: no existe la sociedad sólo existen los individuos. Hoy, todos los fenómenos aludidos son el reflejo de este proceso social y diversos son los recorridos posibles sobre los que puede encaminarse una sociedad individualizada. 

En conclusión, el análisis del populismo se conecta a la estructura social y a sus transformaciones, confirmándose la tesis que considera la ideología como expresión de una concreta configuración histórico-social, y es sólo en este nivel que podemos determinar los cambios que invierten también las formas de la consciencia colectiva. Por eso me deja totalmente insatisfecho el modo la forma como se trata este problema ya que no se ve nunca el nexo entre la realidad y la representación. 

Las diversas ideologías que hemos considerado (el mito del líder, el mito de la comunidad,  la idealización de la sociedad civil) no son más que el velo, la apariencia; y dentro de ese velo se trata  de comprender la realidad efectiva de una estructura social que ha perdido su equilibrio, su cohesión, y que incluso por ello tiende a refugiarse en lo imaginario.  Si es así, lo que tiende a llamarse populismo no es una desviación sino el modo de ser y de auto representarse la sociedad actual; es el efecto de un cambio histórico que está en curso, no valiendo para nada las prédicas moralisrtas, las retóricas que se deslizan sobre la realidad sin conseguir modificarla.

Tomemos el caqso de la Lega Nord: un movimiento regresivo, tosco, antinacional. Sin embargo es totalmente ilusorio pensar que se puede contrarresta con el énfasis patriótico de la unidad nacional; así como es un intento poco realista y ridículo limar las asperezas, absorver el potencial subversivo en una visión más equilibrada, proponiendo una especie de leghismo temperado, que tiene sólo el efecto de una cesión en el terreno de los valores y los principios.  Es preciso combatirlo, pero no en abstracto; no con el mundo metafísico de las ideas sino con la materialidad concreta de los procesos sociales.

Por su parte, este proceso no es más que el producto de las opciones políticas, las orientaciones culturales, del salto de la hegemonía que se ha completado con la primacía del pensamiento liberal.  La “sociedad líquida”, de la que habla Bauman, no es un destino, no es la forma inevitable del mundo contemporáneo en esta época de la globalización. Es sólo el resultado de las relaciones de fuerza y de poder que se han determinado. Las variadas interpretaciones sociológicas captan sólo los efectos del proceso en curso y no abordan  las causas con lo que el problema acaba siendo sólo cómo hay que convivir con las actuales condiciones de incertidumbre y precariedad. En todo caso, es necesario ver –sin ilusiones consolatorias--  el curso real de las cosas, el proceso que está en movimiento y la existencia de potentes fuerzas objetivas que trabajan por una progresiva disolución del tejido social.

Este es el campo en el que nos encontramos para intervenir. Lo urgente que tenemos que afrontar es la reconstrucción de todo el tejido de la representación social que, en estos años, se ha deteriorado y deshilachado gravemente; que ha dejado teritorios enteros sin representación, sin identidad y, por ello, permeables a las ideologías individualistas y a las sugestiones autoritarias.

Sin un trabajo en profundidad en el campo social –en sus contradicciones y conflictos--, sin un programa sistemático que dé voz y organización a la multitud dispersa que se encuentra hoy como enfermera de los acontecimientos, sin poder reconocerse en ningún proyecto de cambio; sin una política que vuelva a poner en el centro la condición social de las personas, nos encontraremos frente a un destino ya escrito ya que una sociedad sin representación es totalmente incompatible con la democracia organizada.  Y, por otra parte, incluso por efecto de estos procesos sociales, la crisis de la democracia es un dato real que debe ser encarado abiertamente. 

¿Qué relación hay, ahora, entre el pueblo y la soberanía? ¿Ante quién responden los efectivos centros de decisión? No es sorprendente el resurgir de las pulsiones autoritarias; no deja de tener fundamento la difusión de la antipolítica, del recelo contra el sistema de partidos porque, efectivamente, aquí se ha abierto una gravísima fractura, y la democracia real peligra apareciendo como un asunto de las oligarquías, como un juego trucado sobre el que nuestra posibilidad de incidencia es casi nulo. Los dos procesos se alimentan el uno al otro: por un lado,  la ruptura de los lazos sociales, de las identidades colectivas y, por el otro, la involución de las instituciones democráticas. 

Es una crisis de sistema que debe ser afrontado en su globalidad. El populismo es sólo uno de los efectos secundarios de esta situación, el signo de la desbandado en que nos encontramos, el termómetro que registra nuestro estado febril. Pero es sobre las causas sobre las que debemos intervenir.  Este es el trabajo largo y fatigoso que la izquierda debe comenzar a poner en marcha. Pero si quiere correr tras las mariposas de lo post-moderno, de lo post-ideológico; si no sabe o no quiere hacer su cometido, entonces se convierte totalmente en superflua, y será justamente sometida a la lógica sin piedad de las relaciones de fuerza reales.   

La actual situación política, con la formación del gobierno Monti, puede tener paradójicamente un efecto providencial, porque finalmente han salido de la escena, al menos por ahora, las retóricas y las demagogias, las contorsiones de un bipolarismo destartalado, abriendo con toda su crudeza el vacío de la política y la necesidad de volverlo a llenar con contenidos y proyectos. En este sentido, puede tener voz sólo quien disponga de ideas y propuestas concretas. Vale por todos: para los partidos y para las organizaciones sociales.

Ya no hay para nadie posiciones ventajosas, representaciones preconstituidas porque todo está en discusión. Y al vez pueda ocurrir con una discusión más compacta y argumentada, más atenta a los contenidos incluso las sugestiones del populismo pierdan su fuerza, su peso en la consciencia colectiva.  En todo caso, el pasaje de Berlusconi a Monti es el tránsito del embrollo mediático a la sobriedad de los contenidos. Puede ser la ocasión paa poner la política con los pies en el suelo. Pero el tiempo para esta operación  de verdad y bonificación del discurso público es bastante estrecho y nada nos garantiza de un posible retorno, incluso más amenazante, de la oleada autoritaria en el que pueda romperse nuestro equilibrio democrático. Si fallara otra vez, el contragolpe podría ser devastador. Sería mucho compartir el análisis y concordar con las preguntas; si éstas son justas se puede esperar que lleguen también las respuestas.    

Forum della rivista delle politiche sociali, Roma 24 de Noviembre de 2011.

Versión castellana: Escuela de Traductores de Parapanda.

LA DERROTA DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL Y LAS REFORMAS LABORALES

La machacona insistencia en las reformas laborales y, sobre todo, el carácter de las mismas es, a mi entender, otra consecuencia de la derrota del capitalismo industrial por parte de los capitales especulativos, de eso que se ha dado en llamar el turbocapitalismo. Una derrota a la que indirectamente alude un trabajo que mañana publicaremos a cargo de Joaquim González, secretario general de Fiteqa-CC.OO.

El capitalismo industrial, al que a lo largo y ancho del pasado siglo se ha enfrentado el sindicalismo confederal, no había tenido más remedio que asumir (con desagrado, por supuesto) la existencia de ciertas normas, que con frecuencia violaba, de obligado cumplimiento que, de un lado, garantizaba el poder contractual del sindicalismo y, de otro lado, tutelaba el Derecho del Trabajo. En ese campo siempre asimétrico se desarrollaba el conflicto social que fue, también, motor de desarrollo de la industria.

No es el momento, ahora, de relatar cómo y de qué manera el turbocapitalismo fue arrollando a los tradicionales capitanes de industria, simplemente dejaremos constancia de  ello. Ahora bien, mutatis mutandi,  fue apareciendo un nuevo paradigma que propició la crisis de principios de la primera década de este siglo y, especialmente, la actual. Frente a ello podemos convenir que las izquierdas políticas –según afirmó educadamente Bruno Trentin sin querer hacer sangre—“estuvieron excesivamente distraídas”.  

Al turbocapitalismo le sobraban los bienes democráticos que representaban los derechos sociales y los controles (asimétricos, hemos dicho y, también, insuficientes) en la economía: así en el centro de trabajo como en los institutos de protección social. En ese estadio, el ejercicio del conflicto social era no sólo una interferencia sino un contrapoder inadmisible.

Por lo tanto, había que, primero, desnaturalizar todo el universo de la contractualidad y, a continuación, poner las bases del retorno a las viejas épocas de antaño. Así pues: rumbo al Siglo XIX. Pero no con la hegemonía del capitalismo industrial sino con el bastón de mando de la financiarización salvaje de la especulación más estridente. Un capitán de industria, no un aguerrido sindicalista, como  Claude Bébéar afirma que “sólo la debilidad de los empresarios explica las licencias que se toman los bancos” (1).

Las consecuencias de todo ello saltan a la vista: un país de nuevos ricos está generando masivamente nuevos pobres que se suman a los de siempre. Cosa que no interesa lo más mínimo a quienes insisten en el carácter de las reformas laborales que proponen. Pero, por lo que se ve, tampoco pestañea esa legión de zanguangos del empresariado industrial que no ve que la vida del turbocapitalismo es la muerte de ellos mismos. “Ya vendrá el Estado a echarnos una mano”, parecen decirse estos hojalateros de hogaño.

En esa tesitura el desarrollo industrial no está presente en discurso oficial alguno (ni ahora, ni antes, todo hay que decirlo): subvenciones, subvenciones y subvenciones.

(1)      Claude Bébéar en Acabarán con el capitalismo (Paidós Estado y Sociedad. 2003)

Radio Parapanda.  LUCHA CONTRA EL PARO.    Escribe Javier López.

CONFLICTO SOCIAL Y AFILIACIÓN SINDICAL

Antonio Baylos ha terciado en el debate sobre el conflicto FORMAS NUEVAS Y VIEJAS DE EXPRESIÓN DEL CONFLICTO al que nos referíamos hace pocos días.  En esta ocasión intentaremos avanzar otra pincelada con la idea de que, cuando tengamos más material, se procedería a darle un cuerpo más compacto. Naturalmente, si el tiempo lo permite. En todo caso conviene hacer una aclaración: aunque el ejercicio del conflicto no se circunscribe al sindicalismo, nosotros nos vamos a referir sólo a esta faceta.

 

Una reflexión sobre el ejercicio del conflicto social ha de partir de una ineludible consideración: el sindicalismo es un sujeto-conflicto. Es más, incluso cuando negocia en cualquier ámbito lo hace desde su personalidad claramente alternativa, es a saber, conflictual. De manera que el uso de las “formas nuevas y viejas de expresión del conflicto” se inscriben el carácter que debe tener el sujeto social.  Estamos, por así decirlo, ante algo no sólo descriptivo sino fundamentalmente prescriptivo. Y remachando el clavo: esta no es una cuestión contingente sino inmanente.

 

Es cierto que la personalidad conflictual le viene por la naturaleza alternativa que expresa el proyecto-que-se-organiza, no por el que retóricamente se fija en los libros sagrados de los congresos. Vale decir, aquello que se aplica o, si se prefiere de manera más ampulosa, por la praxis sindical. Por otra parte, es de cajón que no es irrelevante en todo ello el volumen de su fuerza establemente organizada, esto es, de la afiliación. Por ejemplo, un sindicato (solamente) de cuadros sin una voluminosa fuerza afiliativa que le acompañe es una organización limitadamente conflictual. Por lo demás, tengo para mí que existe una relación entre el ejercicio de cada conflicto puntual y el nivel de nueva afiliación que se  consigue. Pongamos por caso un convenio concreto: la bondad de lo conseguido debe medirse, también, por el consenso activo –por la afiliación nueva que ha concitado— tras la finalización de dicho convenio, tanto si ha concitado o no una determinada movilización.

 

Ello adquiere más importancia, si cabe, en los momentos actuales y, sobre todo, a partir de ahora. Porque, aunque los niveles de participación en el ejercicio puntual del conflicto son relevantes, lo cierto es que la afiliación –esto es, la fuerza estable--  no está a la altura de los desafíos en esta etapa donde confluye, de un lado, una potente innovación-reestructuración tecnológica en el cuadro de una crisis económica de enormes proporciones y, de otro lado, un ninguneo de los poderes políticos y económicos del conflicto social. Se me dirá, con razón, que son cosas sabidas. Pero es más verdad todavía que son cosas que parecen olvidadas.  

 

  

LA INTIMIDACIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL

Carmen Rodriguez, viuda de Simón Sánchez Montero

“Las élites económicas (o las clases altas, si se prefiere) se están desentendiendo unilateralmente del pacto del Estado del bienestar porque consideran innecesarios los costes que les pueda ocasionar, en la medida en que las clases populares han perdido capacidad de intimidación”,  escribe Josep Ramoneda en su artículo en la separata de hoy en El País (el subrayado es mío). Pienso que Ramoneda da, con mucha aproximación, en el clavo.

El movimiento sindical lleva unos cuantos años con potentes movilizaciones ya sea de ámbito nacional como europeo. Y sin embargo todas ellas han sufrido un rotundo ninguneo. El problema no es, así las cosas, la ausencia o endeblez de la presión sostenida sino la ausencia de salida de las mismas o –dicho en plata— la no consecución de sus objetivos. Lo que comporta, en palabras de Ramoneda, a la “pérdida de intimidación”. Esta es una cuestión de primer orden que desafía y –no nos vayamos con remilgos— pone en entredicho las alternativas del sindicalismo confederal.

Hace tiempo que reflexioné sobre el asunto vinculando el ejercicio del conflicto social a la innovación tecnológica. Ahora el asunto se nos complica porque los poderes contrarios se encogen de hombros como diciendo “allá vosotros con lo que hacéis; no vamos a cambiar ni un ápice del guión que tenemos escrito”.  Es una situación que puede acarrearnos graves complicaciones en nuestra capacidad de representación. Así las cosas es necesaria una amplía reflexión sobre ello. Y en concreto: ¿de qué manera se puede y debe ejercer el conflicto de masas para que cumpla con su objetivo?

Sugiero, por lo tanto, que es fundamental repensar estas cosas. Como primeros elementos indicativos sería conveniente meditar sobre lo que se dice más abajo (1). Se trata de un escrito de 1997 al que habría que introducir los nuevos elementos.     

(1)         El Conflicto social, hoy.

En mayo de 1997 se desarrollaron unas importantes jornadas organizadas por el Ceres con el objetivo de reflexionar y sacar algunas conclusiones acerca de la relación entre innovación tecnológica y conflicto social. Lo cierto es que el sindicalismo confederal --salvo honrosísimas y muy pocas excepciones-- se encuentra desubicado en relación al ejercicio del conflicto social. Las gigantescas transformaciones tecnológicas han variado profundamente el centro de trabajo; sin embargo, se sigue practicando el conflicto de la misma manera y con la misma forma que antes de dichas mutaciones tecnológicas. Por ejemplo, se utiliza la asamblea como si en el centro de trabajo la gente tuviera el mismo apelotonamiento de personas que la fábrica fordista, por poner una expresión gráfica. Si las nuevas tecnologías producen interferencias al conflicto social, éste se ejerce de la misma manera que cuando aquéllas no existían; sin embargo, no se investiga ni se aprovecha la potencialidad real que las nuevas tecnologías ofrecen para el ejercicio del conflicto. Así pues, se mantiene la centralidad de la asamblea fordista como una especie de mito con la misma inadecuación que pudiera tener un científico que basara sus investigaciones sólo en los cálculos que le proporciona el método de la regla de tres compuesta.


Si el sindicalismo confederal mantiene su actual desubicación en relación al conflicto --es decir, si desdeña las interferencias en su contra y no abunda en las potencialidades reales que existen-- irá empequeñeciendo su personalidad; posteriormente, incluso sin desearlo, se iría transformando en un agente técnico, y no sería ya un sujeto que desde su alteridad pudiera transformar la condición de trabajo.


En todo caso, nosotros no concebimos el conflicto social como algo autónomo o independiente de las propuestas del sindicalismo confederal. Esto quiere decir fundamentalmente que el conflicto se ejerce en relación a un proyecto reivindicativo concreto en un momento determinado. Así las cosas, lo que cuenta --por este orden y no por otro-- es 1) la cualidad de las reivindicaciones, y 2) la forma que tiene el conflicto; a nuestro entender, ambas cuestiones son inseparables para y en el ejercicio del conflicto. Un proyecto reivindicativo concreto que no se refiera a cómo es exactamente la organización del trabajo en cuestión --las condiciones para el trabajo y las condiciones de trabajo más útiles para el conjunto asalariado-- siempre expresará utilidades limitadas; a la larga (no muy larga, pensamos nosotros) irá perdiendo todo su sentido. Y, de la misma forma, un proyecto reivindicativo concreto que no se sustentara en una forma conveniente del ejercicio del conflicto, tampoco sería eficaz.


Es preciso que el sindicalismo confederal elabore una nueva praxis en el ejercicio del conflicto, muy en especial en aquellos sectores que, dadas las innovaciones tecnológicas, tienen una relación diversa entre "la máquina" y "la persona".


Históricamente el ejercicio del conflicto se ha caracterizado por un acontecimiento rotundo: si la persona dejaba de trabajar, la máquina se paralizaba por lo general; este detalle era el que provocaba la realización de la huelga. Hoy, en no pocos sectores, la ausencia de vínculo puntual entre el hombre y la máquina (esto es, que la persona deje de trabajar) no indica que la máquina se paralice. Más aún, gran parte de los conflictos se distinguen porque las personas hacen huelga (dejan de trabajar), pero las máquinas siguen su plena actividad. Podemos decir, pues, que la disidencia que representa el ejercicio del conflicto no tiene ya, en determinados escenarios, las mismas consecuencias que un antaño de no hace tanto tiempo. Esto es algo nuevo sobre el que, a nuestro juicio, vale la pena darle muchas vueltas a la cabeza. Parece lógico, pues, que el sujeto social se oriente en una dirección práctica de cómo exhibir la disidencia, promoviendo el mayor nivel de visibilidad del conflicto. En otras palabras, la visibilidad del conflicto tendría como objetivo sacar la disidencia del espacio de la privacidad para hacerla visiblemente pública.


En suma, para una nueva praxis del conflicto, apuntamos los siguientes temas de reflexión: 1) el carácter y la prioridad de las reivindicaciones, tanto generales como aquéllas de las diversidades; 2) la utilización de la codeterminación; 3) los mecanismos de autocomposición del conflicto; 4) la utilización de las posibilidades reales que ofrecen las nuevas tecnologías para el ejercicio del conflicto; 5) nuevas formas de exhibición de la disidencia, dándole la mayor carga de visibilidad en cada momento.


Aunque la movilización de los internautas no tenga el carácter de un conflicto "de clase", vale la pena echarle un vistazo a sus características más llamativas; de esta manera veremos --como decíamos más arriba-- hasta qué punto las innovaciones tecnológicas proponen nuevas posibilidades para el ejercicio de la protesta y la disidencia. De este conflicto podemos hablar, ya que nosotros hemos mantenido, a través de internet, un diálogo con el centro promotor de la huelga. Los motivos de esta acción no son otros que el rechazo de los internautas del espectacular incremento de las tarifas telefónicas. A continuación surge el grupo coordinador, llamado Plataforma-la huelga (dice contar con 10.000 usuarios). Este colectivo establece una política de alianzas con grupos tales como Plataforma por la tarifa plana, Proyecto Serviline, Organización de consumidores y amas de casa, Asociación de transportistas y otras. Se convoca "la huelga" de usuarios internautas y se concretan en un plan de acción a realizar durante el mes de setiembre. Vale la pena explicar que todo ello ha estado presidido por una serie de hechos participativos a través de las chats, es decir, las "tertulias cibernéticas". Como puede verse, estamos ante un conflicto que se mueve, en unos casos, alrededor de las más tradicionales convenciones y, en otros casos, con nuevas formas en el ejercicio de la acción.


De un lado, existen unos motivos para la protesta que son aprehendidos por un grupo dirigente, situado en una sede; este grupo estimula una política de alianzas que desde su "local" lanza la convocatoria y fija el plan de acción, concretado en una serie de protestas, acordadas después de un debate participativo. Todo ello en el más puro convencionalismo tradicional de la teoría y práctica del conflicto; por ejemplo,
el plan de acción invoca a los receptores de los mensajes "la necesidad de difundir las medidas tanto como podáis entre todos los sectores en internet y fuera" que parece recordar el viejo recado del movimiento obrero "lee y difunde esta octavilla". Por otra parte, este conflicto ha suscitado algo que también nos es familiar, a saber: la solidaridad. En efecto, miles de usuarios de, al menos, nueve países se han adherido a este conflicto; conscientes unos y otros de la fuerza de Telefónica, han fundado el Consejo social de las Comunicaciones --un ente que agrupa a organizaciones de usuarios de esos nueve países-- para "hacer frente a los abusos de la empresa y exigir un trato justo y equitativo de la prestación del servicio de Telefónica".

De otro lado, la sede no es otra que Página web: http//www.lanzadera.com/la huelga, y e-mail:la huelga@ hotmail.com; las comunicaciones (en jerga tradicional, las octavillas) a los hipotéticos huelguistas se lanzan a través de esos mundos cibernéticos. Podemos decir satisfactoriamente que nos encontramos ante una parte de las facilidades que posibilita la innovación tecnológica, incluso para la participación de los auténticos sujetos conflictuales, que son las personas-usuarias.

Todo ello abre un camino (cuyas consecuencias no nos son posibles determinar en estos momentos) a una nueva relación entre objeto del conflicto, el sujeto que lo organiza y los recursos de nuevo estilo. A saber, la innovación tecnológica concreta que desde un "centro invisible" (en este caso, un web) se puede organizar y convocar un determinado conflicto. Por otra parte, el web --que es, a la vez, sede y octavilla-- contiene una velocidad comunicativa, desde su fijación hasta la recepción, como jamás en la historia de los conflictos haya tenido convocatoria alguna; de igual modo, estos recursos de nuevo estilo permiten inter-conectar (esto es, conectar entre-si) a los que se encuentran físicamente separados en distancias lejanísimas. Es decir, estos nuevos recursos informan y agrupan instantáneamente a miles de personas que están separadas solamente en lo físico; de donde se infiere que el espacio clásico --el espacio fordista, se entiende-- ya no es determinante (o no tan determinante como antaño) para el ejercicio de determinadas formas de conflicto social. Entiéndasenos bien, para lo que nos ocupa no es la velocidad de la comunicación el rasgo fundamental sino la capacidad de reunir (conociendo, debatiendo y decidiendo) a los que están dispersos, separados a miles y miles de kilómetros en un mismo momento; que eso se haga de manera instantánea es cosa que se da por añadidura. De manera que objeto, sujeto y recursos adquieren una nueva dimensión, no sólo técnica sino también cultural. Lo insólito de dicha relación es que ya no afecta a las personas que son abarcables con la vista --como lo era el ágora griega o la asamblea fordista-- sino a miles de personas inabarcables con los ojos, dadas las distancias entre todos ellas. Y todavía más: de la misma manera que la asamblea fordista se realizaba en el lugar natural de una superficie concreta, la asamblea interconectada de los internautas también se ha desarrollado en un lugar natural, mejor dicho: en muchísimos lugares naturales. Podemos decir, en consecuencia, que se ha establecido un vínculo diverso entre espacio (el lugar físico donde está cada internauta) y el tiempo instantáneo (en el que se establece la colectiva intercomunicación).


Este conflicto de los internautas (al igual que otras experiencias) propone una nueva relación entre tecnología y conflicto social que debe ser estudiada por el sindicalismo confederal en cuyo seno existen ya unas prácticas muy minoritarias. Nosotros pensamos que sería erróneo interpretar esta fenomenología con viejas categorías o, peor aún, confrontarla con los modelos tradicionales dejándose guiar sólo por la nostalgia de una época en la que parecía posible una comunicación más rica y humana, que siendo ejercitada como si estuviésemos en el tradicional fordismo, ya no concita la agrupación física de las personas en la asamblea en la que hemos crecido y desarrollado


Para nosotros está meridianamente claro que estos hechos participativos conservan la misma esencia que los de la tradicional asamblea, aunque cambie el aspecto formal del estar juntas, físicamente, las personas. En otras palabras, se mantiene el conocimiento, el debate y la decisión colectivos y, formalmente, se les re-agrupa de otra manera. Es, sin ningún género de dudas, una alternativa a la objetiva dispersión física de las personas que provoca la utilización de las nuevas tecnologías.


En este conflicto de los internautas podemos sacar otra lectura más. La comunicación de todo tipo de mensajes (elaboración de las reivindicaciones, su razonamiento y la decisión de cómo y cuándo se ejercita el conflicto) es directa, esto es, no mediada por ningún tipo de sujetos o estructuras intermedias. Se reducen, por tanto, los matices y distorsiones que se dan en el conflicto tradicional como fruto de la cadena de estructuras intermedias y la subjetividad como cada una de éstas percibe las razones de dicho conflicto. Esta relación directamente intercomunicada redimensiona el carácter del grupo dirigente y la particular figura del secretario convencional, cuyo poder no viene ya del número y de la calidad de los secretos que guarda sino de su fuerza intelectual y propositiva. Experiencias como ésta indican que no existe la "cadena jerárquica" entre el centro y las periferias; al menos en este conflicto se han roto las intermediaciones y la relación de poder basada en el monopolio de la información tradicional de arriba-abajo.


Por la novedad de este conflicto nos ha parecido oportuno conocer los niveles de seguimiento del mismo; de ello informamos en el anexo número 1.


Permítasenos una aparente (sólo aparente) digresión. En la lucha contra la Dictadura franquista la parte más organizada del movimiento obrero utilizó un concepto tan llamativo como la utilización a fondo de las posibilidades legales, que tuvo su traducción práctica en lo que todo sindicalista medianamente informado conoce. Pues bien, salvando todas las distancias que son al caso, vale la pena que hoy el sindicalismo confederal ponga en marcha la utilización a fondo de las posibilidades tecnológicas para el ejercicio del conflicto social; a nuestro entender hay que hacerlo con la misma naturalidad y decisión como cuando el sindicalismo dejó de utilizar la bocina de mano en las asambleas para apropiarse del altavoz eléctrico y del inalámbrico; con la misma naturalidad, también, con que miles de sindicalistas han asumido la cotidianidad del telefonillo portátil.


En resumidas cuentas, no estamos ante el fin del ejercicio del conflicto social. Este es un testamento ideológicamente dirigido al movimiento de los trabajadores que está siendo contestado por unas incipientes formas de realizar la disidencia. El sindicato --que también debe ser un sujeto organizador de los saberes y experiencias-- debe promover nuevas discusiones en torno a todo ello. Un sindicato confederal que debe percibir cuándo determinadas formas del ejercicio del conflicto --no decimos el conflicto-- acaban siendo fungibles y devienen inútiles, y por lo tanto deben ser re-emplazadas por otros mecanismos. Desde luego, la salida gradual del taylorismo que preconizamos no puede ir acompañada por el ejercicio de un conflicto cuyas características siguen siendo del sistema que se quiere superar. O, en otras palabras, el deslizamiento hacia otro paradigma de organización del trabajo debe ir teniendo su plena correspondencia del mayor número de los elementos que le acompañan: proyecto, reivindicaciones generales y de las diversidades y también las formas de cómo es el sujeto social y de qué manera ostenta su propia alteridad.