ALGUNOS RECLAMAN UN PACTO AHORA

Desde diversos sectores (de un lado, el PSOE y de otro, ciertos sectores de la CEOE) están reclamando, tras conocerse la descomunal cifra de paro, al gobierno Rajoy un pacto para salir de la crisis. A unos y otros es preciso recordarles lo que en tiempos un tanto lejanos decían algunos avisados sindicalistas. En marzo de 2009 de ello se habló en La gran concertación que propone Toxo; en septiembre de 2011 el mismo Toxo insistía en la necesidad de un  Pacto por el empleo. En ambas ocasiones se dio la callada por respuesta. O, mejor dicho, la ninguneada por respuesta.

 

En marzo del 2009 el presidente Zapatero ni siquiera consideró oportuno responder a la propuesta. La actitud zapateriana tenía una cierta lógica: si de manera obstinada negaba que hubiera crisis era de cajón que se no pusiera en marcha un pacto para abordarla. Y sin embargo, la crisis no sólo existía sino que ya había empezado a producir no pocos desperfectos. Los dirigentes de la patronal orgánica, que conocían –es de suponer--  hasta qué punto empezaban a torcerse las cosas ni siquiera hicieron pública su negativa a la propuesta de pacto. Más tarde, cuando todo indicaba que Rajoy ganaría las elecciones, Toxo volvió a la carga. Y nuevamente el flamante gobierno y la patronal dijeron llamarse Andana, esto es, no hubo respuesta sino ninguneo. Y las cosas fueron empeorando hasta el punto de entrar y consolidarse en una situación insostenible y al decir de algunos «de emergencia nacional».

 

Sin embargo, ¿estamos seguros de que no hubo pacto? Lo hubo. Vaya si lo hubo. Las partes contratantes fueron el gobierno y la CEOE. No fue un pacto formal y públicamente reconocido. De hecho, todas las ´cláusulas´  implícitamente acordadas (la reforma laboral, el diseño de privatizaciones, la cuestión salarial y otras por el estilo) fueron la expresión concreta del mandato genérico que venía de la Unión Europea. Lo sabido –por activa, pasiva y perifrástica--  es que estas políticas han hecho, y continúan haciendo, estragos en la condición asalariada y en las condiciones de vida de amplísimas capas de la ciudadanía. Pero lo que no se ha dicho –al menos hasta la presente--  es que también ha comportado el cierre de centenares de miles de empresas de todo tipo, especialmente medianas y pequeñas. La conclusión es clara: aquel pacto implícito no sólo ha sido inútil para la mismísima patronal sino que, además, ha significado su propia derrota. Es algo realmente esperpéntico que quien debe tutelar los intereses de las empresas –pongamos que hablo de la CEOE--  haya sido no poco responsable del hundimiento de  muchas de ellas.

 

Hasta el momento el gobierno Rajoy no ha dicho nada al respecto en relación a la propuesta de pacto que ha lanzado el PSOE. Me imagino al Partido popular ante la siguiente tesitura: si aceptamos el reto estamos dando por sentado que nuestros planteamientos han fracasado con el coste electoral que podría tener. Por no hablar de la CEOE, cuya postura es: a las empresas que queden le irá la mar de bien la desarboladura de derechos, poderes y controles del sindicalismo confederal. O lo que es (casi) lo mismo: de esta guisa, las empresas que sobrevivan tendrán más facilidades –y el conjunto del sistema también— para una nueva acumulación capitalista. De manera que un pacto, que pudiera ser firmado por los sindicatos, sería una interferencia (por supuesto, modesta) para esa operación. Lo que para la CEOE y el Gobierno no es de recibo. Bien, ya veremos cómo empieza esto; en todo caso, una buena señal sería que la patronal desbloqueara ese inmenso paquete de convenios colectivos: sería una buena señal.

 

 

 

ESTE PRIMERO DE MAYO Y EL VERBO DE LA PROTESTA

Primero de Mayo en Plasencia.

… y el verbo de la protesta volvió hacerse carne en este Primero de Mayo. Y, como en las últimas ocasiones, dejó de ser una acción colectiva de abstracto simbolismo, de ritualidad obligada, como  quien dice: la lírica no está, ustedes dispensen, para perifollos.  ¿Habrá que decir que el sujeto convocante ha sido el sindicalismo confederal? Claro que sí. Son tiempos que requieren que se recuerde lo obvio. Porque una de las impertinencias de algunos analistas es ningunear la paternidad de los sujetos que promueven la protesta, especialmente cuando es el sindicalismo quien las promueve. En estos casos la acción colectiva aparece como «huérfana», sin mentores y reducida a la «espontaneidad». Es un subterfugio que intenta oscurecer la representación y la representatividad del sindicalismo confederal.

En este Primer de Mayo se ha acentuado la tendencia que ya pudimos ver el año pasado: no han salido a la calle solamente las grandes capitales de provincia; se han vuelto a incorporar a la acción las ciudades de mediana población –la foto que preside esta entrada es la manifestación de Plasencia, que nos ha enviado Miguel Coque Durán, dirigente sindical extremeño--   que han querido exteriorizar también su protesta. Esta descentralización es, además y sobre todo, otro botón de muestra del «sindicalismo de proximidad»: la familia sindical no es sólo la que aparece en las imágenes televisivas (siempre tan cicateras) sino que la tenemos aquí, en esta ocasión en Plasencia y en otros tantos lugares. Más todavía, cada persona que acudió al acto de protesta pudo decir: «yo también formo parte de esa familia, yo no estoy en silencio». De ahí el orgullo de Miguel Coque que, en su mensaje, me dice:  «Después de más de 20 años sin celebrar un 1º de mayo en una ciudad como Plasencia, de 40.000 habitantes, los cierres de empresas, y los casi 6.000 desempleados nos han devuelto a la realidad. Podremos con el miedo de los sacudidos por la crisis, podremos contra la vergüenza que sienten los desclasados por lanzar un grito de justicia, podremos porque somos más y porque siempre fuimos la sal de la tierra». 

En puertas del Primero de Mayo escribíamos que, como mímino, son necesarias tres condiciones para derrotar esta política que está causando tantos estragos: «1) una participación mayor de la ciudadanía en la protesta,  2) una relación explícita de los movimientos sociales con las izquierdas políticas y 3) la explicitación de un programa que sea un común denominador» (1). Pues bien, la primera condición está avanzando, aunque todavía no es suficiente. En todo caso, ahí está Plasencia y todas las plasencias que han ocupado las calles y plazas de la geografía.

 

 

(1) EL DESAFÍO DE ESTE PRIMERO DE MAYO

EL DESAFÍO DE ESTE PRIMERO DE MAYO

Mariano Rajoy pidió ayer en Granada «paciencia». A continuación vino a decir que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Tres días antes la Encuesta de población activa (Epa) registraba la descomunal cifra de personas en desempleo: 6.202.700. En resumidas cuentas, la propuesta gubernamental no es otra que una llamada a la paciencia de los españoles. Así las cosas, la situación está de la siguiente manera, dicha esquemáticamente: Rajoy externaliza sus responsabilidades a la «paciencia» de la gente, pero ésta no sólo no admite que ahí esté la solución sino que –rechazando de plano esta obsceno planteamiento— sigue activamente en la calle: sin ir más lejos ayer mismo en Barcelona en pleno itinerario mutitudinario hacia el Primero de Mayo. O, lo que es lo mismo, de una parte, el aparato político-institucional que ensalza las calamidades que provoca y, de otra parte, un constante movimiento popular –donde el sindicalismo confederal está jugando un papel relevante— que urge un cambio radical del escenario: un cambio radical, digo, en la cuestión económica, pero todavía no lo suficientemente explícito en el terreno político. Parodiando a Gramsci, «en ese claroscuro crecen los monstruos».

Entiendo, en todo caso, que quienes se confrontan con las medidas económicas y antisociales necesitan al menos lo siguiente: 1) una participación mayor de la ciudadanía,  2) una relación explícita con las izquierdas políticas y 3) la explicitación de un programa que sea un común denominador. Porque cada cual por su lado –movimientos por una acera y las izquierdas políticas por otra--  no entran de lleno en el problema político de fondo que tenemos: la dificultad de desalojar a ese grupo heterogéneo (derechas rancias, neoliberales de nuevo cuño, populistas viejos y nuevos, apostólicos con o sin sotana, cofradías de caspa y brillantina) que es el Partido Popular. Y no entran de lleno porque, dicho con trazos de brocha gorda, los movimientos cultivan en la práctica una notable desconfianza de la política. Por otra parte, la izquierda mayoritaria no acaba de ser vista con la suficiente mordiente (de compromiso y acción práctica), mientras que la minoritaria –incluso en esta situación--  no recibe los suficientes apoyos para coadyuvar al desalojo. Es un «claroscuro» para que los monstruos sigan desarbolando derechos y empobreciendo a amplísimos sectores de la población.

Si esta dicotomía se mantiene no está descartado el pudrimiento de la situación. Así es que, tengo para mí, que este Primero de Mayo debería ser un punto de inflexión de las relaciones entre los movimientos sociales y las izquierdas políticas. Los movimientos desde su propio carácter reivindicativo; las izquierdas políticas sin pretender que aquellos sean su «fiel infantería», ni tampoco la intendencia. 

UGT Y LA UNIDAD DE ACCIÓN

En el reciente Congreso de UGT de Catalunya se ha aprobado, entre otros, un importante documento. Se trata del Protocol d’acord sobre la unitat d’acció sindical entre CCOO i la UGT de Catalunya.  Tiempo atrás los dos grandes sindicatos catalanes acordaron plantear a sus respectivos congresos la aprobación de un conjunto de normas, elaboradas conjuntamente, acerca de cómo debería desarrollarse en la práctica la unidad de acción entre ambas organizaciones. Digamos al lector poco prevenido (o de lectura descuidada) que no se trataba de ir a una fusión de ambas organizaciones. Lo que se ventilaba en dicho documento era pasar de una práctica unitaria (que viene de muy atrás) sin reglas a un estadio normado, precisamente para darle mayor consistencia a los procesos.

El congreso ugetista ha votado muy mayoritariamente la propuesta conjunta: el 88,66 por ciento, que es una cifra de gran consistencia. De esta manera se veía el amplísimo consenso que ha obtenido el documento que fue presentado por el secretario general (saliente y, después, entrante) Josep Maria Álvarez   que, en su intervención, afirmó que  «supone un paso adelante extraordinariamente positivo para consolidar la unidad del movimiento obrero en Catalunya, y supone dejar atrás los problemas internos de cada uno de los sindicatos y pensar en el bien común de los trabajadores».  Unas palabras –entiendo—rotundamente acertadas.

Ahora bien, esta amplísima mayoría que se ha dado en el congreso ugetista contrasta con –digámoslo así--  un menor entusiasmo por parte de CC.OO que, en su último congreso, lo aprobó por un porcentaje muy, muy inferior: un escuálido 52 por ciento. Así las cosas, un analista curioso tendría interés en saber a qué obedece esta considerable diferencia. Por mi parte, no sabría de qué manera interpretarla. En todo caso, quedémonos con lo positivo: ambas organizaciones disponen ya de un protocolo que establece unas normas (aprobadas ya en los congresos) para consolidar la unidad de acción.  

PRIMARIAS PARA ELEGIR A LOS DIRIGENTES

La dirección federal del PSOE, agobiada por la presión de sus compañeros gallegos, está a punto de aprobar que los secretarios generales de cada organización puedan ser elegidas por el método de las «primarias» (1). Por supuesto, tienen todo el derecho a hacerlo y, de igual manera, un servidor lo tiene también –incluso desde fuera del tendido socialista--  de opinar al respecto. Sea, pues, admitida esta impertinencia de alguien que roza ya la edad veneranda. Como diría don Pedro Antonio de Alarcón –sin que  conste que nadie le llamara la atención por la redundancia cacofónica-- “principiemos por el principio”.

No hay duda del papel específico que tienen (o deberían tener) los grupos dirigentes así en la auctoritas como en la potestas. Y menos duda, todavía, debe tener el ejemplar carácter democrático de cómo se eligen. De su carácter democrático vinculado a su recorrido participativo. Pues bien, relacionado o no con estas consideraciones, ha aparecido en ciertas fuerzas de izquierda la idea de la convocatoria de «primarias» (tal vez como contagio de la forma de elegir al cabeza de cartel electoral) para elegir al primer dirigente de cada organización.  

¿Estamos seguros que existe un círculo virtuoso de estas primarias versus el círculo vicioso de cómo actualmente se eligen los secretarios generales? Más todavía, ¿se han calibrado todas las consecuencias de esa variación? No ha podido calibrarse por la sencilla razón de que no hay experiencias concretas al respecto, de manera que la propuesta se basa o bien en la intuición o en una aparente estética que también es intuida. Lo que viene a continuación no es una contrariedad al método de las primarias para elegir a los primeros dirigentes de los partidos en sus diversos niveles. Es una reflexión, todavía provisional, sobre el particular.

Si el secretario general se elige erga omnes –esto es, por todos lo militantes del partido--  no cabe duda que, así las cosas, la organización adquiere unos determinados tintes presidencialistas; y mutatis mutandi se va produciendo una separación entre el secretario general y el resto del grupo dirigente. De un lado, el cargo va adquiriendo un tono mayestático y, de otra parte, la colegialidad se va desnaturalizando. Ya no existe el primus inter pares sino la figura tendencialmente ´monárquica´ del secretario general. Con lo que el perímetro democrático participativo que se buscaba con el método de las primarias se va desnaturalizando y acaba convirtiéndose en lo contrario de lo que se pretendía corregir.    

(1) A la hora del cierre de este artículo me llega la noticia de que el PSOE va a proponer que por ley se disponga que todos los partidos deben hacer primarias. Otro día, si me acuerdo, argumentaré por qué me parece una idea disparatada.  

LA OBSCURIDAD DEL SALARIO DE LOS DIPUTADOS

Es curioso: el Congreso de los Diputados va a legislar una serie de medidas –ya veremos en qué queda eso—sobre «la transparencia», que, como es lógico, se aprobará por mayoría, sin embargo, para que el común de los mortales sepa cuánto ganan los diputados se precisa, según afirma el Presidente del Congreso, un acuerdo por unanimidad.  De momento el Congreso no hará públicas las nóminas de los diputados porque ninguna ley respalda una medida «de índole tan delicada» (1). Digámoslo por lo derecho: la ley de la transparencia nacerá cojitranca.

De momento parece conveniente saber por qué razón la publicidad legal de las nóminas de los diputados es una «cuestión delicada». Más bien, a mi juicio, no hacerlo se convierte en una cuestión escabrosa.  Como escabroso es el carácter que lo preside: el Presidente del Congreso en realidad lo que nos está diciendo  es «Estamos a favor de la transparencia de los demás, pero en contra de la nuestra».  Esto me parece, francamente, una política de bajo vientre.

Todo este asunto me hace recordar una experiencia que viví en mi época de diputado en el Parlament de Catalunya. En una de sus sesiones se iba a informar de los acuerdos de la Mesa sobre los salarios que íbamos a percibir. Esa reunión, se nos dijo, era de «puertas cerradas», esto es, sin público ni medios de comunicación. Acabada la sesión hice un comunicado informado con pelos y señales de lo ocurrido y, naturalmente, de los salarios. Aquello no sentó bien a nadie. Mi pecado, por lo que se ve, fue haber hablado de una «cuestión delicada». Mi extrañeza fue, en aquella ocasión y ahora mismo, esta: ¿por qué los sueldos de los diputados son materia reservada? ¿por qué quienes pagan a los diputados con sus impuestos no deben conocer el sueldo de sus representantes? ¿por qué esa oscuridad entre la política fiscal y el destino de la misma?  

(1) http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/congreso-sueldos-diputados-respaldo-legal-2371745

EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL "FACTOR DE SOSTENIBILIDAD"

Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.  

1. El denominado “factor de sostenibilidad” de la Seguridad Social hace tiempo que campa por sus fueros. Como siempre en los últimos tiempos, la palabreja nos viene de Europa. Entre otros países septentrionales, apareció primero en Alemania –cómo no-, aquella especie de harakiri al que en el 2004 se sometió el SPD (siempre culpamos a la Merkel de nuestras desgracias, pero a menudo se olvida que el ideólogo de las políticas de austeridad fue Schroeder: ahora, que vienen elecciones, aquélla se ha comprometido a subir las pensiones y las retribuciones de los empleados públicos y la socialdemocracia no levanta cabeza) El ya tradicional mimetismo de lo teutón –quien paga, manda- comportó que la eurocracia aprobara en fecha reciente el denominado Libro Blanco “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”, con el precedente del Libro Verde “En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros”. De esta manera, la exigencia de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social se ha convertido en otro mantra reiterado para la salida de la crisis. No en vano, los famosos mercados (siempre tan asépticos y exentos de ideología, preocupados sólo de la ley de la oferta y la demanda, como es público y notorio) exigen la hoguera pública, previo empalamiento, del Estado del Bienestar. Y así, el factor de sostenibilidad se ha acabado imponiendo. Ocurrió claramente en Portugal, pero es ésa una tendencia más o menos expresa en muchos de los países de la Unión.

También, en España. Ya el Informe de Evaluación del Pacto de Toledo de principios del 2011 se refería en forma reiterada a la sostenibilidad del sistema. Como también lo hizo el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, de 2 de febrero de 2011, que recogía ya en forma expresa el dichoso “factor de sostenibilidad” en los siguientes términos: “Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales”. Y, posteriormente, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social introducía en su artículo 8 una nueva Disposición adicional quincuagésima novena en la Ley General de la Seguridad que, bajo el epígrafe “Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”, que venía regular un redactado prácticamente idéntico al de aquel Acuerdo tripartito, en los términos transcritos.

Asimismo, el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla en forma expresa que “El Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”.

2. Por su parte, el reciente R Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE de 16 de marzo) contiene una Disposición Adicional Novena, conforme a la cual “El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, creará un comité de expertos independientes a fin de que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducido por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social”.

Aunque en la técnica legislativa española es muy frecuente esto de crear comisiones, realizar encargos al Gobierno, abrir procesos de concertación con los agentes sociales, etc. el hecho cierto es que la inmensa mayoría de ocasiones esas delegaciones quedan en nada. De esta manera, aunque el legislador es consciente que hay un problema que la Ley no aborda, delega su solución de futuro… a un futuro que prácticamente nunca llega (o lo hace muchos años más tarde). Que nadie se escandalice ni empiece a tirar piedras: también es ésa una inercia muy frecuente en nuestra negociación colectiva.

Sin embargo, en este caso el Gobierno ha cumplido los deberes impuestos. Y la pasada semana constituyó el legalmente reclamado Comité de Expertos. Eso sí, con una composición que mi amigo Joan Coscubiela acaba de criticar en términos muy duros, al considerar que está fuertemente mediatizada por la presencia de representantes de empresas bancarias y aseguradoras, afirmando, incluso: “La ministra ha encargado a los expertos de la Pepsi que le planteen la reconversión de la Coca-Cola”.

3. Pero, ¿qué diablos es eso del “factor de sostenibilidad”? Si uno lee la Disposición adicional quincuagésima novena de la LGSS se sume en un mar de dudas: parece, esencialmente, que se trate de analizar la edad de jubilación, en función de la evolución de la esperanza de vida de la población española. Y ante ello cabría preguntarse si para ese fin hace falta constituir una comisión de expertos.

Permítanme recordar que los famosos sesenta y cinco años tradicionales se fijaron hace casi cien años, en unos momentos en los que a esa edad el asalariado que llegaba estaba “hecho polvo”. Y no debe olvidarse que el retiro no es por definición más que una invalidez presunta: es decir, una hipótesis legal de que a partir de determinadas edades, por la evolución cronofisiológica de las personas, ya no se puede trabajar más. Sin duda que la evolución de la población, de las condiciones de trabajo y de vida y la salud de los ciudadanos han evolucionado mucho desde entonces, con grandes cambios a mejor. Ahora bien, les he de confesar que nunca he acabado de entender ese argumento actuarial de la evolución de la esperanza de vida y su impacto en el sistema de Seguridad Social: es obvio que un empleado de banca puede en muchas ocasiones trabajar hasta los setenta o más años (de hecho, la edad de jubilación de los jueces es ésa… aunque ya prevén ampliarla hasta los sesenta y tres); sin embargo, difícilmente un oficial de la construcción o un transportista puede seguir trabajando a los sesenta y cinco.  Paradójicamente el empleado de banca se prejubila (o mejor dicho, lo hacía hasta fecha reciente) poco después de los cincuenta, mientras que el currante de la construcción ha de esperar a tener la edad legal… Pero eso no parece que sean datos macroeconómicos valorables por los economistas.

Sin embargo, como sabe todo el mundo, detrás del “factor de sostenibilidad” hay más cosas. No se trata sólo de un progresivo retraso de la edad de jubilación, sino de una auténtica readecuación del modelo. Los economistas neoliberales, como los auténticos trileros que son, utilizan así en su jerga conceptos poco comprensibles para los ciudadanos de a pié: reformas no paramétricas, cuentas nocionales (han leído bien, no nacionales), etc. Lo que, si no me equivoco se pretende (en virtud de la experiencia europea comparada), es el establecimiento de mecanismos automáticos de adaptación de las pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida, la situación económica y otros aspectos. Mecanismos automáticos que no requieran de cambios legales, con su correspondiente tramitación parlamentaria, sino únicamente de disposición gubernativa.

Una adaptación automática que afecte a dos vertientes. Por un lado, a las expectativas futuras de los trabajadores activos (esto es, la disponibilidad permanente de rango presumiblemente reglamentario de la edad mínima, de los criterios de fijación de la base reguladora, de los años requeridos para el acceso o del cómputo del período de cotización); por otro, un cambio tan o más significativo, afectante a lo que podríamos calificar como el “contrato de jubilación”, es decir, la certeza del beneficiario ya jubilado o incapacitado que la pensión inicialmente fijada por el Estado deviene inmutable y con unas concretas previsiones de incremento. Por tanto, una continua mutación del sistema de pensiones en función de parámetros económicos o actuariales que afecte tanto a las personas activas como a las beneficiarias de las pensiones.

En definitiva que en función de datos que se pretenden objetivos –tendencia poblacional, pirámide de población, situación económica, número de cotizantes, etc- la ley reguladora prevea ya mecanismos de ajustes automáticos de la futura pensión –edad mínima de retiro, período de carencia, porcentaje final, etc-, así como la ruptura del antes denominado “contrato de jubilación”: es decir, que el beneficiario conoce su pensión inicial, pero no puede saber su evolución respecto a incrementos futuros, al determinarse estos por elementos externos (no ya, el incremento del coste de la vida como ha sido práctica habitual en España, sino por el aumento medio de salarios, elementos actuariales de la población, evolución del PIB o de la productividad, etc) En otras palabras: un endurecimiento de las condiciones futuras de acceso a las prestaciones y de su cuantía y la posible afectación negativa sobre las que actualmente perciben ya los pensionistas. En definitiva, el pase de un modelo de Seguridad Social estático a otro en continuo cambio, en función de las circunstancias sociales y económicas concurrentes.

4. ¿Es mala la propuesta así planteada? Como sé que la primera conclusión que voy a exponer (y en relación a la hipótesis “en blanco” que hoy consta en la Ley) no va a gustar a muchos lectores me van a permitir que antes formule algunas reflexiones.

La Seguridad Social (así como el resto de mecanismos que conforman el Estado del Bienestar) no es otra cosa que la plasmación de la olvidada pata republicana de la “fraternidad”, que contra lo que se suele pensar no es equiparable a la solidaridad, sino el reconocimiento del derecho de cualquier ciudadano desde el momento del nacimiento a desarrollar todas sus potencialidades humanas a través de la garantía de unos mínimos vitales de dignidad aportados por la sociedad. Se trata del denominado “derecho a la felicidad” de una parte significativa de las Constituciones americanas –y también, de la Constitución de Cádiz-. Un concepto político, la fraternidad, claramente vinculado con el mito milenarista de la sociedad comunista del buen salvaje. Imagínense ustedes qué debían pensar los europeos colonialistas, recién salidos del feudalismo, cuándo descubren sociedades recolectoras primitivas en las que la propiedad es común y los ingresos se distribuyen en tres tercios (uno, para los gastos de la comunidad, otro para las personas productivas y otro, para las personas improductivas) De ese choque de civilizaciones surge el mito y de él, la fraternidad: es decir, el anhelo de readecuar las sociedades modernas a un modelo más comunitario como elemento central de civilidad. El retorno a una sociedad más justa, en la que las personas activas aportan parte de sus ingresos al mantenimiento de quienes por edad o enfermedad no pueden serlo.

Los sistemas de previsión social son patrimonio de la izquierda. Gremios a parte, cabrá recordar que en sus orígenes el sindicalismo no se diferencia de las sociedades de ayuda mutua, de tal modo que los afiliados aportan una cuota que garantiza unos ingresos en el caso de invalidez o de desempleo. Bismark recoge la idea y la dota de carácter público y garantía estatal, con la previsión de contribuciones de los empresarios a los fondos. Pero esos modelos no distan mucho de un contrato mercantil de seguro, aunque de carácter público. Por tanto, si uno ha cumplido con las condiciones fijadas en la póliza percibe la cantidad o pensión correspondiente si se actualiza el riesgo.

La Seguridad Social –la hija más bienamada del pacto welfariano- es otra cosa. El gran cambio que significa es que, sobre el papel, se moderniza el modelo de los tres tercios de las sociedades recolectoras primitivas. Es decir, que las personas económicamente activas aportan una parte muy significativa de sus ingresos (en el caso de los trabajadores –los autónomos son, en general, otra cosa-, más de un tercio de su salario íntegro, incluyendo las cotizaciones empresariales) al mantenimiento de los ciudadanos que no pueden trabajar por causas ajenas a su voluntad. Y todo ello comporta que, muy aproximadamente, un quince por ciento del PIB anual del Estado español se dedique a la Seguridad Social.

La Seguridad Social, por tanto, no es un contrato de seguro, en el que (sin el mutuo acuerdo de las partes) una vez suscrito no se pueden cambiar las condiciones o, una vez acaecido el riesgo pactado, no se

pueda modificar la prestación correspondiente. Por el contrario: la Seguridad Social es un modelo en el que, como se ha dicho, las personas activas aportan un tercio de sus teóricos ingresos al sostenimiento de las que no pueden serlo.

5. De esta forma el modelo estático vigente comporta, al menos en momentos de crisis como los actuales, evidentes distorsiones. En tanto que las personas activas son menos y aportan menos, hay menos a repartir. A lo que cabe sumar que eso de la inversión de la pirámide de población y su posible evolución no es una conjetura (aún no siendo un problema actual).

Sin embargo, hasta la fecha esos escenarios negativos han sido generalmente abordados por el legislador con medidas restrictivas de futuro. Es decir, haciendo más complejo el acceso a las prestaciones ex post y estableciendo regulaciones legales que predeterminan unas menores prestaciones también en el futuro. Por el contrario, los actuales pensionistas apenas han sufrido ninguna afectación negativa (al margen de la conocida tendencia a la disminución de ingresos por la evolución temporal) Es cierto que llevan cuatro años con incrementos anuales por debajo del IPC (con aumentos “0” un año y del 1 por ciento en el resto), así como sin actualización posterior en el presente año. Ahora bien, me permitirán una reflexión: un empleado público que gane 1000 euros mensuales –una buena parte de los mismos- percibe hoy casi una quinta parte menos que hace cuatro años, no ha tenido ningún incremento –al contrario- en todo ese período y no ha percibido la última paga. Ahora comparen esa situación con la de un jubilado con una pensión de 2000 euros mensuales (cuya pensión no se ha reducido, ha tenido incrementos mínimos, inferiores al aumento del IPC pero con actualizaciones salvo el año actual y percibiendo las pagas íntegras) ¿Alguien me puede dar una explicación lógica para que aquél empleado público –o el de una empresa privada en crisis- tenga que padecer esos recortes, mientras que las personas que perciben pensiones que aquél paga no los experimenten?

Por supuesto, no estoy diciendo que las pensiones bajas tengan que ser más bajas. Pero me parece lógico que las pensiones altas deberían tener una proporción adecuada con las reducciones de ingresos que experimentan los cotizantes. Y ya sé que con esta afirmación me caen cogotazos (y me someto al riesgo de censura del editor del blog, que, como es notorio, es pensionista).

La lógica actual, en definitiva, está comportando una muy evidente ruptura de la solidaridad intergeneracional. Muchos jóvenes ven el actual modelo de reparto como injusto: ellos siguen aportando una tercera parte de sus menguantes ingresos para las personas actualmente inactivas, mientras que sus futuras pensiones van a ser mucho menores y más duras que las actuales, con el agravio comparativo de que el hijo cobra menos que hace unos años, lo que no le ocurre al padre pensionista.

6. En ese caldo de cultivo gana terreno la demagogia. La gana, en primer lugar, en el terreno de la política. Todos los denominados profesionales de la política son los más firmes defensores de la Seguridad Social sobre el papel. Siempre están con eso de “las pensiones, ni tocarlas”, pero no ofrecen reflexiones de modelo. Y me van a permitir aquí una afirmación cabreada: a lo que aspiran –y no me refiero obviamente a los pocos políticos que sinceramente defienden los intereses populares- es a gestionar en forma directa un quince por ciento del PBI y a controlar los ingresos de una tercera parte de la población. En definitiva, a tener la llave de la caja de las aportaciones económicas de las personas activas.

¿Exagero? Permítanme una reflexión: conforme al artículo 149.1,17 de la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de “Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. De su redactado se difiere que la gestión en la materia podría ser traspasada a éstas (en plata: INSS autonómicos) Sin embargo –y salvo algunos redactados históricos puntuales, sin concreción práctica- el Estado central jamás ha aceptado dicho traspaso, con la excepción de las prestaciones residuales de tipo asistencial. Les recuerdo el ruido –y los virulentos artículos publicados- en relación al Estatuto de Autonomía de Cataluña y el texto aprobado por el Parlament… ¡se rompía la unidad de caja! (como si el reconocimiento de una gestión descentralizada afectara para algo a la unidad de caja) En definitiva, las renuencias en la materia venían de otra causa: del temor del poder central a perder el Poder (ya sé que está escrito con mayúscula) que significa el control de la Seguridad Social. En esa tesitura, ¿a alguien le extraña que el trato diferenciado entre el empleado público mileurista y el pensionista bimileurista?

Hablar en serio de pensiones parece ser algo imposible con nuestros políticos una vez están en el poder o esperan estarlo.

7. La falta de la didáctica de la política comporta que también los ciudadanos tengan una percepción equivocada de qué es la Seguridad Social. Hace unos meses, en una de las escasas ocasiones en las qué veo la televisión –si no recuerdo mal, estaba griposo- hacía zapping. Y en esas pillé un debate sobre solidaridad intergeneracional. En él una señora ya jubilada con bastante repercusión mediática, con quién en su día compartí militancia política, mantenía un acalorado debate con un jovenzuelo. Éste le espetó que él le pagaba la pensión. Y la susodicha afirmó algo así como que la pensión se la había pagado ella cotizando toda su vida laboral. Y debo decir que la referida señora había sido catedrática de Economía.

El error conceptual de la jubilada era evidente. Ella no se había pagado la pensión –lo que si ocurriría en un sistema de seguro privado-: lo que había hecho a lo largo de su vida laboral era aportar una parte de sus ingresos para pagar la pensión de los ciudadanos no activos; de la misma forma que ahora el jovenzuelo lo estaba haciendo con ella.

¿Cómo resituar el debate sobre la solidaridad intergeneracional en un marco en que la didáctica de la política ha desaparecido y nadie explica a los ciudadanos que la Seguridad Social no es un seguro, sino una muestra de la fraternidad como valor democrático?

8. Mas tengo para mí que esa demagogia política y mediática esconde algo más. Quién sale beneficiado en ese terreno son los interesados en desmontar el modelo solidario de Seguridad Social y privatizarlo. Es decir, las entidades financieras que pretenden gestionar ese quince por ciento del PIB. Ya les va bien que nadie plantee una reflexión de fondo sobre el modelo de Seguridad Social, la demagogia de los políticos y, especialmente, la ruptura de la solidaridad intergeneracional (por tanto, que los jóvenes vean sus cotizaciones como dinero perdido).

Plantear un debate serio, riguroso sobre la Seguridad Social no les interesa, porque a lo que aspiran es a que su futuro pase por sus arcas.

Hace ya muchos, muchos años, que cada pocos meses surgen análisis (generalmente, pagados por entidades financieras) de especialistas económicos poniendo en evidencia que el modelo de Seguridad Social no tiene futuro. Pongamos algún ejemplo: Hace casi 18 años en La Vanguardia del día 7 de octubre de 1995 se publicaba un artículo (en dos páginas: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/10/07/pagina-4/33811742/pdf.html y http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/10/07/pagina-5/33811743/pdf.html) que constataba cómo una serie de estudios “científicos” ponían en evidencia que el modelo de Seguridad Social español no soportaría el cambio de siglo: es decir, que hace más de un decenio que el sistema debería haber quebrado. Uno de dichos estudios había sido elaborado por el señor José Manuel González-Paramo. Dicha persona ha sido, amén de catedrático de economía, el último español que fue consejero del Banco Central Europeo y, en su momento, sonó como Ministro de Economía del actual Gobierno y como sustituto de MAFO en el Banco de España. Entre sus predicciones científicas más recientes cabrá reseñar que en noviembre de 2011 afirmaba sin ambages que “parte del sistema financiero español sigue en la 'Champions”, o que “ninguna entidad española necesita aumentar adicionalmente su capital cuando se toman en cuenta elementos para la absorción de pérdidas como las provisiones genéricas o los bonos obligatoriamente convertibles”. Y, por supuesto, hallarán en la Red una multitud de artículos de dicho cátedro clamando contra las rigideces del mercado laboral español.

Una buena prueba del porqué de lo que está pasando.

Pues bien, no sé si es una sensación mía, pero últimamente estos sesudos estudios sobre el fin inevitable del modelo de Seguridad Social no aparecen con tanta frecuencia como antes. No creo que se deba a la constatación de que el modelo alternativo privatizado, el de fondos y planes y pensiones, ha aguantado mucho peor que el público la crisis (y si no, que se lo pregunten a los argentinos y chilenos o a los miles y miles de pensionistas de otros países sumidos en la miseria por la bancarrota de esos fondos… aunque es ésa una realidad que, insólitamente, no aparece con frecuencia en los medios de comunicación) Probablemente, la razón de esa ausencia de aportaciones científicas obedezca a otra cosa: al hecho que, esta vez sí, el modelo de Seguridad Social está en crisis.

Pero no lo está tanto por la inversión de la pirámide de población u otros datos actuariales. Lo está porque la economía está en crisis, porque uno de cada cuatro ciudadanos activos no tiene empleo, porque las empresas no pueden acceder a crédito debido al estado de nuestro sistema financiero (lo que resulta un tanto sorprendente, si se tiene en cuenta que apenas hace un año y medio una parte del mismo jugaba la Champions) Porque, en definitiva, hay hoy muchas menos personas activas y, las que lo están, tienen menores ingresos para aportar a la caja común de las pensiones, mientras que se incrementa el gasto.

9. En ese marco me van a permitir –no me tiren piedras- que afirme que hablar en serio de un factor de sostenibilidad que no cargue la situación y los efectos futuros de la Seguridad Social únicamente sobre los trabajadores activos no parece una solución descabellada. Otra cosa, muy diferente, es que aprovechando lo del Pisuerga y vista la composición de la comisión de expertos las posibles soluciones que salgan de la misma no sean otra cosa que una apuesta más o menos larvada por el desmantelamiento de la Seguridad Social pública. Es más, no deja de ser paradigmático –en relación a la demagogia política sobre las pensiones que antes denunciaba- que un aspecto tan crucial como éste se sustraiga del debate ciudadano y social y se encomiende, de entrada, la función a una comisión de expertos.

Pero en todo caso, no parece descabellado pedir esfuerzos a los pensionistas con rentas altas, de la misma forma que los están sufriendo los trabajadores activos. Porque en los antiguos clanes que vivían de la agricultura cuando había una larga etapa de sequía, los tres tercios se reducían en proporción y no sólo se daban menos alimentos a los miembros que trabajaban los campos.

10. Dicho lo cual –y dolorido aún por la lapidación de la que estoy siendo objeto- creo que no basta con hablar de factores de sostenibilidad, al menos, desde la izquierda. Hace falta algo más, empezar a hablar en serio y en forma reflexiva sobre el modelo de Estado del Bienestar y de Seguridad Social que, desde la fraternidad republicana, se plantea a los ciudadanos. Porque lo que ya no vale es ir poniendo remiendos y parches, sin alternativa plausible… porque esos remiendos y parches no hacen otra cosa que cargar de argumentos a los promotores de la privatización y porque afectan a la solidaridad intergeneracional.

Y permítanme algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar, creo que no sería descabellado proponer elevar a rango constitucional un porcentaje mínimo de gasto social en materia de prestaciones, que no pudiera ser rebasado a menos por el Gobierno de turno. ¿No se hizo acaso lo contrario en materia de déficit de las Administraciones públicas en la modificación del artículo 135 CE en aquel oprobioso agosto de 2011? Pues bien, si el cacique del clan no puede endeudarse para pagar los gastos comunitarios parecería lógico que también se le exigiera que siguiera manteniendo el tercio dedicado al mantenimiento de los miembros no activos del clan. Es decir, que la Constitución garantizara que, aunque las cosas vayan mal, hay un porcentaje del PIB que no puede rebajarse a la baja. Si alguien hace una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular, prometo firmarla (aunque visto el resultado final de dicho mecanismo mejor no perder el tiempo en ello)

Porque el dichoso factor de corrección no sólo debe operar para quitar ingresos, sino también para asegurarlos. Por tanto, poner en evidencia que aunque ahora que las cosas van mal se recortan ingresos de pensionistas actuales y futuros, cuando vayan bien –si van algún día- se ampliarán.  Porque, en definitiva, a los ciudadanos y ciudadanas se les están pidiendo esfuerzos sin contrapartidas futuras. Es más: se diseña un futuro en el que habrá más desigualdad. Y es obvio que nadie se esfuerza si es a cambio de nada. Así resulta imposible salir de una crisis.

En segundo lugar, quizás no estaría de más repensar los mecanismos de financiación de la Seguridad Social. Porque resulta que un trabajador o un autónomo con pocos ingresos aporta proporcionalmente mucho más que otro con grandes ingresos. Replantear los límites de cotización máxima, los porcentajes aplicables a la base de cotización en función de los ingresos y readecuar, en base a los beneficios obtenidos las aportaciones de los autónomos, podría significar la aportación de mayores ingresos a las depauperadas arcas de nuestra Seguridad Social. Y ello por no hablar de una reforma del sistema fiscal… el gran tabú de nuestra sociedad: ¿o es que las rentas del capital son por definición ajenas a lo que se debe aportar para el sustento del tercio de sociedad improductivo? (si así consta en algún mantra neoliberal pido mis más sentidas excusas). 

Y tercero, ¿porqué no empezar a plantearnos superar el actual modelo de Seguridad Social y de previsión accesoria? (dejando aparte la sanidad, que come aparte)  Repasemos el actual paradigma.

Así, existe una gran parte de los elementos de previsión social vinculados con el Estado del Bienestar de nivel contributivo, la Seguridad Social no asistencial, directamente relacionada con las aportaciones de los ciudadanos productivos para aquellos otros que también lo han sido. Nivel en el que no se exige ningún estado de necesidad –basta con haber aportado- pero con situaciones aberrantes en determinadas prestaciones (así, en caso de matrimonio cualquier cónyuge supérstite tiene derecho a la pensión de viudedad, aunque sea millonario, mientras que a las parejas de hecho se les exige que el miembro sobreviviente dependiera económico del fallecido). 

Junto a ello existe un mínimo e irrisorio nivel de Seguridad Social no contributivo que debería salir de las aportaciones fiscales, pero que en parte sigue siendo sufragado aún hoy vía cotizaciones  A lo que cabe añadir muchas otras prestaciones desperdigadas: Renta activa de inserción –a cargo del gobierno central-, rentas mínimas en múltiples Comunidades Autónomas, prestaciones inconexas y sin coherencia interna para personas discapacitadas, toda la –menguante- cobertura de las situaciones de dependencia (en competencias repartidas entre el Estado central y las Comunidades Autónomas), los precarios sistemas de asistencia social –en manos de las Comunidades Autónomas-, dispersas y menguantes ayudas familiares, etc . Y añadan a ello la existencia de una variedad de prestaciones diversas en alguna Comunidad Autónoma, como aportaciones complementarias para determinadas prestaciones de la Seguridad Social, ayudas a específicos colectivos, etc. (y no puedo dejar de señalar que, paradójicamente estas ayudas económicas son mayores en las denominadas Comunidades Autónomas “pobres” que en las “ricas”… esto es: los ciudadanos de menores ingresos en aquéllas tienen mayores ayudas que los de éstas…) Y seguro que me dejo otras coberturas públicas.

¿Por qué no sistematizar todas estas prestaciones deshilvanadas, sin articulación interna y, a veces, contradictoria? Se trataría, en definitiva, de establecer claramente que en cualquier estado de necesidad real existen unos ingresos mínimos, vinculados en armónicamente, de tal manera que nadie quedara sin esas rentas de subsistencia, junto, por supuesto, con una mayor nivel de cobertura para las personas que han sido económicamente activas –que han aportado a la caja- a lo largo de su vida laboral, sea ésta más o menos extensa.

Y no estoy abrogando –en el discurso en boga en algunos sectores, no sólo conservadores- por la recentralización de esta materia. Por el contrario, no existiría ningún impedimento para que ese tratamiento unitario de todas las prestaciones articuladas se descentralizara siempre y cuando existiera una normativa común.

Con ello todos los ciudadanos sabrían que, fuera lo que fuera lo que les deparara la vida, tendrían una mínima cobertura del resto de la sociedad. Algo similar, pero no idéntico, a la propuesta de renta ciudadanía (al menos, en los términos que se propone por el sector más radical).

11. Por tanto, cabrá adecuar el sistema de Seguridad Social a la situación de crisis, y no sólo traspasar las consecuencias de ésta a las personas activas. Ahora bien, también habrá que garantizar el mantenimiento del modelo, asegurando una aportación social digna a los ciudadanos en relación a la situación económica. Habrá, por tanto, que replantear la fraternidad como valor societario.

Y ello comporta, desde mi punto de vista, un debate sosegado entre las fuerzas políticas y sociales democráticas (es decir, aquéllas que no creen sólo en la libertad, sino también en la igualdad y la fraternidad) y entre la ciudadanía. Sin miedos y sin apriorismos.

Esa es, desde mi punto de vista, una necesidad urgente si no queremos romper la ya frágil solidaridad intergeneracional y a efectos de resituar la solidaridad social en el centro del imaginario colectivo, huyendo del individualismo y del sálvese quién pueda (y cómo pueda). Porque lo otro, la demagogia en el discurso de la politiquería, eso de “hay que recortar, pero lo mío que no me lo toque”, los corporativismos, nos llevan a un callejón sin salida, al fondo del cual nos están esperando unos que sueñan con un mundo de tiburones, no de seres humanos fraternales.

CUANDO LA INJUSTICIA SE DISFRAZA DE JUSTICIA Y EL PRIMERO DE MAYO

El mismo día que el Gobierno de Grecia y la troika han llegado a un acuerdo que permitirá al país recibir los nuevos tramos del rescate, el jefe negociador de la troika por parte del FMI, Poul  Thomsen, ha reconocido que hasta ahora el ajuste de Grecia se ha basado "demasiado" en recortes salariales y de pensiones, así como en aumento de impuestos, algo que --afirmó--  ha sido "injusto" porque, además, no ha ido acompañado por un descenso equivalente de los precios.   

Tres cuartos de lo mismo hubiera podido decir el caballero desde, al menos, el inicio de la crisis en 2008. Que tras el primer impacto --«hay que refundar el capitalismo», declaró Sarkozy--  los poderes fácticos de la economía, la política y los piquetes mediáticos volvieron a poner en marcha las mismas medidas que habían conducido a la crisis. Y así sucesivamente. Hasta tal punto que el reciente informe del FMI vuelve a rebajar las previsiones, prueba evidente de que las medidas que se imponen no sólo no resuelven nada sino que, además, empeoran la situación. De momento podemos sacar dos conclusiones: una, los dictados de estas políticas económicas no se basan en la verificación científica del «error y acierto» sino en la concepción ideológica que propone el neoliberalismo; dos, que la crisis se está utilizando sólo y solamente para eliminar los poderes y controles de las sociedades democráticas y, más concretamente, para relegitimar la violencia del poder privado.

Cuando, desde el FMI, se habla de una situación «injusta» y no se propone su corrección, sino más de lo mismo lo que en realidad se está haciendo es el reconocimiento de que la injusticia es el motor de propulsión. Es la aplicación técnica de los planteamientos de   Robert Nozick quien, con el mayor desparpajo, se pregunta que de dónde sale la idea de que, por ejemplo, la atención médica o la educación son bienes universales y no la peluquería o la carpintería que también son necesarios. O cuando afirma que el «Estado mínimo» es más neutro que el Estado social, siendo además [el Estado mínimo] menos corrupto. Un Estado mínimo sólo dirigido a fines policiales, pero sin funciones de redistribución de la riqueza, según Nozick. No es que a este caballero se le fuera la olla, fue una elaboración concienzuda para intentar poner a raya las ´veleidades´ de  John Rawls y su monumental Teoría de la justicia, todo un caballo de Troya en el mismísimo corazón del mundo, los Estados Unidos.

Así las cosas, lo más inquietante de todo ello es que de la preeminencia de la justicia (con independencia de cómo la pensara cada cual) se ha pasado a la justificación de la injusticia como justicia, quiero decir a la injusticia disfrazada de justicia. Que para Nozick y sus apóstoles no es un oxímoron. Es, ante todo y sobre todo un constructo de nuevo estilo para la nueva servidumbre voluntaria. En el fondo algo de ello se desprende de lo que ayer escribía en este mismo blog el Magistrado Falguera: cabrá preguntar a la Comisión Europea de dónde ha sacado eso que “la reforma [laboral] no acabe de cuajar, reside en la aplicación por parte de los jueces de la legislación”.

Si no ando errado en demasía sería de esperar que la izquierda nos dijera de qué manera se esfuerza por quitarle al personal ese «velo de ignorancia». Por supuesto, allí donde esté el mencionado velo. Piénsese en ello en el contexto del Primero de Mayo.

ASÍ SE CONFECCIONAN LOS DOGMAS NEOLIBERALES

Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En agosto pasado escribía un servidor en este blog en una entrada titulada “Diez acotaciones a unas manifestaciones de la Ministra de empleo y seguridad social” vaticinando que las críticas a la interpretación de la nueva regulación de los despidos colectivos por los tribunales de lo social tras la reforma laboral del actual Gobierno, iban a proliferar desde perspectivas neoliberales y/o vinculadas con intereses empresariales. Si han seguido ustedes las notas de prensa que se han ido publicando desde entonces sobre el tema verán como no erré demasiado en mi predicción. Si no, aquí tienen algunos ejemplos: http://www.cincodias.com/articulo/economia/trampas-osos-nueva-reforma-laboral/20121024cdscdseco_12/, http://economia.elpais.com/economia/2012/08/12/actualidad/1344802589_536038.html, http://www.cincodias.com/articulo/economia/despidos-baratos-inseguros/20120614cdscdieco_3/ (y muchos otros los pueden ustedes encontrar en Google).

 

Pero redacto estas líneas de urgencia después de dar una ojeada a esta noticia de El País del domingo: http://economia.elpais.com/economia/2013/04/13/actualidad/1365877267_075109.html. En esa información aparece el siguiente comentario: “Fuentes de Economía admiten que la gran preocupación de la Comisión, más allá de que la reforma no acabe de cuajar, reside “en la aplicación por parte de los jueces de la legislación”. Uno de los últimos ejemplos es el expediente de regulación de empleo en Telemadrid, 861 despidos que, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, “no se ajustan a derecho”, con lo que el ente público tendrá que readmitir a los trabajadores o pagarles 25 millones más. “Puede que eso exija retoques si la jurisprudencia sigue por esa vía”, según las citadas fuentes”. Es decir, que la Comisión Europea está muy preocupada por la hermenéutica judicial del nuevo modelo de despidos colectivos. Y, al parecer, la gota que ha colmado su vaso es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de abril pasado.

Dicho pronunciamiento judicial tiene nada menos que sesenta páginas. Y puede verse un resumen en términos jurídicos en el blog de Eduardo Rojo: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/04/comentario-de-la-compleja-sentencia-del.html y http://www.eduardorojotorrecilla.es/2013/04/comentario-de-la-compleja-sentencia-del_11.html Se trata de una sentencia compleja., y muy bien fundamentada (y advierto que hay algunas reflexiones que no comparto) pero en la que cabrá indicar que el elemento más significativo para que el despido se declare “no ajustado a derecho” –que no, nulo- es la evidente desproporción de que una reducción del diez por ciento de los ingresos comporte la extinción contractual del ochenta por ciento de los contratos de trabajo.

Sin duda que –como en todo en Derecho: de eso vivimos los juristas- los razonamientos de esa resolución puede ser discutidos. Pero difícilmente, por su extensión y rigor, podrá considerarse que es arbitraria o ideologizada (todo lo contrario) A lo que cabe sumar que, en todo caso, la empresa pública referida siempre tiene derecho al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y ya se sabe que, como es notorio, en dicho órgano judicial no operan criterios ideológicos, y menos en el futuro, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha elaborado el señor Gallardón y que va a suponer un significativo refuerzo de la actual –escasa- independencia judicial (“modo irónico off”).

Mi reflexión, con todo, es otra: ¿qué información tiene la Comisión Europea de dicho pronunciamiento?. Entre la referida sentencia y la nota de prensa a la que me refiero han pasado apenas cinco días. ¿En ese período se ha traducido la sentencia y se ha elaborado un informe jurídico serio?... O más bien, ¿no será que la referencia a dicha sentencia se basa en la simple información mediática, sin mayores contenidos que el simple ruido ideologizado?. Porque si algún jurista mínimamente formado en el ámbito de la Comisión europea ha leído a la Sentencia deberá recordar que el artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea –que es tratado constitutivo europeo- recoge la tutela de los trabajadores ante los despidos injustificados. Y cabrá recordar que la concurrencia de justificación de un despido no es lo mismo que la de causa. ¿Alguien en su sano juicio puede colegir que es justificado despedir al ochenta por ciento de la plantilla por una pérdida del diez por ciento de los ingresos?.

Con todo, y más allá de Telemadrid, cabrá preguntar a la Comisión de dónde ha sacado eso que “la reforma no acabe de cuajar, reside en la aplicación por parte de los jueces de la legislación”.

Miren ustedes, un servidor intenta seguir todos los pronunciamientos de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional sobre despidos colectivos tras la reforma laboral del 2012. Hasta el momento tengo identificadas 46 sentencias que han entrado en la valoración de esas extinciones (aunque hay más, pero el resto no entra en la calificación del despido): en 28 de ellas se ha declarado la nulidad, en 5, las extinciones se han calificado como “no ajustadas a derecho” y en 13 como “ajustadas a derecho”.

Bien, en base a dichos datos se puede colegir que los tribunales españoles no han dado la razón a la empresa en más de tres cuartas partes de los pleitos planteados. Eso son los datos mediáticos. Esos son los datos de los lumbreras de Bruselas. Esos son datos de los grandes despachos que defienden intereses empresariales y con gran fuerza mediática.

Pero esas insignes mentes olvidan un dato muy importante: ¿cuántos despidos colectivos se han acordado en este año desde la reforma laboral? No puede responder a ello por una simple razón de fuente. Antes, cuando existían los expedientes de regulación de empleo autorizados por la Administración laboral, los datos publicados por el Ministerio incluían su número. Desde la reforma laboral los datos que se publican son únicamente de trabajadores afectados, sin mayores especificaciones (¿casualidad o mala praxis estadística?). Es decir, puedo conocer cuántas personas asalariadas han sido despedidas por la vía del artículo 51 de la Ley Estatuto de los Trabajadores, pero desconozco cuántos procesos de despido colectivo han existido.

En todo caso, voy a tirar por lo bajo –y me quedo muy corto-: supongamos que en este año han existido mil procesos de despidos colectivos. Pues bien, cabrá indicar que sólo 46 de ellos se han judicializado. El resto –la muy, muy inmensa mayoría- no han llegado a los tribunales (al menos, por la vía del art. 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Bien sea porque los sindicatos son conscientes de la existencia de dificultades por las empresas, bien sea por falta de fuerza de dichas organizaciones en el ámbito concreto de las extinciones.

Es decir, lo que los tribunales superiores de justicia hemos conocidos son supuestos del todo accesorios. Y cabe, lógicamente, entender que lo que nos han llegado son casos que podríamos calificar en su mayoría como “patológicos”, es decir, aquellos supuestos en los que la empresa ha despedidos mayoritariamente a afiliados a determinados sindicatos, en los que no se han seguido los trámites legales, en los que no se ha proporcionado la información suficiente, en los que la medida extintiva era desproporcionada, etc (al contenido de las referidas sentencias me remito). Y en esos supuestos “patológicos” (la ínfima minoría del total de despidos) se ha declarado la nulidad o que la extinción no era ajustada a derecho en tres de cada cuatro supuestos. Pero si ello se pone en relación con el total de despidos, el porcentaje de los calificados como nulos o no ajustados a derecho es muy, muy pequeño.

Porque como escribía un servidor en agosto pasado (y ruego disculpen la autocita) “no por el hecho de ser “emprendedor” se tiene siempre razón”. Es decir, no todos los despidos colectivos se ajustan a legalidad. Algunos, una minoría muy pequeña, no. Pero ni esto son capaces de aceptar esos chicos neoliberales. Por tanto, eso de que “de que la reforma no acabe de cuajar, reside “en la aplicación por parte de los jueces de la legislación” es falso. Pero no importa: sobre el ruido mediático, propiciado por los grandes despachos (tal vez, y digo tal vez, en algún caso hipotéticamente para vender al cliente que el procedimiento jurídico seguido bajo su consejo fue erróneo) se conforma el apriorismo. Y de él se extraen conclusiones.

Tanto da que decenas de miles de trabajadores hayan sido despedidos por la situación de crisis actual en el marco de una regulación legal altamente permisiva con las decisiones unilaterales de los empleadores y bajo un concepto propietarista de empresa alejado de la función social, constitucionalmente consagrada. El hecho que se destaca es que en este último año 33 (¡33!) sentencias de TSJ han declarado –entre miles de despidos colectivos- las extinciones acordadas como nulas o no ajustadas a derecho.

Y es por eso por lo que, al parecer, hemos de cambiar, de nuevo, nuestra legislación. Apenas tres decenas de sentencias desfavorables respecto a miles de despidos parecen ser excesivas.