
Magdalena Nogueira, Yolanda Valdeolivas y Gregorio Tudela. Catedráticos de Derecho del
Trabajo y de la
Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UAM (1).
¿Son los sindicatos “dinosaurios en vías de extinción”?
¿Conviene protegerlos en “reservas jurídicas”? ¿Deben evolucionar y adaptarse
para sobrevivir o debemos dar su ciclo por cumplido y proclamar su irrelevancia
social? Parafraseando a Monterroso, cuando despertemos ¿los sindicatos todavía
estarán allí? Estas cuestiones sitúan a los sindicatos ante importantes retos
de futuro y exámenes inmediatos, inmersos ya en un nuevo proceso de elecciones
sindicales con fuertes dosis de incertidumbre.
Crítica situación agravada por las severas tensiones territoriales, el
cuestionamiento de instituciones claves de nuestro sistema democrático y los
casos de corrupción. En ese marco, las elecciones sindicales vienen trufadas de
sindicatos corporativos, plataformas y coaliciones electorales e, incluso, con
un nuevo sindicato surgido al calor de una tendencia refractaria a los
instrumentos tradicionales de representación, cuya importancia real está por
constatar.
Los sindicatos son pieza nuclear e insustituible de todo el sistema democrático
de relaciones laborales, su médula ósea. Su desaparición encuentra un
infranqueable límite en el diseño constitucional del Estado Social, aunque,
interesadamente, se les presente como algo caduco e inadaptado al “progreso”
socioeconómico, exacerbando deliberadamente sus debilidades, con campañas
públicas de desprestigio promovidas por sectores proclives a su desaparición o
debilitamiento a fin de aumentar el poder empresarial y retornar a los
principios más rancios del liberalismo.
En España, la apuesta por el convenio colectivo de eficacia general
(convenio-tipo para el establecimiento de condiciones de trabajo uniformes para
todos los trabajadores) y la fijación de distintos niveles de representatividad
sindical (atribuyendo al sindicato más representativo el ejercicio de
importantes funciones en el conjunto del sistema de relaciones laborales)
contribuyen a retraer la afiliación sindical y a la burocratización sindical,
repercutiendo sobre sus mecanismos directos de financiación (las cuotas) y
generando un progresivo distanciamiento de las bases sindicales.
Ello se intentaría paliar o justificar a través de mecanismos alternativos de
financiación (patrimonio sindical, subvenciones públicas, canon por negociación
colectiva, etc.) y de procesos de concertación social (implicándoles en la
elaboración de las políticas legislativas estatales y en la gobernabilidad
social del sistema) hoy con síntomas de agotamiento, tras los reiterados
fracasos de las mesas de diálogo social previas a los últimos procesos de reforma
laboral (2010, 2011 y 2012).
Iniciados los 90, se vieron arrollados por los acontecimientos, sumando a
problemas tradicionales (déficit de afiliación y merma de su función
reivindicativa e influencia en el diseño de las políticas sociales) una pérdida
de credibilidad agravada por su conexión con casos de corrupción bien
conocidos. Todo ello en el marco de profundas trasformaciones del sistema
productivo y de expansión del pensamiento neoliberal. El resultado es un
sindicato con escasa fuerza innovadora y cercado por un estado de opinión muy
escéptico sobre sus posibilidades de mejorar las condiciones de vida y trabajo,
si no alejado de las preocupaciones reales de los trabajadores y ensimismado en
su propia dinámica. Urge, pues, un proceso de reconversión histórica que
mantenga y refuerce su presencia en las relaciones laborales y su contribución
al gobierno del sistema socioeconómico, adaptándose a fenómenos que hace tiempo
dejaron de ser coyunturales.
La tradicional separación entre trabajadores públicos y
privados se va difuminando progresivamente, profundizándose la brecha entre
trabajadores fijos (especie en extinción) y temporales (en progresivo ascenso y
excusa para minorar los derechos de los primeros),
El impacto
de las nuevas tecnologías sobre los procesos productivos, la
internacionalización económica, el predominio del capitalismo financiero sobre
el tradicional capitalismo industrial son fenómenos subyacentes a lo que,
asépticamente, llamamos globalización, cuyas consecuencias más inquietantes, en
clave laboral, son bien visibles. Los cambios operados en el modelo productivo
obligan al sindicato a una rigurosa revisión de sus formas de actuación. La
acción sindical se desarrolla entre turbulencias provocadas por tendencias
contrapuestas (centralización-diversificación, agrupamiento-descentralización)
y debe combinar la reivindicación nacional con los requerimientos de una
economía globalizada y la expansión internacional de algunas empresas, dentro
de las exigencias de competitividad impuestas por la UE, para lo que los sindicatos
no parecen bien engrasados. Simultáneamente, el abandono tradicional de las
pequeñas empresas, de importancia creciente en la tensión
concentración-disgregación empresarial, recomienda reajustar la acción
sindical. Los centros de trabajo deben recuperarse como ámbito de actuación
cotidiana, especialmente en momentos económicos críticos, de recomposición del
tejido productivo, acompañados de cambios normativos que remiten a aquellos la
negociación de condiciones vitales para el conjunto de trabajadores.
Tales cambios afectan a sus estrategias de acción, que no pueden ceñirse a la
negociación colectiva y a exteriorizar el conflicto, sino ampliarse al diálogo
social y a cierta cooperación en el marco de la empresa, con la ampliación de
los derechos de información y control, hoy básicos en las relaciones laborales,
junto a una promoción de la composición extrajudicial del conflicto. No pueden
permanecer ajenos a nuevas demandas en materia de ecología o a problemas de los
trabajadores de países menos desarrollados o emergentes, ni a la transformación
del significado del trabajo en la sociedad actual, donde el conflicto laboral
ya no es el único que acapara las energías sociales. Y en la que, en ocasiones,
el ejercicio del derecho de huelga, especialmente si afecta a servicios
esenciales de la comunidad, se percibe por la ciudadanía como una excesiva
manifestación de un limitado poder sindical.
Las transformaciones del modelo productivo quebraron, hace tiempo, el concepto
unitario de trabajador. La tradicional y nítida separación entre trabajadores
públicos y privados se va difuminando progresivamente, profundizándose la
brecha entre trabajadores fijos (especie en extinción) y temporales (en
progresivo ascenso y excusa para minorar los derechos de los primeros),
proliferan nuevas categorías de “trabajadores” (autónomos económicamente
dependientes), cuando no se buscan “modernas” denominaciones para viejas
fórmulas de prestación de actividad laboral (“emprendedores” o “teletrabajo”).
Se ha roto la homogeneidad de la clase trabajadora, fisurada hace más de tres
décadas, al resquebrajarse el modelo industrial sustentador. Los centros
fabriles que concentraban un gran número de trabajadores con demandas uniformes
son ya un recuerdo que solo evocan las grandes empresas y el sector público
(educación y sanidad, especialmente). Y, aun en aquellos ámbitos, se rompen
valores tradicionales, como la solidaridad, por la multiplicidad de
pretensiones convergentes que fragmentan los intereses de los trabajadores y
reclaman la atención a colectivos específicos (mujeres, desempleados,
precarios, jóvenes, inmigrantes o trabajadores que superan cierta edad,
enfrentados a las concertinas del mercado laboral). La presencia sindical
apenas alcanza al 5% del conjunto de empresas (Eurostat-2013). Ello, junto a un
desempleo desbocado, limita las posibilidades de acción de los sindicatos,
mermando gravemente su potencial negociador e incrementando el poder
empresarial.
Los sindicatos afrontan una comprometida situación, en un
contexto económico amorfo y cambiante, a la que no son ajenas sus propias
deficiencias estratégicas.
Conviene
rediseñar las estrategias sindicales para entablillar esas fracturas,
atendiendo a los grupos y sectores más desfavorecidos con prioridad al núcleo
cada vez más reducido de trabajadores a tiempo completo en ámbitos donde más
cómodamente operan los sindicatos (administración pública y grandes empresas),
adaptando las estructuras de negociación, información, control y conflicto a esas
nuevas necesidades. Sin olvidar el fenómeno de los grupos de empresa, que
resalta la importancia de la proyección internacional del sindicato,
especialmente en el espacio europeo, como elemento corrector y reequilibrador
de “egoísmos” nacionales, que se traducen en graves déficits económicos y
sociales del maltrecho proyecto europeo, especialmente en su vertiente social.
Un mercado global no puede controlarse sólo a través de instrumentos jurídicos
nacionales. La idea de supranacionalidad debe presidir el establecimiento de
unos derechos fundamentales básicos que no admitan infra regulaciones. El
sindicato debe adecuar sus estructuras y estrategias para una “alianza global”,
coordinada con sindicatos de otros países, con movimientos sociales (grupos de género
o ecologistas, por ejemplificar), con asociaciones de consumidores, con
plurales plataformas y sindicatos de diverso cuño, para afrontar globalmente la
indisimulada desarticulación global de derechos laborales trabajosamente
logrados.
La ampliación de la base afiliativa pasa por recuperar a los jóvenes, sin cuyo
concurso no hay futuro. Jóvenes con nuevos intereses, planteamientos y
perspectivas, que no son una mera masa de desempleados sin futuro inmediato,
sino futuros trabajadores que no han de ver en él una rémora del pasado y un
discurso sindical que solo pálidamente refleja sus inquietudes. Hay que saludar
e impulsar las propuestas de rejuvenecimiento de los cargos sindicales y
fomentar la participación activa del colectivo en el diseño de las estrategias
sindicales, porque los jóvenes conocen y padecen directamente la realidad y
dificultades de su entorno. Ellos, con visión y lenguaje distintos, pueden
desplegar toda la potencialidad de las nuevas tecnologías como medio de acción
sindical, compaginando los medios tradicionales con las redes sociales,
fomentar la formación on line, utilizar las nuevas tecnologías para informar,
aprovechar el impacto de los testimonios en la red, impulsar en ella las
protestas, fomentar el videosindicalismo, el cyberactivismo y cualesquiera
otros mecanismos que la propia evolución de las tecnologías de la información y
la comunicación vayan paulatinamente ofreciendo. Ejemplos no faltan. Son los
jóvenes quienes pueden conectar con un nuevo segmento de trabajadores de
diverso signo que dependen crecientemente de la telemática para efectuar su
trabajo, sometidos a un nuevo “cybertaylorismo” (el denominado “cybertariat” o
ciberproletariado).
Los cambios esbozados sitúan al sindicato ante un laberinto cuya vía de salida requiere
adecuar, afianzar y aplicar efectivamente valores tradicionales del movimiento
sindical, como la solidaridad y la prioritaria defensa de los más
desfavorecidos, utilizando nuevos instrumentos de acción. Y ello en un entorno
ideológico profundamente individualista.
Como otras organizaciones, los sindicatos han de regenerarse éticamente con el
máximo de trasparencia y rigor interno frente a eventuales desviaciones de un
código ético efectivo (no programático) que está en su genética tradicional,
permitiéndoles recuperar y sustentar a futuro su credibilidad, dañada por
algunas situaciones conocidas, inaceptables y a erradicar. Es una
responsabilidad colectiva que han de asumir los máximos órganos de dirección de
la organización, con especial celo por prevenir, investigar y neutralizar
cualquier comportamiento censurable y, ante dudas razonables o indicios
fundados de comportamientos contrarios a la ética sindical, reaccionar con
contundencia.
Conviene reflexionar, en fin, sobre la exigencia constitucional de
funcionamiento democrático de los sindicatos o, desde otra perspectiva, sobre
su burocratización y alejamiento de sus bases, militantes y sociales, porque lo
que se reclama razonablemente a otras organizaciones públicas –partidos
políticos o privadas organizaciones empresariales o empresas , tampoco puede
ignorarse por quien lo reclama.
En síntesis, los sindicatos afrontan una comprometida situación, derivada de
factores múltiples, en un contexto económico amorfo y cambiante, pero a la que
no son ajenas sus propias deficiencias estratégicas, así como su aún escasa
atención a nuevas capas de trabajadores y su dificultad de penetración en
sectores y actividades en expansión. Ello favorece el surgimiento de
organizaciones corporativas y escasamente solidarias de sector y empresa,
acentuándose el egoísmo o individualismo de amplias capas de trabajadores. La
historia, el papel institucional y la grave situación económica y social exigen
transformaciones capaces de recuperar en el sindicato su función de reequilibrio
colectivo en unas nuevas condiciones ciertamente adversas. La opción es
renovarse o quedar sumidos en un coma profundo e irreversible, que arriesgaría
la defensa consensuada y eficiente de los plurales intereses de los
trabajadores, ineludible en momentos de grave crisis económica.
En un sistema democrático de relaciones laborales, la negociación colectiva,
los derechos de información y control en la empresa y el diálogo social son
inexcusables puntos de apoyo para gestionar las profundas transformaciones
operadas. Ello pasa por mantener unos sindicatos solventes, capaces de asumir
sus importantes funciones constitucionales, contribuyendo a la adaptación de la
organización del trabajo a los cambios objetivos del modelo productivo y
garantizando, al tiempo, una eficiente democratización del sistema
socioeconómico. Reflexionar sobre el sindicato implica interrogarse por la
salud democrática de nuestro sistema de relaciones laborales.
(1) Suscriben el contenido del
presente artículo Ana de Marcos, Andrés García, Antonio Arroyo, Antonio Rovira,
Beatriz Gregoraci, Blanca Mendoza, Blanca Rodríguez Chaves, Borja Suárez, Clara
Álvarez, Elena García Guitian, Esther Gómez Calle, Fernando Martínez, Isabel
Arana, José Luis López, José María Blanch, José Ramón Montero, Juan Antonio
Lascuraín, Julián Sauquillo, Manuel Sánchez Reinón, Maria Luisa Aparicio, Marta
Lorente, Mercedes Pérez Manzano, Raquel Escutia, Soledad Torrecuadrada y
Visitación Álvarez, profesores de la Facultad de Derecho de la UAM. [Publicado en la revista Público]