lunes, 14 de junio de 2010

... Y POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA


[Montserrat Avilés, madre del iuslaboralismo]


El núcleo fuerte de las medidas que piensa poner en práctica el Gobierno supone una modificación substancial de dos aspectos de tanta envergadura como el despido y la negociación colectiva, entre otros. De un lado, la facilidad con la que el empresario se puede desembarazar del trabajador sin control judicial en una especie de moderna Lettre de cachet; de otro lado, la práctica desaparición de la causalidad en los llamados despidos económicos.


También en lo atinente a la jornada y tiempo de trabajo se produce una discontinuidad a favor del empresario, como muy bien ha observado el profesor Trillo Párraga en
PRIMERA OPINIÓN SOBRE UN ASPECTO PARCIAL DE LA DEFORMA LABORAL. Más todavía, el Gobierno (que vergonzosamente se esconde en una falsa equidistancia entre los sindicatos y la patronal) agrede lo que es la clave de bóveda de las relaciones laborales, esto es, la autonomía de las partes para un libre ejercicio de los procesos contractuales.


En esas condiciones, de no remediarse, se va a producir un cambio de metabolismo hacia un modelo autoritario de relaciones laborales al acentuarse el poder empresarial en el centro de trabajo tanto en los despidos como en materias sensibles de la negociación colectiva. Es, además, un ataque en regla al Derecho del Trabajo, una de las grandes conquistas de civilización y uno de los logros más relevantes del pasado siglo. Dígase con claridad, el Gobierno ha asumido, no resignadamente, todo un chillerío autoritario de culpabilización del derecho del trabajo al que se acusa ideológicamente de ser una rémora histórica y uno de los causantes de los procesos de destrucción del empleo. En ese sentido, la operación no es otra que el traslado de las principales tutelas iuslaboralistas hacia el arsenal iusprivatista más rancio. Pero, comoquiera que sería realmente perjudicial la absoluta desforestación del Derecho del trabajo, la idea es obligarle a que sea una zona periférica del Derecho civil. Más en concreto, obligar a Gino Giugni y Francesc Casares –socialistas de pro y honor de la izquierda— a dejar los bártulos iuslaboralistas y abrir bufete de civilistas. Vale la pena, en ese sentido, recordar que Massimo D´Antona decía que “el derecho laboral es un derecho que tiene una anomalía: la llamaba post positivista, aunque [anomalía] salvífica porque “le añade la singular capacidad de adherirse al tiempo de los cambios sociales”. Exhibiendo el gusto del herético que prefiere el antidogmatismo, el antilegalismo y el antiformalismo.


Pues bien, tanta mudanza se pretende hacer por la vía del decreto urgente y posterior convalidación en una sesión exprés en el Parlamento. Como quien dice, de manera rutinaria. Aunque bien visto, parece lógico que a unos contenidos autoritarios le corresponda un procedimiento bastardo. Una lógica perversa: si la reforma amplia las posibilidades del llamado “despido expres” (como escribe Antonio Baylos), la técnica parlamentaria debe ser acorde con ello.



Así las cosas, habrá quien siga preguntándose sobre la crisis de la izquierda. Zapatero, de te fabula narratur. No le den más vueltas (académicas o chusqueras) a la crisis de la izquierda. El contenido de la reforma y el método para llevarlas a cabo explican claramente dónde está –aproximadamente, claro— una parte considerable de la explicación.

2 comentarios:

DESPERTAFERRO dijo...

De acuerdo con lo que dices, me pregunto qué es lo que aponinan otros jurístas no iuslaboralístas al respecto.
A tenor de lo que relatas esta reforma es una chapuza inconmensurable que además rezumar autoritarísmo por todos sus poros, jurídicamente es un bodrio que supone una solución de continuidad del derecho laboral tal y cómo lo conocemos hasta hoy.

Pepe Luis López Bulla dijo...

No. No es una solución de continuidad del derecho laboral tal como lo conocemos hasta hoy; es justamente lo contrario: la quiebra del derecho del trabajo. Ya lo comentaremos el sábado.