Reforma fiscal y justicia social

El Gobierno ha rebajado las previsiones de crecimiento para este año en dos décimas. La expectativa era un 1,8 por ciento; la cosa ha quedado en un 1,6 por ciento. Por otra parte ha aprobado un incremento del gasto público en un 3,8 por ciento. Ni es agobiante ni preocupante esta situación, pero sí conviene reflexionar atentamente sobre la cuestión. La primera sugerencia es: conviene establecer las prioridades en el diseño y aprobación de los Presupuestos, en el bien entendido que el concepto de «prioridad» es la preferencia que una cosa tiene sobre otra. De ahí sacaríamos una enseñanza: diez prioridades equivalen, por definición, a ninguna. Queda, pues, como charlatanería cuando se propone una ristra de prioridades en el discurso político. Peor todavía, cuando incluso tales prioridades son incompatibles entre sí. Y, de retruque, esto nos lleva a la cuestión fiscal.

Recientemente Unai Sordo ha vuelto a poner encima del tapete la reforma tributaria. Simultáneamente ha señalado que los ingresos tributarios de España se sitúan en el 35,2% del PIB, 6,3 puntos por debajo de la media de la UE, un diferencial de "75.400 millones al año" que genera un déficit anual de unos "30.500 millones". Por lo demás, el sindicalista ha tenido el coraje de mentar a la bicha: establecer una armonización fiscal entre Comunidades Autónomas para evitar competencias desleales entre territorios en impuestos como Patrimonio.

Apostilla.---  La reforma fiscal es, ciertamente, una cuestión de justicia social y, precisamente por ello, es el instrumento para sostenerla.  Dígase con claridad: los derechos sociales no se aguantan a través del maná que cae –decían los antiguos--  del cielo.