Los salarios pactados en
convenio han crecido un 1,33% hasta julio, mientras que los precios de consumo
aumentaron un 2,3% acumulado entre enero y julio, resultando una pérdida de un
punto en su poder adquisitivo durante los primeros siete meses del año. Los
salarios pierden, además, participación en la renta generada en las empresas en
2017: mientras que la productividad por hora creció un 1,3% en el primer
trimestre del año, el salario medio por hora se recortó un -0,3%.
Esta evolución negativa "se
explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que los
trabajadores participen de la prosperidad de las empresas, por la reforma
laboral diseñada para devaluar los salarios, por un modelo de crecimiento que
prioriza la amortización de la deuda de las empresas a la rebaja del desempleo,
y por la falta de un presupuesto público que impulse el crecimiento
económico", según Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Juventud y
Nuevas Realidades de Trabajo de CCOO.
Por ello, CCOO sigue reivindicando
la recuperación de salarios por encima del IPC a pesar del bloqueo de la
patronal a la negociación del AENC, ya que la ganancia de poder de compra de
los salarios y la elevación de su nivel con respecto a la productividad, son
condiciones imprescindibles para consolidar el crecimiento, recortar más
rápidamente el paro y reducir la elevada desigualdad.
La variación anual de los
precios en julio es del 1,5%, la misma que en junio, tras haber superado el
período de caída de los precios del petróleo observada durante los primeros
meses del año pasado y en ausencia de nuevos choques exógenos. El índice
general converge aún más con la inflación subyacente (sin alimentos no
elaborados ni energía), debido que esta última acelera dos décimas su tasa de
crecimiento hasta el 1,4%.
Para CCOO, la baja inflación
estructural, que muestra el mantenimiento de la inflación subyacente en torno
al 1%, es un motivo de preocupación, pues se basa en la desaceleración de la
demanda interna, lo que significa menos empleo y una reducción más lenta del
elevado paro. El crecimiento económico se mantiene en el 3% gracias al aumento
de la demanda externa, pero las mejoras en el sector exterior se filtran poco
al resto de la sociedad debido a que las exportaciones están muy concentradas
en pocas empresas, que pagan pocos impuestos, son menos intensivas en trabajo e
importan gran parte de sus factores productivos, lo que no genera empleo en
España.
El aumento anual de los precios
se mantiene en julio en el 1,5%. No obstante, consumos tan relevantes para las
familias como gas, electricidad y agua (5,7%), aceite (6,1%), carne de ave
(3,2%), pescado (3,5%) o carburantes y combustibles (3,7%) registran
crecimientos muy superiores, lastrando el poder adquisitivo de la población.
Los precios registraron en julio
un descenso mensual del -0,7% respecto a junio, marcado por el efecto bajista
de las rebajas de verano y el descenso de vestido y calzado, solo compensado
parcialmente por el incremento de los precios del grupo de ocio y cultura, por
la subida de los paquetes turísticos en la temporada vacacional.
El Índice de Precios de Consumo
Armonizado (IPCA) sube en julio una décima en España hasta el 1,7% anual, y
aumenta una décima su diferencia con el de la Eurozona, que se mantiene en el
1,3% anual. El IPCA subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situaba en
junio en el 1,3% interanual en España, tras subir tres décimas, mientras que en
la Eurozona el IPCA subyacente subía dos décimas hasta el 1,2%, lejos todavía
del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. La baja inflación y el moderado
crecimiento económico europeo justifican mantener la política monetaria
expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el
conjunto de la UE que abandone las políticas de austeridad e impulse el
crecimiento y el empleo, para reducir los 16,2 millones de personas
desempleadas de la Eurozona, de los que más de la cuarta parte reside en
España.
Fortalecer la negociación
colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios
de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo, exige reequilibrar la
capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas
laborales
El crecimiento económico en
España se situó en el 3,1% interanual en el segundo trimestre según el dato
adelantado, con una previsión de crecimiento algo menor en el conjunto del año.
CEOE y CEPYME han sido incapaces de contribuir a que la recuperación de las
rentas salariales se equilibre con el crecimiento de la economía española para
que la salida de la crisis se base en un modelo social y de relaciones
laborales más justo. Mientras, los ingresos y los beneficios empresariales
continúan creciendo gracias a que las empresas no trasladan a precios toda la
caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus
costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación
de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral.
Sin embargo, desde CCOO
reivindicamos la creación de empleo estable y de calidad ya que el aumento del
poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen
por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la
desigualdad que generan. Los datos provisionales de 2016 indican que 9,8
millones de trabajadores y trabajadoras han dispuesto de un convenio colectivo
y han ganado poder adquisitivo, gracias a una subida media (1,02%) muy superior
a la inflación media (-0,2%). En 2017, con datos hasta julio, los convenios
colectivos cubren a 5,1 millones de trabajadores y trabajadoras, con una subida
salarial pactada del 1,33%, un punto por debajo de la subida media del IPC
entre enero y julio. Solo un 25% de esta población trabajadora cuenta con
cláusula de garantía salarial en su convenio colectivo.
Impulsar los salarios de los
trabajadores públicos y privados y la mejora de la protección social, que
eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y contribuyan a garantizar
la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.
CCOO defiende que el crecimiento
de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la
fuerte devaluación interna sufrida durante la recesión y que continúa también
durante la etapa de recuperación. Los beneficios empresariales ya han recuperado
su nivel previo a la crisis, incluso lo han superado en un 2,5%, lo que
proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos
efectos de la devaluación salarial. Las subidas salariales negociadas en 2017
deben garantizar una mejora del poder adquisitivo y los convenios colectivos
deben incluir una cláusula de garantía salarial. En el área pública, Comisiones
Obreras insta a la negociación de los aspectos retributivos, de empleo y
jornada para 2017, y la rectificación de todos los recortes sufridos durante la
crisis. La oferta extraordinaria de empleo público supone una respuesta a la
presión ejercida por los sindicatos, aunque sigue siendo insuficiente para
recuperar el empleo público perdido durante la crisis.
En esta salida de la recesión no
debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Se
debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017con una subida
según la inflación prevista, opción que ha sido rechazada por el Gobierno. Urge
incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del SMI (más
allá de la insuficiente subida aprobada) hasta alcanzar los 800 euros en 2017
(aproximándose al objetivo del 60% del salario medio), así como concentrar los
incentivos a la contratación en las personas paradas de larga duración, para
evitar que las mejorar del SMI recorten sus oportunidades de empleo. Hay que
promover un Plan de Choque por el Empleo para crear urgentemente puestos de
trabajo para la población en paro de larga duración, población joven sin o poca
cualificación y mayores de 55 años, así como aumentar la protección social, en
particular de las personas desempleadas (la tasa de cobertura está en mínimos).
En este sentido, hay que poner en marcha un “Plan de Choque para la Recuperación
de los Parados de Larga Duración” y redefinir el, hasta ahora muy insuficiente,
programa de Garantía Juvenil e implantar una Renta Mínima Garantizada,
promovida por CCOO a través de la ILP admitida a trámite en el Congreso de los
Diputados.
Es necesaria una verdadera
reforma fiscal progresiva, lejos de las últimas reformas regresivas que reducen
la recaudación y agravan los recortes.
Hay que incrementar los ingresos
públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la
sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones en el corto plazo
al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del
Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los
ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por incrementar los
ingresos por cotizaciones (eliminando el tope superior de las bases máximas de
cotización por contingencias comunes, equilibrando las bases medias de los
distintos regímenes, incrementando las bases mínimas a través de la subida del
SMI, actuando sobre los tipos, el fraude a la Seguridad Social,…) y financiar
con cargo a los presupuestos del Estado, las políticas activas de empleo,
gastos de gestión y administración de Seguridad Social y, al menos
temporalmente, garantizar transferencias que contribuyan a financiar
parcialmente prestaciones, como las de muerte y supervivencia, con impuestos
directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios
empresariales.
La senda de rebaja del déficit
público para 2017 impuesta por la Comisión Europea y aceptada por el Gobierno
del PP implica más recortes del gasto público, lo que penalizará el crecimiento
económico, disminuirá el ya de por si lento ritmo de rebaja del desempleo y
lastrará la recuperación actual. CCOO rechaza las líneas principales de los
Presupuestos Generales del Estado para 2017, que “cuadran” las cuentas públicas
a costa de la pérdida de poder adquisitivo de empleadas y empleados públicos y
prestaciones sociales, al tiempo que recorta en I+D+i e inversión en
infraestructuras. CCOO reclama un reforma fiscal que proporcione recursos
suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que
reparta las cargas de manera progresiva, aumente la imposición directa y sobre
el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio) y
fomente el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la
inversión pública que aumente la productividad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.