Réquiem por los aforados

Confieso que no lo sabía: en España hay unas doscientas cincuenta mil personas (250.000) con prerrogativas judiciales. De ellas 17.600 son aforados políticos. Saco la información de La Vanguardia de hoy. Se trata de una gigantesca cofradía que está protegida por una serie de artificios jurídicos. Aquí, por lo que se ve, está aforado hasta el apuntador. O sea, hay más protegidos que muertos en las novelas de don Marcial Lafuente Estefanía. En concreto, decenas y decenas de miles de altos funcionarios, dirigentes de organismos del Estado  y, por supuesto, una considerable parte de la llamada clase política.

Se trata de una cantidad que no tiene parangón con la de los países de nuestro entorno, cuyos aforados se pueden contar con los dedos de la mano. Es, además de irracional, absurda. Tales extremos me llevan a la siguiente conclusión: se trata de un corporativismo de la noblesse d´etat, que pone en tela de juicio que los demás seamos aproximadamente iguales ante la ley. Más todavía, dicha figura –el aforamiento--  se ha convertido en (casi) una impunidad. El gallinero patrio pretende, así las cosas, proteger a sus aves de corral.

Pedro Sánchez ha propuesto un considerable baldeo de los aforados. Sólo los referidos a la política. Queremos confiar en que no habrá un paso atrás, aunque la medida requiere una reforma puntual de la Constitución. De momento, a Casado le ha dado un ataque de alferecía. Lo que, ciertamente, representa la anomalía de dicho partido con relación a los de su parentesco europeo. Todo parece indicar que, en esa cuestión, estarán en solitario en el Parlamento. La limpieza del palo del gallinero no se compadece con los postulados del Partido Popular. Aborrecen el zotal.