DISCREPO DE UNA PROPUESTA DE CC.OO, MI SINDICATO

José Luís López Bulla 

No comparto la propuesta que ha hecho, recientemente,  mi sindicato, CC.OO., de la necesidad de una ley de financiación de los sindicatos.  Más todavía, pienso que la argumentación que ha dado el compañero Fernando Lezcano no me parece sostenible: «una ley de financiación de los sindicatos, al margen de la Ley de Transparencia, para regular el sistema de financiación de estas organizaciones a fin de que dejen de estar "siempre bajo sospecha"».

Pregunto: ¿qué tiene que ver la necesidad de dicha ley con el hecho de evitar estar siempre bajo sospecha? Entiendo que, si se me permite la amable impertinencia, es un paralogismo que no guarda relación con la (probada) capacidad intelectual de Fernando, cuya maestría conocemos desde hace muchísimos años. Concreto: Lezcano y su equipo sacaron de la marginalidad a la Federación de Enseñanza de Cataluña a mediados de los años ochenta. Más tarde, no menos brillante ha sido (y sigue siendo) su papel al frente de la secretaría y como portavoz de la Confederación. De manera que le es exigible la congruencia entre la propuesta y su justificación. Así es que yo veo las cosas de otra manera.

Cuando se pide una ley de financiación de los sindicatos es porque se tienen dificultades financieras. Y cuando se argumenta que es para evitar el hecho de «estar siempre bajo sospecha» se está enrareciendo el problema. Un sujeto crítico, que está expresando continuamente su alteridad, siempre estará sometido a la presión organizada de ser tildado como sospechoso de tener cosas ocultas por parte de aquellos que se sienten atacados o vigilados por aquél. Es decir, se trata de meterle en el cajón de la corrupción a través de los infundios sobre unos inexistentes pecados sindicales que brillantemente refuta Javier Aristu en el blog de culto, En campo abierto.  

 

El sindicato debe tender gradualmente a la autofinanciación. Lezcano reconoce que «actualmente más del 50% de los ingresos de CC.OO. proceden de las cuotas de sus afiliados». Lo cual es, en efecto, inquietante. Y sobre esa preocupación conviene escarbar: ¿el problema está en una afiliación insuficiente? ¿se encuentra, tal vez, en la desproporción entre recursos que siempre serán finitos y las cada vez mayores exigencias del sindicalismo, que parece que sean “infinitas”? ¿o puede que sea en ambas?.  

 

Hemos apostado –y creo que es una apuesta impecable— por un sindicato general. Lo que, entre otras cosas, quiere decir que no hace distingos formales entre afiliados y no afiliados. Eso no se puede cambiar, al menos en el terreno de la negociación colectiva y el conjunto de las prácticas contractuales porque es el resultado de aceptar el monopolio de la negociación colectiva, fijado por ley. Pero, simultáneamente, nos encontramos, así las cosas, en que nuestra limitada capacidad de representación doméstica (el conjunto afiliativo) tiene que sostener la representatividad de todos los trabajadores. Es evidente que dicha asimetría nos crea problemas. Pero es en ese estadio donde estamos y no en otro. No estamos, pues, en un cuadro (que sería indeseable) donde los convenios colectivos y el conjunto de las prácticas contractuales afectaran sólo a los afiliados. Más todavía, aceptar esta situación significaría automáticamente la pérdida del monopolio del poder contractual erga omnes, de un lado y, de otro, la desaparición del carácter de sindicato general.

 

¿Una ley de financiación de los sindicatos es la solución? Entiendo que no, y quienes me conocen saben que siempre he estado en contra. Mis motivos siempre fueron, y los mantengo, éstos: los recursos financieros que vendrían impedirían entrar en la búsqueda de las razones de fondo. A saber, la baja afiliación al sindicalismo confederal (que no debe confundirse con el importante nivel de representatividad universal);  el, tal vez, desproporcionado barroquismo de las estructuras; o la obstinación en la creencia de que las soluciones administrativas (léase la fusión de federaciones) es una solución.

 

Lo que entiendo decir es que la cuestión financiera guarda una estrecha relación –como no puede ser de otra manera— con la «forma sindicato», como cuestión determinante del proyecto sindical, la sobriedad en la administración de los recursos financieros y la percepción que el conjunto asalariado tiene de todo ello, especialmente el potencialmente afiliativo. Aunque cabe la posibilidad que un servidor vaya errado.