domingo, 20 de marzo de 2016

La ley de la covachuela





Llevamos tres meses con un gobierno en funciones. Cosa que a  Mariano no parece preocuparle en demasía porque, así las cosas, puede hacer y deshacer a su antojo. Más todavía, en este contexto se ha producido algo tan insólito como inverosímil en democracia: la elaboración de una doctrina jurídico-política que indica (más bien, dogmatiza) que este tipo de gobierno no puede estar controlado por las Cortes Generales. O lo que es lo mismo: quienes no han sido elegidos no serán controlados por el Parlamento votado en los últimos comicios. Vale decir que si preocupante es el rechazo del control democrático, más lo es todavía su arbitraria justificación. No menos chusca es, además, la quisicosa que se expone desde las covachuelas de la Moncloa: «no hay precedentes de esta situación».  De esta manera se intenta enviar al limbo la división de poderes y la principal tarea del Parlamento: controlar al Ejecutivo. Y se crea el siguiente artificio antidemocrático: un gobierno en funciones no da explicaciones a nadie; un Parlamento en esa situación queda reducido a ser un sujeto pasivo.

Esta es una teoría, convertida en práctica real en estos momentos, que con toda seguridad pone los pelos de punta a las democracias con independencia de su color político en los países de nuestro entorno. Pero que puede contaminarlas más pronto que tarde. Porque no hace falta ser demasiado perspicaz para decir que existe la «ley de la covachuela»: determinados gobiernos tienden de manera natural al contagio, especialmente en aquello que les conviene.

Algo estamos haciendo mal: dejar que esa práctica se convierta en eso que se llama «conflicto institucional» sin vinculación con la opinión pública. De una opinión pública que no acaba de ver que su mandato electoral, a saber, elegir a sus representantes, se ve no sólo ninguneado sino borrado por el gobierno que se auto legitima arbitrariamente. Por lo demás, cabe decir que los diversos medios de comunicación se limitan a describir solamente el problema, y no vemos que pensadores, a los que se les atribuye punto de vista fundamentado, se tiren a la arena alertando de los riesgos políticos e institucionales que ello comporta. Ni siquiera las auto denominadas fuerzas emergentes han caído en la cuenta.

Digamos que no se trata de una zona gris, que diría Alain Minc, ni siquiera la corrosión del carácter de la democracia. Es la puerta que abre, ahora sí, un Régimen que deja al Parlamento como un cuerpo de figurantes eviscerados que formalmente ostentan la soberanía popular pero que realmente son pura filfa. Cosa que tiene algunas semejanzas con aquella cohorte de los antiguos Procuradores en Cortes de nefasta memoria.

Primera conclusión (provisional): hay que salir de este follín. Necesitamos más perspicacia democrática. Porque no se trata principalmente de una confrontación entre gobierno y parlamento sino entre ciudadanía e intentos de poner en introducir elementos básicos de Régimen.

Segunda conclusión: se debe heñir un acuerdo que conduzca a la formación de gobierno con menos tiquismiquis –o por lo menos con los necesarios— que  lo que estamos viendo