martes, 31 de enero de 2012

¿LOS SINDICATOS DESPRESTIGIADOS? Respuesta al diputado Alberto Garzón


José Luís López Bulla y Manel García Biel


Alberto GarzónEconomista y Diputado de IU, ha publicado en su blog sus Primeras impresiones de la reforma laboral. Es posible que sus comentarios hayan herido la sensibilidad de no pocos sindicalistas que siempre somos tan propensos al berrinche cuando no nos doran la píldora. Pero, a buen seguro, habrá otros que pensarán detenidamente las palabras del diputado por Málaga. Comoquiera que el berrinche no lleva a ningún lado, nosotros dos –sindicalistas eméritos-- nos ponemos a considerar atentamente lo que dice el diputado Garzón.

Afirma nuestro hombre que los sindicatos están desprestigiados. Esta es una visión recurrente que también campa por algunos caminos de las izquierdas. Y a la que se ha dado respuesta en Las injustas criticas a los sindicatos. Pero, a nuestro juicio, no se compadece con los datos. Y, francamente, los tozudos datos expresan algo diferente. Tomaremos como elemento la situación catalana, a falta de otra documentación. Aquí han participado en los comicios 1.324.124 trabajadores. Se han elegido 56.768 delegados, cuya proporción a los sindicatos mayoritarios es la que sigue: 24.150 de Comisiones Obreras (42,61%), 23.365 para Ugt (41,22%), 2283 para Uso (4,02%) y 1259 para Cgt (2,22%). Habrá que añadir que el nivel de participación en los centros de trabajo supera, por lo general, el noventa por ciento. Lo que indica que el abstencionismo es, en estos escenarios, bastante irrelevante.


La primera conclusión es que la representación del sindicalismo mayoritario es muy significativa. Pero no lo es como impresión abstracta sino en concordancia con los datos. Y de ellos podemos sacar pacíficamente otra conclusión: no se da tan abultada confianza representativa a quien está desprestigiado. Es más, ¿alguien se ha parado a pensar que, precisamente en ese contexto de recurrente ataque inmisericorde al sindicalismo, los trabajadores responden renovando su confianza en él? Sugerimos que el diputado Garzón discurra sobre el particular y, en base a tan clara documentación de la representatividad sindical, aclare qué relación debe establecerse entre los resultados electorales y su idea del desprestigio sindical.       

En lo atinente a sus primeras impresiones sobre el acuerdo recientemente firmado poco hay que decir. El diputado Garzón tendrá sus motivos legítimos para mostrar su desacuerdo como, en sentido contrario, el diputado Coscubiela lo ha hecho.  Dicho lo cual, no compartimos lo que en su artículo nos dice  Alberto Garzón y que transcribimos de seguida.

Por eso yo veo dos opciones interesantes para los sindicalistas. La primera, aceptar que no hay una relación de fuerzas suficiente como para enfrentar el poder abrumador de la derecha. Eso conllevaría negociar todo lo posible y comenzar una estrategia de reorganización que permita recuperar fuerzas y plantear una ofensiva en los próximos años. La segunda opción, renunciar a negociar y aceptar que es mejor que se gobierne por decreto a participar en un proceso que te hiere. La negociación te hace partícipe, y es una guerra que nunca se ganará en las actuales condiciones. Así, un plan estratégico debería pasar por reconstruir la base social reconcilíandote con ella.

Ninguna de las dos opciones interesantes que plantea nos parecen convenientes.

¿Qué quiere decir exactamente aceptar (sic) que no hay una relación de fuerzas suficiente para enfrentar el poder abrumador de la derecha? Si se refiere al cuadro político institucional no podemos contradecirle. Ahora bien, esa aceptación no se traduce mecánicamente a “lo social”, donde –incluso en estos momentos, y otros peores— la autonomía de dicho espacio (aunque no absoluta) permite una acción colectiva no despreciable a través del ejercicio del conflicto. Que no está al albur de las contingencias y necesidades de ningún partido, incluso de las izquierdas. Efectivamente, el dato de la mayoría absoluta generalizada del Partido popular condiciona la acción del sindicalismo confederal, pero no lo cancela.

La segunda opción no tiene sentido. Renunciar a negociar y esperar que se legisle por decreto o es una broma o algo disparatado. Es cierto que ahora se negocia a la contra, como se ha dicho en  SALIR DE ESTE TIPO DE REFORMAS. Pero incluso en este estado de defensa –y precisamente por ello--  el acuerdo ha ido, en algunos aspectos notables, en dirección opuesta a lo que se pretendía. Que se legisle por decreto a la espera de tiempos mejores sería acompañar al gallo de Morón. Es más, querido diputado, ¿acaso no pondrías el grito en el cielo si el PP gobierna por decreto y no negocia nada con vosotros en sede parlamentaria? Pues, entonces, no vemos las razones para no hacer el sindicalismo confederal tres cuartos de lo mismo. Se nos dirá que lo importante son los contenidos. Justo. Pero es ahí donde discrepamos de la valoración que has hecho, querido diputado.  




SALIR DE ESTE TIPO DE REFORMAS


Celebrando el 65 aniversario de Angel Rozas. Junto a Angel están Gregorio López Raimundo y Miquel Falguera.


  
Si hemos afirmado repetidamente que la (pretendida) intencionalidad de las reformas laborales no aborda las causas de la crisis; si hemos dicho por activa, pasiva y perifrástica que sus contenidos no influirán en la creación de puestos de trabajo… hemos de convenir que el sindicalismo confederal debería proponerse en los hechos salir de esas coordenadas que, desde hace tiempo, son un círculo vicioso. Esto es, hay que zafarse de una situación en la que estamos a la contra. A la contra de frenar lo peor. En esa lógica de “respuesta” se inscribe el reciente acuerdo; en todo caso, dejaré las cosas claras: si un servidor hubiera estado en la mesa de negociaciones habría firmado el acuerdo.

Ahora bien,  a mi juicio, lo que debe abordarse como problema de fondo son los mecanismos de freno que taponan el centro de trabajo que, hoy por hoy, se corresponden fundamentalmente con déficit de innovación tecnológica en nuestro país o, si se prefiere de manera más general, con nuestro  modelo  productivo.  Algo de esto escribí el 2 de junio del año pasado: 1) la inversión media por habitante en el sector de la innovación media por habitante en España son 318 euros, mientras que en el patio de vecinos europeo son 473 euros; 2) España ocupa la decimoséptima posición en el ránking europeo de gasto en I + D, por debajo de países como Estonia, Chequía y Portugal. A pesar de esa cartografía española, el Ministerio de Ciencia ha dejado de de gastar un tercio del presupuesto para I + D. Así las cosas, se sigue la consigna de Unamuno: “que inventen ellos”. De manera que no es abusivo decir que nuestro sistema productivo es pura farfolla, especialmente debida a la garrulería de una  gran mayoría de empresarios y mánagers de probada estirpe chusquera.

Y sobre el mismo particular –esto es, sobre las características de nuestro modelo productivo-- dejó claro Antonio Gutiérrez con sus razonadas críticas en oposición a las medidas  sedicentemente reformistas de José Luís Rodríguez Zapatero (1). De los planteamientos de Gutiérrez, a mi juicio, no se han sacado las oportundas conclusiones, todavía. Por otra parte, tras la firma de la enésima reforma no tardará mucho tiempo en aparecer otro atracón de propuestas para otra nueva reforma laboral: es la misma lógica que aquel animal dantesco que, tras la comida, tenía más hambre todavía.  Por lo demás, tras esta reforma son muchas las voces que alertan que, como en anteriores ocasiones, la mayoría parlamentaria deconstruya a peor lo acordado recientemente. Y, así las cosas, como es natural (y obligado) volveremos a estar a la contra. Esta situación de estar a la contra lima, ciertamente, mayores desaguisados, pero no se vincula a la creación de puestos de trabajo, ni permite regenerar la economía; tampoco indica que tengamos un proyecto propio. Estamos zurciendo los desperfectos que organizan quienes se amparan en los mercados.

Un proyecto no es un zurcido.  Un proyecto puede ser el conjunto de medidas factibles contra el paro y la crisis, que hace tiempo anunció Toxo, capaz de establecer los vínculos y compatibilidades entre todas sus propuestas. Y, dentro de ese proyecto, debe caber inexcusablemente un Pacto por la innovación tecnológica, donde a mi juicio está la madre del cordero. Con una amplia negociación colectiva, a todos los niveles, como soporte de dicho pacto. Por supuesto, la patronal no está por la labor, está a la espera de de que se amplíe la desforestación de los derechos sociales. Pero la batalla debe librarse en ese estadio: entre la negativa de los empresarios y las propuestas obligadas del sindicalismo confederal.  Que, a partir de ahora, no debería ser la reedición del tipo de  (sedicentes) reformas como las que se vienen dando desde hace muchos años.     





Radio Parapanda.

LA FUNCIÓN DE LA LEY LABORAL Y LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. (UNA REFLEXIÓN DE MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE)


sábado, 28 de enero de 2012

POPULISMOS EN EUROPA



Nota. Nuestro amigo Riccardo Terzi nos envía este texto en esclusiva para el blog. Se trata de su intervención en el debate sobre los populismos en Europa en el Forum della rivista de politiche sociali.



Riccardo Terzi


Tengo una cierta desconfianza con la palabra “populismo” porque me parece que está cargada de ambigüedad e indeterminación, y creo que es de escasa utilidad en el análisis de los procesos políticos.  Y, sin embargo, no se puede dejar de hablar de ella, dada la extraordinaria difusión que ha tenido en el debate político corriente y en la producción periodística; de modo que se trata en todo caso de valorar su contenido, su significado y sus implicaciones.  En el gran contenidor del populismo se se hacen entrar de nuevo fenómenos políticos muy diferentes, y también opuestos entre sí, por lo que se tiene la impresión de que se trata no de una explicación o interpretación de la realidad, sino de un fácil expediente al que se recurre cuando no hay ninguna explicación.  Populismo se convierte en todo aquello que se escapa de nuestras categorías interpretativas, todo lo que desafía nuestra racionalidad e irrumpe en nuestra realidad contemporánea con aquellos rasgos inquietantes de lo irracional o subversivo. 

Hay siempre  una connotación despreciativa que se acompaña a la definición de un fenómeno como el populista. En el análisis científico se substituye así el juicio ético-moral. El populismo es lo negativo que debe ser combatido, es el subfondo de violencia e intolerancia che vuelve a emerger en nuestras sociedades civilizadas, es la fuerza destructiva de los impulsos primarios que debe estar bajo el control de la razón. Por otra parte, cualquier definición del populismo implica como introducción un reconocimiento del concepto “pueblo”, aunque aquí nos encontramos en el universo de una pluralidad de significados e interpretaciones.

En primer lugar está el modelo de la democracia pleibiscitaria: en ella el pueblo se reconoce en su líder, sin mediaciones, sin instituciones intermedias, con una relación directa, con una investidura de confianza total que no soporta límites, reglas y garantías. En este modelo el protagonista no es el pueblo sino exclusivamente el jefe carismático en el que el pueblo se abandona. Más que populismo se trata de liderismo, de personalización de la política, de autoritarismo, porque todo el sistema político debe estar en función del ejercicio concentrado del poder sin los obstáculos y los retrasos de los procedimientos democráticos. En esta lógica, el obstáculo a abatir es todo el aparato de las instituciones de mediación y garantía para que resplandezca la figura del líder con toda su potencia, el único que está unido al pueblo en una simbiosis de tipo místico. Los ejemplos que ilustran esta situación son múltiples y recurrentes.  

Berlusconi, en Italia, intentó adoptar este modelo, pero eso se ha dado más en las intenciones y declaraciones verbales que en los hechos reales porque los contrapesos institucionales han continuando, bien o mal, funcionando. Sin embargo, no se trata de una innovación porque la historia ha estado repetidamente atravesada por experimentos de tipo autoritario y porque, también en nuestro mundo civilizado está la tendencia a la concentración y a la degeneración del poder, por lo que la obligación de las constituciones es construir un eficaz sistema de defensa. El berlusconismo no es más que un episorio de esta perenne dialéctica de la historia. Así pues, bajo este perfil no ha ocurrido nada nuevo, y el concepto de populismo no tiene otro valor más que el de registrar nuevamente hasta qué punto el mecanismo autoritario aparece siempre tras la retórica del pueblo.  Si hay un líder, un jefe, es porque el pueblo lo corona. Y el proceso siempre es ambivalente con una mezcla de poder arbitrario y consenso, de constricción y adhesión. Lo nuevo es la aparición de esta ideología autoritaria del poder en el corazón de Europa que parecía estar inmunizada de estas tentaciones. Pero Europa es ya un campo de batalla donde todo puede suceder.

En la democracia autoritaria el pueblo sólo existe como fuerza pasiva, como multitud indiferenciada, incapaz de una propia iniciativa, ý la política se reduce al mecanismo de identificación con la figura del líder. Naturalmente existen en la realidad diversos posibles grados de este fenómeno, así como puede ser extremadamente diferenciado el concreto contenido social de dicho modelo, que no es de por sí ni de derechas ni de izquierdas, sino solamente la dilatación extrema de la discrecionalidad del poder independientemente de su proyecto político.  Pero el resultado es, en todo caso, la pasividad de las masas, la negación de cualquier autonomía de la sociedad civil, ya que todo el poder de decisión está concentrado en un sólo punto, y toda la veleidad de autonomía asume un carácter subversivo.

El uso moderno de los medios de comunicación y de su potencia manipuladora introduce una variante que tiene sólo el valor de potenciar los instrumentos de control de la opinión pública sin determinar un cambio de la estructura de fondo del poder. Lo que cambia es sólo la disponibilidad de los instrumentos más penetrantes que siempre están puestos al servicio del poder, pero ahora esta situación se está modificando en parte con el paso de la televisión a las redes de Internet que es, por su naturaleza, abierta a una pluralidad de sujetos y ofrece un cuadro de informacines extremadamente vasto y diferenciado con escasas posibilidades de ser controlado preventivamente. Por ello no comparto el énfasis en la llamada democracia mediática o en la telecracia, porque en estas teorías se cambia la causa por el efecto.  No son los medios el lugar del poder, ellos son sólo  un instrumento, cuyo uso y efectos son dependientes de la estructura del poder: autoritarios si el poder es autoritario, abiertos y plurales si el poder está organizado sobre bases democráticas. 

Una segunda tipología del populismo se encuentra en todas aquellas representaciones políticas e ideológicas que conciben el pueblo como el único depositario de los valores positivos, como el custodio de la tradición, la sabiduría original, la identidad profunda de la nación en oposición a las élites, oligarquías, la casta de los políticos e intelectuales. En este caso, el uso del término populismo aparece como más apropiado porque sobre el pueblo recae el acento, siendo su ser el depositario de todo que merece ser salvaguardado.  Pero, ¿en esta segunda acepción qué es el pueblo? Sólo es un concepto abstracto, ideológico que prescinde de sus articulaciones internas, del pluralismo de sus intereses y de sus culturas, es la idealización de una comunidad originaria a la que se debe defender de todas las contaminaciones, de todo aquello que desde el exterior se la puede envenenar. 

En el caso de la Lega Nord, en Ialia como en otros muchos análogos movimientos xenófobos europeos, el cemento que contiene es el fundamentalismo étnico, la idea de una comunidad cerrada, centrada en sí misma que no admite ninguna interferencia del exterior, ninguna autoridad ni ninguna regulación de orden superior.  Se trata de un intento desesperado de resistencia y autodefensa frente al proceso de globalización que hace saltar todos los confines tradicionales y pone en movimiento una gigantesca mezcla de poderes, culturas y formas de vida. 

El problema del nuevo orden mundial, que se debe construir, de la relación entre lo global y lo local, entre lo que es común y debe permanecer distinto y autónomo es un problema real de grandisimo alcance. Pero es poco realista y regresiva la respuesta de estos movimientos comunitarios que tienden sólo a construir barreras, clausuras e intolerancias allí donde se trata, por el contrario, de dar una forma democrática y abierta a nuestra convivencia.

El resultado de esta operación tiene inevitablemente un carácter autoritario ya que la comunidad es un todo indiferenciado que no reconoce ninguna dialéctica interna, reproduciéndose así la delegación en un jefe carismátivco para que sea el exclusivo garante de la comunidad.  Por ello se hace posible una convergencia entre las dos formas políticas que, hasta aquí, hemos analizado entre el modelo plebiscitario y el comunitario, ya que ambos se injertan en una raíz común: en la crisis de la democracia política y en su estructura social individualizada. El mecanismo es el mismo: una masa atomizada y dispersa que encuentra su unidad aparente en una forma externa, en una autoridad, en un mito.  Y cuando estas dos tendencia consiguen dar vida a un bloque conservadofr se producen profundos efectos devastantes ya sea ora en el ordinamiento democrático ora en la  consciencia colectiva del país. Es lo que ha ocurrido en Italia en los últimos años. El fundamento de todas estas formas es la fragilidad individual en la época del individualismo difuso. Es una dialéctica que merece ser estudiada atentamente y que se refiere toda la relación entre lo individual y lo colectivo. 

El yo sólo se realiza en la relación con el otro, y tiene necesidad de un nosotros en el que pueda reconocerse. Sucede, así en los casos que hemos considerado hasta ahora, que el individualismo zozobra en su negación ya que confía en la figura carismática del jefe o en el mito de la comunidad étnica.  El nosotros, en este caso, no viene dado de una efectiva relación interpersonal sino de una proyección imaginaria, por un mito que subre en apariiencia la soledad impotente de la vida individual. En la fijación al mito se encuentra un sentido, una identidad aparente dentro de una representación de la realidad de tipo conflictual donde se encuentra la amenaza de un enemigo que estructura la existencia, un enemigo que puede tomar las formas más diversas (los poderes fuertes, los inmigrados, la burocracia, la magistratura, el fantasma del comunismo) y, en todo caso, es el deseo de un objetivo en el que descargar toda la agresividad de las pulsiones insatisfechas. Es el antiguo mecanismo del chivo expiatorio, me diante el cual se reconstruye el orden de la comunidad, según el estudio profundo de René Girard, que ha observado la última conexión entra la violencia y lo sagrado.  

Cuando se abaten sobre nuestras sociedades el viento de la crisis, la incertidumbre y la precaridad vuelven a tomar fuerza los antiguos rituales del sacrificio y se fabrica, así, la imagen de un enemigo, tanto si es real como imaginario. Y, como siempre ha sucedido, la violencia se desencadena sobre el objetivo más fácil y más débil.  Es lo que está tomando forma en Europa: la caza del extranjero, del musulmán, el enemigo que acecha nuestras tradiciones, nuestras raíces cristianas. Lo sagrado y la violencia vuelven a unirse.  Es finalmente un caso muy diferente de los que hemos analizado hasta ahora y está representado por aquellos movimientos de autonomía de la sociedad civil que se contraponen a la política institucionalizados y al sistema de partidos. Es todo un archipiélago de movimientos y asociaciones que encuentran en la red su principal instrumento de comunicación y organización, dando lugar también a algunas movilizaciones de masas así en Italia como en otros países. El perfil puede ser más o menos radical, pero en el fondo siempre está la idea de que sólo un movimiento de abajo, de auto organización social puede dar una respuesta a los problemas actuales del mundo globalizado, mientras la política tradicional, de derechos o de izquierdas, está empantanada y comprometida, es una pelota en nuestro tejado de la que debemos liberarnos. Tiene algo en común con los populismos que hemos descrito ya que también en este caso el objetivo polémico es todo el sistema institucional de la democracia representativa. Sin embargo, es de signo opueta el proceso cultural y psicológico de estos movimientos porque aquí estamos en presencia de un individualismo seguro de sí mismo, frecuentemente agresivo que no admite delegación. Que no reconoce autoridad y que no se refugia en el mito sino en su ilimitada autonomía.  Es un fenómeno que tiene, hoy por hoy, un alcance limitado y, sobre todo, una tendencia  fluctuante sin continuidad y carente de sólidas bases organizativas. El referente social es el de los estratos más desarraigados y aculturalizados, es lo que se ha definido como “la capa media reflexiva”, que tiene una vocación cosmopolita y una mirada abierta al mundo sin tener raíz alguna en ninguna identidad territorial concreta. Las afinidades son más aparentes que reales: son diversos los sujetos y diverso es sobre todo el universo cultural de referencia.   Pero es también un signo importante del estado de sufrimiento en el que se encuentran nuestras democracias, y quizá se encuentra aquí el lado más problemático de la situación que no puede ser encarado con una sumaria liquidación moralista. En este caso no se trata del retraso de un pueblo inmaduro, prisionero de sus impulsos primitivos y de sus mitos: es, más bien, la reclamación totalmente insatisfecha de una cualidad política diversa, y este fenómeno se manifiesta ante todo en las jóvenes generaciones cada vez más intolerantes  hacia los rituales de una política paralizante, hecha a golpe de retórica y sin soluciones concretas.  Puede ser alarmante el recelo antipolítico que se manifiesta en algunos caos; puede ser inquietante el crédito totalmente inmerecido de algunos personajes demasiado discutibles que se proponen como los moralizadores del sisetma. Pero aquí estamos ante un mundo real que nom puede ser disuelto con la letanía de las buenas intenciones.   

Como puede verse, el abanico del llamado populismo es extremadamente variado, y es legítimo preguntarse se tiene sentido usar la palabra para fenómenos tan diferentes.  Sería útil una definición más selectiva. De manera que debemos volver al significado de la palabra “pueblo”. Populismo no es cualquier idea que se refiere al pueblo sino la concepción que ve al pueblo como una unidad, como un todo indiferenciado, que es el depositario de los valores de la tradición, como raíz de nuestra identidad. En este sentido, esta representación se contrapone a todo lo que divide la unidad mística del pueblo: las clases sociales, los partidos, las diversas ideologías. Esta sería una definición más selectiva.  Así que debemos volver al significado de populismo y a la negación del pluralismo, de la dialéctica, del conflicto en nombre de una identidad originaria, de una pertenencia a la comunidad en la que cada cual tiene su papel prefijado, precisamente porque se trata sólo de conservar el  orden constituido. Se trata de la estabilidad y el orden contra la fuerza disgregante de las facciones de partido y el principio de autoridad, contra la disolución de las libertades individuales y el dominio de la moral oficial, contrfa toda forma de herejía y desviación.  El concepto de pueblo queda así distorsionado, y pierde toda la concreción de sus articulaciones internas. Deja de ser una estructura sociológica abierta, suceptible de las combinaciones más diferentes para convertirse en el objeto de una devoción, de una unión mística.   Queda sólo la pertenencia, esto es, el estar anclado a un dado objetivo, natural en el que se disuelve  toda capacidad de elección autónoma. 

Si usamos este criterio interpretativo el campo del populismo queda rigurosamente circunscrito, y en Italia sólo la Lega –aunque parcialmente— se corresponde a esta definición con la variante decisiva del cambio del culto comunitario de la dimensión nacional a la local, con la invención del mito de la Padania.  Pero, en realidad, también la Lega es un universo más movido y variado, con fuertes contradicciones internas como lo demuestran los recientes acontecimientos políticos, pudiendo mantener su fuerza expansiva sólo si consigue desprenderse de  sus orígenes, desarrollando una política más dinámica   y representar una mayor demanda social, no encerrándose en el localismo angosto y primitivo de los valles alpinos.  Pero lo que importa, más allá del academicismo, es es comprender el sentido general del proceso histórico en curso, y así podremos ver cómo la nebulosa del populismo, en sus más variadas significaciones, es sin embargo representativa de un cambio real que está atravesando nuestras sociedades más desarrolladas. No se trata sólo de ideología, de formas de consciencia, sino de algo que encuentra su fundamento y razón de ser en la realidad. 

Hay que partir del hecho que representa la creciente fragmentación social, tendente a disolver las tradicionales identidades colectivas, los bloques sociales, las pertenencias de clase para dar lugar a una estructura cada vez más fluida e indefinida en sus contornos. En ese proceso se arruina la relación enrte lo individual y lo colectivo, entre el yo y el nosotros,  y la sociedad entera se configura como una retícula estrechamente complicada de relaciones individuales sin un centro coordinador, sin una estructura consolidada. Sobre ese proceso se inserta la ideología neoliberal que reasume en la famosa afirmación de la señora Thatcher: no existe la sociedad sólo existen los individuos. Hoy, todos los fenómenos aludidos son el reflejo de este proceso social y diversos son los recorridos posibles sobre los que puede encaminarse una sociedad individualizada. 

En conclusión, el análisis del populismo se conecta a la estructura social y a sus transformaciones, confirmándose la tesis que considera la ideología como expresión de una concreta configuración histórico-social, y es sólo en este nivel que podemos determinar los cambios que invierten también las formas de la consciencia colectiva. Por eso me deja totalmente insatisfecho el modo la forma como se trata este problema ya que no se ve nunca el nexo entre la realidad y la representación. 

Las diversas ideologías que hemos considerado (el mito del líder, el mito de la comunidad,  la idealización de la sociedad civil) no son más que el velo, la apariencia; y dentro de ese velo se trata  de comprender la realidad efectiva de una estructura social que ha perdido su equilibrio, su cohesión, y que incluso por ello tiende a refugiarse en lo imaginario.  Si es así, lo que tiende a llamarse populismo no es una desviación sino el modo de ser y de auto representarse la sociedad actual; es el efecto de un cambio histórico que está en curso, no valiendo para nada las prédicas moralisrtas, las retóricas que se deslizan sobre la realidad sin conseguir modificarla.

Tomemos el caqso de la Lega Nord: un movimiento regresivo, tosco, antinacional. Sin embargo es totalmente ilusorio pensar que se puede contrarresta con el énfasis patriótico de la unidad nacional; así como es un intento poco realista y ridículo limar las asperezas, absorver el potencial subversivo en una visión más equilibrada, proponiendo una especie de leghismo temperado, que tiene sólo el efecto de una cesión en el terreno de los valores y los principios.  Es preciso combatirlo, pero no en abstracto; no con el mundo metafísico de las ideas sino con la materialidad concreta de los procesos sociales.

Por su parte, este proceso no es más que el producto de las opciones políticas, las orientaciones culturales, del salto de la hegemonía que se ha completado con la primacía del pensamiento liberal.  La “sociedad líquida”, de la que habla Bauman, no es un destino, no es la forma inevitable del mundo contemporáneo en esta época de la globalización. Es sólo el resultado de las relaciones de fuerza y de poder que se han determinado. Las variadas interpretaciones sociológicas captan sólo los efectos del proceso en curso y no abordan  las causas con lo que el problema acaba siendo sólo cómo hay que convivir con las actuales condiciones de incertidumbre y precariedad. En todo caso, es necesario ver –sin ilusiones consolatorias--  el curso real de las cosas, el proceso que está en movimiento y la existencia de potentes fuerzas objetivas que trabajan por una progresiva disolución del tejido social.

Este es el campo en el que nos encontramos para intervenir. Lo urgente que tenemos que afrontar es la reconstrucción de todo el tejido de la representación social que, en estos años, se ha deteriorado y deshilachado gravemente; que ha dejado teritorios enteros sin representación, sin identidad y, por ello, permeables a las ideologías individualistas y a las sugestiones autoritarias.

Sin un trabajo en profundidad en el campo social –en sus contradicciones y conflictos--, sin un programa sistemático que dé voz y organización a la multitud dispersa que se encuentra hoy como enfermera de los acontecimientos, sin poder reconocerse en ningún proyecto de cambio; sin una política que vuelva a poner en el centro la condición social de las personas, nos encontraremos frente a un destino ya escrito ya que una sociedad sin representación es totalmente incompatible con la democracia organizada.  Y, por otra parte, incluso por efecto de estos procesos sociales, la crisis de la democracia es un dato real que debe ser encarado abiertamente. 

¿Qué relación hay, ahora, entre el pueblo y la soberanía? ¿Ante quién responden los efectivos centros de decisión? No es sorprendente el resurgir de las pulsiones autoritarias; no deja de tener fundamento la difusión de la antipolítica, del recelo contra el sistema de partidos porque, efectivamente, aquí se ha abierto una gravísima fractura, y la democracia real peligra apareciendo como un asunto de las oligarquías, como un juego trucado sobre el que nuestra posibilidad de incidencia es casi nulo. Los dos procesos se alimentan el uno al otro: por un lado,  la ruptura de los lazos sociales, de las identidades colectivas y, por el otro, la involución de las instituciones democráticas. 

Es una crisis de sistema que debe ser afrontado en su globalidad. El populismo es sólo uno de los efectos secundarios de esta situación, el signo de la desbandado en que nos encontramos, el termómetro que registra nuestro estado febril. Pero es sobre las causas sobre las que debemos intervenir.  Este es el trabajo largo y fatigoso que la izquierda debe comenzar a poner en marcha. Pero si quiere correr tras las mariposas de lo post-moderno, de lo post-ideológico; si no sabe o no quiere hacer su cometido, entonces se convierte totalmente en superflua, y será justamente sometida a la lógica sin piedad de las relaciones de fuerza reales.   

La actual situación política, con la formación del gobierno Monti, puede tener paradójicamente un efecto providencial, porque finalmente han salido de la escena, al menos por ahora, las retóricas y las demagogias, las contorsiones de un bipolarismo destartalado, abriendo con toda su crudeza el vacío de la política y la necesidad de volverlo a llenar con contenidos y proyectos. En este sentido, puede tener voz sólo quien disponga de ideas y propuestas concretas. Vale por todos: para los partidos y para las organizaciones sociales.

Ya no hay para nadie posiciones ventajosas, representaciones preconstituidas porque todo está en discusión. Y al vez pueda ocurrir con una discusión más compacta y argumentada, más atenta a los contenidos incluso las sugestiones del populismo pierdan su fuerza, su peso en la consciencia colectiva.  En todo caso, el pasaje de Berlusconi a Monti es el tránsito del embrollo mediático a la sobriedad de los contenidos. Puede ser la ocasión paa poner la política con los pies en el suelo. Pero el tiempo para esta operación  de verdad y bonificación del discurso público es bastante estrecho y nada nos garantiza de un posible retorno, incluso más amenazante, de la oleada autoritaria en el que pueda romperse nuestro equilibrio democrático. Si fallara otra vez, el contragolpe podría ser devastador. Sería mucho compartir el análisis y concordar con las preguntas; si éstas son justas se puede esperar que lleguen también las respuestas.    


Forum della rivista delle politiche sociali, Roma 24 de Noviembre de 2011.
Versión castellana: Escuela de Traductores de Parapanda.

domingo, 22 de enero de 2012

DEL FORDISMO AL TURBOCAPITALISMO Texto íntegro.



Se inicia con esta entrada una saga de ejercicios de redacción que servirán de base para el debate sobre “La ética de los empresarios y el mundo del trabajo” que tendrá lugar el 15 de febrero con motivo de la representación de Quitt, los irresponsables están en vías de extinción, e la pieza teatral de Peter Handke en el Lliure de Barcelona (*).  

Primer tranco

Todos hemos oído hablar del vínculo que estableció Max Weber entre ética calvinista y ética empresarial.  Lo que no se ha dicho –o al menos yo no lo he sentido--  es que la ética calvinista es incompatible (y represora de la) tolerancia. Los objetivos del empresario (y más concretamente del capitalismo) fueron expresados sin protocolo alguno por Milton Friedman en su artículo en 1970 en el New York Times Magazine: “obtener los mayores beneficios posibles”. Por supuesto, no es la única personalidad que ha hablado en esos tonos; lo traemos a colación porque esa literatura aparece en un momento clave: cuando, según las apariencias, el sistema ha perdido mordiente.  Era aquella, todavía, una época de esplendor del fordismo, el sistema empresarial y de vida que connotó profundamente el siglo XX. Hoy –y para nuestra reflexión de hoy— vale la pena decir que el sistema fordista es ya tendencialmente pura chatarra. Y, en aras a la contundencia, podemos decir que la granempresa fordista ha pasado a mejor vida y, más todavía, ha sido derrotada –o, si lo prefieren, substituida— por los nuevos capitales especulativos. Ahora bien, esa derrota o substitución mantiene la tradicional ética empresarial: obtener los mayores beneficios posibles en esta fase de innovación-reestrcuturación de los grandes capitales en un mundo global cuyo objetivo, en mi opinión, es la generación de una nueva fase de acumulación capitalista.  

En todo caso sería conveniente observar los principales rasgos de la ética de la granempresa, que se han hecho más visibles en la última fase del fordismo, y que en buena medida se están consolidando en los tiempos de hoy. De un lado, se ha acentuado el proceso de autolegitimación de la empresa y, de otro lado, los capitales se han ido extraterritorializando. En cierto modo ambas cosas han conducido a unos capitales autistas. Esto es, sin ninguna vinculación al territorio y a la sociedad. Lejos están aquellos tiempos en que, por poner un ejemplo local, la burguesía catalana propició importantes aventuras culturales cuya expresión más llamativa fue la construcción del Palau de la Música (1905 – 1908).  

La autolegitimación de la empresa ha conducido a su autorreferencialidad. Así pues, su ética no tiene vínculos y compatibilidades con la sociedad. Ella misma se corona como sistema en una especie de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.  Por lo tanto, desde esa óptica, sobran los poderes y controles que, aunque siempre insuficientes, podrían condicionar y parcialmente interferir a la granempresa. Esta es una primera consideración con respecto a la fase anterior, el fordismo. En efecto, a lo largo del pasado siglo, el fordismo se vio abocado a ceder (siempre de mala gana y tolerándolo en clave de fastidio) una parte de su hegemonía gracias a las acciones de los movimientos sindicales y de las izquierdas, muy concretamente tras la segunda posguerra.  En ese contexto se produjeron significativas conquistas sociales en derechos (bienes democráticos, en acertada expresión de Gerardo Pisarello) y en espacios de intervención de las izquierdas sociales y políticas con la construcción itinerante del Estado del Bienestar (welfare state).  

Segundo tranco

La autolegitimación y autorreferencialidad del sistema explican la ruptura de los vínculos de la empresa con la sociedad. Una y otra han acentuado, todavía más, el carácter ademocrático de la empresa, que ha sido visto por un agudo Umberto Romagnoli de la siguiente manera: “ … en la empresa no existe la posibilidad de un cambio de roles, gobierno y oposición permanecen siempre fijos”. Y en ese clavo remacha Antonio Baylos: “poder sin alternativa, contrapoder que nunca puede substituirlo” [Derecho del trabajo, modelo para armar. Trotta, 1991] Hablando en plata: la ética empresarial se autolegitima y autorreferencia sin aceptar alternativa alguna. Excepto, claro está, la interferencia del ejercicio del conflicto social que pone en entredicho no el uso del poder empresarial sino el abuso.    


Hasta tal punto ha llegado dicha ruptura de los vínculos con la sociedad –una de sus expresiones más generalizadas lacerantes es la corrupción generalizada-- se concreta en que el sistema es indiferente a sus propios fracasos, siempre justificados con la contundencia de una serie de nuevos lenguajes mixtificadores, toscos o sofisticados, que han sido copiados ad nauseam por la gramática política. Indiferente a sus propios fracasos, hemos dicho. Todas las recetas que ha ofrecido el neoliberalismo han llevado a considerables estropicios que dejaron países enteros en condiciones aún peores; y, sin embargo, se mantiene el mismo menú y el mismo argumentario. Lo más llamativo es que se sigue planteando la misma profilaxis que llevó a la crisis el año 2008. Aunque, aprovechando la ocasión, se apunta contra los derechos de una manera que parece desempolvar la famosa frase de Odilón Barrot: La legalite nous tue". De ahí los intentos de laminación, por ejemplo, del Derecho del trabajo y su traslado al iusprivatismo. De ahí la intentona de desforestación del welfare (de sus poderes, controles y recursos) hacia el mundo de los negocios que se autolegitiman y autorreferencian. Barrot es, así las cosas, la panacea, el bálsamo de Fierabrás. Y para lo que nos ocupa, la ética del sistema-business.  Que insiste machaconamente en ampliar desbocadamente las privatizaciones hasta límites paroxísticos, por ejemplo.     

La ética capitalista se propuso, a partir de los años ochenta, no tanto influir en la política sino hacer de ella su exclusiva prótesis, es decir, un sujeto cooptado. Parodiando el viejo dicho escolástico la filosofía de la política se convirtió en la criada de la teología del sistema. Y para decirlo con cierta contundencia:  la política instalada ya no es el partido-amigo del sistema-business sino su (agradecido) correveidile. De manera que no es exagerado afirmar que, así las cosas, las democracias han sido puestas en crisis por el sistema capitalista en su actual expresión que son los (llamados pacatamente) mercados financieros, que Chomsky calificó como “la espuma de las multinacionales”.  Una crisis que no es contingente sino de largo recorrido. Que, además, es vista –como diría Bruno Trentin de manera educada—distraídamente por la izquierda política. En resumidas cuentas, no es una exageración afirmar que los mercados mandan y los gobiernos gestionan dichos dictados.

Por otra parte el sistema capitalista, que no sólo ha cooptado a la política, se mueve como Pedro por su casa en esos amplios territorios de la globalización, favorecido por la ausencia de instituciones políticas globales al tiempo que no respeta ni siquiera aquellos organismos en los que está formalmente representado como, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. Así que, yendo por lo derecho: ya no estamos ante una ética local o nacional del capitalismo sino global. De una globalización esencialmente triádica, situada en los tres grandes núcleos que dominan la economía mundial: Norteamérica, Europa occidental y el Sudeste asiático. Lo que provoca una catastrófica ruptura del planeta entre esos tres focos cada vez más integrados y el resto de los países, especialmente los del África negra, cuyas poblaciones, de un lado, son cada vez más pobres, marginadas y excluidas; y, de otro lado, sojuzgadas por sus propias (macabras) élites locales en dependiente connivencia con los grandes capitales globales. Algo muy parecido a la descripción que se puede ver en 'El sueño de Celta',  la última novela de Mario Vargas Llosa.  De aquel universo, así en las metrópolis como en aquellas tierras de las que habla Vargas, salió la gigantesca acumulación de capital en el siglo XIX. De aquella ética que no aceptaba alternativas surgió el gran desmán, que hogaño quiere reeditarse plenamente.

Y hoy, igual que ayer, estamos ante la violencia del poder privado empresarial tal como ha sido visto por Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey en su ya famoso libro (1). Según Valeriano Gómez y Luís Martínez Noval  desde 2002 se han realizado siete millones de despidos,  el 60%, mediante despido exprés  en España (2). Lo que me lleva a insinuar algo que me ronda la cabeza de un tiempo a esta parte: el Estado ya no tiene el monopolio de la violencia. Hoy se trata de un duopolio: el del Estado y el del poder privado.    


Tercer tranco


Salir gradualmente de esta situación es tarea realmente difícil, pero no existe maldición determinista alguna que lo actual se perpetuará por los siglos de los siglos. La ética del turbocapitalismo no es algo definitivamente dado. La cuestión radica en la voluntad política en salir de esta fase participando en ese itinerario de largo recorrido el mayor número de coaligados, de buenas compañías en ese viaje. Hay que plantar cara al   mundo de las finanzas, “ese sistema que no tiene nombre ni cara, no será jamás candidato y no será elegido, y sin embargo, gobierna”, ha dicho François Hollande –no sabemos si desde la ética electoral o desde la ética de esa convicción--  en su reciente mitin en Le Bourget. Es más, ha prometido que para “controlar las finanzas” aprobará una nueva ley que obligará a los bancos “a separar sus negocios de especulación y crédito” y “prohibirá pura y simplemente los productos financieros sin relación con las necesidades de la economía real”. La norma establecerá un marco legal para las opciones por acciones y los bonus en los salarios de los directivos de las compañías financieras. Veamos como queda este Juramento de Santa Gadea: tiempo al tiempo. Ahora bien, algo similar, por ejemplo, podría acordarse en el próximo congreso del PSOE.

Este no es el momento para situar un proyecto alternativo porque desbordaríamos el carácter de este debate y, sobre todo, porque el tiempo de intervención no lo permite. Pero, a falta de ello, me parece conveniente proponer unos prerrequisitos para encarar con aproximada solvencia enfrentarse a lo que está sucediendo.

De un lado, estimo que las izquierdas deben abrir un nuevo capítulo y, de otro lado, también los movimientos sociales –empezando por el sindicalismo confederal--  reflexionar atentamente de qué manera encarar la situación.

A mi juicio, las izquierdas políticas deberían plantearse unos elementos mínimos de visible unidad de acción. No se está planteando el desdibujamiento de la identidad de unos y otros, sino simplemente la procura de un mínimo común denominador, verificado de tiempo en tiempo. Esto es, saber qué zonas de intersección, por mínimas que sean, comparten. Sin ir más lejos: a) en el terreno de la reforma de la política y su vinculación con la regeneración de la democracia, b) la revaloración social del trabajo.  Se trataría de un acercamiento de las izquierdas, enterrando la fatídica sentencia medieval mors tua vita mea.  Que traducido libremente viene a decir: tu derrota es mi triunfo. También, como se ha dicho, es el momento de los movimientos sociales como elementos de acción colectiva comprometida cotidianamente en la solución de una serie de problemas generales y particulares. Y, ¿por qué no?, es el momento de discernir hasta qué punto las izquierdas políticas y los movimientos pueden, a su vez, compartir diversamente una serie de planteamientos de regeneración de la democracia. 

Desde ahí, me permito indicar, sintéticamente, otro prerrequisito: que todo lo que se mueve en el escenario político y social salga definitavemente de su particular autarquía y ensimismamiento en el Estado-nación y ser –programática y organizativamente— sujeto activamente global. La actual personalidad de todo lo que se mueve es tendencialmente irrelevante para encarar los enormes desafíos de nuestros días.

Como diría aquel, tenemos un problema: el neoliberalismo tiene un proyecto no contingente, sino inmanente mientras que las izquierdas vamos a salto de mata. Si el sistema-business, según François Holland, es quien gobierna parece claro que los grandes perjudicados son quienes no están en la órbita, directamente o como clientes, de esa ética. La pregunta es: ¿es posible enfrentarse a esa situación en forma de desordenado tropel? Yo creo que no. Es más, yendo en tropel nos alejamos de la afirmación de Handke: los irresponsables están en vías de extinción, y nos acercaríamos desgraciadamente a lo que dijo Federico Caffé, a saber, los irresponsables tienen los siglos contados.    


 (*) Finalmente no pude asistir a este debate. 

 

 

Radio Parapanda.  UNA PRIMERA Y RÁPIDA LECTURA- PERSONAL- DE LOS ACUERDOS CCOO-UGT Y CEOE.

domingo, 15 de enero de 2012

LA DERROTA DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL Y LAS REFORMAS LABORALES


La machacona insistencia en las reformas laborales y, sobre todo, el carácter de las mismas es, a mi entender, otra consecuencia de la derrota del capitalismo industrial por parte de los capitales especulativos, de eso que se ha dado en llamar el turbocapitalismo. Una derrota a la que indirectamente alude un trabajo que mañana publicaremos a cargo de Joaquim González, secretario general de Fiteqa-CC.OO.

El capitalismo industrial, al que a lo largo y ancho del pasado siglo se ha enfrentado el sindicalismo confederal, no había tenido más remedio que asumir (con desagrado, por supuesto) la existencia de ciertas normas, que con frecuencia violaba, de obligado cumplimiento que, de un lado, garantizaba el poder contractual del sindicalismo y, de otro lado, tutelaba el Derecho del Trabajo. En ese campo siempre asimétrico se desarrollaba el conflicto social que fue, también, motor de desarrollo de la industria.

No es el momento, ahora, de relatar cómo y de qué manera el turbocapitalismo fue arrollando a los tradicionales capitanes de industria, simplemente dejaremos constancia de  ello. Ahora bien, mutatis mutandi,  fue apareciendo un nuevo paradigma que propició la crisis de principios de la primera década de este siglo y, especialmente, la actual. Frente a ello podemos convenir que las izquierdas políticas –según afirmó educadamente Bruno Trentin sin querer hacer sangre—“estuvieron excesivamente distraídas”.  

Al turbocapitalismo le sobraban los bienes democráticos que representaban los derechos sociales y los controles (asimétricos, hemos dicho y, también, insuficientes) en la economía: así en el centro de trabajo como en los institutos de protección social. En ese estadio, el ejercicio del conflicto social era no sólo una interferencia sino un contrapoder inadmisible.

Por lo tanto, había que, primero, desnaturalizar todo el universo de la contractualidad y, a continuación, poner las bases del retorno a las viejas épocas de antaño. Así pues: rumbo al Siglo XIX. Pero no con la hegemonía del capitalismo industrial sino con el bastón de mando de la financiarización salvaje de la especulación más estridente. Un capitán de industria, no un aguerrido sindicalista, como  Claude Bébéar afirma que “sólo la debilidad de los empresarios explica las licencias que se toman los bancos” (1).

Las consecuencias de todo ello saltan a la vista: un país de nuevos ricos está generando masivamente nuevos pobres que se suman a los de siempre. Cosa que no interesa lo más mínimo a quienes insisten en el carácter de las reformas laborales que proponen. Pero, por lo que se ve, tampoco pestañea esa legión de zanguangos del empresariado industrial que no ve que la vida del turbocapitalismo es la muerte de ellos mismos. “Ya vendrá el Estado a echarnos una mano”, parecen decirse estos hojalateros de hogaño.

En esa tesitura el desarrollo industrial no está presente en discurso oficial alguno (ni ahora, ni antes, todo hay que decirlo): subvenciones, subvenciones y subvenciones.


(1)      Claude Bébéar en Acabarán con el capitalismo (Paidós Estado y Sociedad. 2003)


Radio Parapanda.  LUCHA CONTRA EL PARO.    Escribe Javier López.




sábado, 14 de enero de 2012

ECONOMÍA Y POLÍTICA. La puerta de salida está a la izquierda


Con la seguridad de que mi diario personal sólo lo leerán mis nietos me dispongo a escribir con la desenvoltura de que lo dicho podrá ser juzgado con benevolencia familiar y una vez pasados algunos años. No me atendré a partir de seguridades pues, como dejó dicho doña Amalia Rodrigues (sólo) “una casa portuguesa es, con certeza, una casa portuguesa”. Así pues, le digo a mi diario lo que sigue.

Hasta el día de hoy los mercados le han dicho a los gobernantes lo que tienen que hacer. Naturalmente las agencias de calificación han hecho tres cuartos de lo mismo. Ahora bien, para que la batahola de disposiciones políticas y administrativas pudiera colar, los gobernantes europeos (por supuesto, también los de nuestro celibérico lugar) manifestaron –y siguen erre que erre en con la misma música— que, de esa manera, se saldría de la crisis y se entraría en la senda de la creación de empleos. Como era de esperar don Mariano Termidor –en el puente de mando de su bajel bergantín, viento en popa a toda vela— anunció, y está en ello--  una serie de medidas de alto calado. Sin embargo, ni los mercados ni las agencias de calificación –al contrario del famoso tango de Gardel-- ni duermen ni descansan: vuelven a rebajar la deuda soberana a nueve países y, entre ellos, a Celtiberia. El músculo y la imaginación de Standard Poor´s, ya se ha dicho, ni duerme ni descansa.  

Apunto en mi diario: primero fue la estrecha alianza entre la política y la economía que, aunque desigual, siempre tuvo un cierto cuidado en guardarse las espaldas mutuamente; después, andando el tiempo, la economía, limando ciertos barrotes, procuró cooptar a la política. Ahora se ha abierto una nueva situación: la ruptura de las relaciones entre la economía y la política. La primera hará lo que quiera y obligará, sin pacto alguno, a la política a hincarse de rodillas. Una realidad que va más allá de los sueños de aquel bribón de Friedrich Hayek, sea dicho con todos los respetos.

Claro, no es que en tiempos pasados hubiera una autonomía real -–lo que se dice real---  de la política con relación a la economía. Pero sí existían unas reglas que permitían un cierto juego. Y cuando la socialdemocracia gobernaba, de motu proprio o empujada por el conflicto social,  era posible maniobrar sobre la base del ejercicio de la aplicación de las reglas. Es a saber, la política tenía unos ciertos márgenes que ampliaba en función de su carnet de identidad y del apoyo del conflicto social.

La derecha, según todos los indicios, no está por la labor de recuperar la autonomía de la política. Por otra parte, el partido mayoritario de la izquierda española parece considerar que lo ocurrido el 20 de noviembre pasado ha sido sólo un incidente en el camino sin querer ver, a lo que parece, la ruptura de la alianza histórica entre la economía y la política. Más o menos lo que piensan sus amigos, conocidos y saludados de la izquierda mayoritaria europea.       

Y siguiendo en la intimidad de lo que se escribe en el diario personal dejo sentado lo siguiente: cuando empiecen los brotes verdes de la recuperación de la política seguiremos hablando. Hemos entrado, es verdad, en el Infierno, pero en la puerta no está el cartel que puso Dante: Lasciate ogni speranza voi ch´entrate.  Antes al contrario, la puerta de salida está al fondo: a la izquierda. 


Radio Parapanda.  DÉJÀ VU  Escribe Mastrobaylos

r.Radio”

miércoles, 11 de enero de 2012

CONFLICTO SOCIAL Y AFILIACIÓN SINDICAL



Antonio Baylos ha terciado en el debate sobre el conflicto FORMAS NUEVAS Y VIEJAS DE EXPRESIÓN DEL CONFLICTO al que nos referíamos hace pocos días.  En esta ocasión intentaremos avanzar otra pincelada con la idea de que, cuando tengamos más material, se procedería a darle un cuerpo más compacto. Naturalmente, si el tiempo lo permite. En todo caso conviene hacer una aclaración: aunque el ejercicio del conflicto no se circunscribe al sindicalismo, nosotros nos vamos a referir sólo a esta faceta.

 

Una reflexión sobre el ejercicio del conflicto social ha de partir de una ineludible consideración: el sindicalismo es un sujeto-conflicto. Es más, incluso cuando negocia en cualquier ámbito lo hace desde su personalidad claramente alternativa, es a saber, conflictual. De manera que el uso de las “formas nuevas y viejas de expresión del conflicto” se inscriben el carácter que debe tener el sujeto social.  Estamos, por así decirlo, ante algo no sólo descriptivo sino fundamentalmente prescriptivo. Y remachando el clavo: esta no es una cuestión contingente sino inmanente.

 

Es cierto que la personalidad conflictual le viene por la naturaleza alternativa que expresa el proyecto-que-se-organiza, no por el que retóricamente se fija en los libros sagrados de los congresos. Vale decir, aquello que se aplica o, si se prefiere de manera más ampulosa, por la praxis sindical. Por otra parte, es de cajón que no es irrelevante en todo ello el volumen de su fuerza establemente organizada, esto es, de la afiliación. Por ejemplo, un sindicato (solamente) de cuadros sin una voluminosa fuerza afiliativa que le acompañe es una organización limitadamente conflictual. Por lo demás, tengo para mí que existe una relación entre el ejercicio de cada conflicto puntual y el nivel de nueva afiliación que se  consigue. Pongamos por caso un convenio concreto: la bondad de lo conseguido debe medirse, también, por el consenso activo –por la afiliación nueva que ha concitado— tras la finalización de dicho convenio, tanto si ha concitado o no una determinada movilización.

 

Ello adquiere más importancia, si cabe, en los momentos actuales y, sobre todo, a partir de ahora. Porque, aunque los niveles de participación en el ejercicio puntual del conflicto son relevantes, lo cierto es que la afiliación –esto es, la fuerza estable--  no está a la altura de los desafíos en esta etapa donde confluye, de un lado, una potente innovación-reestructuración tecnológica en el cuadro de una crisis económica de enormes proporciones y, de otro lado, un ninguneo de los poderes políticos y económicos del conflicto social. Se me dirá, con razón, que son cosas sabidas. Pero es más verdad todavía que son cosas que parecen olvidadas.  

 

  

martes, 10 de enero de 2012

CON LICENCIA PARA DESPEDIR



Como se ve en el magnífico artículo de Umberto Romagnoli (publicado en el diario Il Manifesto), el pensamiento de los juristas y economistas del capital es el mismo en todas partes. Son poco originales los empresarios españoles y sus ideólogos cuando piden eliminar el papel del juez en el control de la decisión de despedir, especialmente por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción y, más en general, los despidos objetivos. Si el diseño estratégico de los empresarios es supranacional, parece que las respuestas sindicales tendrían que ser una combinación de acciones nacionales, pero, sobre todo, supranacionales.






EL RETORNO DE LA LICENCIA PARA DESPEDIR [1]

Umberto Romagnoli


El trabajador puede legítimamente dimitir en todo momento sin ni siquiera decir por qué. Pero, si es despedido, puede obligar al empresario a que convenza al juez de que el despido es justificado y, si este no es capaz de hacerlo, será indemnizado. Es lo que he enseñado a mis estudiantes durante muchos lustros. Pero no antes del año académico de 1966-67. En efecto, fue en julio de 1966 cuando una ley rompió con una larga tradición jurídica, codificada en 1942, según la cual para extinguir el contrato de trabajo bastaba la voluntad de una de las partes, con la única obligación de preavisar; aunque el despido sea una medida que, mientras para quien realiza puede ser incluso un capricho, para quien lo sufre puede ser un drama.

Probablemente, sin embargo, durante el año académico 2011-2012 los estudiantes de los cursos de derecho del trabajo deberán metabolizar conceptos sensiblemente diversos. En efecto, parece inminente la revisión  de la legislación vigente que presumiblemente equiparará la libertad económica del empresario a la libertad personal del trabajador a su servicio, en la medida en que el despido tendrá un tratamiento más próximo al previsto para la dimisión y menos penalizante que el actual.

Esa proximidad no exige la abrogación del art. 18 [2]. De hecho, ahora es impropio colocarla en el centro de la reforma; como por el contrario sucedió hace diez años, cuando la norma estatutaria recibió los dardos del gobierno Berlusconi por su dureza sancionatoria, que (como es sabido) toca el punto más alto con la reconstrucción, no solo formal de la relación de trabajo sino con la efectiva reintegración del trabajador sustituible por una indemnización de 15 meses a elección del trabajador injustamente despedido. Esta vez, no. La agresión no viene propuesta en estos términos. En parte porque es una insensatez desafiar de nuevo la ira popular y en parte porque en estos 40 años de experiencia se ha comprendido que la readmisión del trabajador injustamente despedido no es en absoluto automática: o es espontánea o no es.

Si se mira bien, el ataque a la regulación vinculante del despido ha cambiado de dirección.  No es ya la radicalidad del aparato sancionatorio el dato normativo a eliminar. Más bien es la radicalidad de la revocación de la licencia para despedir sancionada en la ley del 1966. En realidad esta es la ley que desarrollando los input de la preexistente contratación colectiva interconfederal en el sector de la industria, prohíbe los despidos impuestos no solo por motivos ligados a comportamientos del trabajador reconducibles a “notables” incumplimientos contractuales, que el léxico jurídico define como “subjetivos”, sino también por motivos “inherentes a la actividad productiva, a la organización del trabajo y al regular funcionamiento de la misma”, que el mismo léxico define “objetivos”.

La extensión de la prohibición y la indeterminación de su formulación textual lo transforman en un vínculo destinado a retroactuar sobre la gestión de la empresa y, por lo tanto, a chocar con la garantía constitucional de la libertad de iniciativa económica, pero no es que la disposición legal sea anticonstitucional. Puesto que, según la constitución, la libertad de empresa “no puede desplegarse en contra de la utilidad social”, es pura ideología sostener que el despido –solamente porque sea impuesto por motivos objetivos- sea en si socialmente útil. Usado para hacer cuadrar las cuentas de la empresa, se constituye como el resultado de un cálculo de conveniencia que el empresario efectúa contrastando la utilidad económica de mantener al trabajador y las ventajas que le procuran su despido. Pero, de acuerdo con lo pensado por los autores de la ley del 1966, toca al juez -¿y a quien si no?- establecer la entidad del sacrificio que razonablemente impone a la empresa. Por esto los reflectores han estado siempre apuntando a la aplicación que los jueces hacen de la ley limitativa del despido.

Para apreciar de modo pleno el impulso que han tomado los propósitos revisionistas, de los que hoy están llenas las crónicas, con la mirada puesta en la praxis jurisprudencial, es suficiente referirse a la indulgencia de la casta empresarial (y de sus abogados de confianza) hacia la disposición legislativa de 2001 que consiente “la adición de un término a la duración del contrato frente a razones de carácter técnico, productivo, organizativo”. Sin embargo, también aquí se está en presencia de una definición legal del motivo justificado de la predeterminación de la duración del contrato de trabajo que, como en el caso del motivo justificado de despido, deja al juez una amplia discrecionalidad valorativa de resultado incierto. Aunque el efecto limitativo de aquella norma no puede decirse que se haya debilitado por el filtro judicial, se está de hecho produciendo bien sea porque el fenómeno de la precarización está alimentado por una impresionante cantidad de contratos estructurados de diverso modo por la ley de 2003 como alternativa a la figura clásica del contrato a término, bien sea porque son muchos los factores que impiden a los precarios acudir al juez, muchos más de los que pueda tener un trabajador despedido. En suma, el contencioso judicial relativo a la licitud de la imposición de un término final a la relación de trabajo, cuantitativamente inferior al de la controversia en materia de despido, no preocupa.

Esto significa que también la presión para re-regular el despido sería menos violenta si no hubiese decisiones acumuladas de los jueces (del pretor de provincia hasta la casación) que se las ingenian –con la sabiduría empírica de que son capaces y el patrimonio de conocimientos de que disponen- de buscar un aceptable equilibrio entre la tutela del interés de los ocupados a la conservación del puesto de trabajo y el interés del empresario a reducir los costes empresariales. Por esto, todo el problema nace del hecho de que la casta empresarial esperaba que la magistratura se limitase a aceptar la coherencia del nexo de causalidad entre la motivación del despido y la decisión de despedir, convalidando la valoración hecha por la empresa. Viceversa, ha asistido con creciente frustración a la formación de una orientación tendencialmente hostil a la idea de que despedir por motivos “objetivos” sea una medida de adecuación automática a las exigencias objetivas que solo la empresa es capaz de evaluar. Es decir, la jurisprudencia es considerada un obstáculo a la llamada flexibilidad de salida porque es propensa a considerar injustificados los despidos que, aún siendo adoptados por motivos objetivos, se han decidido sin tomar en adecuada consideración el interés sacrificado.

Una actitud de este tipo –hija de una concepción de la libertad de empresa alejada de la cultura tecnocrática dominante- no ha agradado jamás a los gobiernos Berlusconi, los cuales han comenzado pronto a manifestar su contrariedad: en principio en el Libro Blanco de 2001 y, de seguido, creando un conjunto de incentivos para la composición extrajudicial de los litigios de trabajo que expresa una incomprensible desconfianza hacia los jueces. En esta dirección va una norma contenida en el chapucero paquete legislativo denominado “ collegato lavoro” (relacionado con el trabajo) aprobado por el Parlamento en 2010, en donde se afirma que “en todos los casos en los cuales las disposiciones legales contengan cláusulas generales” –como en materia de despido o de contratación de trabajadores a tiempo determinado y, en general, de “ejercicio de poderes de dirección”-  “el control judicial queda limitado exclusivamente a la comprobación del presupuesto de legitimidad y no puede extenderse al análisis de fondo sobre valoraciones técnicas, organizativas y productivas que competen al empresario”. Con este tono, tan profesoral y fuera de lugar, se imparte a los jueces la directiva hermenéutica  de imitar el íter argumentativo querido a los sofistas: “post hoc ergo propter hoc”. Se puede también ironizar sobre el deseo del legislador de condicionar el proceso de formación del convencimiento del juez a fin de privilegiar a priori uno de los intereses en juego. Va dado, sin embargo, que la estrategia de deslegitimación y marginación del papel de los jueces (no solo) del trabajo, teorizada en la era berlusconiana, ha gozado siempre de consensos políticos transversales y son tantos los que comparten que, si se quiere en serio que el papel de estos jueces sea sustancialmente de estilo notarial, es necesario establecer netamente que el asunto del despido por causas “objetivas” quede fuera de cualquier control. No por casualidad el gobierno Monti mira con simpatía un proyecto de ley (que no es del Partido Democrático, pero está en la operación) presentado por un grupo de parlamentarios del PD (el primer firmante Pietro Ichino), donde se prefigura un singular acto civilmente licito y, no obstante esto, productivo de daños en alguna media resarcibles: como, por ejemplo, el despido por motivos “objetivos” que se convierte así en un instrumento ordinario y normal de gestión de la empresa fuera de control. En efecto, también este es un modo de celebrar la apología de la escuela de pensamiento que predica “más sociedad, menos Estado”. Un Estado cuyos jueces tienden a considerar el despido una extrema ratio, cohonestándolo solo si se persuaden que no hay otra alternativa.

Si al final viene a la luz esta especie de salvoconducto judicial de una de las más significativas manifestaciones del poder de directivo empresarial, la primacía de la empresa en la sociedad será reconfirmada y el proceso de restauración de la autoridad patronal acelerado. Pero sería arbitrario, porque la constitución atribuye al conjunto de los componentes de la Republica – sin exclusión alguna- la tarea de “promover las condiciones hacen efectivo el ejercicio del derecho al trabajo”: entre los cuales está comprendida una verificación del correcto ejercicio del poder de despedir.




[1] Traducción Joaquín Aparicio Tovar.
[2] Se refiere al art. 18 de Lo Statuto dei lavoratori que impone la reintegración al puesto de trabajo, como se explica más adelante, haciendo referencia a la ley del 66, la cual da al juez la facultad de declarar la nulidad del despido sin justa causa o motivo  justificado (Nota del traductor).

Este trabajo se encuentra también en el blog "Desde mi cátedra" (Joaquín Aparicio) de donde lo hemos abducido.