El Marqués de Condorcet
Otra desgraciada muestra de la deconstitución de la democracia o de la corrosión del carácter de la democracia (como ustedes quieran, ya
sea con Luigi Ferrajoli o con Richard Sennet) es el ya normalizado ejercicio de
la Ley de
Acompañamiento que se utiliza en todos los parlamentos a la hora de debatir (es
un decir) los Presupuestos, ya sean del estado ya de las autonomías: un
ejercicio autoritario en el que han caído los gobiernos de distinto color.
Como es sabido la Ley de Acompañamiento es un batiburrillo (o, si
se prefiere, un comistrajo) de novaciones legislativas de la más variada
significación que han llegado a contabilizarse por centenares. Así pues, en
dicha Ley cabe desde una variación de impuestos, a la reforma de la Ley de defensa de las Aromas
de Montserrat hasta la revisión del modelo audiovisual pasando por decenas y
decenas de otras de mayor o menor cuantía. De ahí que un ocurrente la llamara Ley Ómnibus. Que se discute (es un
decir) en menos que canta un gallo. Lo hizo Jordi Pujol, fue imitado también
por el tripartito de izquierdas y, a continuación, el tripartito de derechas
(los dos nacionalistas y el Partido Popular) lo han puesto en práctica. Todos
ellos han sido y son responsables de esta corrosión de los procedimientos que
son parte constituyente (no suficiente, pero sí necesaria) de las
democracias. Durante estos días en
Catalunya se ha vuelto a usar la fórmula que ha llegado a tener niveles
peristálticos, o sea, una auténtica canalera legiferante.
El miércoles pasado se aprobó (con los votos de CiU,
el Partido Popular y el inefable Joan Laporta, ex presidente del Barça, Barça,
Barça) la modificación de las leyes que regulan el modelo audiovisual de
Catalunya. A partir de ahora habrá una considerable reducción del pluralismo en
sus órganos de control. Si hasta ahora hacían falta dos tercios de la Cámara para elegir a los
integrantes del consejo de gobierno, ahora basta con la mayoría simple. Así pues, lo que fue discutido en su día
pormenorizadamente (como el conjunto de las leyes que ahora se modifican) en
esta Ley de Acompañamiento se zanja en un abrir y cerrar de ojos, garantizado
por la berroqueña ortopedia de los brazos de madera. La excusa que han dado,
con esa decisión, estos representantes de la caspa y la brillantina es que de
este modo se aplica la austeridad.
Pues bien, de esta manera se
da un paso más por parte del poder político para controlar la información y la formación
de la opinión pública. Lo que nos lleva a Nicolas
de Condorcet quien dejó escrito que “controlando la
información el poder político persigue la homologación política e ideológica,
haciendo que los ciudadanos no aprendan nada que no sirva para confirmarles en
las opiniones que sus gobernantes quieran suscitar en ellos”. Y si como el
comité de empresa de RTV catalana teme que tales medios puedan ser privatizados
estaríamos ante la subordinación de la libertad de información a la propiedad
de los medios de comunicación, que incluso está alejada del pensamiento liberal
(no he dicho neoliberal, ojo). Así las cosas, vale la pena preguntarse: ¿la
libertad de información es una variable dependiente del mercado o es un
principio y un derecho fundamental, constitucionalmente establecido? Que la
pregunta es retórica salta a la vista: conocemos la respuesta en las dos
direcciones. Para la santa alianza de los nacionalistas con Rajoy la respuesta
es: sí, la libertad de información está en función del mercado; para la
izquierda debería ser radicalmente lo contrario. Y en ese deber ser tiene que actuar sin complejos.
Seguiremos
atentos.
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