Joaquim González Muntadas
Imaginemos un país en el que la
debilidad de la demanda interna no permite impulsar las inversiones
privadas; en el que el déficit de las
cuentas públicas es tan elevado que impide la realización de un plan de
inversiones públicas capaz de activar el crecimiento económico; un país muy
heterogéneo en cuanto a la competitividad de sus empresas, la calidad de los servicios, los niveles de rentas y necesidades
sociales.
Supongamos que nos preguntamos acerca de
cómo provocar, en este supuesto país, un
crecimiento competitivo basado en la difusión de la innovación. Podríamos
pensar en facilitar el acceso de los sectores productivos a la tecnología, al
conocimiento y a las competencias,
confiando en que una mayor disponibilidad de estos recursos facilitará su mas
provechosa utilización. Sin embargo, poner en marcha esta política precisa una
programación nacional e importantes apoyos presupuestarios públicos y no podríamos hacerlo puesto que, este imaginario país, ni dispone
de recursos públicos, ni su sistema productivo – posicionado en bienes de bajo
valor añadido, con una dimensión empresarial baja - está en condiciones de absorber eficaz y
eficientemente esos nuevos recursos innovadores.
Si por el contrario, tuviésemos la
fortuna de vivir en un país en el que ya hay conocimiento (a pesar de los
desequilibrios estructurales y la escasez de recursos públicos), las
competencias y la innovación tecnológica ya existen y están disponibles (prueba
de ello son los indicadores de la exportación de algunos segmentos y de los
recursos humanos), pero no se utilizan porque el sistema productivo tiene
dificultad para relanzarse, sería más fácil imaginar “políticas industriales”
de utilización y difusión de la innovación. En este caso ,resultarían más
eficaces actuaciones desde el lado de la oferta productiva, con posibilidad de identificar las
innovaciones y difundirlas.
Sin duda en España coexisten los rasgos
de cada uno de estos países. Pongamos el ejemplo de un sector central en
nuestra economía, la construcción. Existen tecnologías y conocimiento en materia de construcción sostenible e
ingeniería punteras en algunas de sus prestaciones. Sin embargo, la
construcción residencial y de servicios, no está proyectada para ahorrar
energía ni tampoco para producirla, no tiene una relación estable con la
demanda de vivienda. Seguramente impulsar una gran programación de cambio en el
sector es una opción bastante más eficiente que una deducción en el IPRF, que
para lo único que sirve es para sostener artificialmente las compras. Pero
también lo es, y puede ser más eficaz,
impulsar pequeños cambios en los puntos con mayor proyección de futuro
haciendo que las normativas, en todos
los ámbitos, vinculen una parte de las nuevas construcciones con los requisitos
de futuro: calidad y ahorro de energía. Esta es una opción que además de ser
económicamente sostenible para las
administraciones públicas, es inmediatamente
aplicable, y favorece una transformación cualitativa del sector, actuando desde el lado de la demanda.
Se pueden identificar en muchos campos
ejemplos análogos de saltos potenciales de innovación, suscitados por actos
administrativos no onerosos: ciclo de los residuos y desechos, textiles
técnicos, transportes locales, redes intangibles, seguridad alimentaria,
química farmacéutica, asistencia social,
seguridad vial, contaminación atmosférica, etc. En todos estos campos, y seguro
que en muchos más, si se piensa en profundidad en el asunto, la demanda de
innovación puede ser un acicate determinante para la innovación de las
empresas. Esto es lo que nos enseñan los
países más avanzados.
La evolución de la inversión en I+D+i en
las dos últimas décadas muestra que la mayor distancia española con la Unión Europea no está
en el componente público sino en el privado. Las empresas españolas invierten
poco en investigación, desarrollo e innovación, siendo obvio que progresarían
mucho más si lo hicieran, puesto que ganarían competitividad con terceros. La
tesis, en consecuencia, consiste en reconocer de un lado, la urgente necesidad
de superar nuestra historia, llena de tópicos y grandilocuentes definiciones
genéricas, muchas veces vacías cuando de la
política industrial y la innovación se trata y , de otro, sostener que el crecimiento competitivo se
puede activar con políticas que impulsen una demanda cualificada que facilite
“encontrar” y transferir conocimiento e innovación y actuar sobre la dinámica
general del mercado y la demanda del producto. Es decir, analizar con detalle
las deficiencias para intentar cubrirlas con medidas concretas y cercanas.
Lógicamente estas medidas pueden
acompañarse de recursos públicos cuando no hay financiación suficiente, pero lo
importante no es su acepción de gasto sino las facilidades que deben tener las empresas para incorporar estos planes y ser capaces de atender a sus requerimientos. La
innovación estaría, pues, acompañada de
instrumentos de apoyo de naturaleza fiscal y crediticia: fondos de garantía
(capital riesgo) para reducir el riesgo bancario y facilitar el crédito a las
empresas, sobre todo pequeñas que intenten asociarse, para afrontar el salto
tecnológico impuesto por el mercado, y de conciertos, con financiación pública,
entre las empresas (pequeñas y medianas) con la universidad y los centros de
investigación.
El proceso de la política industrial
desde abajo, con identificación de las
necesidades y la difusión de la innovación que hemos ilustrado, presupone que
hoy padecemos de escasez de demanda y no de innovación y, lo más
importante: que debe existir un compromiso claro por la innovación de
los gobiernos central, autonómicos y locales y también una disponibilidad
sindical para situar la innovación y la formación permanentes en el centro de
sus políticas, en todos y cada uno de los ámbitos en los que interviene,
empezando en las empresas y los sectores, siguiendo en los observatorios
industriales, en la negociación colectiva, en el dialogo social, en la
concertación local, autonómica y estatal. Ello implica que debemos
impulsar la innovación en todas y cada
una de las plataformas de dialogo: patronales, sindicales y administraciones ;
crear instrumentos que impulsen y
faciliten la alianza de las pequeñas y medianas empresas a fin de
mejorar su tamaño, y tener como
objetivo la cooperación innovadora, porque son condiciones hoy todavía posibles
pero no de duración indeterminada.
Joaquim González Muntadas
Secretario
General de FITEQA CCOO
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