LA NUEVA CLASE DE LOS ESPECULADORES. Polémica con Joan Manau

[Carles Navales departiendo con un lector de La factoría]

Joan Manau Valor,Secretario de Organización de la Federación Vallès Occidental Sur del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), ha escrito un importante y sugerente artículo en La factoría: ¿Qué hacer?: Análisis y respuestas desde el socialismo democrático. Comoquiera que lo manifestado por el dirigente socialista tiene su interés, me propongo comentar lo que parece ser la propuesta estrella de sus reflexiones; en aras a no ser excesivamente largo, hago abstracción de lo que podríamos denominar las premisas que le llevan a dicha propuesta. Me permito citarla a pesar de su extensión para mayor comodidad en la lectura.

Joan Manau manifiesta: "La primera nueva y gran alianza tiene que ser entre trabajadores y empresarios, una alianza contra la nueva clase de financieros especuladores. Hoy por hoy es absolutamente necesaria esta alianza en el ámbito de todos los actores de la empresa productiva, de empresarios y trabajadores, frente a los especuladores financieros. Los convenios colectivos ya no han de ser una lucha entre empresarios y plantillas sino una alianza mutua. Deben ser un pacto en el interés común para salvar el barco en el que viajan ambos sectores. En el mundo de la empresa existe un reparto de funciones. Por un lado, el empresario invierte, se juega su patrimonio y dirige la empresa buscando mercados para sus productos. Por el otro lado, los trabajadores elaboran la producción y siguen las directrices del empresario. Cada uno tiene su responsabilidad, pero todos tienen un interés común: la buena marcha de la empresa. En el contexto actual, los empresarios del tejido productivo son tan víctimas como los trabajadores de la independencia y globalización del sistema financiero respecto a la economía productiva. Los desmanes y el descontrol de las operaciones financieras internacionales acaban repercutiendo en la buena marcha de la economía productiva. Y no es difícil imaginar las sonrisas de las grandes corporaciones financieras cuando ven como empresarios y trabajadores se entretienen en una lucha sectorial y de corto alcance, en una negociación de convenio colectivo, para arrancar unas décimas de más o de menos en los salarios. Y es que, mientras, no se presta ninguna atención al verdadero problema, que consiste en poner barreras al campo, es decir, en regular la actividad financiera global. No se puede dejar de tener en cuenta que expresiones como "ingeniería financiera", "contabilidad creativa" y algunas otras no son más que diferentes eufemismos para esconder actividades que siempre se han conocido por el nombre de estafas". Fin de la cita.


Pues bien, el autor propone una alianza entre “trabajadores” y “empresarios” contra la `nueva clase de empresarios especuladores´; más adelante plantea una “alianza mutua” en el escenario de los convenios colectivos, que a continuación define como “pacto” frente a los especuladores financieros. Más adelante se comentará. De momento, me interesa hacer notar que no aparece en el texto de Manau ninguna exigencia (o yo no he sabido verla) dirigida a los poderes públicos supranacionales, para que gradualmente, pongan coto a esos caballos desbocados de los empresarios especuladores. Y sin embargo existe abundante literatura al respecto; por ejemplo, sin ir más lejos algunas de las propuestas del grupo, liderado por Felipe González, Proyecto Europa 2030: Retos y oportunidades, especialmente cuando lúcidamente reclama: “Urge la reforma del funcionamiento de las instituciones financieras y de sus mecanismos de vigilancia y control para evitar que estemos incubando ya la próxima crisis” [1]. Abro paréntesis: no parece que nadie haya cazado responsablemente la advertencia de González: “para evitar que estemos incubando la próxima crisis”.


Joan Manau nos dice: Hoy por hoy es absolutamente necesaria esta alianza en el ámbito de todos los actores de la empresa productiva, de empresarios y trabajadores, frente a los especuladores financieros. Los convenios colectivos ya no han de ser una lucha entre empresarios y plantillas sino una alianza mutua. Primera observación: no se nos aclara directamente qué sujetos orgánicos establecen la alianza o pacto. Se sobreentiende que deberían ser –dado el modelo dual de representación en España-- tanto los comités de empresa como los sindicatos. Segunda observación: el autor tampoco nos aclara el vínculo existente entre la negociación colectiva y la lucha contra los especuladores financieros. Yo, francamente, no sé verlo, y pienso que al autor le costará bastante aclararlo. Por lo demás, es bien sabido que –hoy por hoy— la negociación colectiva, así en España como en Europa, tiene un fuerte componente “nacional”, cuando el mundo de los especuladores financieros está instalado en el marco de la globalización. De eso hemos hablado largo y tendido en ISIDOR BOIX Y LÓPEZ BULLA CONVERSAN SOBRE EL SINDICALISMO GLOBAL [2]. Decididamente no tengo más remedio que afirmar que es, a todas luces, inviable trasladar al escenario de las relaciones laborales (incluso en un marco trasnacional) la acción contra los especuladores financieros.


Por lo demás, me ha llamado la atención la visión tradicional que Manau tiene sobre la división de funciones en la empresa: Por un lado, el empresario invierte, se juega su patrimonio y dirige la empresa buscando mercados para sus productos. Por el otro lado, los trabajadores elaboran la producción y siguen las directrices del empresario. Aclaro: yo no planteo la creación de un soviet, ni un movimiento consejista. Simplemente afirmo que, con esa división tradicional, no se acomete nada de largo aliento. Porque, digamos las cosas con claridad, lo que se nos está planteando –“seguir las directrices de la empresa”-- es el planteamiento taylorista. Sobre chispa más o menos, don Federico Taylor, el gran capitán de industria norteamericano, afirmaba eso, apoyándose en un constructo potente: “Si la organización del trabajo es científica, ¿para qué queremos a los sindicatos?”. Obviamente para “seguir las directrices de la empresa”. En resumidas cuentas, tengo la impresión de que Manau, al menos en esta ocasión, entiende la empresa como algo definitivamente dado, inmutable. Lo que haría prácticamente imposible “conquistar porciones de codeterminación (atención, no dice cogestión, que es otra cosa), humanización del trabajo y rehabilitación del trabajo creativo”, según dejó enseñado Bruno Trentin [3].


En resumidas cuentas, la gran preocupación de Joan Manau (“mientras, no se presta ninguna atención al verdadero problema, que consiste en poner barreras al campo, es decir, en regular la actividad financiera global” ) es sobradamente justa, pero el mecanismo del endosamiento, aunque fuera parcial, al terreno de las relaciones laborales no tiene sentido.


Le pregunto a Joan Manau: ¿podemos seguir debatiendo al respecto? Afectuosamente, JLLB Por mi parte, dejo que mi albacea testamentario, Carles Navales, lo organice según su recto parecer y (casi siempre) buen gobierno.



[1] http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=553

[2] http://lopezbulla.blogspot.com/2010/05/isidor-boix-y-lopez-bulla-conversan.html

[3] Bruno Trentin: “Sindacato dei diritti, etica della solidarietà”. XII Congreso Nacional de la CGIL, Rimini, 23 – 27 Octubre de 1991. Ediesse, Roma 1991.

Radio Parapanda. Mastrobaylos nos dice: SOBRE LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS : ANTE LAS DUDAS SOBRE SU DESARROLLO CONCRETO.

LA REDUCCIÓN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: depreciación del valor del trabajo del empleado público

Nota prescindible. Me importa decir que en A Coruña he podido constatar la gentileza de sus habitantes, la belleza y pulcritud de la ciudad, los exquisitos productos de la tierra, que en otros lugares estarían por las nubes y costarían un ojo de la cara. Pueden comprobarlo. Además, mi mujer y un servidor (de ella y de ustedes) tuvimos un complemento económico no despreciable: como el tren llegó con hora y media de retraso, RENFE nos devolvió íntegramente el precio de ambos billetes. Algo nos gastamos de ello en casa Baldemero en la Avenida de Hércules, 34. Y ahora vamos a lo que vamos. Recientemente mi sobrino Antonio Baylos ha publicado un primer artículo sobre los recortes a los funcionarios en http://baylos.blogspot.com/2010/05/la-reduccion-salarial-de-los-empleados.html Y lo ha rematado con otro trabajo en lo que sigue.

Habla Antonio Baylos.




Otro aspecto de la reducción de salarios a los empleados públicos que suministra elementos de perplejidad tiene menos que ver con el ordenamiento jurídico, y mucho más con la materialidad del valor del trabajo prestado y su correlato en la tutela sindical del mismo.


La reducción del salario de los funcionarios se hace depender de su condición de trabajadores estables. Lo que quiere decir que la estabilidad en el puesto de trabajo se considera un elemento que refuerza la seguridad de la prestación laboral de manera desproporcionada en relación con el estatus que gozan el resto de los trabajadores, por lo que es razonable que esta “sobreprotección” sea reconocida y reducida. La remuneración de los funcionarios puede reducirse porque su relación de prestación de servicios es permanente, segura y estable. En esa primera visión del problema el funcionariado aparece aislado y diferenciado de los trabajadores con contrato indefinido sometidos a la legislación laboral, que gozan también de estabilidad en el empleo. Sin embargo se entiende que esta “permanencia” en el trabajo es diferente puesto que en el régimen contractual laboral las facultades del empresario de destruir puestos de trabajo a través de las distintas fórmulas del despido, contextualizan de forma muy clara la estabilidad en el empleo de los trabajadores por cuenta ajena, al menos en el sector privado. La estabilidad es pues el problema, no la solución. La importancia de la temporalidad en los trabajos de las administraciones públicas, la interinidad como situación dilatada, la externalización de servicios y la privatización de grandes servicios de interés general, funcionan también como elementos de culpabilización de la estabilidad laboral del funcionario. Toda culpa requiere una expiación a través del castigo. Se justifica por consiguiente el castigo adecuado a la culpabilidad del funcionario: remunerar menos su trabajo porque es permanente y seguro. Es un argumento sin viceversa, porque no se remunera más el trabajo de los trabajadores precarios o temporales en razón de su volatilidad, flexibilidad o inestabilidad. Funciona sobre una premisa equivocada en una dirección errónea.


La reducción de salario de los funcionarios públicos se presenta como un “sacrificio”. Sin embargo no es correcto calificarlo de esta manera. Se puede hablar de sacrificio en términos de contención salarial o de congelación de rentas del trabajo sobre la base de pérdida de poder adquisitivo con el valor monetario asignado como contraprestación salarial al trabajo prestado. La contención salarial pactada en el Acuerdo colectivo de septiembre de 2009 afirmaba este principio de contención, eso sí, con revisión a los tres años en función del desarrollo de la situación económica del país. Pero no es este el caso. El Gobierno no ha previsto una congelación salarial para los funcionarios, como si hizo en su momento el Partido Popular al llegar al poder político. Lo que ha realizado es un recorte salarial en torno al 5% global de los sueldos de los funcionarios públicos. Las primeras versiones hablaban de un recorte que se pretendía distribuir de forma inversamente proporcional al salario de los funcionarios, entre un 2,5%, un 7% o un 10,5% en razón de la cualificación (sueldo base y nivel) de éstos. Las últimas noticias hablan de unas pérdidas más reducidas entre 0,56% y 7%, con un decrecimiento medio para los altos cargos entre el 8 y el 10 % y los miembros del gobierno un 15. Es evidente que eso no es un “sacrificio”, y tampoco merece ser definido como una “medida valiente”. Es el síntoma de algo más preocupante.


El salario expresa en términos convencionales el valor del trabajo. Es cierto que no todo el valor realizado, pero si el que concierne a la productividad media de la rama de producción y que se materializa en un cierto valor social de la profesión o del trabajo materialmente prestado por determinadas personas en una jerarquía salarial que es también social. La reducción del salario de un trabajador implica por consiguiente un juicio negativo sobre el valor de su trabajo que pierde prestigio social y reduce su posición en la jerarquía salarial.


La decisión del gobierno español implica una opción de fondo sobre la definición del valor del trabajo de los empleados a su servicio. Y ésta señala que vale mucho menos el trabajo del funcionario público más cualificado. Los niveles 26 a 30 en la Administración pública se configuran como los apropiados para una reducción que en principio se fijaba en el 10,5% y ahora en el 7% sobre su valor anterior. Lo que señala la medida del Gobierno sobre el recorte salarial es que el trabajo del funcionario público medio o muy cualificado estaba sobre valorado salarialmente y que en consecuencia debe reducirse su valor de cambio. Su remuneración hasta ahora se situaba por encima del valor social que debería asignárseles. Los neoliberales hablan de sobredimensionamiento del aparato estatal, interpretado normalmente en términos cuantitativos como exigencia de “adelgazamiento” de las estructuras públicas, privatización de servicios y reducción del personal al servicio del Estado, pero en este caso la indicación se refiere también al aspecto cualitativo, entendiendo por sobredimensionamiento el nivel salarial de los empelados públicos, por encima del valor social que sus retribuciones expresan.


Este efecto de desvalorización del trabajo público no sólo hay que ponerlo en relación con las remuneraciones que en el sector privado perciben los trabajadores con cualificación o responsabilidad semejante, sino con la propia materialidad de un trabajo en los servicios públicos que dan sentido al Estado democrático que se considera sobrepagado y por tanto sobrevalorado respecto del prestigio social que merece y al valor que la sociedad está dispuesta a asignarle. La consecuencia es la depreciación del trabajo y de la profesionalidad del funcionario una profesionalidad devaluada en términos de aceptación y de utilidad social.


El significado de esta decisión política es desoladora. Sectores enteros de servicios públicos básicos en la desmercantilización de las necesidades sociales, como la sanidad o la enseñanza, o en el apuntalamiento de los elementos del Estado social y de la protección social, como la administración tributaria, la seguridad Social o la administración laboral, se consideran sectores donde sus trabajadores están sobreprotegidos. Un sarcasmo si se piensa en el personal sanitario, que está sosteniendo la presión social hacia una asistencia sanitaria en donde la privatización y la carencia de medios hacen de su trabajo un elemento básico para la realización del derecho a la vida y a la integridad personal de millones de ciudadanos. O en los profesores de enseñanza media, que mantienen junto a las funciones clásicas de transmisión de conocimientos, elementos de integración y de socialización muy relevantes. O, en la Universidad, en donde se está implantando una reforma del sistema educativo sobre la base de la homogeneización de las enseñanzas en un espacio educativo europeo común que ha requerido un esfuerzo adicional muy relevante por parte de todo el personal que todavía está dando sus frutos. O en los investigadores que impulsan una renovación de la sociedad justamente llamada del conocimiento y que se encuadran con fuerza en la ecuación I+D+I. O en los empleados de la administración tributaria que a pesar de tantas dificultades consiguen generar recursos importantes para la realización de los servicios de interés general. O los funcionarios de la Administración laboral y de la Seguridad Social, que vertebran aspectos esenciales del estado social. O, en fin, tantos y tantos otros funcionarios de todos los sectores de la actividad administrativa y de servicios que soportan con su acción la realidad del Estado y la posibilidad de derechos de ciudadanía social y política. Trabajo hoy depreciado, considerado de menor valor que el que tenía reconocido. Todo un mensaje sobre lo que el poder político piensa del trabajo prestado por el interés general de todos los ciudadanos. No tiene valor.



Radio Parapanda. Don Lluis Casas en REPOSO Y REFLEXIÓN

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN LA PLAZA DE ABASTOS

Toda la responsabilidad –nos dicen gentes de aparente alto copete— la tienen los mercados. Es como si algunos historiadores, con igual punto de vista, afirmasen que la responsabilidad de aquellas luchas antiguas fue de los cartagineses. Por supuesto, de unos cartagineses abstractos.


Sí, de los mercados. El mensaje, que ha calado hasta el cielo de la boca de las almas benditas del Purgatorio, se orienta a la desresponsabilización de quienes, con mano larga y adarga en ristre, se están poniendo (algo más que) las botas en todo este zafarrancho. No sólo a la desresponsabilización sino a la inexistencia o, en el mejor de los casos, a la invisibilidad de firmas y consorcios, de brabanzaones de la economía. Ah, los mercados: algo así como el Yeti, aquel monstruo de las nieves, o el Coco, aquel sujeto que se llevaba a los niños que dormían poco. Pues bien, igual que el Yeti o el Coco provocaron las primeras crisis de la izquierda, ahora los mercados están enmanillando a unas izquierdas que duermen demasiado: la izquierda mayoritaria cuyo reformismo sin reformas podría ser potencialmente una bola de alcanfor y a la izquierda maximalista que podría ser potencialmente una flor de pitiminí. Dos tipos de izquierdas que, viviendo sin vivir en ellas casi en el mismo jardín botánico, hace lustros que no se hablan.


Pero, oído cocina: así las cosas, la esperanza no es un pronóstico, que dijo Havel. Siempre y cuando haya pasión e inteligencia. Moraleja: las izquierdas deben ir al mercado –perdón, a la Plaza de Abastos— a comprar medio kilo de pasión política y una arroba de inteligencia.