lunes, 23 de noviembre de 2009

HÁGASE JUSTICIA AUNQUE EL MUNDO SE HUNDA


[En la foto, el maestro Josep Solé i Barberà]



Voces a menudo bien informadas susurran que el Tribunal Constitucional se dispone a podar el árbol del Estatut de Catalunya. Las consecuencias de su resolución –si es que se va en la dirección de los murmullos— serán calamitosas. No sólo, aunque sí principalmente, para Cataluña; también toda España se verá sacudida por el efecto de las tijeras.


De entrada, los partidos políticos que han vertebrado Cataluña en los últimos treinta años, se verán profundamente zarandeados, y en una u otra medida podrían entrar en una crisis muy seria. No está descartado que, así las cosas, ingresen en la platea personajes y personajillos, aventureros y aventurerillos procedentes de viejos y nuevos chicoleos. Por cierto, hay quien me asegura que tales máscaras tienen almacenadas unas cuantas botellas de cava a la espera del desarborlamiento del Estatut. La vieja política catalana será substituida por un enjambre de montapollos; el cuadro partidario actual podría ser laminado por un conjunto de islotes aldeanos, dirigidos por pijopanas populistas que, según parece, empiezan a frotarse las manos. En resumidas cuentas, sería la degradación y degeneración políticas lo que desplazaría el sistema de partidos de Cataluña. Lo que, por activa y por pasiva, salpicaría de aceite hirviendo a las instituciones catalanas y a los partidos e instituciones españolas. O sea, un tenguerengue cuya duración y consecuencias son imprevisibles. Una nueva situación que hará excelsa la política que se ha hecho en las tres últimas décadas.


Las responsabilidades del Partido popular son, en toda esta historia, evidentes y bochornosas. Y, oído cocina: sacará réditos de su “fiat iustitia pereat mundus” [hágase justicia aunque se hunda el mundo]. Fue esta gente quien, como se sabe, llevó el árbol estatutario al Tribunal Constitucional. Son ellos quienes menos perderán en este asunto. Pero es el Constitucional quien pondrá su tuerta rúbrica al mayor desaguisado institucional desde la reinstalación de la democracia en España. Lo curioso de todo ello es que, andando el tiempo, la gente podría olvidar que dicho Tribunal es el último y definitivo responsable, y sería el sistema de partidos quien apechugaría con el marrón. Digo el sistema de partidos porque lo que podría venir es la zahúrda de corpúsculos, disfrazados de partidos para no infundir demasiadas sospechas.


Es posible que más de un caballero provaricador (he dicho provaricador, no prevaricador) del mentado Tribunal se haya dicho aquello de “se van a enterar de lo que vale un peine”. Pero ¿cuándo la calvicie necesitó peines? Porque si nos quedamos sin pelos, dicho utensilio es totalmente prescindible. Lo chocante de todo ello es que el moribundo (o sea, el Tribunal) se dispone a dar los santos óleos a quien, con mayor o menor salud, está vivo. Vale (de momento).





Radio Parapanda. Mi sobrino Paco Trillo abunda nuevamente en lo que dejó dicho el otro día:
PRECARIOS MÁS ALLÁ DEL TRABAJO (2)


Henri Garat: C'est un mauvais garçon (1931)


jueves, 12 de noviembre de 2009

"LA CUESTIÓN HISTÓRICA", según Marcel Gauchet


Explica Marcel Gauchet [“La cuestión histórica”, Trotta 2007] la importancia del aparato de poder de la institución eclesiástica y como instrumento de mediación entre el Cielo y la tierra en el desarrollo histórico desde hace dios y la madre de tiempo. Afirma que, en el transcurso de la Era Moderna se ha operado lo que el autor denomina “la salida de la religión” que –añade un servidor—debe entenderse no al pie de la letra sino como Gauchet lo describe razonadamente, es decir: la comunidad humana se define a partir de ella misma, de su propia alteridad. Por mi parte, añadiré que la “salida de la religión”, entendida à la Gauchet, no impediría una mirada religiosa de miles de creyentes, comprometidos desde su propia fe con los problemas de la humanidad y su propia alteridad (1).


¿Ejemplos? Doy testimonio de amigos personales antiguos como Alfonso Carlos Comín, Joan N. García-Nieto y mi (ciber) amistad con Ignacio Sintel, pastor evangélico. Me permito un inciso: el compromiso que, desde la fe, tuvieron en su día Comín padre y Nepo García-Nieto –y los innumerables de estos tiempos de ahora mismo-- replanteó el (parcial) abandono de actitudes genéricamente anticlericales en un significativo sector de la izquierda antifranquista. Lo que fue visiblemente relevante en el sector del movimiento de los trabajadores, dentro y fuera de `la fábrica´. Pero vayamos al grano...


Si se reflexiona parsimoniosa y no instrumentalmente sobre el libro de Marcel Gauchet es posible que encontremos razones añadidas que nos ayuden a entender la compostura, ademocráticamente irascible, de los altos funcionarios eclesiástico a lo largo de estos últimos cuatro años en España, y aunque no cuento con la información necesaria tal vez nos hagan entender (aunque sea medianamente) las actitudes del papa Ratzinger y sus importantes seguidores. Es más, tengo para mí que sobre las pistas que indicia Gauchet hay más filón nutriente para, primero, razonar con fundamento y, segundo, poder explicar qué parece estar ocurriendo en nuestro país. Mucho más, pienso provisionalmente, que esa práctica de sacarle los colores a la Iglesia (que, en todo caso, se lo merece) por sus tropelías de antaño: Torquemada, casos Giordano Bruno y Galileo, la postura de Pío IX ante el niño judío Edgardo Mortara y no sé cuántos más. No digo que haya que eludir estas situaciones, simplemente pienso (de momento) que es más útil transitar por los indicios que propone Marcel Gauchet. Mi argumentación es: el primer caso puede conducir a una inútil reedición del anticlericalismo, siempre precario de razones y, por lo general, prisionero del viejo historicismo; lo segundo, sin embargo, podría llevarnos a entender la raíz de la exasperadamente irascible contracultura de los altos funcionarios de la Iglesia.


La democracia nunca fue, según parece, un buen negocio para las curias católicas españolas. La libertad choca de bruces con la estructura jerárquica –toscamente taylorista, por más señas— de ayer y de hoy (2). La dirección curial se ha autolegitimado como la (única) mediadora entre Dios y la humanidad, lo que comportaría el primado exclusivo de su doxa y de las normas que, a trancas y barrancas, la acompañan. Así pues, el constructo dogmático –precisamente por su invención gratuita y su inmutabilidad— choca abruptamente con la razón democrática que se caracteriza por su flexibilidad y relativismo itinerantes. De entrada, en esas condiciones se puede decir pacíficamente que la posición de los eclesiásticos será lo que sea, excepto inconsecuente o incoherentes,


La mencionada y autoconcedida `mediación´ es, por definición, contraria al diseño genérico y a la aplicación práctica de qué debe entenderse por moral y a impartir la enseñanza. Ambas cuestiones deben ser, en pura concordancia con la mediación, monopolio de la curia eclesiástica. Ahora bien, la “salida de la iglesia” (en los términos que define Marcel Gauchet) llevó, no sin sobresaltos, a la westfaliana separación entre el Estado y la Iglesia y la transformación de aquel Estado, también de manera azarosa, en instituciones democráticas. Las normas de civilidad eran cosa de las instituciones democráticas, también para los funcionarios eclesiásticos qua personas, y como tales –al menos en teoría—no estaban exentos de ningún manto protector al margen de la norma y autonomía democráticas. La Iglesia, mutatis mutandi, empezó a perder poder, aunque el prestigio simbólico fuera así mismo `poderoso´. Le quedaba, naturalmente, el peso de la inercia, su capacidad de maniobra para el cabildeo y su (nunca perdida) relación con los grandes aparatos de poder. Ciertamente, le quedaba también su negativa (aflorada y/o submergida) a reconocer que fe y política están y siguen en planos diferentes. Es más, en el fondo la alta Iglesia no dejó de considerar la política democrática “como un contexto de inevitable contingencia y provisionalidad, extraños a la dimensión religiosa de la vida”, al atinado decir de Riccardo Terzi.


Así las cosas, en el terreno abstracto nos encontramos ante una aporía, un callejón sin salida, porque parece imposible que la Iglesia católica renuncie a su más representativa, por su carácter constitutivo, seña de identidad: la mediación entre el más allá y el aquí mismo. Y si en el terreno abstracto no hay salida, la conclusión, al menos aparente, está en la capacidad de reorientar la cosa en el territorio de lo concreto. Pero, ¿es posible? La primera respuesta que se nos ocurre es: pueden darse convergencias (más o menos intensas), pero nunca habrá una plena adhesión de la una a la otra, lo que no excluye –pero eso es harina de otro costal— subalternidades, cooptaciones o algo por el estilo. Digamos pues, orteguianamente, que sólo se puede aspirar, y no es poca cosa, a tener una razonable conllevancia.


En cuentas muy resumidas, la matriz de la exasperación revoltosa de las mitras y capelos cardenalicios en España se explica en una cuestión de largo recorrido (su autolegitimación como instrumento de mediación) y en una convergencia de oportunidades coyunturales, aunque con voluntad de largo recorrido (ponerle la proa al itinerario de nuevos derechos civiles del presidente Zapatero). Pero no deben confundirse los términos a la hora del debate. Porque el tratamiento de lo primero exige una explicación de un tipo, mientras que el segundo requiere una frontal pugna de carácter político. Cuando hablo de no confundir los términos no niego que, en estos momentos, deban deslindarse. No, tienen que relacionarse, naturalmente. Porque el alto funcionariado eclesiástico entiende que su convergencia con el Partido popular en relación a los derechos civiles es coincidente, aunque –como es sabido— en tiempos del aznarato no susurró, que nosotros sepamos, que el gobierno de aquellos entonces tirara para atrás algunas leyes que le incomodaron profundamente. Que una de tus manos no sepa lo que hace la otra, debieron decirse. Y, posiblemente, en el hipotético (e indeseable caso) de que el Partido popular gane las próximas elecciones, sus eminencias tampoco incordiarán excesivamente: el cabildeo de Palacio sustituirá a la calle.


Doy por sentado que la confrontación política con los planteamientos de alto funcionariado eclesiástico debe ser eso: exclusivamente política.






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(1) Artículo publicado en “Nou cicle” en enero de 2008.


(2) En principio los elementos que caracterizan el taylorismo con lo que estamos hablando es: 1) Concentración de todos los elementos del conocimiento, del "saber hacer" --que en el pasado estuvieron en manos de los trabajadores-- en el management. Este deberá clasificar las informaciones y sintetizarlas; de todo ello sacará los elementos del conocimiento, las leyes, reglas y normas. 2) La substracción de todo el trabajo intelectual en el reparto de la producción, situándolo en los centros de planificación, con la separación "funcional" --entre concepción, proyecto y ejecución-- entre el centro del saber y la prestación ejecutiva e individual de cada trabajador que está aislado de todo grupo o colectivo. 3) Una minuciosa preparación, por parte del manager, del trabajo que hay que hacer y las reglas para facilitar su ejecución. Se elimina el "saber hacer" del trabajador que está substituido por las órdenes del manager; al trabajador se le especifica no sólo lo que hay que hacer sino cómo es necesario hacerlo y el tiempo fijado para ello. Pues bien, sustitúyase `trabajadores´por sociedad, cámbiese `management´ por la Iglesia y aproximadamente se entenderá la relación entre taylorismo la “estructura jerárquica” de la Iglesia católica. A tales efectos, poco importa que el taylorismo sea un intento de racionalización cientificista y el carácter de la Iglesia tenga otro signo. Pues el vínculo entre lo uno y lo otro podría ser el siguiente: Taylor dijo que si su organización del trabajo era científica, ¿qué pintaban los sindicatos en ello?, mientras que la Iglesia no tendría empacho en afirmar que si esto es un dogma de fe ¿a santo de qué hay que discutirlo?


martes, 3 de noviembre de 2009

EL SINDICATO EXTROVERTIDO; INTELECTUALES Y ARTISTAS CON LA CUESTIÓN SOCIAL



A pesar de lo que digan mis cofrades de generación (mitificando aquellas nieves antaño) es ahora, ahora mismito, cuando se han producido las relaciones más importantes entre el sindicalismo confederal y lo que, por decirlo con jerga de antaño, se conoce como las “fuerzas de la cultura”.


En los últimos meses hemos asistido a dos acontecimientos de gran calado. El primero fue la elaboración y presentación del Manifiesto que dio en llamarse de los Setecientos:
DECLARACION SOBRE EL TRABAJO COMO ELEMENTO CLAVE EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO; el segundo, hace pocos días, el muy representativo acto de intelectuales y artistas junto a los sindicatos presentando un material de no menor importancia: FUERZAS DEL TRABAJO DE LA CULTURA. Lo primero que debería destacarse es que, a primera vista, estamos ante un sindicalismo extrovertido, de un lado, y un notable testimonio de intelectuales y artistas ante la cuestión social. Lo segundo que se quire resaltar es el diálogo que presupone ambos documentos. El tercero es que, ahora, Comisiones Obreras y UGT (esto es, el sindicalismo confederal) se presenta unido. Tres novedades de consideración que vamos a desgranar con cierto detenimiento.


En “mis tiempos” de joven sindicalista los puentes de relación entre nosotros y “las fuerzas de la cultura” no se dieron de manera autónoma; tales relaciones se daban en el marco del partido, es decir, entre camaradas de la misma organización política. Y, cuando en tanto que sindicalistas, nos dirigíamos a “ellos” íbamos con un cierto aroma de instrumentalización: todo lo noble que se quiera, pero instrumentalización. Es más, la vieja formulación carilliana (un hallazgo para la época, sin duda) de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura encubría, quiérase o no, una separación (afectuosa, por supuesto) entre ambas fuerzas. Por eso se orientaba a la alianza. Nosotros éramos “el trabajo”; ellos eran “la cultura”.


El diálogo entre “unos” y “otros” es el hallazgo común. Un puente que se ha abierto y que, de cuidarlo primorosamente, puede dar provechosos resultados. A condición, claro está, de que se converse con fuerza, sin subalternidades (simuladas o no) por ambos “sujetos”. Ninguno de los dos tiene el monopolio de nada; es la acumulación de síntesis sucesivas, que no serán fáciles, lo que dará fundamentada consistencia al puente que parece abierto.


El nivel unitario de los dos sindicatos es una novedad en este aspecto. Se trata de un nivel de unidad cualitativa que conviene retener. Y, pienso yo, a celebrar con austeridad: sin echar las campanas al vuelo, pero repicando.


Por todo ello, en los cafetines y tabernas de Parapanda se comenta que una pizca de razón se pone en marcha en el panorama de estos tiempos. Vale.



Radio Parapanda: SOBRE EL CONTRATO DE TRABAJO Y LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA

domingo, 1 de noviembre de 2009

CATALUNYA, los catalanismos y el fin de un modelo


Ahí está la pringue colorá de Santa Coloma. Y el caso Millet. Y lo que queda por venir. El fin del oasis catalán, dicen algunos.


Cuando lo del Orfeó, la lógica comunicativa de los medios nos hablaba de la corrupción en la burguesía catalana. Y ahora, con las últimas noticias, habrá que hablar de la corrupción de determinados estratos de la burguesía catalana (Prenafeta y, especialmente, Alavedra) y determinadas instancias socialistas (incluso, de algún sector menos proclive a la tendencia mayoritaria del PSC, más en consonancia con el PSOE, pero, a la postre, amigo de aquella burguesía nacionalista, puesto que, al fin B2B, o sea, “Business is Business” o, en español cañí, “Todo por la pasta”)


Sin embargo, hay algo en el fondo de todo esto que me preocupa. Y es el modelo de la sociedad catalana. ¿Está la sociedad catalana enferma, como afirmaba ese valiente adalid del neoliberalismo, neoconservadurismo y la más rancia tradición centralista española que es Pepe Mari Aznar?. Pues sí. Me explico: mis reflexiones nada tiene que ver con determinadas lecturas que contemplan la actual situación aquí frotándose las manos desde un modelo español excluyente, por único, que les sirve, además, para echar humo sobre sus brotes de corrupción en Madrid, Valencia y otros feudos. Es más, estoy convencido que mi país, Cataluña, es una nación (con independencia ahora del concepto diverso que cada cual tenga al respecto) o, si se prefiere, un hecho diferenciado respecto al resto de España. Y esa afirmación no quiere decir que uno sea nacionalista, de la misma manera –que como decía un viejo maestro mío- constatar que comer verduras es sano no quiere decir ser vegetariano. Odio el nacionalismo, sea español o catalán. Sigo reivindicando el internacionalismo, en unos tiempos que –como afirmaba el camarada Trotsky, en relación con el período inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial- “los internacionalistas cabemos en un taxi”. O, como los viejos anarquistas, una servidora sólo tiene una patria, que es la humanidad.


Pero eso, repito, no impide constatar una realidad, que es el hecho diferenciado del lugar donde vivo –y donde he nacido, aunque eso sea, a la postre, anecdótico-. Esa constatación diferencial se ha conocido desde, al menos, las postrimerías del siglo XIX como catalanismo (lo de nacionalismo es muy posterior, como aún lo es más lo de independentismo, que, como fenómeno social más o menos de masas, apenas tiene tres lustros de vida) Y pongo esa fecha por no remontarme más lejos: si se quiere, a las propias Cortes de Cádiz o antes. O incluso ab urbe condita Parapanda.


Pues bien, se me antoja –aunque no tengo estudios demoscópicos o sociológicos que lo pongan en evidencia- que ese catalanismo es diverso. O, mejor dicho, que ha sido siempre diverso. Mi intuición epicena me lleva a la conclusión de que en el catalanismo han existido siempre tres corrientes diferenciadas. Una, que podríamos caracterizar como rural, propia de la Cataluña interior, que hunde sus raíces en el carlismo (mi amigo y ex amante Ramon Plandiura, como originario de Osona nos puede ilustrar mucho al respecto); se trata de una tendencia siempre minoritaria, meapilas, cerril y conservadora, que se basaba en la institución de l’hereu [heredero], siempre blasfemando (y válgame el cielo que las blasfemias agrarias, pese a que los que los emiten van cada domingo a misa, son legendarios y dignos de ateos febriles), porque el hereu, pese a quedarse con la propiedad está currando en el campo cada día, mientras los fadristerns [o cabaler, hermano menor del hereu] acaban en Barcelona, a la postre, viviendo mejor-. La otra tendencia es la que podríamos calificar como la mesocracia barcelonesa –en el sentido amplio-: la de la burguesía de toda la vida de la ciudad condal –y sus áreas de influencia-, de origen burgués, ilustrado y aparentemente liberal (aunque cuando había que llamar al ejército español para poner orden, se llamaba) Y, por fin, había eso del catalanismo popular, el de las clases laboriosas, que cualquier lector de la literatura obrera del siglo XIX puede encontrar, el catalanismo que parte del republicanismo federal, sigue con el anarcosindicalismo catalán –Salvador Seguí, Joan Peiró, etc- y prosigue con el republicanismo de los años 30, en el PSUC de la guerra y la postguerra –sin olvidar a Andreu Nin y otras tendencias de la rica experiencia de las izquierdas republicanas- y desemboca en CC.OO. en los años sesenta y setenta (no en vano, la CONC es la CONC –o lo era hasta hace poco, tras los cambios en la dirección electrónica- gracias, entre otros, a personalidades como el Cipri)


Descartada la capacidad de intervención social de la Cataluña profunda –el catalanismo rural-, que no ha pasado nunca de mirarse el ombligo en su microcosmos, en el último siglo largo el gran debate social en Cataluña se ha producido entre la mesocracia barcelonesa y el catalanismo popular. Y aunque pueda parecer contradictorio, el hecho cierto es que la singularidad catalana se ha ido incrementado precisamente por ese debate. No en vano ese conflicto a dos bandas es apreciable en la Semana Trágica, en el pistolerismo de los años veinte, en la Dictadura de Primo de Rivera –con Cambó-, en la República y –salvado el escollo del franquismo, con políticas más o menos unitarias- en la transición. Pero es más, de ese debate han surgido también muchas de las ideas y propuestas de modernidad y democracia en España en el último siglo y medio. La España moderna y democrática no puede entenderse sin él.


Pero ocurre que ahora el debate del catalanismo ha mutado. O al menos, ésa es mi impresión. La mesocracia barcelonesa ha acabado, con la prosperidad económica, engullendo el catalanismo popular. No hablo de CiU o ERC –una mezcla extraña e interesada entre catalanismo mesocrático y rural-, hablo de las izquierdas. El PSUC y su discurso catalanista han desaparecido en la práctica. Una parte de ese discurso fue metabolizada por el PSC, pero ya se ha visto dónde ha acabado: en manos de la mesocracia barcelonesa. Prueba de lo que digo: la reforma del Estatut –con toda la carga y efectos que ello comportó en el resto de España- fue la prioridad de los gobiernos de Maragall… pero ¿era ésa la prioridad del primer gobierno de izquierdas en Cataluña tras la Segunda República? Ciertamente, no. Ésa era la prioridad de las clases mesocráticas catalanas, preocupadas por los tremendos efectos negativos que para la economía de aquí habían tenido las dos legislaturas centralizantes de Aznar. No en vano la reclamación de un nuevo marco autonómico tenía como adalides organizaciones patronales, círculos de economía y demás thing tanks económicos. La prioridad de las izquierdas debiera haber sido demostrar, en esos momentos, que era posible hacer una política alternativa, más sensible a la igualdad en aspectos como la educación, la sanidad o la cobertura de necesidades sociales, entre otros muchos aspectos. Nada de eso se hizo –ni se ha hecho luego con Montilla-: se continuó con el modelo convergente. Una prueba de ese “no-hacer-nada” la hallaremos en la reciente Ley de Educación o las políticas de dependencia. Y luego, claro está, ahí tenemos a Iniciativa, más preocupada por el verde que por el rojo, sin una deriva clara, riéndole en definitiva las gracias a la mesocracia barcelonesa (si la Ley de Educación, que rompe la columna vertebral del principio de igualdad no era para plantarse, no sé cuándo piensan hacerlo, claro que eso de hacer de palmeros del PSC llevan haciéndolo en la ciudad de Barcelona hace decenios)


La tragedia de mi país –de mi nación, si es que tengo una nación- es que el catalanismo mesocrático no tiene ya adversario. Los intereses de esa mesocracia se han acabado convirtiendo en los intereses de Cataluña. El debate entre catalanismo mesocrático y catalanismo popular –sobre el que se sustentó el hecho diferencial- se ha acabado dilapidando. Y ha acabado, a la postre, sustituido por un absurdo debate sobre la independencia y esos ridículos plebiscitos locales, exasperando el españolismo cañí y reaccionario, lo que retroalimenta a ambos adversarios nacionalistas (español y catalán) Esos jóvenes altermundistas que pueblan barrios y pueblos de Cataluña con pintadas sitúan el debate en el absurdo independentismo. Y, desde luego, difícilmente puede aspirarse a que las nuevas clases menesterosas –la povertà laboriosa- que hoy son los inmigrantes se erijan en defensores de ningún catalanismo, huérfanos de un discurso que aúne –como antaño- sus legítimas aspiraciones sociales con las del país en el que viven.


¿Se extraña alguien que ese imperio de la mesocracia reine la corrupción? Quién así lo haga en un ingenuo. Con todo, lo que me preocupa no esa corrupción –que también-, sino que mi país (o mi nación, si es que tengo nación) se ha acabado inmolando como tal. Que la izquierda catalana haya vendido por un plato de lentejas su alternatividad. Ése es el problema de Cataluña y no tanto la gestión, pongo por ejemplo, del aeropuerto del Prat. Y se me antoja que ése también es el problema de la España progresista.


Sole Barberà i Salvadors, letrada por parte de la acusación particular en el caso Jurel.


Radio Parapanda. Raimon Obiols en Un editorial de Nou Cicle: Contra la corrupció lliberticida